Defender la soberanía nacional contra el espionaje estadounidense

Para quienes acostumbran a observar en el servilismo del presidencialismo mexicano ante el gobierno de Estados Unidos un rasgo claro de estabilidad en la relación bilateral que habría que celebrar, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador lleve prácticamente todo el año peleando con las autoridades estadounidenses por causa del combate al tráfico de fentanilo desde este lado de la frontera hacia el Norte del Río Bravo es una señal clara de que los tratos diplomáticos entre ambos Estados se halla en uno de sus peores momentos históricos. Desde su perspectiva, después de todo, que las autoridades mexicanas se envalentonen y decidan discutirles a las estadounidenses sus dichos y hechos no puede ser considerado sino un desacierto, reprobable desde todo punto de vista (moral, político, ideológico, económico, estratégico, geopolítico, etc.) que no conduce a otro lado que no sea a despertar animadversiones del que es el principal socio comercial de México.

Así lo evidencian, por ejemplo, y con mayor claridad, las reacciones que entre esos círculos de comentócratas opositores al obradorismo han despertado las declaraciones que en varias ocasiones ha hecho López Obrador en sus conferencias matutinas, pero particularmente las de la última semana (17 y 18 de abril de 2023), cuando en ellas arremetió en contra tanto de las filtraciones que hiciera el Washington Post de información clasificada, obtenida por la vía del espionaje estadounidense en México, cuanto, por supuesto, del propio hecho que condujo a que se hicieran tales revelaciones: el conjunto de actos de espionaje que operativos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo en territorio nacional.

Y es que, en efecto, ante las acusaciones hechas por Andrés Manuel, en el sentido de que tanto las operaciones de espionaje como la publicitación de la información obtenida por ello en la prensa, constituyen un acto de «intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo», la principal respuesta que han movilizado sus opositores y opositoras en el debate público nacional, vía intervenciones editoriales, ha sido —palabras más, palabras menos— la de normalizar la condena al rancio nacionalismo del presidente mexicano y celebrar, en consecuencia, la valiente actitud de las agencias de inteligencia estadounidenses (cuyos funcionarios y operativos, según esta misma narrativa, tendrían el coraje y la determinación que le haría falta al actual gobierno de México para enfrentar lo mismo a la corrupción entre sus filas que a los cárteles del narcotráfico que suponen su principal problema de seguridad).

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El pasado en el presente: ¿continuidad o radicalización?

El pasado 18 de marzo, en un templete acondicionado frente al Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció el que quizá sea uno de sus más importantes discursos en todo lo que va de su sexenio y aún de lo que le resta para concluir. El pretexto lo proporcionó la conmemoración del 85° aniversario de la expropiación de la industria petrolera, realizada por el General Lázaro Cárdenas del Río, en 1938. Sin embargo, aunque esa fue la excusa, el motivo real parece haber sido el cumplir con la imperiosa necesidad de incidir de manera directa en la definición de lo que él considera que deberían de ser los rasgos irrenunciables del gobierno de profundización de la 4T que le habrá de suceder en 2024.

Tan adepto como es al estudio y la enseñanza de la historia, la manera en que decidió cumplir con dicha misión fue a través del rescate de un pasaje de la historia nacional que, en su discurso, funcionó como una parábola literaria a través de la cual, reinterpretando el pasado revolucionario de México a partir de las necesidades revolucionarias de la actualidad, en realidad estaba valorando el presente a la luz de las lecciones políticas y morales que esa historia le proporcionaba. A saber: explicando a un Zócalo capitalino abarrotado por sus bases sociales de apoyo el dilema al que se tuvo que enfrentar Lázaro Cárdenas ante la coyuntura electoral de 1940, Andrés Manuel en realidad estaba juzgando la disyuntiva en la que él mismo y su proyecto de nación se enfrentaban de cara a la posibilidad de que un gobierno de continuidad de la 4T salga victorioso en los próximos comicios.

El problema planteado por López Obrador, en este sentido, fue el siguiente: en 1940, Lázaro Cárdenas se vio envuelto en la necesidad de elegir, en el seno mismo de la familia revolucionaria, al político que habría de sucederle para el sexenio que habría de concluir en 1946. En ese momento, no obstante, la decisión en cuestión no era para nada sencilla, pues aunque la candidatura del filofascista Juan Andrew Almazán suponía una preocupación política ineludible para la izquierda, dado el contexto occidental (particularmente europeo) marcado por el ascenso del franquismo, del fascismo y del nacionalsocialismo, en realidad, el mayor peligro que avizoraba el general Cárdenas para dar continuidad al proceso revolucionario que había puesto en marcha durante su mandato se hallaba, desde su perspectiva, en el corazón mismo del círculo político que había emergido cómo victorioso de la guerra civil de 1910 a 1929.

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Caso García Luna: el coraje de la verdad y la espiral de silencio

Según declaraciones de la fiscalía estadounidense que en estos días lleva la responsabilidad de conducir el juicio en contra de Genaro García Luna, en una corte de Brooklyn, acusado de haber cometido, en el ejercicio de sus funciones como Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el caso en cuestión comenzó a ser armado desde el año 2018, a partir de las declaraciones que fueron emitidas por los que popularmente se conocen como capos de la droga mexicanos en sus propios juicios, ya fuese en calidad de testigos y/o de cooperantes en procesos seguidos en contra de otros capos o, las más de las veces, como acusados ejerciendo su defensa a través de su testimonio. Tales fueron, en particular, los casos de Edgar Valdez Villarreal, sentenciado en junio de 2018 a 49 años de cárcel; de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, condenado en febrero de 2019 a cumplir cadena perpetua y el de Sergio Villarreal Barragán, quien fue reclutado por las autoridades de aquel Estado como testigo protegido en 2019, evitándole la prisión.

Y es que, en efecto, lo que tienen en común esos tres ejemplos (de lejos los más mediatizados entre otros tantos igual de relevantes, lo mismo en Estados Unidos que en México), además de la proximidad en tiempo en la que se dieron, es que, tanto en las declaraciones emitidas por Valdez Villarreal y por Guzmán Loera en su propia defensa como en los testimonios ofrecidos por Villarreal Barragán al servicio del sistema judicial estadounidense para enjuiciar a viejos aliados y enemigos, acusaciones, señalamientos similares (si no idénticos) se hicieron en contra de personajes como Genaro García Luna, exfuncionario a quien en todos los casos se identificó como uno de los principales beneficiarios de los pagos realizados por diversas organizaciones criminales a las autoridades federales mexicanas en materia de seguridad pública, y, en consecuencia, como uno de los principales agentes gubernamentales de nivel federal encargado de ofrecer, a cambio de los sobornos recibidos, seguridad y protección institucional a esas mismas redes delincuenciales en el ejercicio de sus actividades delictivas.

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