¿De qué se habla cuando se habla de defender al INE?

A lo largo de los últimos meses (desde que Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso su proyecto de reforma constitucional en materia electoral), bajo las consignas #YoDefiendoalINE y #ElINEnosetoca, diversos sectores de la sociedad civil organizada, intelectuales con enormes grados de visibilidad en medios de comunicación y partidos políticos de oposición al gobierno obradorista han venido haciendo campaña pública promoviendo el rechazo ciudadano a cualquier tentativa del gobierno actual de modificar, en lo más mínimo, las reglas del juego electoral a nivel federal.

La iniciativa, por supuesto, pretende modificar algo más que ciertas disposiciones concernientes a la composición, el funcionamiento, el diseño institucional, el financiamiento y los alcances del accionar de las autoridades electorales vigentes (en este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral), pues también contempla, entre otros aspectos, una reducción de escaños en ambas cámaras del Congreso General, pasando de quinientas a trescientas diputaciones y de ciento veintiocho a noventa y seis senadurías, así como diversas disposiciones en materia de financiamiento público y acceso de partidos políticos a medios de comunicación, la implementación del voto electrónico y la reducción de los grados de participación mínima que se requerirían para volver a una consulta popular jurídicamente vinculante en sus resultados.

En la discusión pública, sin embargo, el grueso de todas estas consideraciones (que no son menores en sus aspiraciones ni intrascendentes en las consecuencias que tendrían para definir el diseño final que habría de tener el sistema político-electoral federal de ser aprobadas) han brillado por su ausencia, pues la mayor parte del debate movilizado en medios de comunicación y en redes sociales (sobre todo el que ha estado a cargo de cierto círculo de intelectuales, destacado por su virulenta oposición a prácticamente cualquier decisión que se tome desde Palacio Nacional) ha girado por completo alrededor de la discusión acerca de lo que esta iniciativa de reforma constitucional supondría para las autoridades en materia electoral; en concreto, la forma en que impactaría al INE: ¿marchar o no marchar? Es la fórmula simplona en la que esta oposición ha buscado zanjar toda la discusión.

Que las cosas estén sucediendo así; es decir, que el grueso de la atención concedida por la oposición al obradorismo se centre en el INE y no en todo lo demás que pone sobre la mesa la reforma presidencial, por supuesto, no es azaroso, y tiene su explicación de fondo: es el árbitro electoral, en última instancia, quien se encarga de la organización de los comicios: de su calendarización, su celebración, su calificación y su sanción (el TRIFE); lo que significa, por supuesto, que la disputa por la composición, el financiamiento, el diseño institucional y el funcionamiento político del INE (y, por extensión, del TRIFE) es, también, una disputa por la legalidad, la naturaleza democrática y la legitimidad de los resultados obtenidos por las plataformas políticas y los proyectos de nación divergentes que se disputan el control del gobierno y la dirección del Estado en las contiendas electorales en las que este árbitro participa.

Se entiende, pues, que ante la posibilidad actual que tiene el proyecto obradorista de nación de incidir en todos estos aspectos relativos al INE, el principal peligro que observe su oposición ante tal tentativa sea el de la posibilidad de perder ciertas ventajas que históricamente le han concedido a sus propios intereses político-ideológicos, económicos y culturales la actual composición, el financiamiento, el diseño institucional y el funcionamiento vigentes del INE (y del TRIFE), desde que comenzaron a implementarse, a principios del siglo XXI. No debe perderse de vista, después de todo, que la mayor parte de las reformas de forma y de fondo por las cuales atravesaron, en su momento, las autoridades electorales desde principios del nuevo milenio, en general, en ningún momento fueron impugnadas con la ferocidad con la cual lo están siendo, ahora, las tentativas reformistas del obradorismo. Y no lo fueron porque, en general, el resultado final que se terminó obteniendo en cada proceso (sobre todo del INE) convergió con los intereses defendidos por esa misma oposición que hoy sale a defender al INE que ella misma diseñó para sí.

Ante las consignas #YoDefiendoalINE y #ElINEnosetoca que a lo largo del año ha venido movilizando la oposición al obradorismo, por eso, habría que plantear un par de apreciaciones que resultan fundamentales para comprender qué tendría que significar, verdaderamente, defender al INE de un abuso por parte del poder público (y, de esa manera, entender, asimismo, la falsedad que se oculta detrás de los argumentos esgrimidos por la intelectualidad que el domingo trece de noviembre salió a marchar en defensa del INE que consideran propiedad material e intelectual suya). A saber:

  1. Cuando la oposición al obradorismo argumenta que tocar (o reformar) al INE es atentar en contra de todo un proceso histórico de democratización del sistema político-electoral mexicano, llevado a cabo, sobre todo, por una ciudadanía en heroica oposición al poder político dominante (el del priísmo del partido de Estado) ¿lo que parece estar diciendo, en el fondo, no es que el INE, tal y como está diseñado institucionalmente en la actualidad (con su composición, su financiamiento y su funcionamiento vigentes) es ya el mejor de los resultados que es posible obtener a su respecto? Y es que, en efecto, si reformar al árbitro electoral actual es sinónimo de atentar en contra de la democracia mexicana, en abstracto, y de revertir el proceso de democratización por el cual atravesó el Estado (prácticamente desde que el sistema político actual se formó, en la posguerra civil de principios del siglo XX), al margen de los contenidos específicos que dispone la reforma presentada, entonces, lo que está afirmando con arrogancia la oposición actual al obradorismo es que no existe posibilidad alguna de ampliar más los márgenes ni profundizar más los alcances de ese proceso de democratización al cual defienden. Es, para decirlo sencillo, como si la historia de la democratización mexicana se hubiese agotado únicamente con los resultados por ella obtenidos, y cualquier esfuerzo que se haga con posterioridad debe de ser concebido como un acto en reversa: como un reflujo autoritario.

La realidad mexicana es, por supuesto, mucho más compleja que esa visión maniquea de la historia. Y lo es, sobre todo, en relación con aquellas posturas que con intransigencia defienden las consignas #YoDefiendoalINE y #ElINEnosetoca al margen de cualquier consideración seria sobre los contenidos propios de la reforma, porque lo único que les importa es rescatar y conservar el uso puramente instrumental del Instituto. Y es que acá el problema es, de nuevo (porque así sucedió con otra reforma de enorme relevancia para la vida pública nacional, presentada por López Obrador, a principios de año: la reforma eléctrica), que esa oposición que ahora sale a marchar hacia a Palacio Nacional para defender sus intereses (que asume como los de toda la ciudadanía y, más aún, como los de toda la nación mexicana) ni siquiera discute el fondo de la propuesta y, antes bien, asume la posición del que al INE no se le debe tocar sólo por ser el INE.

Discusiones serias y sistemáticas acerca del impacto autoritario o democratizador que tendría una reducción de las Consejerías del Instituto, sobre lo que significaría que su composición esté subordinada a un mandato fiduciario, en el que la ciudadanía sea la fideicomitente, o lo que implicaría entender el carácter ciudadano del Instituto no por la ausencia de una afiliación partidaria, formal, de sus Consejerías integrantes sino, antes bien, por ser el producto de lógicas de participación ciudadana (que las candidaturas a ejercer el cargo emerjan de la sociedad y no de los partidos políticos —o de los poderes del Estado, como indica la reforma—, que su elección sea resultado del voto popular y no de los votos de los partidos en el Congreso, que su mandato sea susceptible de ser terminado por disposición popular si no cumplen con sus funciones, etc.), por ejemplo, parecen no ser aspectos importantes de la agenda promovida por la oposición al obradorismo en esta afrenta, cuando en realidad ahí es en dónde debería de estarse dando la disputa intelectual más importante acerca de la iniciativa presentada por López Obrador (y no en la abstracta y vaciada de contenidos pelea sobre el sí o el no a la reforma).

Más allá del dogmatismo promovido por la intelectualidad ahora movilizada en contra de la reforma electoral obradorista, para el resto de la ciudadanía es fundamental comprender que la disyuntiva fundamental aquí no es, en consecuencia, sí tocar o no tocar al INE, sino, antes bien, de qué manera tocarlo para que el resultado de la reforma a la cual se someta al Instituto sea, en efecto, potenciador, amplificador y profundizador de la democratización del sistema político mexicano en todos sus niveles de gobierno, con efectos en los tres poderes de la Unión.

  1.  Entre los argumentos que más ha utilizado la oposición al obradorismo (incluida en esta categoría una fracción de las Consejerías del propio INE, abanderadas y lideradas por su Consejero Presidente, Lorenzo Córdova) para frenar la reforma electoral de López Obrador se halla el alegato en favor del reconocimiento de que en la mayoría de las elecciones que este árbitro electoral ha organizado en los últimos años, ha sido el partido político ahora en funciones de gobierno federal el que más se ha beneficiado de los resultados obtenidos. De ahí la conclusión que extrae de que el argumento obradorista empleado para promover la reforma en cuestión (y que tiene que ver con señalar los vicios que aquejan al Institutito y que históricamente han tendido a corromperlo como un verdadero actor imparcial respecto de las fracciones partidistas en pugna) carecería de sustancia.

Este es, quizás, el argumento más tramposo esgrimido por quienes operan, ahora, como detractores y detractoras de la reforma electoral discutida. Y es que, en el fondo, lo que intentan movilizar como sentido común entre la ciudadanía es la idea de que si el instituto no fuese funcional (y, en última instancia, si en verdad fuese un actor partidista en contra del gobierno en funciones, —tal y como acusa de él el propio López Obrador—), MORENA no habría obtenido el numero abrumador de victorias que ha conseguido en los últimos años, desde los comicios del 2018. ¿En dónde se halla, entonces, la trampa, sí, al final del día, si es verdad que en muchos comicios organizados por el Instituto han ganado los candidatos y las candidatas del partido que hoy controla al gobierno y ejerce la dirección del Estado mexicano?

La trampa se halla en el ocultamiento de que esas victorias no son la prueba antonomástica de que el Instituto siempre opere como un arbitro imparcial en los comicios en los que participa. Argumentar eficacia, efectividad y un correcto funcionamiento a partir del reconocimiento del número de victorias que se le han conseguido al ganador de una disputa electoral, después de todo, es un argumento de autoridad más que una prueba empírica de la propia imparcialidad de la autoridad electoral. Y es que acá algo que no se está reconociendo por parte de la oposición al obradorismo, en relación con el manido argumento de que ha sido el INE quien ha organizado, calendarizado, celebrado y calificado (la sanción corresponde al TRIFE) las elecciones en las que ha vencido el partido del presidente de México (principal promotor de la reforma) es que, en gran medida, era técnica y políticamente imposible no reconocerle esas victorias a MORENA dado el arrastre electoral que el partido-movimiento logró cosechar en los últimos años y que, en cada caso, se tradujeron en una participación ciudadana en favor suyo lo suficientemente robusta como para que cualquier intento de fraude hubiese sido viable (aceptado, justificado y legitimado) colectivamente, sin más.

El Consejero Presidente del INE y algunos de los intelectuales más cercanos a él, en esta línea de ideas, siendo tan afines a este tipo de argumentaciones (el INE funciona porque le ha reconocido todas sus victorias a MORENA, ergo, MORENA no debería de reformar la institución que le ha reconocido sus triunfos, porque ello es signo de que funciona) lo que no están queriendo reconocer es que, en cada uno de esos casos en los que el partido fundado por López Obrador obtuvo una victoria en los comicios en los que participó, el actuar del propio Instituto también estuvo, siempre, condicionado por la concentración específica que se dio en la correlación de fuerzas en juego (en sentido estrictamente electoral, pero también en un sentido, por decirlo de alguna manera, meta-electoral, más allá de los sufragios: en la movilización social y el arrastre colectivo en el que se tradujo ese trabajo de base).

  1. Hay una tercera objeción muy socorrida por quienes se pronuncian en contra de la iniciativa electoral: se argumenta que, si es el poder político ahora en funciones el que termine conduciendo el proceso de reforma del INE, no habrá nada que garantice su independencia, su objetividad y su imparcialidad en los siguientes comicios en los que participe, derivando en la sanción de la continuidad de la 4T de manera artificial e ilegítima. Más allá de que sorprende que ahora mismo sea ésta una consigna movilizada para defender al INE, cuando todos los procesos de reforma anteriores (desde el IFE hasta el actual INE) se dieron sí con la participación, en algunos casos, de la ciudadanía, a través de foros consultivos y de ejercicios de discusión colectiva (parlamento abierto, por muy ad-hoc que fuese), pero siempre en función de los intereses y de las necesidades de los partidos políticos con representación en el Congreso General, el aspecto más importante sobre el que valdría la pena el llamar la atención de la sociedad mexicana tiene que ver con el cobrar conciencia de los límites a la imparcialidad a los cuales es viable aspirar en este tema.

En efecto. Pero no porque toda imparcialidad (o neutralidad) de las autoridades electorales sea o una imposibilidad o una ficción ideológica-fetichista o una quimera (como bien se podría argumentar desde una concepción radicalista de la forma y de los contenidos de la política), sino, antes bien, porque lo que hace falta acá es entender que la autonomía formal de la institución no es sinónimo de carencia de preferencias político-ideológicas por parte de las personas que conformen su Consejo General, ni, mucho menos, ausencia de relaciones políticas (en el plano individual) con otros actores respecto de los cuales la ausencia, asimismo, de conflictos de interés de las Consejerías esté garantizada.

La reforma, tal y como está planteada en la actualidad, intenta resolver este problema expropiando a los partidos políticos en el Congreso General la facultad de ser ellos, en última instancia, quienes decidan la composición del Instituto (y, en algunos casos, hasta la trayectoria política-profesional de sus integrantes), trasladando esa carga a la ciudadanía, con lo que se pretende alcanzar mayores grados de democratización de los intereses que se pongan en juego en el pleno del Consejo del Instituto. Sin embargo, los desafíos siguen siendo muchos si, en paralelo, no se resuelven las tramas corporativistas que se hallan en la base del funcionamiento del sistema político nacional o si, por ejemplo, en as convocatorias que se emitan por el Congreso para su composición los partidos colocan candados suficientes como para asegurar la primacía de sus intereses, y no los de la ciudadanía.

Pero el reconocimiento de estas dificultades, no obstante, no debe de conducir a la aceptación, sin más, de que es únicamente la sociedad civil organizada (las A.Cs. y O.N.Gs.) la que tiene la capacidad de conducir a una mayor democratización de la política y del entramado institucional del Estado mexicano. Oponerse, desde la sociedad civil, a la reforma obradorista sólo por provenir del poder gobernante en turno es, para las izquierdas de este país, un error estratégico de cara a la sucesión del 2024, porque es a través de esas lógicas que, en las décadas recientes, se ha justificado el desmantelamiento del Estado y la privatización de lo público (ya sea que se lo privatice en sentido empresarial o que se lo terciarice a las A.Cs. y O.N.Gs.): argumentando, precisamente, que el poder es corrupto y corruptor en y por sí mismo, sin importar la plataforma política que ejerza funciones de control gubernamental y de dirección estatal en un determinado contexto, o las apuestas ideológicas y ético-políticas que se pongan en juego en cada situación histórica concreta. Valgan, pues, estas notas para problematizar con una mayor complejidad y seriedad lo que ahora mismo se plantea como una falsa disyuntiva entre el sí y el no a la reforma; tal y como, de cara a la reforma eléctrica, el problema fundamental para la oposición era sí o no a la reforma en y por sí misma, al margen de los contenidos y de las formas de la propuesta. Y valgan estas notas, también, para aclarar que sí, es verdad que la reforma propuesta ni lo resuelve todo ni, lo que intenta resolver, lo hace de la mejor manera posible. Pero la perfectibilidad de este proceso se dará sólo a través de la discusión y la confrontación de posturas divergentes, no del descarte ex ante del ejercicio mismo.


Ricardo Orozco

Internacionalista y posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2019, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, integración regional y sistema mundial, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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