Aunque a lo largo de este sexenio ya se ha vuelto costumbre para el antiobradorismo (y, dentro de él, sobre todo, para sus comentócratas a sueldo) convertir en un escándalo mediático de incuantificables proporciones prácticamente a cualquier política pública emprendida por el gobierno federal o por alguno de los gobiernos locales emanados de MORENA, en las últimas semanas, el debate político en torno de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) parece haber desbordado ya los límites de la propia conversación hasta alcanzar extremos de lo absurdo que otras agendas igual de importantes para la administración de López Obrador no consiguieron. En parte, por supuesto, esa virulencia de opiniones alrededor de esta temática se explica por el hecho de que ya están por comenzar los tiempos legales de las elecciones presidenciales del próximo año y, con ello, se impone —especialmente entre la oposición al obradorismo— la necesidad de parasitar la discusión pública con cualquier contenido que sea susceptible de convertirse en una mayor captura de votos en las urnas.
Sin embargo, y más allá de la evidente influencia que tiene el contexto electoral en esta pugna sobre la SEP y sus nuevos libros de educación primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar, un aspecto de la discusión que no deja de llamar la atención —hay que insistir: al margen de su instrumentalización electoral en curso— tiene que ver con la inquietante, cuando no decepcionante, concepción que, en general, entre amplísimos sectores de la población se tiene acerca del rol que desempeña (o que debería de desempeñar) la educación, en general; y la educación pública nacional, en particular; tanto en la vida de cada persona que en este país accede a ella cuanto en el devenir histórico del conjunto de la nación o del pueblo de México.
En efecto, si de algo ha dado cuenta la intempestiva proliferación de opiniones que se han venido vertiendo en el debate público nacional acerca de esta temática en las últimas semanas, ese algo tiene que ver con el hecho de que, en México, la posibilidad de construir un proyecto educativo nacional con visión de largo plazo, que se caracterice por cimentarse en una vocación de profundo respeto por la diversidad y la pluralidad histórica, política, económica y sociocultural del país, así como en una real aspiración democratizadora e igualitaria, tendiente a construir una sociedad socialmente más justa y emancipada, sigue teniendo como su principal obstáculo a un cúmulo de dogmas y de sentidos comunes que, cuando no parten de la errónea idea de que la educación es un fenómeno social desligado de la política sí, por lo menos, sostienen que ésta debe de ser un proyecto subordinado a las necesidades del mercado, aunque algo de política se cuele de vez en cuando en su impartición dentro y fuera de las aulas escolares.
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