El discreto desencanto con la democracia

Este martes 10 de septiembre (madrugada del 11), a través de un proceso que, a pesar de haber cumplido con todas las formalidades legales que se demandan para dar cauce a una modificación constitucional, no dejó de ser desaseado —y en algunos casos cuestionablemente pragmático—, el pleno del Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor, la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación. Con ello, el trámite, que tuvo como Cámara de Origen a la de Diputados y Diputadas, vía una iniciativa presidencial, pasará a ser evaluado por las legislaturas locales para que, con la anuencia de la mayoría simple de las treinta y dos, los cambios puedan ser promulgados y entrar en vigor.

Como pocas, esta reforma ha generado un intenso debate público que ha ido desde la defensa a ultranza del modelo de sistema judicial federal que López Obrador busca heredar al país hasta su demonización a priori, sin que entre ambos extremos medien posturas lo suficientemente plurales, serias y meditadas como para matizar y dimensionar en sus justas proporciones las motivaciones, los efectos y las consecuencias de dicha decisión. Y lo cierto es que no es para menos: históricamente, el Poder Judicial de la Federación (PJF) es el que menos ha sido reformado y/o reestructurado de los tres que constituyen al Estado mexicano. Lo cual, en los hechos, se ha traducido en la idea de que su normalidad operativa y su buen y correcto funcionamiento dependen de que ninguno de los otros dos poderes de la Unión se meta con él. Los más osados defensores de este statu quo, a lo mucho, quizá se atrevan a aceptar que, si ha de ser alterado estructural y orgánicamente, dicha tarea deba quedar en manos del propio PJF y no ser responsabilidad de entes externos.

Pero incluso entonces, la sola idea de tener que atravesar por un cambio en la forma en la que históricamente ha funcionado este poder resulta, para mucha gente, fuente de angustias, de temores y de incertidumbres. De ahí que no sorprenda que, a menudo, se opte por aceptar que es mejor vivir con lo que se tiene hoy (por deficiente que sea) a tener que arriesgarse a ensayar una alternativa. Por si ello no fuese poca cosa, para agravar aún más la situación, lo que hoy se pretende conseguir en México con esta reforma es un ejercicio inédito en todo el mundo: no, por supuesto, porque no existan casos actuales en los que algunos de los puntos más controversiales de la reforma sean parte de otros sistemas judiciales nacionales (como la elección de jueces en Estados Unidos, por ejemplo) o porque en la historia de la humanidad no se haya experimentado, nunca, algo similar a un poder judicial electo popularmente (lo cual es falso, pues tribunales populares, democráticos y anclados en lógicas fiduciarias existieron dentro y fuera de Occidente en diversos momentos del pasado, antes de que el capitalismo los eliminara por representar un peligro para su lógica de reproducción). Sino que lo es porque los pocos casos contemporáneos en los que se pretendió concretar una transformación similar a la que hoy se pretende conseguir en México estuvieron acompañados por procesos nacionales y populares de refundación constitucional de la totalidad del Estado y no sólo de una de sus ramas (Bolivia, Ecuador y Venezuela son los casos más próximos).

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Venezuela y los dogmas de la izquierda

Muy pocos fenómenos regionales, en América, tienen la capacidad de movilizar tantas y tan virulentas pasiones a lo largo y a lo ancho de la región como lo hacen los vaivenes políticos que tienden a ocurrir en Venezuela. Y es que, junto con Cuba y, en menor medida, con Nicaragua, Venezuela representa en este continente (aunque no sólo en él) una experiencia nacional sui generis tanto de lo mucho que pueden llegar a hacer los pueblos del mundo —antaño sojuzgados— cuando toman las riendas de su destino en sus manos cuanto de lo exitosos que pueden llegar a ser las izquierdas, en particular, y el mucho más amplio, diverso y plural campo del progresismo, en general, cuando toman el poder para cambiar el mundo y efectivamente lo hacen a partir de su pleno compromiso con la construcción de una sociedad mucho más libre, democrática, igualitaria y socialmente justa.

Que la política venezolana, en este sentido, haya tendido a ser, en todo lo que va del siglo XXI (como indiscutiblemente lo fueron Cuba y Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX) un problema regional capaz de generar profundas confrontaciones entre derechas e izquierdas y, además, al interior mismo de las propias derechas y de las izquierdas, operar como factor de polarización en lugar de ser objeto de consensos, sobre cuestiones que van desde lo ideológico hasta lo programático, tiene todo que ver con el hecho de que el chavismo logró materializar en ese país una de las experiencias más interesantes, más innovadoras, exitosas y aleccionadoras de lo que podría ser un proyecto nacional-popular en favor de las mayorías. De ahí, entonces, que en la oposición entre derechas e izquierdas sobre este tema el foco de la tensión siempre se halle, para aquellas, en la necesidad de mostrar al chavismo como un fracaso populista más entre los muchos que saturan las páginas de la historia política de América y, para las izquierdas, en obstaculizar la aniquilación de la experiencia venezolana por parte de movimientos reaccionarios y contrarrevolucionarios (internos y externos), pero también en impedir que los éxitos del chavismo y del pueblo venezolano desaparezcan como un referente de lucha para otras sociedades, otras naciones, otros gobiernos y otros Estados dentro y fuera de América.

Al interior tanto de las derechas como de las izquierdas (nacionales, regionales, internacionales), por otro lado, lo que generalmente desata enconos y polarizaciones tiene que ver con los grados de compromiso que se asuman, en el caso de las derechas, con llevar hasta sus últimas consecuencias a la reacción y a la contrarrevolución; y, en el de las izquierdas, a manera de espejo, con el grado de radicalidad —no siempre y no necesariamente en el sentido positivo del término— con el que se defiendan el pasado, el presente y el futuro del propio chavismo y, en general, de la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y libertades. Entre las derechas, esta tensión interna suele manifestarse en el hecho de que, si bien es verdad que todas ellas tienen por objetivo final de su lucha con el chavismo el exterminarlo para hacerse con el control gubernamental y con la dirección estatal del país (pero también el de liquidarlo como un referente histórico para otras luchas, en otras latitudes y en otros tiempos), ello no significa que, por esa simple coincidencia, también compartan el proyecto de régimen que habría de suceder al chavismo una vez derrotado. Entre las izquierdas, por otra parte, internamente lo que se suele manifestar es una suerte de fenómeno de infantilismo en el que la mayor o la menor fidelidad que se exprese en relación con el chavismo en cuestión se toma como sinónimo de autenticidad y de radicalidad de izquierda, de tal suerte que hasta la más sutil crítica o expresión de escepticismo que pueda llegar a aparecer entre individuos y colectividades es asumida o bien como una reacción idéntica a la profesada por la propia derecha o bien como una especie de inmadurez política e intelectual de izquierda o bien como síntoma de ingenuidad o bien —en términos más clasistas— como el claro indicio de que se está en absoluta desconexión con lo popular (como si lo popular en y por sí mismo fuese una manifestación pura y radical de izquierda, desconociendo que lo popular también tiene sus variaciones conservadoras, reaccionarias y derechistas).

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El laberinto demócrata y la conjura del trumpismo

Hasta antes de que se celebrase el debate público entre Donald Trump y Joe Biden, el pasado jueves 27 de junio, entre la oposición al trumpismo (lo mismo en los medios corporativos de comunicación que entre las filas del Partido Demócrata) un acuerdo ideológico general parecía dominar la actitud que se tenía en relación con las capacidades con las que contaba Biden para volver a derrotar en las urnas al magnate inmobiliario neoyorkino. A saber: desde 2020, Biden seguía siendo considerado como la mejor opción de los demócratas para evitar un segundo mandato de Trump a partir de 2025. En particular, muchas de las expectativas en las que dicho convencimiento se decantaba estaban sustentadas en el hecho de que el actual presidente de Estados Unidos había logrado vencer por un amplio margen de ventaja a su adversario en un contexto en el que aquel disfrutaba uno de sus momentos de mayor popularidad e, indudablemente, de mayor concentración de poder político al frente de la titularidad del poder ejecutivo nacional (y todo ello a pesar de lo desastrosa que fue su gestión de la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2 en el país).

Ahora, en los días posteriores a la realización de ese debate –que, dicho sea de paso, exigió Biden para convertirlo en una oportunidad para demostrar sus capacidades ante su rival–, aquel acuerdo parece ya no ser lo ampliamente preponderante que llegó a ser y, en cambio, en la agenda pública y de los medios en Estados Unidos comienzan a manifestarse prolíficos llamados de atención sobre la necesidad de generar un nuevo consenso entre todos los sectores que perciban en el trumpismo a una amenaza (real y/o potencial) al régimen y a la cultura política nacionales. Uno en el que, sin menospreciar o demeritar los servicios a la patria ofrecidos por Biden a lo largo de su carrera pública, se cobre conciencia del hecho indiscutible de que su avanzada edad ya no le permite ser el líder de una fuerza política lo suficientemente amplia, sólida y vigorosa como para derrotar a un Donald Trump que, pese a que en estos últimos cuatro años no contó con niveles de exposición mediática similares a aquellos que disfrutó previo a su mandato presidencial, y no obstante haber sido condenado formalmente por la comisión de delitos graves, no sólo no ve a su popularidad y a su aceptación entre amplios sectores de la población estadounidense disminuir con el paso del tiempo sino que, por lo contrario, cada día incrementan más, lenta, pero sostenidamente.

Y es que, en efecto, a pesar de que las advertencias sobre los problemas que supondría la edad de Biden para hacerle frente, por segunda ocasión, a las aspiraciones presidenciales de Trump no escasearon a lo largo del mandato del demócrata en funciones (por ejemplo, en cajas de resonancia tan potentes entre los sectores liberales del país como lo es el New York Times), no es menos cierto que el pobre desempeño intelectual, discursivo y político de Biden en su primer debate con Trump previo a los comicios de este 2024 desencadenó, tan pronto como al día siguiente, una oleada de intervenciones editoriales en la prensa, la radio y la televisión orientadas a movilizar entre el electorado la idea de que, en efecto, Biden ya no es el político vigoroso que aún había llegado a ser hace cuatro años, cuando su campaña logró sacar al trumpismo de la presidencia de la nación. Llamativo examen de conciencia, sin duda, en la medida en la que una y otra vez Biden dio muestras de haber estado experimentando un deterioro progresivo y significativo de sus habilidades desde el día en que tomó posesión del cargo que hasta la fecha ejerce, y que, convenientemente, los medios corporativos de comunicación y muchos de los comentócratas que hoy se asumen como patriotas verdugos piadosos del actual comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses dispensaron –pretendidamente– para no poner en riesgo la –supuesta– estabilidad que Joseph Jr. había traído al país luego de la vorágine trumpista.

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