El pasado 18 de marzo, en un templete acondicionado frente al Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció el que quizá sea uno de sus más importantes discursos en todo lo que va de su sexenio y aún de lo que le resta para concluir. El pretexto lo proporcionó la conmemoración del 85° aniversario de la expropiación de la industria petrolera, realizada por el General Lázaro Cárdenas del Río, en 1938. Sin embargo, aunque esa fue la excusa, el motivo real parece haber sido el cumplir con la imperiosa necesidad de incidir de manera directa en la definición de lo que él considera que deberían de ser los rasgos irrenunciables del gobierno de profundización de la 4T que le habrá de suceder en 2024.

Tan adepto como es al estudio y la enseñanza de la historia, la manera en que decidió cumplir con dicha misión fue a través del rescate de un pasaje de la historia nacional que, en su discurso, funcionó como una parábola literaria a través de la cual, reinterpretando el pasado revolucionario de México a partir de las necesidades revolucionarias de la actualidad, en realidad estaba valorando el presente a la luz de las lecciones políticas y morales que esa historia le proporcionaba. A saber: explicando a un Zócalo capitalino abarrotado por sus bases sociales de apoyo el dilema al que se tuvo que enfrentar Lázaro Cárdenas ante la coyuntura electoral de 1940, Andrés Manuel en realidad estaba juzgando la disyuntiva en la que él mismo y su proyecto de nación se enfrentaban de cara a la posibilidad de que un gobierno de continuidad de la 4T salga victorioso en los próximos comicios.

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A lo largo de los últimos meses (desde que Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso su proyecto de reforma constitucional en materia electoral), bajo las consignas #YoDefiendoalINE y #ElINEnosetoca, diversos sectores de la sociedad civil organizada, intelectuales con enormes grados de visibilidad en medios de comunicación y partidos políticos de oposición al gobierno obradorista han venido haciendo campaña pública promoviendo el rechazo ciudadano a cualquier tentativa del gobierno actual de modificar, en lo más mínimo, las reglas del juego electoral a nivel federal.

La iniciativa, por supuesto, pretende modificar algo más que ciertas disposiciones concernientes a la composición, el funcionamiento, el diseño institucional, el financiamiento y los alcances del accionar de las autoridades electorales vigentes (en este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral), pues también contempla, entre otros aspectos, una reducción de escaños en ambas cámaras del Congreso General, pasando de quinientas a trescientas diputaciones y de ciento veintiocho a noventa y seis senadurías, así como diversas disposiciones en materia de financiamiento público y acceso de partidos políticos a medios de comunicación, la implementación del voto electrónico y la reducción de los grados de participación mínima que se requerirían para volver a una consulta popular jurídicamente vinculante en sus resultados.

En la discusión pública, sin embargo, el grueso de todas estas consideraciones (que no son menores en sus aspiraciones ni intrascendentes en las consecuencias que tendrían para definir el diseño final que habría de tener el sistema político-electoral federal de ser aprobadas) han brillado por su ausencia, pues la mayor parte del debate movilizado en medios de comunicación y en redes sociales (sobre todo el que ha estado a cargo de cierto círculo de intelectuales, destacado por su virulenta oposición a prácticamente cualquier decisión que se tome desde Palacio Nacional) ha girado por completo alrededor de la discusión acerca de lo que esta iniciativa de reforma constitucional supondría para las autoridades en materia electoral; en concreto, la forma en que impactaría al INE: ¿marchar o no marchar? Es la fórmula simplona en la que esta oposición ha buscado zanjar toda la discusión.

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