Autor: Ricardo Orozco

Caso García Luna: el coraje de la verdad y la espiral de silencio

Según declaraciones de la fiscalía estadounidense que en estos días lleva la responsabilidad de conducir el juicio en contra de Genaro García Luna, en una corte de Brooklyn, acusado de haber cometido, en el ejercicio de sus funciones como Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el caso en cuestión comenzó a ser armado desde el año 2018, a partir de las declaraciones que fueron emitidas por los que popularmente se conocen como capos de la droga mexicanos en sus propios juicios, ya fuese en calidad de testigos y/o de cooperantes en procesos seguidos en contra de otros capos o, las más de las veces, como acusados ejerciendo su defensa a través de su testimonio. Tales fueron, en particular, los casos de Edgar Valdez Villarreal, sentenciado en junio de 2018 a 49 años de cárcel; de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, condenado en febrero de 2019 a cumplir cadena perpetua y el de Sergio Villarreal Barragán, quien fue reclutado por las autoridades de aquel Estado como testigo protegido en 2019, evitándole la prisión.

Y es que, en efecto, lo que tienen en común esos tres ejemplos (de lejos los más mediatizados entre otros tantos igual de relevantes, lo mismo en Estados Unidos que en México), además de la proximidad en tiempo en la que se dieron, es que, tanto en las declaraciones emitidas por Valdez Villarreal y por Guzmán Loera en su propia defensa como en los testimonios ofrecidos por Villarreal Barragán al servicio del sistema judicial estadounidense para enjuiciar a viejos aliados y enemigos, acusaciones, señalamientos similares (si no idénticos) se hicieron en contra de personajes como Genaro García Luna, exfuncionario a quien en todos los casos se identificó como uno de los principales beneficiarios de los pagos realizados por diversas organizaciones criminales a las autoridades federales mexicanas en materia de seguridad pública, y, en consecuencia, como uno de los principales agentes gubernamentales de nivel federal encargado de ofrecer, a cambio de los sobornos recibidos, seguridad y protección institucional a esas mismas redes delincuenciales en el ejercicio de sus actividades delictivas.

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Buenaventura: una lección histórica de pacificación de la violencia armada para toda América

A pesar de que América comienza este nuevo año colmada de gobiernos progresistas (más o menos moderados, según sea el caso particular del que se trate, pero progresistas al final del día), desde hace unos meses, una conjunto de eventos desafortunados a lo largo y ancho de la región han venido opacando a algunos de los grandes logros que estas presidencias han conseguido en favor de la construcción de condiciones de vida mucho más democráticas, más libres, más igualitarias y socialmente justas para sus respectivos pueblos.

En efecto. Desde ilegítimas destituciones de los titulares de los poderes ejecutivos nacionales de algunos Estados (como en Perú), hasta la repetición de catástrofes humanitarias de proporciones y consecuencias aún imprevisibles (como en Haití), pasando por asaltos ciudadanos a los poderes legal y legítimamente constituidos (en Brasil), o por derrotas constituyentes en contra de los resabios aún vivientes de viejas dictaduras (en Chile), y por la extensión del recurso a la instauración de Estados de excepción para hacer frente a cualquier problemática que parezca ingobernable (El Salvador y Honduras), en diversos puntos del continente pareciera que las cosas no marchan tan bien como deberían, en medio de lo que con bastante premura entre las filas intelectuales de la izquierda ya se celebra como un nuevo ciclo o una nueva ola progresista regional que —tantos y tantas afirman— llegó para quedarse ante las derrotas políticas, económicas, ideológicas y morales sufridas por la derecha en el contexto post-contingencia sanitaria por Covid-19.

Sin embargo, más allá de que en verdad hay mucho que destacar, en general, de lo trabajado con mayor o con menor profundidad y amplitud por estos gobiernos ahí en donde han proliferado en los últimos años (en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Bolivia, etc.), un fenómeno local comienza a materializarse como el que quizá podría llegar a tener un impacto decisivo en la manera en la que los pueblos de América coexisten con la violencia armada tan lacerante que desde hace décadas desgarra sus vidas, expolia sus recursos naturales y sus riquezas sociales, destruye sus formas de convivencia cotidiana y desarticula sus dinámicas comunitarias. A saber: el pasado domingo 8 de enero de 2023, mientras el grueso de la región asistía como espectadora incrédula a lo que parecía una reedición tropical (en Brasilia) del asalto al Capitolio estadounidense, en Colombia, enclavada en lo profundo del Valle del Cauca, la ciudad de Buenaventura pasó de ser una de las veinte urbes más violentas de todo el mundo (113 homicidios violentos en 2019; 111, en 2020; 186, en 2021; en una población de 311,508 habitantes) a cumplir sus primeros cien días sin contabilizar una sola muerte violenta dentro de sus fronteras.

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Brasil: la izquierda y el bolsonarismo más allá de Jair Bolsonaro

¿En qué medida era previsible el asalto ciudadano que experimentó la sede de los tres poderes federales de Brasil, el pasado domingo 8 de enero de 2023 (08/01), cortesía de una amorfa, pero al parecer mínimamente organizada, derecha social envalentonada desde el golpe a Dilma Rousseff, en 2016?

Seguro habrá, tanto entre las filas de la derecha como de la izquierda, a nivel nacional, regional e internacional, quién asegure que algo como lo acontecido el 08/01 era, desde todo punto de vista, una verdadera imposibilidad históricamente objetiva, en la medida en la que, hasta antes de los hechos, tres eventos permitían descartar toda opción de una reacción social por la derecha de tales proporciones. A saber: i) la victoria electoral de Lula y su consecuente investidura presidencial sin sobresaltos (acompañado por un bono demográfico de legitimidad como sólo su carisma sabe convocar en tiempos de escasez de relevos generacionales en la política nacional brasileña); ii) la resignación en la derrota electoral y la posterior huida a Estados Unidos del que se consideraba el principal factor de instigación golpista en contra de Lula, Jair Bolsonaro; y, iii) la confirmación, por parte de Lula, de un gabinete federal al parecer tendencialmente más moderado que aquellos que conformó en sus dos mandatos anteriores, discursivamente defendido apelando a la reconciliación y la unidad nacional del pueblo brasileño (en esa línea de ideas, fragmentado por Bolsonaro).

Ante un panorama así de prometedor como preludio de un cuatrienio de estabilidad y de distensión de la polarización política, pues, ¿quién podría haber advertido con seguridad y seriedad que una reacción por la derecha se avecinaba; más aún si se consideraba que ésta tenía en su contra, por un lado, el hecho de que Bolsonaro no había desconocido explícitamente los resultados de su derrota; y, por el otro, la renuencia de las fuerzas armadas federales a decantarse por la opción de un golpe militar para garantizar la continuidad del hoy expresidente?

Falsas adivinaciones y dudosos ejercicios de premonición aparte, vistos los acontecimientos que condujeron al 08/01 en retrospectiva, y atendiendo, sobre todo, a lo polarizada y combativa que fue la disputa electoral de 2022, una cosa es segura: signos claros de que la reacción por la derecha a la victoria de Lula da Silva estaba ya en curso hubieron muchos y, en su mayoría, articulados alrededor de un proyecto político que desde ningún punto de vista podría ser considerado como una respuesta normal o tradicional dentro de la cultura política del Brasil posterior a la dictadura: el regreso de una dictadura militar que tuviese como sujeto político privilegiado de su gestión a las capas medias (que se conciben a sí mismas como algo más que clases medias), blancas, heterosexuales, cristianas y urbanas de la nación.

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