México y la difícil resistencia en Cuba

Cuando se trata de los modos en que el Estado mexicano ha conducido su política exterior a lo largo del último siglo (es decir, por lo menos desde que finalizó la Revolución política de 1910-1940), un acontecimiento en particular se suele invocar como evidencia irrefutable de la solidez de la tradición diplomática del régimen político mexicano, de su compromiso con las causas justas y legítimas de los pueblos del mundo y, sobre todo, de su autonomía de acción en la arena internacional. El hecho en cuestión es la negativa de México a romper relaciones con el gobierno de la isla en 1962, a propósito de la crisis de los misiles soviéticos, cuando la mayor parte de los Estados americanos ―motu proprio o por presiones estadounidenses― se avocaron a aislar regionalmente al pueblo cubano so pretexto de contener, con ello, el avance del comunismo en el continente.

Ahora que el gobierno de Donald Trump ha colocado en el centro de sus ambiciones imperiales la inducción acelerada de un cambio de régimen político en Cuba (luego de haber depuesto a Nicolás Maduro, en Venezuela, y, con ello, haber cercenado la mayor parte de las transferencias de hidrocarburos de las que depende la isla para sobrevivir al bloqueo estadounidense), en México se ha vuelto a invocar la continuidad de esa tradición diplomática como el fundamento que guía el actuar del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto del pueblo cubano, esperando, con ello, poder sortear la amenaza estadounidense.

Tal y como lo fue en circunstancias históricas similares en las que la amistad entre México y Cuba se convirtió en una fuente de conflictos ineludibles con Estados Unidos, la idea de fondo, en este sentido, parece ser que, al apelar a la continuidad histórica de la relación bilateral ―más allá y al margen, inclusive, de los cambios sexenales en México―, se pretende convencer a las élites estadounidenses de que dicho vínculo no tiene nada que ver con ideologías afines en ambos países, ni siquiera con alguna pretendida voluntad por parte de México de defender la naturaleza, el carácter y/o la legitimidad de la Revolución Cubana sino, antes bien, con el simple y llano respeto a una tradición de neutralidad en la conducción de las relaciones exteriores del Estado mexicano.

Es esa aspiración la que explica, de hecho, la insistencia con la cual la presidenta Sheinbaum subraya que la defensa diplomática de la relación bilateral con la isla Grancaribeña, en mayor o en menor grado, también se ha dado por parte de gobiernos que la antecedieron y frente a los cuales las distancias y las diferencias ideológicas (respecto de Cuba, sí, pero también respecto de la Cuarta Transformación obradorista) son insalvables.

La política exterior de México respecto de Cuba y de su régimen revolucionario, no obstante, nunca ha sido neutral. Se la tiende a reflexionar y a estudiar en México de esa forma, en general, porque el énfasis analítico se suele colocar en la continuidad histórica de los vínculos diplomáticos que han sostenido ambas naciones cuando en el resto del continente proliferaron las rupturas, los bloqueos, los asedios y las presiones por parte de otros Estados. Sin embargo, lo que no habría de perderse de vista, hoy, para comprender el porqué de esa continuidad en la política exterior de México ―aparentemente neutral o posideológica― hacia la isla es que, conforme pasaron los sexenios y el presidencialismo en México se consolidó en su carácter más autoritario concebible, la relación diplomática con Cuba se instrumentalizó, a menudo, como una forma de hacer notar a la comunidad internacional que el programa revolucionario de 1910-1940 seguía vivo y guiando la política doméstica y las relaciones exteriores de México con el resto del mundo.

Históricamente, pues, esta pretendida neutralidad inscrita en la definición de la política exterior mexicana hacia la región americana se empleó por parte de los distintos gobiernos nacionales para transmitir a sus contrapartes estadounidenses, luego de 1962, la certeza de que el mexicano no era, en ningún sentido, un régimen comunista, aunque sí revolucionario, pero institucional. Desde el punto de vista de la mayoría de los gobiernos posrevolucionarios en México, pues, la relación con Cuba podía explicarse por consideraciones o bien de principio (cuando la defensa de su autodeterminación y soberanía era, por extensión, una defensa de la autodeterminación y la soberanía de México), o bien de pragmatismo (cuando ello le permitía fortalecer su imagen, su posición y su liderazgo entre los Estados del entonces denominado Tercer Mundo) o bien de conveniencia (cuando defender a la Revolución Cubana implicaba matizar, ocultar o negar la propia represión y el autoritarismo priístas dentro de México).

La necesidad de mantener cierto margen de autonomía política en la definición de su relación con Cuba, respecto de las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos, aún si ello implicaba que México se quedase solo en el continente en su decisión, en esta línea de ideas, para los gobiernos de México siempre estuvo mediada por ese otro tipo de consideraciones que implicaban un posicionamiento internacional claro; incluso si éste nunca fuese explicitado por las autoridades mexicanas. Desde el punto de vista de su propia legitimidad política doméstica y entre los Estados tercermundistas, por ello, para la diplomacia mexicana siempre fue fundamental ofrecer certezas a Estados Unidos que una defensa de Cuba (o la amistad con la isla, si bien no su defensa militante) tenía que ver, casi siempre, con muchas consideraciones políticas, ideológicas, jurídicas y hasta económicas, pero muy pocas veces o casi nunca con la naturaleza misma de la Revolución Cubana.

Entiéndase, en consecuencia, que, en el contexto actual, esta misma apelación a una política exterior supuestamente neutral, esgrimida por la administración de Sheinbaum, más que reivindicar esa misma neutralidad como un dato fáctico busca hacer que el trumpismo tenga la certidumbre de que no es el nervio de izquierda que hunde profundamente sus raíces en el seno de la 4T y del obradorismo lo que anima los intercambios de todo tipo con la isla sino, antes bien, un respeto irrestricto a ciertos principios jurídicos, tanto del orden nacional como del internacional.

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Geopolíticas imperiales: Estados Unidos, China y el petróleo venezolano

Conforme han avanzado los días tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, dos narrativas, sobre todas las demás, han cobrado fuerza y se han instalado como los dos extremos entre los cuales se mueve la mayor parte de los análisis que buscan dar cuenta de lo acontecido y, en la medida de lo posible, arrojar algo de luz sobre la trayectoria que esta historia habrá de seguir en los días, los meses y los años por venir. Y es que, en efecto, si se obvia la marea de opiniones improvisadas y conspiranóicas que han saturado las redes sociales y una parte significativa de los medios tradicionales de comunicación de masas (prensa, radio y televisión), lo que queda en los extremos son, por un lado, la explicación que en verdad comulga con la idea de que la invasión a Venezuela fue en defensa de la democracia en el país y en contra del narcotráfico en la región. Aquí se halla plácida e ingenuamente instalada la mayor parte de la oposición histórica y coyuntural al chavismo, en general; y al gobierno de Nicolás Maduro, en particular.

Por el otro lado, valiéndose de los argumentos que el propio Poder Ejecutivo Federal estadounidense ha esgrimido en defensa de sus actos injerencistas en el Gran Caribe, están todas aquellas explicaciones que reiteran, con insistencia, que esta historia se trata de las ambiciones imperiales estadounidenses por hacerse con el petróleo venezolano, con el claro propósito de fondo de, a partir de ello, minar las posibilidades chinas de aprovecharlo en favor de sus procesos de acumulación de fuerzas en la disputa por la hegemonía global.

A pesar de que ambas respuestas son merecedoras de un análisis más detallado, por el momento la que resulta más problemática de las dos es, en realidad, la segunda. Ello, en tanto que han sido la propia presidencia estadounidense y su gabinete de seguridad las entidades que se han encargado de obviar que el argumento invocado a favor de la guerra antinarcóticos es sólo un formalismo que pretende salvar algunas apariencias en el seno de la comunidad internacional y entre su propia ciudadanía. Algo similar ocurre con la acusación en contra del régimen venezolano como terrorista y como comunista (de donde sale su manida designación como una dictadura comunista narcoterrorista). 

Despejadas, pues, todas estas hipótesis o bien por su naturaleza falsaria o bien por su absurdidad, ¿qué decir, por su parte, acerca del argumento de que la intervención armada en cuestión es una maniobra estratégica estadounidense cuyo propósito último sería evitar el acceso chino a los recursos petroleros y gasíferos venezolanos? En principio, por supuesto, el argumento resulta plausible por donde se lo mire. Después de todo, ese fue precisamente el cálculo geopolítico que, tras finalizar la Guerra Civil en Europa (1914-1945), llevó a Estados Unidos a promover la emancipación de la mayor parte de las colonias de las potencias europeas en las periferias globales. En parte, por supuesto, para regular su acceso a ellas (manteniendo a Europa lo suficientemente fuerte como para contener a la Unión Soviética, pero no tanto como para competir en condiciones de igualdad con Estados Unidos), en parte, también, para disuadir el acceso soviético a ellos y, como no podía ser de otro modo, en parte para agotar primero las reservas de recursos naturales ubicadas fuera de América y, así, conservar las fuentes americanas como un aprovisionamiento a futuro y a largo plazo del que, además, estarían vetados a su acceso el resto de las grandes potencias de Occidente.

Puestas así las cosas, la pregunta que parece obligada a formularse, en el marco de la competencia de China y Estados Unidos por la hegemonía global, es más o menos evidente. A saber: ¿por qué China no ha actuado en proporción directa al injerencismo estadounidense en Venezuela para salvaguardar su acceso a los hidrocarburos del país o, por lo menos, para no dejar que Estados Unidos los controle y los convierta en un activo a su favor? El petróleo, después de todo, sigue siendo la principal fuente de energía que moviliza al mundo (y a los ejércitos que deciden los relevos de liderazgos mundiales). Su valor estratégico actual, por lo tanto, no se halla en cuestión. ¿Por qué, entonces, la débil reacción china ante los hechos?

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Venezuela: en defensa de la soberanía

A lo largo de las primeras horas de la madrugada de este 3 de enero del 2026, el mundo supo, principalmente a través de redes sociales, que Caracas, la capital venezolana, así como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, habían sido objeto de bombardeos por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Apenas un par de minutos después de lo acontecido, el Gobierno de la República Bolivariana emitió un comunicado que, entre otras cosas, confirmaba la información que hasta ese momento sólo había trascendido en redes y, además de ello, llamaba a la población a resistir todo intento de intervención extranjera en el territorio, bregando por hacer a un lado diferencias políticas e ideológicas para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

Ya al amanecer, todos los canales oficiales de comunicación del gobierno de Estados Unidos confirmaron (con triunfalismo y arrogancia) lo que durante al menos diez u once horas se sospechaba dentro y fuera de América Latina: la presidencia de Donald J. Trump había ordenado la intervención militar en el país Grancaribeño para deponer del cargo a Nicolás Maduro, trasladarlo a territorio estadounidense para su procesamiento judicial por una decena de cargos criminales y, por supuesto, asegurar el control directo de los recursos naturales venezolanos por parte de las corporaciones y los aparatos de seguridad de Estados Unidos. En conferencia de prensa en Mar-a-Lago, de hecho, alrededor del mediodía, Trump aseveró que mientras no existiesen condiciones idóneas para garantizar una transición gubernamental capaz de cumplir con las demandas de seguridad de Estados Unidos, serían las propias fuerzas armadas estadounidenses las que se harían cargo de dirigir/gobernar a Venezuela de manera directa.

A estas alturas del partido, no está demás subrayar que nada de lo acontecido en Venezuela hasta ahora quedó fuera del libreto que desde hace meses la administración Trump había dado a conocer públicamente a todo el mundo. De hecho, en más de una ocasión Trump mismo y sus principales personeros en su gabinete lo expresaron abierta y explícitamente: eventualmente, si el gobierno de Venezuela no cedía ante sus exigencias (que iban desde su aceptación a convertirse en un títere de Estados Unidos hasta la dimisión de Nicolás Maduro del cargo) las fuerzas de seguridad y los aparatos de inteligencia de Estados Unidos tomarían el asunto en sus manos y, aunque fuese por medio del uso irrestricto de la fuerza, obligarían al país a experimentar un cambio de gobierno y, más aún, de régimen político. El trumpismo, pues, no hizo más que cumplir sus amenazas; las mismas que durante meses consiguieron normalizar en amplios sectores de la comunidad internacional la eventual agresión armada yanqui a un Estado americano.

Aunque la pregunta pueda parecer ociosa para quienes han decidido atrincherarse sistemáticamente en cualquiera de los extremos de esta ecuación política (o bien el correspondiente a la dogmática defensa del gobierno de Maduro, por un lado; o bien el relativo a la intransigente demanda de una intervención extranjera en el país, por el otro), vale la pena el que sea formulada: ¿en qué medida es legítima esta intervención estadounidense en territorio venezolano?

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