México

Caso García Luna: el coraje de la verdad y la espiral de silencio

Según declaraciones de la fiscalía estadounidense que en estos días lleva la responsabilidad de conducir el juicio en contra de Genaro García Luna, en una corte de Brooklyn, acusado de haber cometido, en el ejercicio de sus funciones como Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el caso en cuestión comenzó a ser armado desde el año 2018, a partir de las declaraciones que fueron emitidas por los que popularmente se conocen como capos de la droga mexicanos en sus propios juicios, ya fuese en calidad de testigos y/o de cooperantes en procesos seguidos en contra de otros capos o, las más de las veces, como acusados ejerciendo su defensa a través de su testimonio. Tales fueron, en particular, los casos de Edgar Valdez Villarreal, sentenciado en junio de 2018 a 49 años de cárcel; de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, condenado en febrero de 2019 a cumplir cadena perpetua y el de Sergio Villarreal Barragán, quien fue reclutado por las autoridades de aquel Estado como testigo protegido en 2019, evitándole la prisión.

Y es que, en efecto, lo que tienen en común esos tres ejemplos (de lejos los más mediatizados entre otros tantos igual de relevantes, lo mismo en Estados Unidos que en México), además de la proximidad en tiempo en la que se dieron, es que, tanto en las declaraciones emitidas por Valdez Villarreal y por Guzmán Loera en su propia defensa como en los testimonios ofrecidos por Villarreal Barragán al servicio del sistema judicial estadounidense para enjuiciar a viejos aliados y enemigos, acusaciones, señalamientos similares (si no idénticos) se hicieron en contra de personajes como Genaro García Luna, exfuncionario a quien en todos los casos se identificó como uno de los principales beneficiarios de los pagos realizados por diversas organizaciones criminales a las autoridades federales mexicanas en materia de seguridad pública, y, en consecuencia, como uno de los principales agentes gubernamentales de nivel federal encargado de ofrecer, a cambio de los sobornos recibidos, seguridad y protección institucional a esas mismas redes delincuenciales en el ejercicio de sus actividades delictivas.

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¿De qué se habla cuando se habla de defender al INE?

A lo largo de los últimos meses (desde que Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso su proyecto de reforma constitucional en materia electoral), bajo las consignas #YoDefiendoalINE y #ElINEnosetoca, diversos sectores de la sociedad civil organizada, intelectuales con enormes grados de visibilidad en medios de comunicación y partidos políticos de oposición al gobierno obradorista han venido haciendo campaña pública promoviendo el rechazo ciudadano a cualquier tentativa del gobierno actual de modificar, en lo más mínimo, las reglas del juego electoral a nivel federal.

La iniciativa, por supuesto, pretende modificar algo más que ciertas disposiciones concernientes a la composición, el funcionamiento, el diseño institucional, el financiamiento y los alcances del accionar de las autoridades electorales vigentes (en este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral), pues también contempla, entre otros aspectos, una reducción de escaños en ambas cámaras del Congreso General, pasando de quinientas a trescientas diputaciones y de ciento veintiocho a noventa y seis senadurías, así como diversas disposiciones en materia de financiamiento público y acceso de partidos políticos a medios de comunicación, la implementación del voto electrónico y la reducción de los grados de participación mínima que se requerirían para volver a una consulta popular jurídicamente vinculante en sus resultados.

En la discusión pública, sin embargo, el grueso de todas estas consideraciones (que no son menores en sus aspiraciones ni intrascendentes en las consecuencias que tendrían para definir el diseño final que habría de tener el sistema político-electoral federal de ser aprobadas) han brillado por su ausencia, pues la mayor parte del debate movilizado en medios de comunicación y en redes sociales (sobre todo el que ha estado a cargo de cierto círculo de intelectuales, destacado por su virulenta oposición a prácticamente cualquier decisión que se tome desde Palacio Nacional) ha girado por completo alrededor de la discusión acerca de lo que esta iniciativa de reforma constitucional supondría para las autoridades en materia electoral; en concreto, la forma en que impactaría al INE: ¿marchar o no marchar? Es la fórmula simplona en la que esta oposición ha buscado zanjar toda la discusión.

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Los espectros de la violencia y sus narrativas en México

En las últimas semanas, un puñado de ciudades en el Norte (Chihuahua y Baja California), Occidente (Jalisco) y Bajío (Guanajuato) de la geografía mexicana se colocaron en el centro del debate político nacional debido a los hechos de violencia que ahí se registraron: ataques indiscriminados en contra de la población civil, incineraciones de vehículos particulares y adscritos al transporte público local y/o incendios inducidos en instalaciones comerciales de grandes cadenas trasnacionales dedicadas a la venta por menudeo.

En un país que, por lo menos desde diciembre de 2006, en los albores del sexenio encabezado por Felipe Calderón, es visto regional e internacionalmente como uno de los principales epicentros de la violencia armada en América, producto del actuar de organizaciones criminales dedicadas, entre otros rubros, al trasiego de estupefacientes, los atentados de los últimos días bien podrían no parecer, a primera vista, nada anormal o fuera de lo común si se los compara, por ejemplo, con la masacre perpetrada en el Casino Royale, en Monterrey, el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo armado provocó un incendio al interior del inmueble, encerrando a un centenar de personas en él, provocando la muerte de, por lo menos, cincuenta y dos de ellas. De hecho, en esa misma lógica, habría, inclusive, quien podría llegar a afirmar que, en un frío cálculo comparativo, los atentados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California de estos días sin duda alguna palidecerían (lo mismo por sus consecuencias en la psique de la población que por el número de víctimas mortales) ante acontecimientos como los granadazos en pleno Zócalo de Morelia, Michoacán, abarrotado por los festejos relativos a la conmemoración del 198 aniversario del grito de independencia, en 2008.

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