En materia electoral, el sistema político mexicano enfrenta, desde hace poco más o menos un siglo de historia, un problema recurrente: ¿cómo ofrecer garantías procedimentales, administrativas, jurídicas e institucionales respecto de los resultados que se obtienen en cada ronda comicial celebrada en el territorio nacional para renovar, en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los puestos de elección popular? Y es que, en efecto, aunque la pregunta puede llegar a parecer simplona, por superficial; o exagerada, por cuanto se datan los orígenes de la problemática en los albores del nacimiento del régimen posrevolucionario; la realidad de la cuestión es que, al haber emergido como la fuerza y la cultura política hegemónica en el país, luego de la guerra civil de principios de siglo (1910-1924), el priísmo logró diseñar e imponer una serie de sentidos comunes y de prácticas políticas colectivas pensadas para garantizar niveles controlados de participación formal de las clases mayoritarias (las explotadas) en los procesos de toma de decisiones relativas a la organización y el funcionamiento de la vida nacional.