El terror de la guerra contra el terrorismo: a 25 años del 11 de septiembre

Se cumplieron veinticinco años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Un evento, éste, que sin duda en nada se compara con esa otra tragedia que, para América, significo su propio 11/09: el golpe de Estado en contra del gobierno nacional-popular de Salvador Allende; esa experiencia de masas que, desde múltiples y diversos puntos de vista, sigue siendo, hasta hoy, el más complejo, el más interesante, creativo y auténtico esfuerzo en la región por ensayar una vía democrática hacia un socialismo no dogmático ni, mucho menos, esclerotizado por las exigencias y las imposiciones del materialismo dialéctico soviético. 

Se cumple, pues, un cuarto de siglo desde aquel momento en el que aeronaves secuestradas por integrantes de Al-Qaeda se impactaron en los símbolos financieros y militares del poderío estadounidense, en suelo estadounidense: el World Trade Center de Nueva York, reducido a cenizas en el acto, por un lado; y el Pentágono, oficinas centrales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Arlington, Virginia. Del derrumbe de las Torres Gemelas, el número de víctimas mortales rondó el saldo de entre las 2,753 y las 3,000 personas. Del atentado en contra del Pentágono, se calcularon alrededor de 184. El drama del momento, además, se vivió globalmente en tiempo real, al haber sido transmitido ininterrumpidamente a través de una miríada de cadenas de televisión, en tiempos en los que la humanidad aún no sucumbía ante el perverso encanto de las redes sociales.

En los años que siguieron a aquella fatídica fecha para el pueblo de Estados Unidos (2001-2023) y derivado de la respuesta bélica que dio el gobierno de George W. Bush a los mismos de manera inmediata (y refrendada por Barack Obama entre 2009 y 2017), se calcula que Estados Unidos se cobraría el agravio en cuestión con creces: cerca de 940 mil víctimas mortales producto de la violencia directa causada por la guerra en los territorios de Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán (de los cuales cerca de medio millón corresponde a civiles o no combatientes); además de un estimado de entre 3.6 y 3.8 millones de muertes indirectas (causadas por la destrucción de la economía, los sistemas sanitarios y alimentarios, la infraestructura y, en general, las condiciones de vida de decenas de miles de comunidades grandes y pequeñas ubicadas dentro de los márgenes interiores y exteriores de la zona de guerra).

Por la magnitud de los acontecimientos y las devastadoras proporciones que adquirió la guerra en Oriente Medio (o Asia Central, según sea el consenso geopolítico al que uno se adhiera), en absoluto resultaría una exageración el afirmar que la historia mundial del siglo XXI es sencillamente incomprensible si no se parte del reconocimiento de que la Guerra en contra del Terrorismo, declarada por Bush hijo en 2001, es (junto con la Gran Recesión de 2008), uno de los acontecimientos que definieron con mayor precisión y brutalidad el carácter del nuevo milenio. Proceso, éste, dicho sea de paso, que dista mucho de haberse agotado; más aún cuando el trumpismo ha hecho del recrudecimiento de las cruzadas estadounidenses antiterroristas una de sus principales señas de identidad y su más caprichoso motivo de orgullo nacional.

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El nacionalismo mexicano frente al trumpismo

En vísperas de que comience el proceso electoral de medio término (2026-2027), el próximo diez de septiembre del año en curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 82°, 116° y 122°, normativos de los requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ejercer su derecho a ser electa como presidente/a, gobernado/a y jefe/a de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. El fondo de la cuestión, en todos los casos, es hacer mandato constitucional la prohibición de que cualquier candidato o candidata que se postule, en el marco de un proceso electoral, a cualquiera de esos cargos, cuente con una doble nacionalidad; es decir, se trata de prohibir que se cuente con una nacionalidad (cualquiera que ésta fuere) además de la mexicana.

En principio, la propuesta parece, además de desmedida, desconcertante. ¿Por qué ahora?, ¿qué situación particular de especial preocupación ha captado la atención de la presidenta que, sin mediar fundamentación alguna como ha sucedido con otras de sus propuestas legislativas, ha decidido lanzarse, de manera tan decidida e insistente, en contra de la posibilidad de que los individuos que ejerzan esos tres cargos de elección popular cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana?

El argumento de que la iniciativa de reforma constitucional en cuestión tiene dedicatoria en contra del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) y entusiasta aspirante a presidir México a partir de 2030, Francisco Javier García Cabeza de Vaca  (quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense) no parece suficiente como para justificar la dimensión del cambio que, de aprobarse, la iniciativa presidencial arrastraría tras de sí en materia de ampliación de los derechos políticos de los que gozan los mexicanos y las mexicanas. Y es que, en efecto, no da la impresión de ser, ésta, causa suficiente para motivar un cambio constitucional como el que se propone, entre otras cosas, porque, aunque todavía faltan un par de años para que ese proceso electoral comience y en el ínterin cualquier cantidad de sucesos imponderables podría modificar la correlación de fuerzas actual en contra de la presidenta Sheinbaum y de su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), hoy por hoy, el exmandatario cuenta con una carpeta de investigación abierta por su presunta participación en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien, que se halle sujeto a investigación, por supuesto, no quiere decir que, por esa sencilla razón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya perdido el goce de sus derechos políticos de acuerdo con la normatividad vigente en México. Su situación, además, se podría esclarecer en cualquier momento (¡y hasta podría resultar inocente de todos los delitos que se le imputan!), por lo que no hace mucho sentido que la presidenta de México, teniendo en agenda un cúmulo de problemas que resolver mucho más apremiantes que el de ―supuestamente― bloquear las aspiraciones presidenciales de un político con doble nacionalidad, le dedique si quiera una parte modesta de su energía y de su capital político a una reforma que, eventualmente, las fuerzas de oposición a su gobierno no tardarán en calificar, también, de autoritaria; una medida desesperada del régimen ante el que podría ser el líder político que la oposición no ha sabido engendrar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018.

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Narcotráfico y geopolítica: entre la injerencia extranjera y la fragmentación interna

Los hechos: el lunes 13 de julio, la prensa mexicana dio a conocer los fragmentos de lo que se presumía era una conversación privada sostenida a principios de este 2026 por la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en los que se la escucha abordar temas personales, de seguridad y de política nacional. En comunicado oficial emitido el mismo día por la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, la mandataria confirmó la autenticidad de la filtración afirmando que «los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada». (En tiempos de inteligencias artificiales capaces de suplantar la identidad de cualquier persona, la corroboración no es superflua).

Ahora bien, en ese mismo comunicado, el gobierno de la entidad sostuvo que los interlocutores de la mandataria en esos audios son «personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación». Un día después, el martes 14 de julio, sin embargo, en su habitual conferencia de prensa matutina, la gobernadora rectificó lo sostenido por su Oficina de Comunicación Social y precisó que los interlocutores de las conversaciones filtradas en realidad fueron unas personas a las que ella recibió de buena fe porque le habían manifestado su intención de apoyar (no se sabe si a ella o a su gobierno ni en qué temas se brindaría tal apoyo). Estos, además, de acuerdo con la nueva versión de los hechos narrada por la mandataria, habían sido apadrinados por el exgobernador de la entidad (su antecesor inmediato y enemigo jurado), Jaime Bonilla, quien directamente le habría pedido a Marina del Pilar que los recibiera.

Un día después de esta declaración (el 15 de julio), como no podía ser de otro modo, el exgobernador Bonilla emitió su propio comunicado, a través del Partido del Trabajo (su partido y aliado formal del Movimiento de Regeneración Nacional, del que es militante Ávila Olmeda), señalando su rechazo categórico a las acusaciones hechas por su sucesora en el cargo. Y sentenció: «es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora».

En el interín, dicho sea de paso, cuando el tema llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo tomó posición clara en el tema y sostuvo dos apreciaciones básicas. La primera de ellas es que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos (quien facilitó la operación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad antinarcóticos en territorio nacional), lo de la gobernadora de Baja California no daba como para acusarla, a ella también, de haber violado las leyes mexicanas en materia de seguridad nacional. La razón de fondo de esta distinción, explicó la presidenta, tendría que ver con el hecho de que Marina del Pilar únicamente habría manifestado su voluntad de actuar en el futuro, y restringiendo dicha cooperación a un mero intercambio de información (que no es, per se, violatorio de las leyes mexicanas cuando se conduce por los cauces institucionales de oficio). El segundo argumento esgrimido por la presidenta en defensa de la gobernadora de Baja California es que, hasta el momento, no se sabe si las personas con las que habló en verdad son agentes extranjeros o no. En última instancia, sentenció: Marina del Pilar ya había dado una explicación y, si se tiene que investigar algo más adelante, que se investigue. Punto.

A la presidenta la respaldó el encargado de la seguridad pública federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcí Harfuch, quien sostuvo que, a partir de lo que es posible escuchar en los audios filtrados, «no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad; si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando».

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