El pasado 21 de noviembre del año en curso, la sociedad chilena fue convocada a las urnas con el propósito de renovar los 155 escaños que componen a la Cámara de Diputados, 27 de las cincuenta senadurías que conforman al Senado y, por supuesto, la presidencia del Estado. Desde las generales del 2017 —y dando por descontada la trascendencia intrínseca al plebiscito de octubre del 2020, a través del cual se logró la institucionalización de la rabia popular que en 2019 tomó las calles de la capital y de las principales ciudades chilenas para mercarle un alto a los abusos del neoliberalismo—, los comicios de este año fueron, sin lugar a dudas, uno de los ejercicios electorales más importantes a los que se ha tenido que enfrentar la ciudadanía chilena en los últimos veinte años, toda vez que de sus resultados depende el que la agenda progresista puesta en marcha por las protestas masivas del 2019 avance lo más profunda y ampliamente que le sea posible o, por lo contrario, simplemente se detenga sin llegar a conquistar las reivindicaciones que en principio se propuso.

¿Qué sucedió, pues, en Chile? Quizá el resultado más importante observado al finalizar la jornada tiene que ver con una duda que ya plaga los espacios de opinión de las izquierdas regionales: ¿cómo es posible que, luego de dos años en los que la rabia popular se apoderó del espacio público y saturó el discurso político con sus propias demandas y reivindicaciones, en materia electoral, ese descontento no se haya traducido una participación masiva e incluso en una radicalización del movimiento? La pregunta no es, por supuesto, retórica ni mucho menos. Y es que, al finalizar el computo de las votaciones, lo que quedó claro fue que la extrema derecha nacional se fortaleció como no lo había hecho en las últimas dos décadas, luego de la supuesta transición a la democracia que los partidos de la Concertación pactaron con los restos del pinochetismo. Y lo más importante es que lo hizo no sólo en el plano de la disputa por la presidencia del Estado sino, asimismo, en ambas Cámaras del congreso nacional.

Los resultados hablan por sí mismos: José Antonio Kast, candidato a la titularidad del poder ejecutivo, obtuvo un margen de casi el 28% de la votación efectiva emitida por la ciudadanía, casi tres puntos porcentuales más que los obtenidos por el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista (en los hechos, una coalición que más o menos se mueve homogéneamente dentro los márgenes del centro-izquierda). En el Senado, las diferentes facciones de la derecha (desde los extremos hacia el centro) ya suman casi la mitad de los asientos, al tiempo que las fuerzas de centro-izquierda acumulan dieciocho representaciones y la coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista cinco (más dos independientes). En la Cámara baja, por su parte, la bancada de Kast (el Frente Social Cristiano, conformado por el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano), se llevó quince diputaciones; la derecha centrista (Chile Podemos Más: constituida por Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evolución Política y el Partido Regionalista Independiente Demócrata), cincuenta y tres; y el Partido de la Gente (por el que compitió el outsider, también de derecha, Franco Parisi), seis. En contraste, las fuerzas de centro-izquierda se llevaron treinta y siete curules, a las que se suman los treinta y siete del Partido Comunista y el Frente Amplio (los restantes seis corresponden a fuerzas minoritarias o independientes).

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