Defender la soberanía nacional contra el espionaje estadounidense

Para quienes acostumbran a observar en el servilismo del presidencialismo mexicano ante el gobierno de Estados Unidos un rasgo claro de estabilidad en la relación bilateral que habría que celebrar, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador lleve prácticamente todo el año peleando con las autoridades estadounidenses por causa del combate al tráfico de fentanilo desde este lado de la frontera hacia el Norte del Río Bravo es una señal clara de que los tratos diplomáticos entre ambos Estados se halla en uno de sus peores momentos históricos. Desde su perspectiva, después de todo, que las autoridades mexicanas se envalentonen y decidan discutirles a las estadounidenses sus dichos y hechos no puede ser considerado sino un desacierto, reprobable desde todo punto de vista (moral, político, ideológico, económico, estratégico, geopolítico, etc.) que no conduce a otro lado que no sea a despertar animadversiones del que es el principal socio comercial de México.

Así lo evidencian, por ejemplo, y con mayor claridad, las reacciones que entre esos círculos de comentócratas opositores al obradorismo han despertado las declaraciones que en varias ocasiones ha hecho López Obrador en sus conferencias matutinas, pero particularmente las de la última semana (17 y 18 de abril de 2023), cuando en ellas arremetió en contra tanto de las filtraciones que hiciera el Washington Post de información clasificada, obtenida por la vía del espionaje estadounidense en México, cuanto, por supuesto, del propio hecho que condujo a que se hicieran tales revelaciones: el conjunto de actos de espionaje que operativos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo en territorio nacional.

Y es que, en efecto, ante las acusaciones hechas por Andrés Manuel, en el sentido de que tanto las operaciones de espionaje como la publicitación de la información obtenida por ello en la prensa, constituyen un acto de «intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo», la principal respuesta que han movilizado sus opositores y opositoras en el debate público nacional, vía intervenciones editoriales, ha sido —palabras más, palabras menos— la de normalizar la condena al rancio nacionalismo del presidente mexicano y celebrar, en consecuencia, la valiente actitud de las agencias de inteligencia estadounidenses (cuyos funcionarios y operativos, según esta misma narrativa, tendrían el coraje y la determinación que le haría falta al actual gobierno de México para enfrentar lo mismo a la corrupción entre sus filas que a los cárteles del narcotráfico que suponen su principal problema de seguridad).

¿Qué tanto de los reclamos esgrimidos por López Obrador en contra del gobierno estadounidense por causa de este asunto es, sin embargo, en verdad un síntoma claro del rancio nacionalismo revolucionario del que es tributario —según acusan sus opositores más virulentos— y qué tanto es, por lo contrario, un acto de defensa de la soberanía nacional; lo menos que se podría esperar de un gobierno respetuoso del derecho internacional? Para la oposición al obradorismo, en general; y a todo lo que representa la figura de Andrés Manuel, en particular; el fondo de la discusión (si es que la hay) radica en una sola consideración: desde ningún punto de vista que se precie de ser racional, el espionaje estadounidense cometido en contra de cárteles de la droga o cualquier otro tipo de organizaciones de la criminalidad en México puede considerarse una grosera intromisión en los asuntos internos de México por una sencilla razón: porque los actos constitutivos de tal espionaje no habrían sido conducidos en contra de las instituciones mexicanas (de ninguno de sus niveles de gobierno o de sus tres poderes constituidos), para socavarlas, sino, antes bien, en contra de un enemigo común a las instituciones de procuración e impartición de justicia de ambos Estados: la criminalidad organizada en México, cuyos actos repercuten a ambos lados de la frontera.

Su argumento, en este sentido, parece lógico ante cualquier postura nacionalista adoptada por el titular del poder ejecutivo federal en México, en la medida en la que coloca el foco de la atención pública en quiénes fueron sujetos de espionaje por parte de las agencias estadounidenses en el país y no tanto en el acto mismo de llevar a cabo operaciones de esa índole allende las fronteras estadounidenses. Sin embargo, más allá de los efectos positivos que, en efecto, la información obtenida por las agencias de inteligencia es capaz de tener en el armado y el despliegue de una estrategia de seguridad con mayores grados de éxito en el país, lo que parecen no comprender quienes adoptan estas posturas apologistas del espionaje gringo en México (y en el resto de América) es, en general, el hecho de que esas actividades, por más que estuviesen centradas en seguir los pasos y obtener información de los peores criminales mexicanos en este país, éstas se llevaron a cabo de manera ilegal y sin el conocimiento previo (ya no se diga el consentimiento) de las autoridades mexicanas responsables de la seguridad y la defensa del país.


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La discusión abierta por López Obrador, así como sus acusaciones de que el espionaje estadounidense en México es constitutivo de una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, en este sentido, ni son reflejo de ningún rancio nacionalismo revolucionario, pasado de moda en los tiempos de la globalización, ni, mucho menos, un acto de prepotencia o de soberbia por parte del titular del poder ejecutivo federal. Y es que, en efecto, sólo desde una postura sínicamente utilitarista la aceptación de actos ilegales cometidos por instituciones extranjeras en México es concebible como un bien mayor (o como un mal menor) respecto del respeto por la soberanía nacional y todo lo que ella significa en términos del estado de derecho que funda dentro de los límites territoriales del país.

Hay pues, en esta línea de ideas, dos argumentos implícitos en la postura adoptada por Andrés Manuel que aciertan en hacer notar dos problemas de fondo que sus opositores o sencillamente ignoran o, aun siendo conscientes de ellos, han decidido obviarlos (y dado su altísimo y muy refinado grado de intelectualidad, es cuestionable que lo suyo sea ignorancia). A saber: el primero de esos problemas de fondo es histórico, e implica desconocer una historia de muy larga data, que atraviesa en su seno a la relación bilateral entre México y Estados Unidos (pero también a la relación entre Estados Unidos y el resto de Estados americanos), en la que el espionaje estadounidense y la intervención de sus agencias de seguridad y de inteligencia en los asuntos domésticos de otras naciones han sido constitutivos no sólo de prácticas sistemáticas de chantaje diplomático (instrumentalizando la información así obtenida para conseguir de los gobiernos de México y del resto de América posicionamientos políticos mucho más favorables a sus intereses en la región respecto de los que habrían obtenido de no contar con dicha información) sino que, situaciones más graves aún que esas han sido las que tuvieron por desenlace la deposición de gobiernos hostiles a los intereses yankis en la región (por democráticos y legítimos que fuesen dichos gobiernos), pero también la instauración de gobiernos serviles a las proyecciones geopolíticas estadounidenses.

López Obrador, sin lugar a dudas, conoce y comprende esa historia, y por eso, desde su perspectiva (intelectual, pero también institucional, como presidente de la República), para él es claro que transigir con la ejecución de operaciones de espionaje y de inteligencia estadounidenses en el país, cuando éstas se hacen violando la legalidad interna del Estado mexicano (en estricto sentido: su soberanía) y sin el conocimiento y el consentimiento de las autoridades nacionales responsables en la materia, no es algo que tenga que ver con la defensa trasnochada de algún resabio de fervor patrio propio del siglo XX. Es, por lo contrario, una necesidad política, en la medida en la que tal rechazo es capaz de contener la penetración de la política exterior estadounidense en la política interna de México. Que sus opositores y opositoras no lo comprendan y, en consecuencia, celebren con bombo y platillo el supuesto coraje de la DEA en México para conducir actos de espionaje, evidencia los altísimos grados de apología al intervencionismo extranjero en México a los que es capaz de llegar esa misma oposición contra el obradorismo con tal de recuperar sus cotos intelectuales y políticos de poder.

Ahora bien, el segundo de los problemas de fondo que acierta a señalar la postura de Andrés Manuel es estrictamente de carácter jurídico. Y es que, en efecto, si se acepta (como hacen sus opositores) que la ilegalidad de las actividades de espionaje y de inteligencia de instituciones gubernamentales extranjeras en el país es un precio justo por pagar si con ello se consigue el bien mayor de atajar la corrupción en México y, por supuesto, combatir a los cárteles del narcotráfico en el país (aunque ello signifique, hay que insistir, que se viola la propia soberanía del Estado mexicano), al final del día, lo que de paso se estaría aceptando con dicha postura es la normalización de la idea de que la criminalidad (organizada o no) debe de ser combatida, también, a través de medidas extralegales, paralegales o abiertamente ilegales; es decir: en los márgenes de la ley o por fuera de ésta.



Acá, es claro, a la oposición al obradorismo de le vuelve a escapar la historia por la ventana cuando el cinismo político entra por la puerta principal: en México, partir de posiciones como éstas en el diseño y el despliegue de estrategias de seguridad para combatir al narcotráfico y la corrupción en el país condujeron a millones de mexicanos y de mexicanas a sufrir los excesos del calderonato, ese sexenio de la muerte, la tortura y la desaparición en el que a menudo el argumento en favor de alcanzar el bien mayor, al margen o por fuera de la ley, justificó asesinatos extrajudiciales, crímenes de Estado, actos de incriminación sin pruebas ni debidos procesos, operaciones de espionaje en contra de aliados y de opositores, en contra de políticos/as, de activistas, de comunicadores/as, reporteros/as y de millones de ciudadanos y de ciudadanas de a pie. Muchos de quienes hoy, de hecho, celebran con fervor el espionaje estadounidense en México y las filtraciones que éste hace en la prensa de aquel país, son los mismos personajes que en su momento condenaron casos de espionaje gubernamental como el de Pegasus, del que muchos de ellos y muchas de ellas fueron víctimas.

Actividades de inteligencia y de espionaje, como lo ha sostenido el propio López Obrador, no son lo mismo. Pero cualquiera que sea el caso, la ciudadanía de ambos países, de América y del resto del mundo, debe de ser consciente de que ninguna de las dos puede ni debe de llevarse a cabo al margen o por fuera de la ley; y cuando es la propia ley la que extiende los alcances de amas prácticas, ahí, su responsabilidad civil es la de limitar cualquier pretensión de extralimitar sus alcances, sus usos y sus consecuencias. Esto es válido tanto si se habla de actividades conducidas por las propias autoridades de un Estado como si se trata de las que despliegan instituciones extranjeras dentro de los límites territoriales de otro país, cualquiera que éste sea. No es cuestión de patriotismo o de fervor nacionalista: se trata de oponer límites claros e infranqueables al poder político y los aparatos represivos del Estado para que su funcionamiento siempre se dé con base en un mandato ciudadano y democrático de legitimidad y legalidad.


Ricardo Orozco

Internacionalista y posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2019, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, integración regional y sistema mundial, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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