Luego de que la presidencia de Donald Trump publicara su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre pasado, era cuestión de tiempo para que Perú fuera considerado como un país de atención prioritaria en los diseños geopolíticos regionales concebidos por el propio presidente estadounidense y por sus principales halcones en materia de política exterior y relaciones internacionales.
¿La razón? A mediados de noviembre del 2024, a unos 75 kilómetros al norte de la capital del país, las autoridades peruanas inauguraron el puerto de Chancay; hoy por hoy reconocido como el primero de su tipo en toda América Latina en virtud de que es una mega obra de infraestructura inteligente que, dicho sea de paso, no sólo parece estar destinada a dinamizar los intercambios comerciales entre China y el Perú sino que, más importante aún para la estrategia continental de Estados Unidos, es una obra de la que son propietarios y operadores mayoritarios capitales chinos, a través del consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., del que hacen parte la estatal china COSCO Shipping Ports (60%) y la peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (40%).
Y es que, en efecto, de acuerdo con los principios de geopolítica y las valoraciones estratégicas que animan el espíritu de la susodicha Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la presencia china en tierras americanas es una de las principales amenazas identificadas por las élites yanquis representadas por el trumpismo. Y ello sin importar la forma concreta en que esa presencia se manifieste en el continente; es decir: ya sea mediante misiones diplomáticas permanentes o ad-hoc, a través de personal involucrado en ejercicios militares conjuntos o, por supuesto, por medio de sus corporaciones y, sobre todo, de las que son de propiedad estatal; que, por cierto, son la mayoría en América. Puestas así las cosas se entiende la advertencia lanzada por Donald Trump en días recientes respecto de las preocupaciones que levantaba en su gobierno la posibilidad de que la participación china en el puerto de Chancay implicase un golpe en contra de la soberanía peruana.
La pregunta obligada es, no obstante, ¿a razón de qué la administración de Trump emite esta advertencia al Perú hasta ahora, luego de que el megaproyecto de infraestructura en cuestión ya lleva poco más de un año en operaciones y, sobre todo, a poco más de un año de haber entrado en funciones el gobierno estadounidense actual?, ¿qué cambió en los días recientes?
Convocada y auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 4 de febrero del año en curso se celebró, en Washington D.C., la Primera Reunión Ministerial de Minerales Críticos. En ella participaron delegaciones de medio centenar de países de todo el mundo, de entre los que destacan la abrumadora mayoría de los bloques conformados, por un lado, por diecinueve naciones de Asia y Oriente Medio; y, por el otro, por dieciséis naciones de Europa y un equipo especial a título de la Comisión Europea. En el caso de América, a dicho evento concurrieron comisiones de ocho Estados, de entre los cuales sólo las de México y Brasil asistieron en representación de gobiernos nacional-populares, mientras que el resto lo hizo en nombre del espíritu de época que encarnan en la región viejas y nuevas extremas derechas. África, dicho sea de paso, envió misiones ad-hoc de siete países, de los cuales la de la República Democrática del Congo fue central.
Previo a su celebración, dicha reunión de alto nivel, hay que precisarlo, en general despertó grandes expectativas por los resolutivos a los que se podría llegar en ella. Más aún cuando el marco contextual en el que se había expedido la convocatoria estuvo signado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela como mecanismo de disciplinamiento para el propio gobierno Grancaribeño y para el resto de Estados soberanos alrededor del mundo, en relación con los grados de autonomía política y económica relativas que Estados Unidos espera que podrán gozar o no otros gobiernos en todo el planeta cuando se trate de la satisfacción de sus propias necesidades de seguridad nacional, ya sea que estas se planteen o bien como razón de Estado o bien como mero capricho del trumpismo. Al finalizar la Reunión, sin embargo, quedo claro que los resultados obtenidos no fueron, ni de lejos, los que se esperaban.
Y es que, si bien es verdad que Estados Unidos aprovechó la ocasión para formalizar una docena de Memorandos de Entendimiento y cerrar negociaciones similares con otra veintena de Estados (sumándose, estos, a otros diez instrumentos de idéntica naturaleza que fueron firmados a lo largo de los pasados cinco meses), dado el carácter de las negociaciones de la Reunión y los avances que el gobierno de Estados Unidos ya había conseguido en tratos bilaterales por fuera de ella en meses recientes, en los hechos, la Ministerial de Minerales Críticos celebrada a principios de este mes pareció, más bien, haber operado como un evento simbólico y comunicacional que como un foro ad-hoc para el establecimiento de una hora de ruta y espacio de definición de los modos en los que se habrá de operacionalizar, en el corto, el mediano y el largo plazos, lo que en principio parecía ser la apuesta por un gran bloque internacional basado en el tendido de nuevas y la consolidación de viejas cadenas de suministro especializadas en recursos minerales estratégicos para el almacenamiento y el procesamiento de datos, lo mismo que para la creciente electrificación de una miríada de procesos productivos.
Dicho de otro modo: más allá del lanzamiento del Foro de Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE), en el que todo está por ser definido, en la Reunión Ministerial en comento no se alcanzaron nuevos acuerdos, adicionales a los que durante poco más o menos medio año ya se habían convenido en sus contornos generales en el marco de lo que en diciembre de 2025 Donald Trump presentó como la iniciativa Pax Silica. De hecho, un aspecto hasta cierto punto desconcertante de la reunión es que, contrario a lo que se esperaba que sucediera, el gobierno de Estados Unidos no aprovechó la ocasión para imponer unilateralmente una agenda de trabajo a los Estados que hicieron parte de la reunión sino que, por lo contrario, habiendo impuesto, eso sí, los objetivos generales y específicos que Estados Unidos pretende alcanzar en este proceso, valiéndose de iniciativas como éstas, cedió una buena parte de la responsabilidad en la definición de esa agenda a los gobiernos de las delegaciones que asistieron.
Cuando se trata de los modos en que el Estado mexicano ha conducido su política exterior a lo largo del último siglo (es decir, por lo menos desde que finalizó la Revolución política de 1910-1940), un acontecimiento en particular se suele invocar como evidencia irrefutable de la solidez de la tradición diplomática del régimen político mexicano, de su compromiso con las causas justas y legítimas de los pueblos del mundo y, sobre todo, de su autonomía de acción en la arena internacional. El hecho en cuestión es la negativa de México a romper relaciones con el gobierno de la isla en 1962, a propósito de la crisis de los misiles soviéticos, cuando la mayor parte de los Estados americanos ―motu proprio o por presiones estadounidenses― se avocaron a aislar regionalmente al pueblo cubano so pretexto de contener, con ello, el avance del comunismo en el continente.
Ahora que el gobierno de Donald Trump ha colocado en el centro de sus ambiciones imperiales la inducción acelerada de un cambio de régimen político en Cuba (luego de haber depuesto a Nicolás Maduro, en Venezuela, y, con ello, haber cercenado la mayor parte de las transferencias de hidrocarburos de las que depende la isla para sobrevivir al bloqueo estadounidense), en México se ha vuelto a invocar la continuidad de esa tradición diplomática como el fundamento que guía el actuar del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto del pueblo cubano, esperando, con ello, poder sortear la amenaza estadounidense.
Tal y como lo fue en circunstancias históricas similares en las que la amistad entre México y Cuba se convirtió en una fuente de conflictos ineludibles con Estados Unidos, la idea de fondo, en este sentido, parece ser que, al apelar a la continuidad histórica de la relación bilateral ―más allá y al margen, inclusive, de los cambios sexenales en México―, se pretende convencer a las élites estadounidenses de que dicho vínculo no tiene nada que ver con ideologías afines en ambos países, ni siquiera con alguna pretendida voluntad por parte de México de defender la naturaleza, el carácter y/o la legitimidad de la Revolución Cubana sino, antes bien, con el simple y llano respeto a una tradición de neutralidad en la conducción de las relaciones exteriores del Estado mexicano.
Es esa aspiración la que explica, de hecho, la insistencia con la cual la presidenta Sheinbaum subraya que la defensa diplomática de la relación bilateral con la isla Grancaribeña, en mayor o en menor grado, también se ha dado por parte de gobiernos que la antecedieron y frente a los cuales las distancias y las diferencias ideológicas (respecto de Cuba, sí, pero también respecto de la Cuarta Transformación obradorista) son insalvables.
La política exterior de México respecto de Cuba y de su régimen revolucionario, no obstante, nunca ha sido neutral. Se la tiende a reflexionar y a estudiar en México de esa forma, en general, porque el énfasis analítico se suele colocar en la continuidad histórica de los vínculos diplomáticos que han sostenido ambas naciones cuando en el resto del continente proliferaron las rupturas, los bloqueos, los asedios y las presiones por parte de otros Estados. Sin embargo, lo que no habría de perderse de vista, hoy, para comprender el porqué de esa continuidad en la política exterior de México ―aparentemente neutral o posideológica― hacia la isla es que, conforme pasaron los sexenios y el presidencialismo en México se consolidó en su carácter más autoritario concebible, la relación diplomática con Cuba se instrumentalizó, a menudo, como una forma de hacer notar a la comunidad internacional que el programa revolucionario de 1910-1940 seguía vivo y guiando la política doméstica y las relaciones exteriores de México con el resto del mundo.
Históricamente, pues, esta pretendida neutralidad inscrita en la definición de la política exterior mexicana hacia la región americana se empleó por parte de los distintos gobiernos nacionales para transmitir a sus contrapartes estadounidenses, luego de 1962, la certeza de que el mexicano no era, en ningún sentido, un régimen comunista, aunque sí revolucionario, pero institucional. Desde el punto de vista de la mayoría de los gobiernos posrevolucionarios en México, pues, la relación con Cuba podía explicarse por consideraciones o bien de principio (cuando la defensa de su autodeterminación y soberanía era, por extensión, una defensa de la autodeterminación y la soberanía de México), o bien de pragmatismo (cuando ello le permitía fortalecer su imagen, su posición y su liderazgo entre los Estados del entonces denominado Tercer Mundo) o bien de conveniencia (cuando defender a la Revolución Cubana implicaba matizar, ocultar o negar la propia represión y el autoritarismo priístas dentro de México).
La necesidad de mantener cierto margen de autonomía política en la definición de su relación con Cuba, respecto de las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos, aún si ello implicaba que México se quedase solo en el continente en su decisión, en esta línea de ideas, para los gobiernos de México siempre estuvo mediada por ese otro tipo de consideraciones que implicaban un posicionamiento internacional claro; incluso si éste nunca fuese explicitado por las autoridades mexicanas. Desde el punto de vista de su propia legitimidad política doméstica y entre los Estados tercermundistas, por ello, para la diplomacia mexicana siempre fue fundamental ofrecer certezas a Estados Unidos que una defensa de Cuba (o la amistad con la isla, si bien no su defensa militante) tenía que ver, casi siempre, con muchas consideraciones políticas, ideológicas, jurídicas y hasta económicas, pero muy pocas veces o casi nunca con la naturaleza misma de la Revolución Cubana.
Entiéndase, en consecuencia, que, en el contexto actual, esta misma apelación a una política exterior supuestamente neutral, esgrimida por la administración de Sheinbaum, más que reivindicar esa misma neutralidad como un dato fáctico busca hacer que el trumpismo tenga la certidumbre de que no es el nervio de izquierda que hunde profundamente sus raíces en el seno de la 4T y del obradorismo lo que anima los intercambios de todo tipo con la isla sino, antes bien, un respeto irrestricto a ciertos principios jurídicos, tanto del orden nacional como del internacional.
/la docta ignorancia 