La falsa regresión democrática en México

A pesar de que el proceso electoral en México aún no concluye ni formal ni jurídicamente, pues aún hace falta que la autoridad en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sancione el resultado y conceda, con ello, estatuto de legalidad a las victorias de quienes resultaron vencedores en las urnas, una cosa ya es segura: de acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral, inclusive si las múltiples impugnaciones y solicitudes de recuentos de votos hechas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) proceden, no hay posibilidad, en el horizonte inmediato, ni de que se revierta la ventaja de más de treinta puntos porcentuales de diferencia que obtuvo en su favor el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ni, mucho menos, que la elección en su totalidad sea anulada y el proceso repuesto con unas nuevas votaciones.

La inevitabilidad de que esto suceda; es decir, de que el triunfo electoral del proyecto político y de nación del obradorismo y de la Cuarta Transformación llegue a ser validado por el Tribunal, en los hechos, ha desencadenado, entre otras reacciones –positivas y negativas por igual–, que, en los principales espacios mediáticos monopolizados por las y los intelectuales orgánicos de la oposición (en la radio, en la prensa y, sobre todo, en la televisión), prácticamente dos temas de discusión se hayan vuelto dominantes en la definición de sus agendas. A saber: por un lado, el relativo al diagnóstico sobre las razones que llevaron a poco más de treinta y cinco millones de electores (de un padrón de casi noventa y ocho millones y medio de votantes) a sufragar por Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México (2024-2030); y, por el otro, el concerniente a la valoración de las consecuencias que tendría sobre el contenido y la forma de la democracia mexicana, a lo largo de los siguientes seis años, la aplastante victoria de Sheinbaum y de MORENA en las urnas.

Omitiendo, por el momento, la discusión sobre los motivos que llevaron a tantos millones de ciudadanos y de ciudadanas a votar masivamente y en bloque por MORENA, en particular; y por su fórmula electoral de coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en general (en tanto que el consenso que existe entre estos círculos de intelectuales, al respecto, sigue siendo que el electorado o se dejó engañar por la narrativa ideológica del presidente López Obrador, o que esas personas vendieron su voto a cambio de programas sociales de transferencias monetarias directas, o que hubo algún tipo de fraude en el conteo de votos, o que lo hicieron por ignorancia y por falta de instrucción política, etc.); debatir el tema de las implicaciones políticas que se desprenden del hecho de que MORENA y sus aliados obtuviesen, sin dificultades, mayorías calificadas lo mismo en el Congreso de  la República que en las legislaturas de las entidades federativas, es, sin embargo, un asunto que resulta interesante, por lo menos, para dar cuenta en qué sentido el régimen político mexicano se encuentra atravesando por un transformación profunda respecto de lo que fue bajo el bipartidismo hegemónico de derecha en la historia reciente del país (1988-2018) y, sobre todo, de los rasgos que en su momento salvaguardaron al autoritarismo priísta que dominó prácticamente a la totalidad del siglo XX mexicano (primero entre 1929 y el año 2000 y nuevamente entre el 2012 y el 2018).

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¿Voto dividido? La 4T contra la teoría política clásica

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El próximo domingo 2 de junio el pueblo de México está convocado a ejercer su derecho ciudadano al voto en unos comicios federales que –estos sí– hasta el momento son los más grandes de la historia, y también unos de los más trascendentes. Lo primero, no sólo por lo mucho que han crecido la población, en general, y el padrón electoral, en particular, sino, asimismo, porque, derivado de la implementación, desde hace varios años, de un conjunto de reformas y de ajustes técnicos en materia político-electoral, este 2024 han terminado por converger, en un mismo día, varias elecciones en los ámbitos municipal, estatal y federal: 20,079 cargos públicos en total, incluyendo la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, aunado a varios congresos locales y regidurías.

Lo segundo, por supuesto, debido a que, dadas las tensiones políticas que deja tras de sí el obradorismo entre los diferentes bloques ideológicos que se disputan el control del gobierno y la dirección del Estado mexicano, este año, como en ningún otro en la historia reciente del país (salvo, quizá, el 2006, cuando el calderonismo le robó al pueblo de México una elección y la posibilidad de sumar al país a la primera ola progresista del continente americano en el siglo XXI ), queda claro que lo que está en juego es mucho más que un mero reparto de cargos de elección popular entre unas élites y otras, habida cuenta de que de fondo se halla la confrontación directa entre dos proyectos de nación: uno indefectiblemente decantado por dar continuidad a la construcción de una sociedad con más y mejores derechos y libertades, más democrática, más igualitaria y con un mayor grado de justicia social; y otro o bien obsesionado con desmantelar lo conseguido a lo largo de estos seis años y restaurar viejos privilegios (materiales y simbólicos por igual) o bien empeñado en hacer avanzar un régimen mucho más cargado hacia la derecha de lo que lo estuvo el bipartidismo de finales del siglo XX y principios de XXI.

Atendiendo a estas coordenadas de la disputa política y cultural contemporánea, pues, queda claro que, por lo menos para ciertas élites empresariales, políticas, cultuales, intelectuales, etc., y para amplios sectores populares, no es menor la apuesta que está en juego ni baladí el futuro que se arriesga. Cobrar conciencia de ello, en última instancia, es lo que ha impulsado que, en días recientes, se agudizara aún más una discusión que si bien ha estado presente en el debate público desde que comenzaron las campañas electorales hace un par de meses, ha sido hasta apenas en estos días inmediatamente previos a las votaciones que ha adquirido toda su importancia, dimensión y magnitud reales. A saber: el debate sobre la configuración de los pesos y los contrapesos entre los tres líderes de la Unión y la naturaleza de las relaciones que establecerán entre sí a lo largo de, por lo menos, los siguientes tres años (en el entendido de que la Cámara de Diputados y Diputadas, así como un puñado de gubernaturas, habrán de renovarse a la mitad del próximo sexenio, alterando, nuevamente, las correlaciones de fuerzas en ejercicio del poder político).

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México, Ecuador, el lawfare y el asilo político

En la noche del pasado 5 de abril del presente año, elementos de los cuerpos de seguridad de Ecuador irrumpieron en la sede de la Embajada mexicana en ese país, sin que previamente hubiese mediado notificación oficial alguna de que aquello ocurriría. ¿El motivo de que así sucediese? Extraer por la fuerza y colocar bajo arresto a quien fuera el expresidente del gobierno de Rafael Correa entre el 2013 y el 2017: Jorge Glas. Más allá de la estridencia mediática que de inmediato causaron las imágenes en las que se observa a policías ecuatorianos trepar por la fachada de la Embajada para ingresar en ella y, por supuesto, de lo alarmante que puede parecer el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido romper relaciones diplomáticas con Ecuador, los hechos en sí mismos resultan de enorme relevancia por dos razones.

En primer lugar porque, a juzgar por el tratamiento mediático que se les han dado a los hechos desde que ocurrieron, entre el grueso de la opinión pública no parece quedar claro, bien a bien, qué de todo lo que sucedió fue justo, legítimo y, en consecuencia, legal, y qué no Y, en segundo lugar, porque la violación de la sede diplomática mexicana y la ruptura de relaciones que le siguió han venido a eclipsar problemas más de fondo dentro y fuera de Ecuador —en diversas partes de la región— que, por supuesto, no tienen su origen ni, mucho menos, se agotan, en la en efecto condenable transgresión cometida en contra de México y de su representación en ese país.

Dicho, pues, lo anterior, quizá habría que comenzar por contextualizar un poco cómo es que se llegó a esta situación en la que el exvicepresidente Glas terminó por refugiarse en la Embajada mexicana y por qué México decidió concederle dicha prerrogativa. Y aquí, por supuesto, lo primero que tendría que observarse es que, al finalizar su mandato presidencial, Rafael Correa y una veintena de sus principales colaboradores a lo largo de sus diez años de gestión al frente del ejecutivo ecuatoriano (entre los que se encontraba el entonces vicepresidente) fueron objeto de persecución judicial y presidencial, cortesía de quien en ese momento fue su sucesor (y hasta ahora el más grande traidor de lo que en aquellos años significaron el proyecto de nación de la Revolución Ciudadana, por un lado; y el correísmo como su núcleo político, por el otro): Lenin Moreno.

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