Con el arranque formal del proceso electoral federal 2023-2024, el pasado 7 de septiembre, el pueblo de México se enfrentará a una de las jornadas comiciales más grandes en la historia reciente del país. Y es que, a mediados del año próximo, cuando se celebren las votaciones, entre los más de 20,000 cargos de elección popular que se estarán renovando se hallan, por supuesto, la presidencia de la República, pero también ambas Cámaras del Congreso de la Unión (128 senadurías y 500 diputaciones), prácticamente la totalidad de los congresos locales (31 de 32, pues Coahuila acaba de renovarlo este año) así como nueve gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), de las cuales cinco cuentan, actualmente, con titulares del poder ejecutivo local emanados y emanadas de las filas de MORENA, el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Para la ciudadanía convocada a participar de estos comicios y, sobre todo, para el proyecto de transformación emanado del obradorismo, por lo tanto, lo que está en juego no es menor. De los resultados que se obtengan en los diferentes niveles de gobiernos y en los distintos poderes federales y locales dependerá que el progresismo de izquierda en el país no sólo tenga continuidad transexenal sino, asimismo, que se tenga la posibilidad tanto de profundizar en aquello que la administración de Andrés Manuel cimentó sólidamente, y de avanzar en todas aquellas agendas que quedaron pendientes. Y es que si bien es cierto que las posibilidades de éxito en la contienda presidencial (a cargo de Claudia Sheinbaum) son altas (las suficientes como para pensar que dicho cargo no está en riesgo), en relación con la composición de los congresos locales y federal, así como en lo relativo a las gubernaturas locales ni ese nivel de confianza ni las capacidades políticas para garantizar un éxito idéntico al de la presidencia son similares.

En particular, sobre todo, tener plena conciencia de que las capacidades y la fortaleza territorial del obradorismo y de MORENA en las entidades no son las mismas con las que se cuenta para la disputa electoral por la presidencia de México es importante porque, de no prestarle atención, se estaría corriendo el riesgo de que se replique, en una escala y proporciones mayores, lo que sucedió en los comicios federales intermedios de 2021 en entidades como la Ciudad de México y en los resultados obtenidos por el partido en la renovación de la Cámara de Diputados y de Diputadas. Situaciones, ambas, en las que el obradorismo y el proyecto ampliado de la Cuarta Transformación perdieron posiciones de poder que resultaban importantísimas para seguir haciendo avanzar la agenda social del gobierno federal hacia la segunda mitad del sexenio. En el primer caso porque, aunque desde hacía por lo menos tres décadas la Ciudad de México había sido un bastión político e ideológico indiscutible de la izquierda más progresista del país en entornos urbanos, en 2021 casi la mitad de sus alcaldías viraron electoralmente hacia el extremo más conservador de la derecha partidista local y nacional. Y, en el segundo, porque a partir del 2021 los grupos parlamentarios de base del obradorismo (MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde) tuvieron muchas mayores dificultades para conseguir mayorías legislativas en la Cámara Baja al haber perdido curules, aquí también, ante la opción más conservadora del espectro político-ideológico: el Partido Acción Nacional.