A estas alturas de mayo del 2021, cuando las protestas sociales en Colombia han demostrado su consistencia y la respuesta del gobierno en turno ha dado muestras, a su vez, de la brutalidad a la cual puede escalar —aún más— la represión de la sociedad civil movilizada, es ya un sentido común reconocer que aquello comenzó hacia finales de abril cuando el presidente Iván Duque, digno personero de la derecha neoliberal nacional y regional, pretendió hacer frente a la crisis económica por la que atraviesa el país promoviendo en el congreso una serie de reformas que, de aprobarse, no tendrían mayores resultados que profundizar las condiciones de explotación y de empobrecimiento de las clases trabajadoras. La más importante de esas propuestas legales era, por supuesto, la de carácter fiscal, destinada a incrementar la recaudación de impuestos directos en productos de consumo masivo que resultan vitales para la cotidianidad de las clases medias y los sectores populares por debajo de la línea de bienestar. Sin embargo, otras tantas iniciativas no eran de menor importancia, como es el caso de la que tenía por objeto reformar al sistema de salud.