Perú: el martirio de Pedro Castillo

En una sucesión de acontecimientos desafortunados cuyo desenlace no parecía del todo previsible (en la forma en que se dio), la política peruana volvió a sumergirse en un estadio de absoluta incertidumbre, marcada por la emergencia de un nuevo momento de crisis derivado de la destitución del presidente Pedro Castillo. Los hechos, vistos en su dimensión coyuntural, se presentaron, primero, como el intento del ahora expresidente Castillo de disolver al Congreso; y, en seguida, por la aprobación, en el seno del poder legislativo, de la moción de vacancia que conduciría a la destitución del titular del ejecutivo bajo el argumento de que éste se hallaba moralmente incapacitado para ejercer el cargo. Así fue, de hecho, como la derecha mediática local, regional e internacional presentó la noticia: como una tragedia que se explicaba exclusivamente por las supuestas ambiciones dictatoriales de Castillo y los errores que había cometido en cadena nacional el pasado miércoles 7 de diciembre.

En una lectura de mucho más largo aliento, por supuesto, los rasgos coyunturales de la destitución de Pedro Castillo palidecen ante el reconocimiento de que, desde su toma de protesta como presidente de la nación, en julio del 2021, Castillo no vivió ni un solo instante de su gestión gubernamental librado del sistemático asedio que sobre su investidura desplegó un poder legislativo plagado de representantes de la derecha política más reaccionaria de la que se tenga memoria en la historia reciente de aquel país andino. De tal suerte que, para comprender en profundidad lo que en realidad condujo a la destitución de Castillo no basta con repetir mecánicamente que la aprobación de su vacancia fue la respuesta lógica a la tentativa presidencial de disolver al Congreso para llamar a elecciones a un constituyente que le diese a la nación un nuevo texto normativo fundamental.

Y es que, en efecto, si se piensan a los acontecimientos de diciembre sólo por lo que sucedió a partir del mensaje televisivo de Pedro Castillo con el que buscó: i) disolver al congreso vigente, ii) llamar a elecciones extraordinarias para conformar a un nuevo constituyente, y, iii) gobernar al país, mientras se celebraban esos comicios, bajo la figura de un Estado de excepción, lo primero que se pierde de vista es que las intenciones de Castillo de proceder de tal modo no salieron de la nada sino que, antes bien, tuvieron su fundamento en el hecho de que fue él (en tanto que titular del poder ejecutivo nacional del Perú) quien, en primer lugar, fue acorralado hasta ese extremo por un Congreso que, en poco más de un año y cinco meses, promovió en su contra tres mociones de vacancia para destituirlo de un cargo que se ganó impulsado por un movimiento nacional-popular inédito en un país marcado por una amplísima sucesión de gobiernos autoritarios de derecha.

Colocar, pues, la tentativa de Castillo de disolver a un Congreso que tuvo por vocación, a lo largo de su administración, el restringir al mínimo las capacidades de gobernar del titular del poder ejecutivo peruano, en lugar de simplemente argumentar que todo fue producto de alguna pulsión autoritaria de Castillo (y, a partir de ello, asimilar su presidencia a la dictadura de Alberto Fujimori, entre 1990 y el 2000), además de ayudar a comprender algo de las correlaciones de fuerzas y de los intereses de clase que estuvieron en juego todo el tiempo, en medio de las tensiones entre legislativo y ejecutivo en tiempos de Castillo, permite formular un par de preguntas cuyas respuestas podrían ayudar a entender por qué las cosas se dieron así al final, y no de otra forma, habiendo tantas posibilidades abiertas para las dos partes involucradas.

Preguntar, por ejemplo, ¿por qué Pedro Castillo decidió disolver al Congreso sin haber contado con un respaldo constitucional, claro y adecuado, que no sólo justificase sino que, además, legitimase lo que pretendía lograr (tanto en términos de disolución de la actual legislatura como en relación con la instauración de un constituyente que le brindase a la nación una nueva constitución política)? O, en una línea de ideas adyacente, preguntar ¿por qué se atrevió a dar un paso tan ambicioso y aventurado, que a todas luces planteaba riesgos políticos para la nación (y hasta existenciales para su persona) sin haberse asegurado de contar, para cumplir con sus propósitos, con el apoyo necesario (o por lo menos con la connivencia implícita) de los actores que sí o sí eran imprescindibles ya no se diga para llegar hasta un nuevo constituyente sino, simplemente, para alcanzar a gobernar en lo inmediato bajo el Estado de excepción por él decretado? Actores como el ejército o, para no ir más lejos, como su propio gabinete.

Y es que sí, es cierto que Castillo no contaba con un fundamento constitucional propicio para respaldar su decisión (pero no porque dicha figura no exista en lo constitución vigente, sino, antes bien, porque las causales dispuestas para ello no se habían presentado a lo largo de su presidencia). ¿Por qué, entonces, optar por una medida inconstitucional en medio de una disputa política en la que Castillo mismo tenía en su contra todas las posibilidades de ganar la apuesta? El acorralamiento al que fue arrastrado por la oposición legislativa es, sin lugar a dudas, parte de la explicación, en la medida en la que ese asedio que vivió por parte del Congreso redujo a su presidencia a la casi absoluta inmovilidad e incapacidad de gobernar a toda la nación. Sin embargo, no lo esclarece todo.


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Acá, un factor explicativo importante que parece haber jugado un peso fundamental en la decisión de Castillo de buscar la disolución del Congreso tiene que ver con el hecho de que, en esta ocasión, la moción de vacancia en su contra parecía haber conseguido los apoyos legislativos suficientes como para proceder por la afirmativa. Quizá Castillo ya sabía (o por lo menos intuía) algo en relación con esto desde noviembre pasado, cuando por primera vez parecía haber sondeado la posibilidad de tomar acciones extremas en contra del Congreso para conseguirse, así, un poco de espacio para gobernar (en lugar de sólo adoptar una posición defensiva de su persona). Quizá, también, algo pudo entrever desde el momento en el que comenzó a perder los poquísimos respaldos legislativos que en las ocasiones anteriores le habían permitido salvar la procedencia de la moción si bien no con holgura, sí, al menos, con la fortaleza suficiente como para evitar sus peores consecuencias.

Cualquiera que haya sido el caso (y esto es pura especulación) el que Castillo sintiera que su destitución era inminente, bien pudo haberle servido como un aliciente para arriesgarse a tomar una decisión política que a todas luces podía jugar en su contra de manera catastrófica. Y es que, en efecto, si de cualquier modo su reemplazo en la titularidad del poder ejecutivo ya había sido decidido en el Congreso (y si la posibilidad de que se le persiguiera penalmente por delitos de corrupción también estaba medianamente clara), ¿por qué no arriesgarse a hacer una apuesta cuyos resultados podían beneficiarlos por completo o que, en última instancia, no serían muy distintos de los que la moción de vacancia ya le deparaban?

Puestas así las cosas, la decisión del ahora expresidente de disolver al legislativo, vista a la luz de los escasos apoyos que se granjeó para darle consistencia a su proyecto, antes que ser un eslabón más dentro de una supuesta cadena de decisiones irracionales orientadas a conseguirle un suicidio político anticipado al ahora expresidente, más bien parece ser la manera en que Pedro Castillo encontró que podía honrar el mandato popular que recibió de las masas que lo votaron y, al mismo tiempo, en efecto darse por vencido ante una situación que además de insoportable, sencillamente no le permitía ejercer funciones de dirección estatal y control gubernamental. Y es que sí, sin duda si Castillo buscaba en el fondo dimitir para destrabar el impase en el que el congreso tiene a la política nacional, en su valoración ética de la situación no parece haber sido nada descabellada la opción de hacerlo mediante un acto que, de cara a las masas que lo votaron, demostrase valentía, arrojo e integridad, antes que una total claudicación ante el orden oligárquico que domina al Perú.



No quiere esto decir, por supuesto, que a Castillo haya que considerarlo un mártir de la política peruana por haber decidido sacrificarse. Se trata, más bien, de reconocer que, en momentos de crisis tan agudas y persistentes como la que vive Perú desde hace varios años, en la opción de darle un final anticipado a su presidencia, Castillo parece haber sido consciente del peso simbólico que entre las masas tendría la forma en la que acabaría su mandato ante un poder oligárquico que, hasta el momento, se mantiene inalterado. Sencillamente haber renunciado habría implicado enviar un mensaje equivocado de rendición absoluta e incondicional de parte de las masas ante las élites que dominan, explotan y marginan socialmente al país. Pedro Castillo, por eso, no fue sólo la víctima del asedio que vivió a cargo de la derecha más rancia y reaccionaria del Perú contemporáneo. En su destitución también parece que hubo algo de voluntad política propia.


Ricardo Orozco

Internacionalista y posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2019, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, integración regional y sistema mundial, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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