La excepción colombiana

A estas alturas de mayo del 2021, cuando las protestas sociales en Colombia han demostrado su consistencia y la respuesta del gobierno en turno ha dado muestras, a su vez, de la brutalidad a la cual puede escalar —aún más— la represión de la sociedad civil movilizada, es ya un sentido común reconocer que aquello comenzó hacia finales de abril cuando el presidente Iván Duque, digno personero de la derecha neoliberal nacional y regional, pretendió hacer frente a la crisis económica por la que atraviesa el país promoviendo en el congreso una serie de reformas que, de aprobarse, no tendrían mayores resultados que profundizar las condiciones de explotación y de empobrecimiento de las clases trabajadoras. La más importante de esas propuestas legales era, por supuesto, la de carácter fiscal, destinada a incrementar la recaudación de impuestos directos en productos de consumo masivo que resultan vitales para la cotidianidad de las clases medias y los sectores populares por debajo de la línea de bienestar. Sin embargo, otras tantas iniciativas no eran de menor importancia, como es el caso de la que tenía por objeto reformar al sistema de salud.

Pasar de un 5% a un 19% de impuesto al valor agregado (IVA) en productos como la gasolina o ampliar la cobertura de dicho impuesto a servicios públicos básicos, de primera necesidad, como el agua, la electricidad y el gas, así como a dispositivos electrónicos y otros productos hasta ahora exentos de dicho cargo impositivo, en este sentido, puede parecer un asunto menor, sobre todo si, como ha tendido a hacer el empresariado nacional y regional, se pone en perspectiva que lo recaudado a través de esas medidas serviría para paliar un poco los desajustes presupuestales que trajo consigo el enorme gasto gubernamental erogado en los últimos dos años para contener los efectos del SARS-CoV-2 en el país.

Y, sin embargo, ninguna interpretación de dicha situación podría estar más equivocada que ésta. Y es que, en efecto, si se considera el efecto combinado de tener que pagar tres veces más impuestos por un producto determinado (como en el caso de la gasolina), por un lado; y pagar más impuestos, además, por una serie de productos y servicios que con anterioridad se hallaban exentos de dichos cobros, sin que una y otra cosa lleve aparejado un incremento salarial proporcional (y por encima de la inflación) y una cobertura más amplia de programas de empleo permanentes, al final del día lo que queda es la pretensión gubernamental de hacer que sean las capas más económicamente expoliadas de la sociedad las que paguen por completo la factura dejada tras de sí por la pandemia de Covid-19.

En un país que, producto de la contingencia sanitaria causada por el SARS-Cov-2 ronda tasas de desempleo del 15% y que, además, viene arrastrando una situación crónica de empobrecimiento generalizado, con más del 45% de la sociedad subsistiendo por debajo de la línea de bienestar mínima, el haber llevado a cabo dichas reformas habría significado proceder de manera criminal en contra de las capas populares y amplios sectores de las clases medias nacionales, en aras de preservar y recuperar los márgenes de ganancia del capitalismo colombiano.

No sorprenden, por eso, ni la diversidad de sectores involucrados en las manifestaciones ni la multitudinaria participación a la que han llegado las muestras de descontento social en las calles de ciudades como Cali, hasta ahora centro tanto de la resistencia civil como de la represión gubernamental desplegada. Y es que, aunque en la última semana de abril las muestras de inconformidad colectiva fueron convocadas por el Comité Nacional de Paro (entidad que conglomera en su seno al grueso de las principales centrales obreras), la irracionalidad y la indolencia de las medidas propuestas por el gobierno de Duque para hacer frente a la crisis demostraron ser lo suficientemente agudas y preocupantes como para que pronto las convocatorias, las decisiones y el rol de dirección ejercidos por el Comité sobre las protestas quedase de inmediato rebasado y superado por los propios intereses de los sectores populares, quienes de facto han terminado por emanciparse de la participación central que buscaba tener dicho Comité, abarrotando las calles de manera intempestiva y, aunque espontáneamente, al calor de la escalada que se va observando en el despliegue de la violencia estatal, con grados cada vez mayores de organización y de cohesión.

 Como en Chile, Bolivia y Ecuador, en los últimos dos años, pues, Colombia, ahora, le vuelve a mostrar a toda la periferia americana que el actual contexto de crisis que predomina en cada sociedad de la región no únicamente cuenta con todo el potencial para hacer estallar conflictos sociales con mayor potencia que en las dos décadas pasadas, sino que, además, opera como condición de posibilidad para radicalizar y aglutinar a un mayor numero de sectores sociales que, dada su diversidad y los intereses a menudo contradictorios entre sí que defienden, a menudo requieren de situaciones extraordinarias como la presente para llegar a articularse de manera conjunta y colectiva. Pero además, al igual que en Chile, Bolivia y Ecuador, en Colombia se vuelve a verificar que si bien es verdad que los estados de excepción sanitaria instaurados por los gobiernos de América fueron —son— la chispa que ha detonado a las movilizaciones masivas allí observadas en estos años, la totalidad del descontento social no se explica sólo por lo acontecido a partir de la generalización de la pandemia de SARS-CoV-2 a lo largo y ancho del continente.

En el caso de Colombia, por ejemplo, si bien es cierto que la torpe, ineficiente y tardía respuesta del gobierno de Duque ha sido el catalizador de la rabia popular ahora presenciada en cada vez más geografías del país —tanto por el número de decesos y de contagios como por las constricciones económicas a las que son sometidas las clases medias y los sectores populares—, la realidad de la cuestión es que los colombianos y las colombianas llegaron al 2021 arrastrando tras de sí, por lo menos, tres cadáveres cuya putrefacción ha comenzado a esparcirse por todo el cuerpo social: a) el cadáver del sabotaje del proceso de pacificación y desescalamiento de los índices de violencia en el país, que bajo las directrices de Iván Duque y su gabinete en realidad ha terminado por convertirse en su exacto opuesto; b) el del recrudecimiento de la represión gubernamental ejercida en contra de movimiento populares, traducida, en los hechos, en un incremento sustancial de asesinatos de líderes sociales en zonas de conflicto; y, c) el de las tensiones irresueltas del último proceso electoral nacional, en el que por primera vez en la historia reciente del país (o por lo menos desde la entrada en vigor del neoliberalismo en Colombia) la izquierda logró márgenes de movilización superiores a los de sus máximos históricos registrados. Y de una izquierda, además, más cargada hacia la izquierda que hacia el centro tanto en su discurso y posición ideológica cuanto en su agenda programática y de gobierno.

Para poner en contexto lo anterior, a guisa de síntesis de las consecuencias que se desprenden de los tres fenómenos arriba enlistados, basta con poner de manifiesto que únicamente en 2020 más de un centenar de líderes sociales (hombres y mujeres por igual), fueron asesinados en el país, hallándose el Cauca, Antioquia, el Valle y Putumayo entre los principales departamentos con mayor número de eventos de este tipo registrados. En cuatro años, la cifra se eleva a un millar: 904 líderes y 276 excombatientes de las FARC. El dato, por supuesto, no es menor si se toma en consideración que el asesinato de líderes sociales es apenas la cara más visible de una serie de ejercicios de poder y de despliegues de violencia estatal que mantienen asediadas a comunidades enteras. A ello habría que sumar, además, el reconocimiento de que a partir de la asunción de Iván Duque como presidente se incrementaron los asesinatos de excombatientes desmovilizados a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016.

No sorprende, por lo anterior, que entre las primeras reacciones de Duque y de su gabinete estuviese en el centro el intentar recentrar la discusión alrededor del conflicto con las FARC y, en consecuencia, metiendo en el mismo saco al resto de la sociedad civil movilizada, acusando a unos y otros de ser, por igual, terroristas y criminales a quienes se debe de contener a partir del uso abierto, discrecional e indiscriminado de la fuerza militar. La declaración no debe ser pasada por alto ni por la sociedad colombiana ni por el resto de las sociedades en América. La incidencia de las fuerzas armadas en Colombia es brutal, y la connivencia de Iván Duque al proyecto de seguridad de éstas es patente: su gabinete, a todas luces, ni tiene la capacidad ni tiene la disposición de oponerse o si quiera de resistir o matizar las presiones de la milicia nacional, en tanto garante de dinámicas de explotación capitalista que van desde el despojo de tierras hasta el control, la gestión y la regulación de la economía criminal que se halla en la base de la relación entre capitales (nacionales y transnacionales) y las fuerzas armadas.

En perspectiva hemisférica y continental, además, la predisposición militarista del gobierno en turno en el país no debe de ser leída como un rasgo nacional al margen de esas dos tendencias geopolíticas que están en curso en la región: en primer lugar, la recomposición y el resposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la zona, a partir de la asunción de la presidencia demócrata de Joe Biden en aquel Estado; y en seguida, la articulación que esa proyección hemisférica estadounidense encuentra en diversos movimientos y gobiernos de derecha y extrema derecha en los diversos países de la región, siendo éstos los que le permiten, por lo demás, disputarle a las izquierdas y al progresismo americano la apropiación de los recursos naturales, los mercados locales, la fuerza de trabajo, las instituciones y la ideología dominante en el continente.

En tiempos en los que el progresismo sigue avanzando en la zona, buscando reconstituirse luego de enormes derrotas sufridas a partir del tercer lustro del siglo XXI, en este sentido, el sostener a Colombia como un pilar del neoliberalismo regional y, a su vez, como una de los bastiones fundamentales para sostener la militarización del Sur del continente (con todo lo que ello conlleva en materia de despliegue de la guerra en contra del narcotráfico internacional), resulta ser un una cuestión fundamental de supervivencia tanto de las élites locales cuanto de los intereses estratégicos de los capitales estadounidenses y de sus respectivos gobiernos y sus agendas de seguridad nacional.

Colombia (al igual que Chile,  Perú y México, durante los gobiernos panistas y priístas de principios del siglo) no debe olvidarse, en las décadas en las que el progresismo avanzó a lo largo y ancho de la región, se mantuvo ajena a dicha tendencia (por lo menos en términos gubernamentales, no así en términos de movilizaciones y resistencias sociales). En este momento ese proyecto nacional y sus implicaciones regionales, continentales y hemisféricas está puesto en cuestión.