El nacionalismo mexicano frente al trumpismo

En vísperas de que comience el proceso electoral de medio término (2026-2027), el próximo diez de septiembre del año en curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 82°, 116° y 122°, normativos de los requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ejercer su derecho a ser electa como presidente/a, gobernado/a y jefe/a de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. El fondo de la cuestión, en todos los casos, es hacer mandato constitucional la prohibición de que cualquier candidato o candidata que se postule, en el marco de un proceso electoral, a cualquiera de esos cargos, cuente con una doble nacionalidad; es decir, se trata de prohibir que se cuente con una nacionalidad (cualquiera que ésta fuere) además de la mexicana.

En principio, la propuesta parece, además de desmedida, desconcertante. ¿Por qué ahora?, ¿qué situación particular de especial preocupación ha captado la atención de la presidenta que, sin mediar fundamentación alguna como ha sucedido con otras de sus propuestas legislativas, ha decidido lanzarse, de manera tan decidida e insistente, en contra de la posibilidad de que los individuos que ejerzan esos tres cargos de elección popular cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana?

El argumento de que la iniciativa de reforma constitucional en cuestión tiene dedicatoria en contra del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) y entusiasta aspirante a presidir México a partir de 2030, Francisco Javier García Cabeza de Vaca  (quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense) no parece suficiente como para justificar la dimensión del cambio que, de aprobarse, la iniciativa presidencial arrastraría tras de sí en materia de ampliación de los derechos políticos de los que gozan los mexicanos y las mexicanas. Y es que, en efecto, no da la impresión de ser, ésta, causa suficiente para motivar un cambio constitucional como el que se propone, entre otras cosas, porque, aunque todavía faltan un par de años para que ese proceso electoral comience y en el ínterin cualquier cantidad de sucesos imponderables podría modificar la correlación de fuerzas actual en contra de la presidenta Sheinbaum y de su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), hoy por hoy, el exmandatario cuenta con una carpeta de investigación abierta por su presunta participación en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien, que se halle sujeto a investigación, por supuesto, no quiere decir que, por esa sencilla razón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya perdido el goce de sus derechos políticos de acuerdo con la normatividad vigente en México. Su situación, además, se podría esclarecer en cualquier momento (¡y hasta podría resultar inocente de todos los delitos que se le imputan!), por lo que no hace mucho sentido que la presidenta de México, teniendo en agenda un cúmulo de problemas que resolver mucho más apremiantes que el de ―supuestamente― bloquear las aspiraciones presidenciales de un político con doble nacionalidad, le dedique si quiera una parte modesta de su energía y de su capital político a una reforma que, eventualmente, las fuerzas de oposición a su gobierno no tardarán en calificar, también, de autoritaria; una medida desesperada del régimen ante el que podría ser el líder político que la oposición no ha sabido engendrar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018.

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Narcotráfico y geopolítica: entre la injerencia extranjera y la fragmentación interna

Los hechos: el lunes 13 de julio, la prensa mexicana dio a conocer los fragmentos de lo que se presumía era una conversación privada sostenida a principios de este 2026 por la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en los que se la escucha abordar temas personales, de seguridad y de política nacional. En comunicado oficial emitido el mismo día por la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, la mandataria confirmó la autenticidad de la filtración afirmando que «los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada». (En tiempos de inteligencias artificiales capaces de suplantar la identidad de cualquier persona, la corroboración no es superflua).

Ahora bien, en ese mismo comunicado, el gobierno de la entidad sostuvo que los interlocutores de la mandataria en esos audios son «personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación». Un día después, el martes 14 de julio, sin embargo, en su habitual conferencia de prensa matutina, la gobernadora rectificó lo sostenido por su Oficina de Comunicación Social y precisó que los interlocutores de las conversaciones filtradas en realidad fueron unas personas a las que ella recibió de buena fe porque le habían manifestado su intención de apoyar (no se sabe si a ella o a su gobierno ni en qué temas se brindaría tal apoyo). Estos, además, de acuerdo con la nueva versión de los hechos narrada por la mandataria, habían sido apadrinados por el exgobernador de la entidad (su antecesor inmediato y enemigo jurado), Jaime Bonilla, quien directamente le habría pedido a Marina del Pilar que los recibiera.

Un día después de esta declaración (el 15 de julio), como no podía ser de otro modo, el exgobernador Bonilla emitió su propio comunicado, a través del Partido del Trabajo (su partido y aliado formal del Movimiento de Regeneración Nacional, del que es militante Ávila Olmeda), señalando su rechazo categórico a las acusaciones hechas por su sucesora en el cargo. Y sentenció: «es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora».

En el interín, dicho sea de paso, cuando el tema llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo tomó posición clara en el tema y sostuvo dos apreciaciones básicas. La primera de ellas es que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos (quien facilitó la operación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad antinarcóticos en territorio nacional), lo de la gobernadora de Baja California no daba como para acusarla, a ella también, de haber violado las leyes mexicanas en materia de seguridad nacional. La razón de fondo de esta distinción, explicó la presidenta, tendría que ver con el hecho de que Marina del Pilar únicamente habría manifestado su voluntad de actuar en el futuro, y restringiendo dicha cooperación a un mero intercambio de información (que no es, per se, violatorio de las leyes mexicanas cuando se conduce por los cauces institucionales de oficio). El segundo argumento esgrimido por la presidenta en defensa de la gobernadora de Baja California es que, hasta el momento, no se sabe si las personas con las que habló en verdad son agentes extranjeros o no. En última instancia, sentenció: Marina del Pilar ya había dado una explicación y, si se tiene que investigar algo más adelante, que se investigue. Punto.

A la presidenta la respaldó el encargado de la seguridad pública federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcí Harfuch, quien sostuvo que, a partir de lo que es posible escuchar en los audios filtrados, «no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad; si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando».

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México y la voracidad energética del capitalismo

Teniendo como telón de fondo las dificultades energéticas y los costos económicos que la virulencia bélica de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ha desatado, alrededor del mundo, con su agresión armada en contra de Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha notificado al pueblo del país que gobierna desde 2024 que, en los años por venir, su administración apostará por la extracción de gas natural no convencional (shale, de esquisto o lutitas). Ello, sostuvo en conferencia de prensa matutina, con una doble intención. En primera instancia, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética en el país hacia el futuro. Y, en segundo lugar, con el propósito de garantizar que, en el mediano y el largo plazos, el país cuente con cierto grado de seguridad y de soberanía energéticas que, en última instancia, le permitan a México sobrellevar con mayor estabilidad y capacidad de adaptación conmociones regionales e internacionales a propósito de cualquier cosa, pero, en especial, desatadas o bien por los ascendentes apetitos bélicos que hoy parecen embriagar a los lideres de distintas potencias militares alrededor del mundo o bien por el errátil comportamiento de personajes como Donald Trump y compañía en Estados Unidos.

Puestas así las cosas, el anuncio de la presidenta de México parece sensato. Es cierto, después de todo, que, en efecto, México (y con él el resto del mundo) tenderá a incrementar significativamente sus demandas de consumo energético en los años por venir. Tendencia, ésta, que en gran medida se explica por la cada vez más amplia electrificación de distintos medios de transporte, por el crecimiento poblacional, por cambios sustanciales en los estilos de vida de las personas, por los requerimientos cada vez mayores de la producción industrial, por el avance de la tecnología y la electrificación en los hogares y el espacio público, por el sostenido y acelerado agotamiento global de fuentes convencionales de hidrocarburos y, por supuesto, por la voracidad energética propia del funcionamiento de las matrices tecnológicas que sostienen el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (hoy por hoy en franco crecimiento y propagación exponencial). Eventos, todos estos, que más que ser fenómenos específicos de México son, en realidad, trayectorias históricas de largo plazo generales alrededor del mundo, resultado de la lógica de funcionamiento del capitalismo.

También es verdad que los ajustes geopolíticos en curso (que tienen como vectores principales, por un lado, la competencia entre grandes potencias por el relevo hegemónico en curso, y, por el otro, la supervivencia a la agudización de múltiples dificultades sistémicas por las que atraviesa el capitalismo), así como la inestabilidad sociopolítica interna que experimentan distintos Estados alrededor del plantea (producto de sus propias tensiones y contradicciones nacionales) no dan muestras de distensión hacia el futuro, sino todo lo contrario. Es correcto, además, el diagnóstico de la Dra. Sheinbaum en relación con la necesidad particular que tiene México de ganar márgenes de autonomía energética (política, económica y estratégica) frente a su principal socio comercial y su principal mercado de importación de productos y servicios energéticos: Estados Unidos. Y ello con independencia de que en la titularidad del poder ejecutivo federal de ese país se halle Donald Trump o no, pues ese margen de independencia relativa, para México, es cuestión de puro instinto de supervivencia y autopreservación en tiempos en los que las élites políticas y corporativas de su vecino del norte han dado muestras claras de estar dispuestas a recurrir sistemáticamente al ejercicio de la violencia armada y al chantaje económico con tal de no perder sus posiciones ventajosas frente a sus competidores, socios y enemigos en América, en Occidente y en todas partes.

Dadas todas estas observaciones, la apuesta del gobierno de Sheinbaum por el fracking (o fracturación hidráulica), en consecuencia, no parece responder a consideraciones impulsivas, frívolas o veleidosas. Por el contrario, a juzgar por los términos y la forma en la que la propia mandataria expuso el tema a escrutinio público, la decisión ha sido discutida y meditada a profundidad a nivel de gabinete y con comisiones técnicas y científicas externas a su gobierno desde, por lo menos, mediados del año 2025; es decir, un par de meses antes, inclusive, de cumplir un año en el cargo que constitucionalmente ejerce. De hecho, la seriedad con la que parece estarse abordando el tema en el seno de su administración se alcanza a apreciar en el hecho de que, en términos llanos, al ser ella misma la principal militante en favor de materializar la medida en el país, el costo político que podría llegar a pagar en el corto, el mediano y el largo plazos sería altísimo.

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