El riesgo de la Inteligencia Artificial es su autonomía

¿En qué momento el rechazo del alarmismo ―sobre cualquier tema― se convierte o bien en un alarde de ignorancia o bien en jactancia de charlatanería (fenómenos, ambos, que hoy en día abundan gracias a quienes, haciéndose llamar influencers, se pavonean de ser expertos y expertas en todo; creyendo que opinar es sinónimo de analizar)? La pregunta viene a cuento en gran medida debido al debate que propiciaron las recientes declaraciones públicas hechas por algunos ejecutivos, analistas de datos y, en general, por personal que labora en las principales corporaciones transnacionales de Occidente dedicas a actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, en torno a la necesidad ―arguyeron― de desacelerar el ritmo al cual avanza el sector.

Y es que, en efecto, algunas de ellas, como las hechas en redes sociales ―y luego en cada gran cadena televisiva y periódico a los que fue invitado― por Jacob Coxon, exanalista de datos de Anthropic, una de las corporaciones líderes en la industria en cuestión, no escatimaron en advertencias sobre las probabilidades de que la inteligencia artificial (así, en su sentido genérico, y no una u otra aplicación; uno u otro modelo) extermine a la humanidad tan pronto como el final de la presente década. Y aunque hubieron algunos otros posicionamientos que también se enfocaron en advertir sobre los peligros que representa el avance incontenido de esta tecnología en los años por venir (y aún en el presente mismo), redundando en el mensaje general que personajes como Coxon quisieron transmitir a la humanidad, lo cierto es que, dada la dinámica propia de las formas de comunicación que dominan en la actualidad por todas partes de Occidente (América incluida), el tremendismo y el sensacionalismo hicieron lo suyo ensombreciendo el sentido general de las advertencias hechas y enrareciendo la discusión que le siguió entre el grueso de la población.

Así, por ejemplo, en el extremo del ridículo, la conversación pública dominante a lo largo de los días posteriores a la fecha en que se emitieron este tipo de declaraciones (en la primera quincena de septiembre del año en curso), terminó por concentrarse en la simplificación y en la reducción de los problemas asociados al curso que ha seguido el desarrollo actual de la inteligencia artificial en el mundo y los desafíos que su trayectoria futura suponen para los seres humanos que las generaron en primer lugar, hasta el punto en el que, al final del día, daba la sensación de que todo el debate público parecía girar alrededor de la necesidad de esclarecer si de lo que se trataba, en dichas advertencias, era de prevenir a la humanidad ante un escenario apocalíptico parecido al que durante décadas han alimentado fantasías como Terminator (del director James Cameron) o Yo robot (del director Alex Proyas) y precisar qué tan ridícula era la idea en cuestión, tomando en consideración que muchas de las aplicaciones móviles potenciadas por inteligencia artificial que utiliza el grueso de la población aún se caracterizan por cometer errores y pifias grotescas y absurdas (del tipo que se suelen apreciar en imágenes mal generadas, investigaciones erróneamente fundamentadas o escritos pobremente argumentados).

Y es que, en verdad, ¿quién podría creer, con seriedad, que, dado el comportamiento que se observa día a día en el desempeño de cientos o de miles de chatbots y aplicaciones similares en los dispositivos móviles de millones de personas, en poco menos de un lustro la humanidad podría estar en riesgo potencial de sufrir una catástrofe planetaria y civilizacional, producto de inteligencias artificiales que, en principio, aún no habitan ni movilizan algún tipo de robot capaz de someter físicamente al conjunto de la especie? El realismo de las advertencias hechas a por los CEOs de la IA principio de mes, a la luz de esta evidencia empírica cotidiana, sencillamente no hace sentido y parece fuera de toda proporción. ¿Cierto?

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El terror de la guerra contra el terrorismo: a 25 años del 11 de septiembre

Se cumplieron veinticinco años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Un evento, éste, que sin duda en nada se compara con esa otra tragedia que, para América, significo su propio 11/09: el golpe de Estado en contra del gobierno nacional-popular de Salvador Allende; esa experiencia de masas que, desde múltiples y diversos puntos de vista, sigue siendo, hasta hoy, el más complejo, el más interesante, creativo y auténtico esfuerzo en la región por ensayar una vía democrática hacia un socialismo no dogmático ni, mucho menos, esclerotizado por las exigencias y las imposiciones del materialismo dialéctico soviético. 

Se cumple, pues, un cuarto de siglo desde aquel momento en el que aeronaves secuestradas por integrantes de Al-Qaeda se impactaron en los símbolos financieros y militares del poderío estadounidense, en suelo estadounidense: el World Trade Center de Nueva York, reducido a cenizas en el acto, por un lado; y el Pentágono, oficinas centrales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Arlington, Virginia. Del derrumbe de las Torres Gemelas, el número de víctimas mortales rondó el saldo de entre las 2,753 y las 3,000 personas. Del atentado en contra del Pentágono, se calcularon alrededor de 184. El drama del momento, además, se vivió globalmente en tiempo real, al haber sido transmitido ininterrumpidamente a través de una miríada de cadenas de televisión, en tiempos en los que la humanidad aún no sucumbía ante el perverso encanto de las redes sociales.

En los años que siguieron a aquella fatídica fecha para el pueblo de Estados Unidos (2001-2023) y derivado de la respuesta bélica que dio el gobierno de George W. Bush a los mismos de manera inmediata (y refrendada por Barack Obama entre 2009 y 2017), se calcula que Estados Unidos se cobraría el agravio en cuestión con creces: cerca de 940 mil víctimas mortales producto de la violencia directa causada por la guerra en los territorios de Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán (de los cuales cerca de medio millón corresponde a civiles o no combatientes); además de un estimado de entre 3.6 y 3.8 millones de muertes indirectas (causadas por la destrucción de la economía, los sistemas sanitarios y alimentarios, la infraestructura y, en general, las condiciones de vida de decenas de miles de comunidades grandes y pequeñas ubicadas dentro de los márgenes interiores y exteriores de la zona de guerra).

Por la magnitud de los acontecimientos y las devastadoras proporciones que adquirió la guerra en Oriente Medio (o Asia Central, según sea el consenso geopolítico al que uno se adhiera), en absoluto resultaría una exageración el afirmar que la historia mundial del siglo XXI es sencillamente incomprensible si no se parte del reconocimiento de que la Guerra en contra del Terrorismo, declarada por Bush hijo en 2001, es (junto con la Gran Recesión de 2008), uno de los acontecimientos que definieron con mayor precisión y brutalidad el carácter del nuevo milenio. Proceso, éste, dicho sea de paso, que dista mucho de haberse agotado; más aún cuando el trumpismo ha hecho del recrudecimiento de las cruzadas estadounidenses antiterroristas una de sus principales señas de identidad y su más caprichoso motivo de orgullo nacional.

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El nacionalismo mexicano frente al trumpismo

En vísperas de que comience el proceso electoral de medio término (2026-2027), el próximo diez de septiembre del año en curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 82°, 116° y 122°, normativos de los requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ejercer su derecho a ser electa como presidente/a, gobernado/a y jefe/a de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. El fondo de la cuestión, en todos los casos, es hacer mandato constitucional la prohibición de que cualquier candidato o candidata que se postule, en el marco de un proceso electoral, a cualquiera de esos cargos, cuente con una doble nacionalidad; es decir, se trata de prohibir que se cuente con una nacionalidad (cualquiera que ésta fuere) además de la mexicana.

En principio, la propuesta parece, además de desmedida, desconcertante. ¿Por qué ahora?, ¿qué situación particular de especial preocupación ha captado la atención de la presidenta que, sin mediar fundamentación alguna como ha sucedido con otras de sus propuestas legislativas, ha decidido lanzarse, de manera tan decidida e insistente, en contra de la posibilidad de que los individuos que ejerzan esos tres cargos de elección popular cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana?

El argumento de que la iniciativa de reforma constitucional en cuestión tiene dedicatoria en contra del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) y entusiasta aspirante a presidir México a partir de 2030, Francisco Javier García Cabeza de Vaca  (quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense) no parece suficiente como para justificar la dimensión del cambio que, de aprobarse, la iniciativa presidencial arrastraría tras de sí en materia de ampliación de los derechos políticos de los que gozan los mexicanos y las mexicanas. Y es que, en efecto, no da la impresión de ser, ésta, causa suficiente para motivar un cambio constitucional como el que se propone, entre otras cosas, porque, aunque todavía faltan un par de años para que ese proceso electoral comience y en el ínterin cualquier cantidad de sucesos imponderables podría modificar la correlación de fuerzas actual en contra de la presidenta Sheinbaum y de su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), hoy por hoy, el exmandatario cuenta con una carpeta de investigación abierta por su presunta participación en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien, que se halle sujeto a investigación, por supuesto, no quiere decir que, por esa sencilla razón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya perdido el goce de sus derechos políticos de acuerdo con la normatividad vigente en México. Su situación, además, se podría esclarecer en cualquier momento (¡y hasta podría resultar inocente de todos los delitos que se le imputan!), por lo que no hace mucho sentido que la presidenta de México, teniendo en agenda un cúmulo de problemas que resolver mucho más apremiantes que el de ―supuestamente― bloquear las aspiraciones presidenciales de un político con doble nacionalidad, le dedique si quiera una parte modesta de su energía y de su capital político a una reforma que, eventualmente, las fuerzas de oposición a su gobierno no tardarán en calificar, también, de autoritaria; una medida desesperada del régimen ante el que podría ser el líder político que la oposición no ha sabido engendrar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018.

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