Donald Trump y el narcotráfico en México

¿Intervendrá Donald J. Trump en México invocando como casus belli la necesidad del gobierno de Estados Unidos de combatir en el país, por la vía armada, al narcotráfico? La pregunta en cuestión viene a cuento debido a que, a lo largo de las últimas semanas, el presidente estadounidense en funciones se ha mostrado cada vez más insistente respecto de este tema; a veces elevando el costo de sus apuestas, a veces endureciendo el tono con el que emite sus palabras. Y es que, un día sí y otro también (ya sea en el marco de un evento convocado exprofeso para tratar el asunto o, en su defecto, insertando el tema en cualquiera de sus monsergas públicas como una prioridad ineludible de su administración), Trump ha reiterado una y otra vez que el narcotráfico en México es una problemática que no se puede resolver en definitiva si Estados Unidos no interviene directamente en su combate armado, llegando a insinuar, inclusive, que a éste se lo puede eliminar de raíz con bombardeos de precisión (capaces, según sus propias palabras, de eliminar a sus objetivos en sus salas de estar).

Tal insistencia del trumpismo con el tema del narcotráfico en México, pues, no parece ser ya (como quizá lo pudo ser durante el primer mandato de Trump o como aún parecía serlo durante los primeros meses de su segundo término) ni mera obsesión retórica del presidente estadounidense (con todo y que las elecciones de medio término en tierras yanquis podrían sugerir lo contrario) ni, mucho menos, una simple burbuja informática inflada artificialmente por las corporaciones que hoy por hoy definen las formas y los contenidos de la agenda mediática dentro y fuera de México y de Estados Unidos.

Y lo cierto es que pruebas suficientes de ello las hay: no sólo se siguen acumulando como evidencia de la obsesión de Trump con el narcotráfico mexicano las menciones cotidianas que hace sobre él, sino que, por si ello fuese poca cosa, a principios de marzo, él mismo y sus principales personeros en su gabinete tuvieron la osadía de lanzar una iniciativa regional (pomposamente denominada Escudo de las Américas) que no únicamente tiene el propósito claro de funcionar como marco institucional y condición de posibilidad para que las autoridades estadounidenses intervengan directamente en los asuntos internos de los Estados que hacen parte de dicho mecanismo sino que, también y sobre todo, está pensada para cercar geopolíticamente a los escasos gobiernos de izquierda que aún resisten al monroísmo trumpista en el continente (Cuba, México, Colombia y Brasil en primera línea de fuego).

Poco importa, en realidad, si en dicha iniciativa regional no tienen participación algunos de los Estados y de las economías más grandes y dinámicas de América o si el PIB regional, el tamaño territorial y la población total que aglutinan los diecisiete Estados que sí se sumaron al susodicho Escudo son ínfimos, comparados con la sumatoria que de esos mismos factores pueden alcanzar los que fueron explícitamente excluidos. En tanto que bloque geopolítico, aquí, el factor cuantitativo (es decir, la sola asociación y articulación política y diplomática diecisiete de veinte Estados Latinoamericanos) es factor suficiente como para producir efectos cualitativos de mayor magnitud que aquellos que se conseguirían por la simple convergencia de decisiones de política exterior tomadas individualmente, por cada gobierno nacional de la región.

No debe obviarse, después de todo, que, cuando se trata de impulsar y de legitimar políticas regionales colectivas de cualquier tipo, pero sobre todo las que tienen por finalidad establecer cercos geopolíticos alrededor de un Estado o de un grupo de Estados, por pequeñas que sean las economías, los territorios o las poblaciones de aquellos actores que han decidido hacer parte activa de un bloqueo regional importan menos que sus capacidades para someter a la más absoluta soledad o marginación a aquellos Estados que han convertido en sus objetivos. Piénsese, para no ir más lejos, en que así fue como el bloqueo continental impuesto a Cuba en 1964 adquirió sus dimensiones más lacerantes. Así fue, también, como, a partir de 2015, se aisló progresivamente a Venezuela en el continente, aunque en términos generales la patria de Bolívar y Chavez mantuviese relaciones económicas con los Estados más grandes de la región (y hasta con Estados Unidos) o el propio chavismo ―ya sin Chavez― aún gozara de un significativo apoyo popular entre la mayoría de los pueblos de América.

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Perú en la órbita imperial sino-estadounidense

Luego de que la presidencia de Donald Trump publicara su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre pasado, era cuestión de tiempo para que Perú fuera considerado como un país de atención prioritaria en los diseños geopolíticos regionales concebidos por el propio presidente estadounidense y por sus principales halcones en materia de política exterior y relaciones internacionales.

¿La razón? A mediados de noviembre del 2024, a unos 75 kilómetros al norte de la capital del país, las autoridades peruanas inauguraron el puerto de Chancay; hoy por hoy reconocido como el primero de su tipo en toda América Latina en virtud de que es una mega obra de infraestructura inteligente que, dicho sea de paso, no sólo parece estar destinada a dinamizar los intercambios comerciales entre China y el Perú sino que, más importante aún para la estrategia continental de Estados Unidos, es una obra de la que son propietarios y operadores mayoritarios capitales chinos, a través del consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., del que hacen parte la estatal china  COSCO Shipping Ports (60%) y la peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (40%).

Y es que, en efecto, de acuerdo con los principios de geopolítica y las valoraciones estratégicas que animan el espíritu de la susodicha Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la presencia china en tierras americanas es una de las principales amenazas identificadas por las élites yanquis representadas por el trumpismo. Y ello sin importar la forma concreta en que esa presencia se manifieste en el continente; es decir: ya sea mediante misiones diplomáticas permanentes o ad-hoc, a través de personal involucrado en ejercicios militares conjuntos o, por supuesto, por medio de sus corporaciones y, sobre todo, de las que son de propiedad estatal; que, por cierto, son la mayoría en América. Puestas así las cosas se entiende la advertencia lanzada por Donald Trump en días recientes respecto de las preocupaciones que levantaba en su gobierno la posibilidad de que la participación china en el puerto de Chancay implicase un golpe en contra de la soberanía peruana.

La pregunta obligada es, no obstante, ¿a razón de qué la administración de Trump emite esta advertencia al Perú hasta ahora, luego de que el megaproyecto de infraestructura en cuestión ya lleva poco más de un año en operaciones y, sobre todo, a poco más de un año de haber entrado en funciones el gobierno estadounidense actual?, ¿qué cambió en los días recientes?

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Minerales estratégicos, disputas hegemónicas y equilibrios ecológicos

Convocada y auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 4 de febrero del año en curso se celebró, en Washington D.C., la Primera Reunión Ministerial de Minerales Críticos. En ella participaron delegaciones de medio centenar de países de todo el mundo, de entre los que destacan la abrumadora mayoría de los bloques conformados, por un lado, por diecinueve naciones de Asia y Oriente Medio; y, por el otro, por dieciséis naciones de Europa y un equipo especial a título de la Comisión Europea. En el caso de América, a dicho evento concurrieron comisiones de ocho Estados, de entre los cuales sólo las de México y Brasil asistieron en representación de gobiernos nacional-populares, mientras que el resto lo hizo en nombre del espíritu de época que encarnan en la región viejas y nuevas extremas derechas. África, dicho sea de paso, envió misiones ad-hoc de siete países, de los cuales la de la República Democrática del Congo fue central.

Previo a su celebración, dicha reunión de alto nivel, hay que precisarlo, en general despertó grandes expectativas por los resolutivos a los que se podría llegar en ella. Más aún cuando el marco contextual en el que se había expedido la convocatoria estuvo signado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela como mecanismo de disciplinamiento para el propio gobierno Grancaribeño y para el resto de Estados soberanos alrededor del mundo, en relación con los grados de autonomía política y económica relativas que Estados Unidos espera que podrán gozar o no otros gobiernos en todo el planeta cuando se trate de la satisfacción de sus propias necesidades de seguridad nacional, ya sea que éstas se planteen o bien como razón de Estado o bien como mero capricho del trumpismo. Al finalizar la Reunión, sin embargo, quedó claro que los resultados obtenidos no fueron, ni de lejos, los que se esperaban.

Y es que, si bien es verdad que Estados Unidos aprovechó la ocasión para formalizar una docena de Memorandos de Entendimiento y cerrar negociaciones similares con otra veintena de Estados (sumándose, estos, a otros diez instrumentos de idéntica naturaleza que fueron firmados a lo largo de los pasados cinco meses), dado el carácter de las negociaciones de la Reunión y los avances que el gobierno de Estados Unidos ya había conseguido en tratos bilaterales por fuera de ella en meses recientes, en los hechos, la Ministerial de Minerales Críticos celebrada a principios de este mes pareció, más bien, haber operado como un evento simbólico y comunicacional que como un foro ad-hoc para el establecimiento de una hoja de ruta y espacio de definición de los modos en los que se habrá de operacionalizar, en el corto, el mediano y el largo plazos, lo que en principio parecía ser la apuesta por un gran bloque internacional basado en el tendido de nuevas y la consolidación de viejas cadenas de suministro especializadas en  recursos minerales estratégicos para el almacenamiento y el procesamiento de datos, lo mismo que para la creciente electrificación de una miríada de procesos productivos.

Dicho de otro modo: más allá del lanzamiento del Foro de Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE), en el que todo está por ser definido, en la Reunión Ministerial en comento no se alcanzaron nuevos acuerdos, adicionales a los que durante poco más o menos medio año ya se habían convenido en sus contornos generales en el marco de lo que en diciembre de 2025 Donald Trump presentó como la iniciativa Pax Silica. De hecho, un aspecto hasta cierto punto desconcertante de la reunión es que, contrario a lo que se esperaba que sucediera, el gobierno de Estados Unidos no aprovechó la ocasión para imponer unilateralmente una agenda de trabajo a los Estados que hicieron parte de la reunión sino que, por lo contrario, habiendo impuesto, eso sí, los objetivos generales y específicos que Estados Unidos pretende alcanzar en este proceso, valiéndose de iniciativas como éstas, cedió una buena parte de la responsabilidad en la definición de esa agenda a los gobiernos de las delegaciones que asistieron.

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