México y la voracidad energética del capitalismo

Teniendo como telón de fondo las dificultades energéticas y los costos económicos que la virulencia bélica de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ha desatado, alrededor del mundo, con su agresión armada en contra de Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha notificado al pueblo del país que gobierna desde 2024 que, en los años por venir, su administración apostará por la extracción de gas natural no convencional (shale, de esquisto o lutitas). Ello, sostuvo en conferencia de prensa matutina, con una doble intención. En primera instancia, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética en el país hacia el futuro. Y, en segundo lugar, con el propósito de garantizar que, en el mediano y el largo plazos, el país cuente con cierto grado de seguridad y de soberanía energéticas que, en última instancia, le permitan a México sobrellevar con mayor estabilidad y capacidad de adaptación conmociones regionales e internacionales a propósito de cualquier cosa, pero, en especial, desatadas o bien por los ascendentes apetitos bélicos que hoy parecen embriagar a los lideres de distintas potencias militares alrededor del mundo o bien por el errátil comportamiento de personajes como Donald Trump y compañía en Estados Unidos.

Puestas así las cosas, el anuncio de la presidenta de México parece sensato. Es cierto, después de todo, que, en efecto, México (y con él el resto del mundo) tenderá a incrementar significativamente sus demandas de consumo energético en los años por venir. Tendencia, ésta, que en gran medida se explica por la cada vez más amplia electrificación de distintos medios de transporte, por el crecimiento poblacional, por cambios sustanciales en los estilos de vida de las personas, por los requerimientos cada vez mayores de la producción industrial, por el avance de la tecnología y la electrificación en los hogares y el espacio público, por el sostenido y acelerado agotamiento global de fuentes convencionales de hidrocarburos y, por supuesto, por la voracidad energética propia del funcionamiento de las matrices tecnológicas que sostienen el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (hoy por hoy en franco crecimiento y propagación exponencial). Eventos, todos estos, que más que ser fenómenos específicos de México son, en realidad, trayectorias históricas de largo plazo generales alrededor del mundo, resultado de la lógica de funcionamiento del capitalismo.

También es verdad que los ajustes geopolíticos en curso (que tienen como vectores principales, por un lado, la competencia entre grandes potencias por el relevo hegemónico en curso, y, por el otro, la supervivencia a la agudización de múltiples dificultades sistémicas por las que atraviesa el capitalismo), así como la inestabilidad sociopolítica interna que experimentan distintos Estados alrededor del plantea (producto de sus propias tensiones y contradicciones nacionales) no dan muestras de distensión hacia el futuro, sino todo lo contrario. Es correcto, además, el diagnóstico de la Dra. Sheinbaum en relación con la necesidad particular que tiene México de ganar márgenes de autonomía energética (política, económica y estratégica) frente a su principal socio comercial y su principal mercado de importación de productos y servicios energéticos: Estados Unidos. Y ello con independencia de que en la titularidad del poder ejecutivo federal de ese país se halle Donald Trump o no, pues ese margen de independencia relativa, para México, es cuestión de puro instinto de supervivencia y autopreservación en tiempos en los que las élites políticas y corporativas de su vecino del norte han dado muestras claras de estar dispuestas a recurrir sistemáticamente al ejercicio de la violencia armada y al chantaje económico con tal de no perder sus posiciones ventajosas frente a sus competidores, socios y enemigos en América, en Occidente y en todas partes.

Dadas todas estas observaciones, la apuesta del gobierno de Sheinbaum por el fracking (o fracturación hidráulica), en consecuencia, no parece responder a consideraciones impulsivas, frívolas o veleidosas. Por el contrario, a juzgar por los términos y la forma en la que la propia mandataria expuso el tema a escrutinio público, la decisión ha sido discutida y meditada a profundidad a nivel de gabinete y con comisiones técnicas y científicas externas a su gobierno desde, por lo menos, mediados del año 2025; es decir, un par de meses antes, inclusive, de cumplir un año en el cargo que constitucionalmente ejerce. De hecho, la seriedad con la que parece estarse abordando el tema en el seno de su administración se alcanza a apreciar en el hecho de que, en términos llanos, al ser ella misma la principal militante en favor de materializar la medida en el país, el costo político que podría llegar a pagar en el corto, el mediano y el largo plazos sería altísimo.

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Donald Trump y el narcotráfico en México

¿Intervendrá Donald J. Trump en México invocando como casus belli la necesidad del gobierno de Estados Unidos de combatir en el país, por la vía armada, al narcotráfico? La pregunta en cuestión viene a cuento debido a que, a lo largo de las últimas semanas, el presidente estadounidense en funciones se ha mostrado cada vez más insistente respecto de este tema; a veces elevando el costo de sus apuestas, a veces endureciendo el tono con el que emite sus palabras. Y es que, un día sí y otro también (ya sea en el marco de un evento convocado exprofeso para tratar el asunto o, en su defecto, insertando el tema en cualquiera de sus monsergas públicas como una prioridad ineludible de su administración), Trump ha reiterado una y otra vez que el narcotráfico en México es una problemática que no se puede resolver en definitiva si Estados Unidos no interviene directamente en su combate armado, llegando a insinuar, inclusive, que a éste se lo puede eliminar de raíz con bombardeos de precisión (capaces, según sus propias palabras, de eliminar a sus objetivos en sus salas de estar).

Tal insistencia del trumpismo con el tema del narcotráfico en México, pues, no parece ser ya (como quizá lo pudo ser durante el primer mandato de Trump o como aún parecía serlo durante los primeros meses de su segundo término) ni mera obsesión retórica del presidente estadounidense (con todo y que las elecciones de medio término en tierras yanquis podrían sugerir lo contrario) ni, mucho menos, una simple burbuja informática inflada artificialmente por las corporaciones que hoy por hoy definen las formas y los contenidos de la agenda mediática dentro y fuera de México y de Estados Unidos.

Y lo cierto es que pruebas suficientes de ello las hay: no sólo se siguen acumulando como evidencia de la obsesión de Trump con el narcotráfico mexicano las menciones cotidianas que hace sobre él, sino que, por si ello fuese poca cosa, a principios de marzo, él mismo y sus principales personeros en su gabinete tuvieron la osadía de lanzar una iniciativa regional (pomposamente denominada Escudo de las Américas) que no únicamente tiene el propósito claro de funcionar como marco institucional y condición de posibilidad para que las autoridades estadounidenses intervengan directamente en los asuntos internos de los Estados que hacen parte de dicho mecanismo sino que, también y sobre todo, está pensada para cercar geopolíticamente a los escasos gobiernos de izquierda que aún resisten al monroísmo trumpista en el continente (Cuba, México, Colombia y Brasil en primera línea de fuego).

Poco importa, en realidad, si en dicha iniciativa regional no tienen participación algunos de los Estados y de las economías más grandes y dinámicas de América o si el PIB regional, el tamaño territorial y la población total que aglutinan los diecisiete Estados que sí se sumaron al susodicho Escudo son ínfimos, comparados con la sumatoria que de esos mismos factores pueden alcanzar los que fueron explícitamente excluidos. En tanto que bloque geopolítico, aquí, el factor cuantitativo (es decir, la sola asociación y articulación política y diplomática diecisiete de veinte Estados Latinoamericanos) es factor suficiente como para producir efectos cualitativos de mayor magnitud que aquellos que se conseguirían por la simple convergencia de decisiones de política exterior tomadas individualmente, por cada gobierno nacional de la región.

No debe obviarse, después de todo, que, cuando se trata de impulsar y de legitimar políticas regionales colectivas de cualquier tipo, pero sobre todo las que tienen por finalidad establecer cercos geopolíticos alrededor de un Estado o de un grupo de Estados, por pequeñas que sean las economías, los territorios o las poblaciones de aquellos actores que han decidido hacer parte activa de un bloqueo regional importan menos que sus capacidades para someter a la más absoluta soledad o marginación a aquellos Estados que han convertido en sus objetivos. Piénsese, para no ir más lejos, en que así fue como el bloqueo continental impuesto a Cuba en 1964 adquirió sus dimensiones más lacerantes. Así fue, también, como, a partir de 2015, se aisló progresivamente a Venezuela en el continente, aunque en términos generales la patria de Bolívar y Chavez mantuviese relaciones económicas con los Estados más grandes de la región (y hasta con Estados Unidos) o el propio chavismo ―ya sin Chavez― aún gozara de un significativo apoyo popular entre la mayoría de los pueblos de América.

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Perú en la órbita imperial sino-estadounidense

Luego de que la presidencia de Donald Trump publicara su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre pasado, era cuestión de tiempo para que Perú fuera considerado como un país de atención prioritaria en los diseños geopolíticos regionales concebidos por el propio presidente estadounidense y por sus principales halcones en materia de política exterior y relaciones internacionales.

¿La razón? A mediados de noviembre del 2024, a unos 75 kilómetros al norte de la capital del país, las autoridades peruanas inauguraron el puerto de Chancay; hoy por hoy reconocido como el primero de su tipo en toda América Latina en virtud de que es una mega obra de infraestructura inteligente que, dicho sea de paso, no sólo parece estar destinada a dinamizar los intercambios comerciales entre China y el Perú sino que, más importante aún para la estrategia continental de Estados Unidos, es una obra de la que son propietarios y operadores mayoritarios capitales chinos, a través del consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., del que hacen parte la estatal china  COSCO Shipping Ports (60%) y la peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (40%).

Y es que, en efecto, de acuerdo con los principios de geopolítica y las valoraciones estratégicas que animan el espíritu de la susodicha Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la presencia china en tierras americanas es una de las principales amenazas identificadas por las élites yanquis representadas por el trumpismo. Y ello sin importar la forma concreta en que esa presencia se manifieste en el continente; es decir: ya sea mediante misiones diplomáticas permanentes o ad-hoc, a través de personal involucrado en ejercicios militares conjuntos o, por supuesto, por medio de sus corporaciones y, sobre todo, de las que son de propiedad estatal; que, por cierto, son la mayoría en América. Puestas así las cosas se entiende la advertencia lanzada por Donald Trump en días recientes respecto de las preocupaciones que levantaba en su gobierno la posibilidad de que la participación china en el puerto de Chancay implicase un golpe en contra de la soberanía peruana.

La pregunta obligada es, no obstante, ¿a razón de qué la administración de Trump emite esta advertencia al Perú hasta ahora, luego de que el megaproyecto de infraestructura en cuestión ya lleva poco más de un año en operaciones y, sobre todo, a poco más de un año de haber entrado en funciones el gobierno estadounidense actual?, ¿qué cambió en los días recientes?

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