¿En qué medida era previsible el asalto ciudadano que experimentó la sede de los tres poderes federales de Brasil, el pasado domingo 8 de enero de 2023 (08/01), cortesía de una amorfa, pero al parecer mínimamente organizada, derecha social envalentonada desde el golpe a Dilma Rousseff, en 2016?

Seguro habrá, tanto entre las filas de la derecha como de la izquierda, a nivel nacional, regional e internacional, quién asegure que algo como lo acontecido el 08/01 era, desde todo punto de vista, una verdadera imposibilidad históricamente objetiva, en la medida en la que, hasta antes de los hechos, tres eventos permitían descartar toda opción de una reacción social por la derecha de tales proporciones. A saber: i) la victoria electoral de Lula y su consecuente investidura presidencial sin sobresaltos (acompañado por un bono demográfico de legitimidad como sólo su carisma sabe convocar en tiempos de escasez de relevos generacionales en la política nacional brasileña); ii) la resignación en la derrota electoral y la posterior huida a Estados Unidos del que se consideraba el principal factor de instigación golpista en contra de Lula, Jair Bolsonaro; y, iii) la confirmación, por parte de Lula, de un gabinete federal al parecer tendencialmente más moderado que aquellos que conformó en sus dos mandatos anteriores, discursivamente defendido apelando a la reconciliación y la unidad nacional del pueblo brasileño (en esa línea de ideas, fragmentado por Bolsonaro).

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