Los mexicanos y las mexicanas están a un par de días de celebrar una de las elecciones intermedias más grandes en la historia reciente del país. Unos comicios, en ese sentido, históricos, en términos cuantitativos, debido a que, en los últimos años, el andamiaje y la normatividad electoral trabajaron por hacer concurrir en las mismas fechas al grueso de las elecciones locales en el territorio nacional con las respectivas a la renovación de la Cámara de Diputados. Pero unas votaciones históricas, asimismo, por todo lo que se juega en ellas para definir el rumbo que habrá de tomar la política nacional no sólo en lo concerniente a los siguientes tres años, cuando de nuevo, en 2024, se deba renovar la presidencia, el Senado, la Cámara, una decena de gubernaturas y congresos locales, así como un millar de presidencias municipales, sino, sobre todo, porque es a partir de este momento que, por lo menos para la izquierda mexicana, debe comenzar a tomar cuerpo un proyecto de carácter transexenal que ahonde en los logros hasta ahora alcanzados.

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En la medida en que los comicios más grandes en la historia del México contemporáneo se aproximan, la disputa política entre el Instituto Nacional Electoral, por un lado; y el partido político con representación legislativa mayoritaria en el Congreso General, el Movimiento de Regeneración Nacional, por el otro; se hace cada vez más evidente, subiendo sistemáticamente el tono de la discusión pública. Al respecto, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, insiste en afirmar que el Instituto sólo está cumpliendo con su función en tanto que autoridad ciudadana en materia electoral, de manera autónoma, objetiva, imparcial y en cumplimiento del marco legal y constitucional vigente. Y sin embargo, las medidas adoptadas por dicho Instituto, por lo menos en los últimos días, parecen indicar lo contrario y tener el propósito de reducir a sus niveles mínimos las posibilidades de que MORENA repita las mayorías parlamentarias con las cuales emergió vencedor en los comicios de 2018.

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Una suerte de amnesia colectiva parece enseñorearse, en los primeros días del 2021, por todas partes en el desarrollo de la vida política nacional: los órganos constitucionales autónomos son el producto de una historia de combates, con eje de gravitación en la sociedad civil mexicana, que tenían el propósito de disputar, en el seno mismo del andamiaje gubernamental del Estado, posiciones de poder firmes, orientadas, entre otras cosas, a desafiar una larga tradición de abusos cometidos por el sistema político mexicano en contra de los sectores más explotados de la población (CNDH), romper con los pactos de silencio que imperan entre los y las integrantes de la clase política nacional y develar los entramados de poder que se tejen entre empresarios privados y funcionarios públicos (INAI), reconocer los excesos del poder político y empresarial en la expoliación de las capas más vulneradas de la sociedad (CONEVAL), garantizar un piso mínimo de reglas político-electorales y de respeto a los derechos y las decisiones tomadas por la ciudadanía en la elección de sus representantes (INE), etcétera.

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