A pesar de que el proceso electoral en México aún no concluye ni formal ni jurídicamente, pues aún hace falta que la autoridad en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sancione el resultado y conceda, con ello, estatuto de legalidad a las victorias de quienes resultaron vencedores en las urnas, una cosa ya es segura: de acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral, inclusive si las múltiples impugnaciones y solicitudes de recuentos de votos hechas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) proceden, no hay posibilidad, en el horizonte inmediato, ni de que se revierta la ventaja de más de treinta puntos porcentuales de diferencia que obtuvo en su favor el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ni, mucho menos, que la elección en su totalidad sea anulada y el proceso repuesto con unas nuevas votaciones.

La inevitabilidad de que esto suceda; es decir, de que el triunfo electoral del proyecto político y de nación del obradorismo y de la Cuarta Transformación llegue a ser validado por el Tribunal, en los hechos, ha desencadenado, entre otras reacciones –positivas y negativas por igual–, que, en los principales espacios mediáticos monopolizados por las y los intelectuales orgánicos de la oposición (en la radio, en la prensa y, sobre todo, en la televisión), prácticamente dos temas de discusión se hayan vuelto dominantes en la definición de sus agendas. A saber: por un lado, el relativo al diagnóstico sobre las razones que llevaron a poco más de treinta y cinco millones de electores (de un padrón de casi noventa y ocho millones y medio de votantes) a sufragar por Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México (2024-2030); y, por el otro, el concerniente a la valoración de las consecuencias que tendría sobre el contenido y la forma de la democracia mexicana, a lo largo de los siguientes seis años, la aplastante victoria de Sheinbaum y de MORENA en las urnas.

Omitiendo, por el momento, la discusión sobre los motivos que llevaron a tantos millones de ciudadanos y de ciudadanas a votar masivamente y en bloque por MORENA, en particular; y por su fórmula electoral de coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en general (en tanto que el consenso que existe entre estos círculos de intelectuales, al respecto, sigue siendo que el electorado o se dejó engañar por la narrativa ideológica del presidente López Obrador, o que esas personas vendieron su voto a cambio de programas sociales de transferencias monetarias directas, o que hubo algún tipo de fraude en el conteo de votos, o que lo hicieron por ignorancia y por falta de instrucción política, etc.); debatir el tema de las implicaciones políticas que se desprenden del hecho de que MORENA y sus aliados obtuviesen, sin dificultades, mayorías calificadas lo mismo en el Congreso de  la República que en las legislaturas de las entidades federativas, es, sin embargo, un asunto que resulta interesante, por lo menos, para dar cuenta en qué sentido el régimen político mexicano se encuentra atravesando por un transformación profunda respecto de lo que fue bajo el bipartidismo hegemónico de derecha en la historia reciente del país (1988-2018) y, sobre todo, de los rasgos que en su momento salvaguardaron al autoritarismo priísta que dominó prácticamente a la totalidad del siglo XX mexicano (primero entre 1929 y el año 2000 y nuevamente entre el 2012 y el 2018).