A pesar de que América comienza este nuevo año colmada de gobiernos progresistas (más o menos moderados, según sea el caso particular del que se trate, pero progresistas al final del día), desde hace unos meses, una conjunto de eventos desafortunados a lo largo y ancho de la región han venido opacando a algunos de los grandes logros que estas presidencias han conseguido en favor de la construcción de condiciones de vida mucho más democráticas, más libres, más igualitarias y socialmente justas para sus respectivos pueblos.
En efecto. Desde ilegítimas destituciones de los titulares de los poderes ejecutivos nacionales de algunos Estados (como en Perú), hasta la repetición de catástrofes humanitarias de proporciones y consecuencias aún imprevisibles (como en Haití), pasando por asaltos ciudadanos a los poderes legal y legítimamente constituidos (en Brasil), o por derrotas constituyentes en contra de los resabios aún vivientes de viejas dictaduras (en Chile), y por la extensión del recurso a la instauración de Estados de excepción para hacer frente a cualquier problemática que parezca ingobernable (El Salvador y Honduras), en diversos puntos del continente pareciera que las cosas no marchan tan bien como deberían, en medio de lo que con bastante premura entre las filas intelectuales de la izquierda ya se celebra como un nuevo ciclo o una nueva ola progresista regional que —tantos y tantas afirman— llegó para quedarse ante las derrotas políticas, económicas, ideológicas y morales sufridas por la derecha en el contexto post-contingencia sanitaria por Covid-19.
Sin embargo, más allá de que en verdad hay mucho que destacar, en general, de lo trabajado con mayor o con menor profundidad y amplitud por estos gobiernos ahí en donde han proliferado en los últimos años (en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Bolivia, etc.), un fenómeno local comienza a materializarse como el que quizá podría llegar a tener un impacto decisivo en la manera en la que los pueblos de América coexisten con la violencia armada tan lacerante que desde hace décadas desgarra sus vidas, expolia sus recursos naturales y sus riquezas sociales, destruye sus formas de convivencia cotidiana y desarticula sus dinámicas comunitarias. A saber: el pasado domingo 8 de enero de 2023, mientras el grueso de la región asistía como espectadora incrédula a lo que parecía una reedición tropical (en Brasilia) del asalto al Capitolio estadounidense, en Colombia, enclavada en lo profundo del Valle del Cauca, la ciudad de Buenaventura pasó de ser una de las veinte urbes más violentas de todo el mundo (113 homicidios violentos en 2019; 111, en 2020; 186, en 2021; en una población de 311,508 habitantes) a cumplir sus primeros cien días sin contabilizar una sola muerte violenta dentro de sus fronteras.
Este hecho, por supuesto, en perspectiva regional bien podría parecer una menudencia si se lo observa dentro del contexto mucho más amplio de lo que abarcan los problemas que atraviesa todo el continente; más aún si se toma en consideración que poco más tres meses con un registro de cero homicidios violentos es nada ante, por ejemplo, la esperanza de vida promedio en América, o si se toma en cuenta que el Valle del Cauca abarca apenas la minúscula cantidad de 22,195 km², dentro de los cuales Buenaventura se extiendo territorialmente por apenas 6,078 km²; o que el distrito, como tal, ni siquiera alcanza el medio millón de habitantes.
Y, sin embargo, dado el historial de brutalidad bajo el cual la violencia armada (estatal, criminal, paramilitar…) avasalló tanto al Valle, en general; como a Buenaventura, en particular; el que de un día para otro, y durante tres meses, en la zona se haya podido pasar de vivir una de las mayores condensaciones de violencia en todo el continente a experimentar, por primera vez en muchas décadas, una ausencia absoluta de desapariciones, de asesinatos a mansalva, de descuartizamientos, de torturas y otras tantas vejaciones (por lo menos dentro de la urbe, no así en las porciones rurales que la circundan), eso no es en absoluto un acontecimiento menor o que se tenga que despreciar; menos aún en un país como el colombiano, cuya historia de conformación nacional se halla atravesada por la historia, a su vez, del conflicto armado más antiguo de toda América.
Y es que sí, aunque para propios y extraños lo fugaz del momento no deja de despertar cierto escepticismo sobre si Buenaventura será capaz o no de consolidar ese proceso de pacificación por mucho más tiempo y en porciones territoriales cada vez más extensas del Valle, una cosa que es innegable es que (por lo menos en lo que se ha podido observar hasta ahora de lo que se ha venido haciendo en la ciudad para preservar la calma, la estabilidad y la ausencia de actos de violencia armada como aquellos a los que estaba acostumbrada la población hasta hace apenas un par de meses) la manera en la que la comunidad y el gobierno de Gustavo Petro han decidido abordar el problema y sus raíces estructurales ya constituye, de lejos, una de las experiencias más ricas e interesantes en materia de procesos de pacificación con las que se cuenta en el registro histórico de todo un continente que, apenas librándose del embrutecimiento al que fue sometido durante medio siglo por cortesía de dictaduras militares, cívicas y cívico-militares, hacia finales del siglo XX, se adentró en un abismo de violencia armada aún más profunda, amplia y lacerante que la que experimentó bajo el signo del Cóndor y su doctrina de seguridad nacional: el abismo de la guerra en contra del narcotráfico internacional.
¿Cómo comprender, pues, el éxito hasta ahora alcanzado por esta ciudad costera del Pacífico colombiano? Ante la tentativa inmediata de querer reducir las causales de la situación imperante al repliegue bilateral que terminaron pactando los dos principales grupos armados que se disputan el control territorial, económico, político y cultural de la zona (los Shottas y los Espartanos), declarado en tregua desde el 1° de octubre de 2022, lo primero que habría que comprender del contexto específico de Buenaventura es que no es ésta una ciudad costera cualquiera en el Pacífico. Oficialmente designada por el gobierno nacional de Colombia como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, tanto la ciudad como el distrito son, en efecto, todo eso: en primera instancia, un distrito especial cuya particularidad radica en que es el territorio que alberga el puerto marítimo por el cual transitan, en promedio, cerca del 40% de todas las exportaciones de Colombia hacia el resto del mundo; dato, por supuesto, que no es menor ni en términos de lo que esto implica para las actividades económicas legales ni, mucho menos, de lo que significa para la proliferación de las redes criminales en el país (y más allá de sus fronteras) vía el cobro de rentas o la exportación de estupefacientes.
En segundo lugar, Buenaventura es, también, un distrito especial dada la biodiversidad que alberga, pues, al ser parte del complejo ecosistema amazónico-andino, no sólo comparte con el resto de ese entramado ecosistémico el ser un territorio con una amplia cantidad de especies animales y vegetales sino que, dentro de esa abundancia, la mayor parte de esas especies de aves y peces, de mamíferos y reptiles, de anfibios y de plantas superiores es endémica. En una era en la que el planeta atraviesa por una sexta extinción masiva de especies, el valor que tiene este tipo de riqueza natural para el capitalismo y sus necesidades de mercantilización absoluta no debería de ser subestimado como objeto de disputa entre las grandes potencias y sus corporaciones transnacionales; en los tiempos que corren, las capacidades mismas del capitalismo para seguirse reproduciendo dependen de reservas naturales así.
A ello debe sumarse, además, por un lado; el hecho de que el territorio colombiano es el sexto lugar mundial en reservas de agua dulce (con 2,270 millones de m³), siendo el Valle del Cauca y el Chocó (al Norte del Valle) los dos departamentos que concentran el mayor índice de reabastecimiento de esas reservas, vía su alta concentración del ciclo de precipitaciones anual en el país; y, por el otro, el que esa composición hídrica de la geografía colombiana también se traduce en que el país aún conserve un 40% de su territorio como tierras cultivables. Pero esto es de suma importancia no sólo porque el mundo y la región atraviesan tiempos de calentamiento global acelerado y de desertificación intensiva y extensiva de los suelos, sino, sobre todo, porque en cuanto al problema de la propiedad de la tierra, Colombia es un caso paradigmático de extrema desigualdad (o de nula distribución), toda vez que «el 84% de las explotaciones que son de menor tamaño ocupa menos del 4% de la superficie productiva», lo cual es indicativo de la extrema concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y de la excesiva extensión de territorio que ocupa esa minoría de propietarios/as en relación con la abarcada por la mayor parte de los productores y las productoras con menos de dos hectáreas de cultivo en promedio.
Se entiende, pues, a partir de estos rasgos (apenas un puñado de los muchos que condicionan el devenir histórico de la región) que la mayor concentración y la mayor densidad de violencia que se vive tanto en la zona urbana como en la rural de Buenaventura sea un producto histórico específico de múltiples y diversas disputas que involucran: i) el control estatal, comunitario y/o criminal de las rutas de tránsito comercial desde y hacia el puerto de la ciudad, ii) la extracción de rentas (estatales y/o criminales) por la actividad productiva, comercial e industrial que se lleva a cabo en la zona; iii) la gestión estatal y criminal de los flujos de exportación de narcóticos y de importación de armamento (legal e ilegal), iv) la lucha entre capitales (legales e ilegales) por la propiedad de la tierra y los usos de suelo a ella vinculados; v) la afrenta entre entidades criminales por la administración del territorio y el cultivo de precursores base de narcóticos; y, vi) la pelea intracapitalista por la apropiación de sus recursos y sus riquezas naturales (minerales, animales y vegetales); pero que también suponen la resistencia de las comunidades de Buenaventura y del Valle del Cauca ante todo ello: ante la expansión del complejo portuario (que atenta con sepultar irremediablemente fosas clandestinas con cuerpos de integrantes de la comunidad), ante el saqueo de recursos cometido por corporaciones transnacionales, ante el despliegue de violencia hecho por los aparatos represivos del Estado, por los grupos criminales relacionados con el narcotráfico, por las estructuras paramilitares y por los ejércitos de mercenarios al servicio de capitales privados ahí concentrados; ante el despojo de sus tierras y la cooptación de cualquier otra fuente de supervivencia que no esté vinculada a las redes criminales o a las lógicas de corrupción del Estado, ante el asedio a su autonomía o frente a la expoliación de sus condiciones de vida cotidiana vía dispositivos de coerción y estrategias de terror alimentadas por el uso irrestricto de la violencia, etcétera.
Y es que Buenaventura, además de sintetizar todas estas contradicciones en su interior, en un espacio geográfico tan pequeño, con una altísima densidad de población, también es producto del despliegue sistemático de una serie de lógicas coloniales ancladas en el hecho de que es un territorio cuya comunidad se identifica a sí misma como un pueblo afro, de donde se explica, entre otras consecuencias, el régimen de invisibilización histórica y estructural que vive la población que habita la urbe y sus periferias rurales en tanto que población negra racializada.
De ahí pues, las enormes dificultades que durante muchísimos años ha tenido que enfrentar Buenaventura, primero, para pacificar al territorio; y, en seguida, para llevar a cabo un proceso de sanación y de reparación del daño, de reconciliación y de implementación de medidas y de garantías de no repetición en el corto, el mediano y el largo plazo. De entrada, evidentemente, porque el grueso de la violencia que experimenta en su vida cotidiana esta comunidad es de carácter endógeno; es decir, es perpetrada por integrantes de la misma comunidad: personas que nacieron, se criaron y siguen viviendo ahí, como adultos, en Buenaventura. Y luego porque, como reconocen las y los integrantes de la propia comunidad, en la historia de la violencia vivida por los pueblos de América, los reflujos que se suelen presentar luego del fracaso de fugaces instantes de pacificación (total o parcial) suelen ser momentos de mucha mayor crueldad; lo cual, por supuesto, no es poco decir en la experiencia de una comunidad que durante años ha tenido que convivir, por decir lo menos, con descuartizamientos humanos expuestos en el espacio público y con tácticas de tortura que incluyen el recurso persistente a empalamientos humanos (en su mayoría de mujeres).
Para cualquier observador externo que no haya tenido que lidiar, en el desarrollo de su vida cotidiana, con el flagelo que supone el asedio permanente de la violencia armada (del asesinato, de la tortura, de la desaparición, etc.), conseguir estos cuatro procesos sociopolíticos (pacificación, reconciliación, sanación, prevención) bien podría parecer sencillo desde perspectivas punitivistas y/o fórmulas legalistas que privilegian enfoques militaristas y carcelarios de combate a la criminalidad. Sin embargo, el caso de Buenaventura dista mucho de entrar dentro de ese paradigma. En principio porque, como ya se hizo notar líneas arriba, no toda la violencia que experimenta la comunidad proviene de los espectros de la criminalidad (un porcentaje importante tiene su punto de profusión en el Estado y en la actividad económica de los capitales privados). Pero, sobre todo, porque al ser uno de los factores desencadenantes de la violencia un sector poblacional endógeno a la propia comunidad, algunos aspectos que resultan fundamentales para lograr lo que se está consiguiendo ahí en términos de pacificación, de reconciliación, de sanación y de prevención escapan a ese tipo de abordajes.
Y es que, en efecto, piénsese, por ejemplo, en lo que significa, en términos de víctimas y de victimarios de la violencia, el que los familiares de una víctima y los de un victimario tengan que desarrollar la totalidad de su vida cotidiana compartiendo el mismo territorio y, más aún, el mismo conjunto de espacios públicos, comunitarios e institucionales que soportan la existencia misma de Buenaventura (como los que involucran proceso asamblearios, convivir en las mismas plazas y parques públicos, hacer uso de los mismos servicios estatales en los mismos edificios (como en los casos en los que se asiste a las mismas instituciones educativas) y, por decir lo menos, hasta tener que comprar sus víveres en los mismos establecimientos mercantiles.
Dado el carácter comunitario del grueso de la población que habita Buenaventura, zanjar este tipo de dificultades que hunden sus raíces hasta el fondo de las dinámicas más básicas de convivencia y de desarrollo de lo comunitarios entre las y los integrantes de una misma población no es sencillo, ni es un proceso que se pueda agotar recurriendo a encarcelamientos masivos e intensivos o a exterminios extensivos de los individuos causantes de hechos violentos. En particular no se agota ahí porque, incluso si se dan por buenas las hipótesis carcelarias, punitivistas y militaristas en la consecución de un grado aceptable de pacificación del territorio, lo que sigue después (la sanación, la reconciliación y la prevención de cualquier tipo de repetición) escapa a las capacidades propias de las mediaciones legales, carcelarias y militares. El perdón y la reconciliación, después de todo, son recursos individuales que envuelven a las víctimas con sus victimarios.
Sería absurdo, en este sentido, demandar que la ley, que el sistema penitenciario o que las fuerzas armadas del país obliguen a víctimas y victimarios a otorgar y pedir el perdón, respectivamente, que en muchas ocasiones es condición de posibilidad para que ambas partes puedan rehacer sus vidas (o hasta para poder seguir con las que llevaban). Menos aún se les puede (o se les debe) exigir a esas tres mediaciones que fuercen la reconciliación de las y los integrantes de una comunidad en las que víctimas y victimarios (categoría que ex extensible hasta los y las familiares de unas y otras) habitan el mismo territorio (como si de lo que se tratase fuese de garantizar apenas la coexistencia y no la convivencia de quienes conforman a la comunidad).
Por eso es tan interesante (y tan aleccionador, dicho sea de paso) observar el rol fundamental que en el proceso de pacificación, de reconciliación, de sanación y de prevención de la violencia en Buenaventura está jugando la apelación al perdón, colocándolo en el centro de las acciones que se han estado tomando y priorizándolo ante, por ejemplo, la necesidad de implementar medidas judiciales en contra de quienes perpetraron actos delictivos como homicidios, secuestros, robos violentos, torturas y desapariciones. Esto, además, en una lógica en la que tanto las víctimas reconocen el valor del perdón no como una obligación ineluctable sino, antes bien, como una condición de posibilidad que les permite cortar con tendencias históricas de revanchismos y venganzas (familiares de una víctima que deciden hacer justicia por su propia mano, perpetuando la espiral de violencia en la que una vida con otra se paga), pero también contar con mejores oportunidades de acceso a la verdad: comprometiendo a los victimarios, por ejemplo, con ofrecer información que permita esclarecer los crímenes del pasado o con la recuperación cuerpos de personas hasta entonces desaparecidas.
Pero también en una lógica en la que los victimarios, además de poder acceder a la oportunidad de rehacer sus vidas en el seno de la comunidad son hechos parte del proceso de pacificación incorporándolos como sujetos activos de la reparación de los daños (más allá del cumplimiento de una sentencia judicial de privación de la libertad y/o el pago de una indemnización), de las vejaciones y de los perjuicios cometidos en contra de sus víctimas directas, pero también en contra de la propia comunidad, sin que ello implique que tengan oportunidad de eludir sus responsabilidades penales. Esto hace a la totalidad del modelo mucho más integral y, también, una apuesta mucho más enfocada en la reparación, la reconstrucción y la prevención con miras hacia el futuro, liberando a la comunidad de un pasado cuyo peso ya es demasiado agotador seguir arrastrando generación tras generación para cientos o miles de familias que, de una forma o de otra, han sentido en carne propia el flagelo de la violencia armada (desde aquellas en las que a una madre le asesinan a la totalidad de sus hijos e hijas hasta aquellas que, sin haber perdido a un familiar en primer grado, cuentan con experiencias similares en el segundo o tercer grado de su genealogía).
Es aún muy pronto para saber si, en todo esto, se les está exigiendo demasiado a las víctimas haciendo de su perdón la garantía mínima de cualquier posibilidad de éxito hacia el futuro de la pacificación de Buenaventura. Sin embargo, por lo menos con lo que se ha podido observar hasta ahora, un par de cosas quedan clarísimas: por un lado, el absoluto fracaso de las hipótesis legalistas, carcelarias y militaristas del abordaje de la violencia armada; y, por el otro, los potenciales históricos que contienen aproximaciones mucho más enfocadas tanto en el tratamiento de las causales estructurales de la violencia (con un fuerte énfasis en dinámicas de redistribución de la riqueza social) cuanto en la construcción de marcos ético-políticos orientados a la reconstrucción del tejido social comunitario.
Ricardo Orozco
Internacionalista y posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2019, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, integración regional y sistema mundial, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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