MORENA: notas sobre el partido y sus afrentas

En la medida en que los comicios más grandes en la historia del México contemporáneo se aproximan, la disputa política entre el Instituto Nacional Electoral, por un lado; y el partido político con representación legislativa mayoritaria en el Congreso General, el Movimiento de Regeneración Nacional, por el otro; se hace cada vez más evidente, subiendo sistemáticamente el tono de la discusión pública. Al respecto, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, insiste en afirmar que el Instituto sólo está cumpliendo con su función en tanto que autoridad ciudadana en materia electoral, de manera autónoma, objetiva, imparcial y en cumplimiento del marco legal y constitucional vigente. Y sin embargo, las medidas adoptadas por dicho Instituto, por lo menos en los últimos días, parecen indicar lo contrario y tener el propósito de reducir a sus niveles mínimos las posibilidades de que MORENA repita las mayorías parlamentarias con las cuales emergió vencedor en los comicios de 2018.

A propósito de ello, sin duda habría que reconocer, por otra parte, que MORENA, en más de una ocasión, se ha colocado a sí mismo en la línea de fuego del Instituto y en posiciones de extrema vulnerabilidad que, a la postre, han desencadenado dinámicas ante las cuales el partido no ha contado con la entereza ética y la madurez política como para resolverlas. El caso más emblemático de este tipo de tropiezos es, por su puesto, el de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Ahí, antes que esperar a que alguna determinación del INE resolviera el destino de la candidatura del abanderado de MORENA, debió de ser el propio partido el que tuviese la iniciativa —basada en una valoración de carácter ético, más que político—, de resolver primero las acusaciones en su contra, por violencia de género, y sólo entonces, después, concretar sus aspiraciones a gobernador.

Al final no ocurrió así y, en última instancia, fue el Instituto presidido por Lorenzo Córdova el que resolvió la improcedencia de su candidatura, junto con la de medio centenar más de aspirantes a diversos cargos de elección popular abanderados por el partido del presidente de México. Ahora bien, para dejar las cosas en claro, habría que decir explícitamente, sin duda, que haber bajado de la contienda a Salgado Macedonio fue, sí o sí, un acierto. Hasta cierto punto, el INE le hizo un favor a dicho partido, toda vez que, en algún sentido, neutralizó el que sería, quizá, su principal peso muerto a cargar durante los siguientes seis años, la principal fuente de discordia entre el partido y la mayor y más disruptiva potencia social con presencia en México y el resto de América: la de las mujeres que se movilizan.

Que la decisión haya sido tomada por el INE y no por el propio partido, no obstante lo anterior, permanecerá por un largo tiempo en la memoria del electorado femenino como un error de indolencia política que seguro no será sencillo olvidar ni sanar.

Sobre el resto de las candidaturas y precandidaturas de MORENA (alrededor de cincuenta), anuladas por el Instituto Nacional Electoral, lo que no habría de perder de vista, más allá de si la normatividad propia del partido político en cuestión no reconoce la figura de las precampañas (en la medida en que sus candidaturas son electas por encuesta, y, en ese sentido, no es necesario que se lleven a cabo procesos internos de precampaña), es que, al haber sido elegidas por el partido a través de dinámicas encaminadas a resaltar sus capacidades de movilización y su popularidad efectiva entre el electorado, en general; y entre la militancia de MORENA, en particular; el INE, de un plumazo, privó a ese instituto político de sus figuras, precisamente, más emblemáticas, más carismáticas, populares y/o reconocidas. Pero no sólo, pues esos perfiles que fueron vetados de participar en los próximos comicios eran, asimismo, los que, en teoría, resultaban ser, en palabras del presidente del partido, Mario Delgado, los más comprometidos y leales con la plataforma electoral propuesta para los siguientes años.

¿En dónde deja parado a MORENA este escenario? Al parecer, luego de haber destinado tantos recursos en la construcción y afianzamiento de sus mejores perfiles, el partido se encuentra en la encrucijada de tener que recurrir a sus mejores segundas opciones. El tema de fondo ahí es que, por lo menos hasta donde se alcanza a observar, resolver este problema no comenzará, transitará y se agotará simplemente con abanderar a los segundos lugares de las encuestas ya realizadas con anterioridad, pues en esos procesos participaron tanto outsiders del partido —queriendo repetir la fórmula que en 2018 llevó a un enorme número de personas no militantes a ocupar cargos de elección popular— como perfiles contrarios a la agenda personalísima de Mario Delgado y de los intereses facciosos que lidera al interior del partido. De ahí que, en el peor de los escenarios, si los recursos de apelación de las candidaturas y precandidaturas inhabilitadas por el INE no proceden, lo que se pueda llegar a observar al interior de MORENA sea una nueva lucha encarnizada por el reparto de posiciones entre las distintas facciones que se disputan el control del partido y de su proyecto de gobierno.

Si se suma este escenario a la problemática que significa, para el proyecto de nación que intenta construir López Obrador, el que el INE colocara candados a la sobrerrepresentación legislativa, lo que se aprecia para MORENA en los meses por venir es que, sin duda, tendrá que remar a contracorriente y desde una posición de debilidad, no de fuerza, en unos comicios en los que, además, se debe disputar el reparto del poder político ante una coalición de partidos que, por lo menos el plano de la aritmética pura, es fuerza suficiente para reducir los márgenes de acción de MORENA en la segunda mitad del sexenio lopezobradorista.

En términos reales, el costo político de llegar a ese contexto sería enorme tanto para el proyecto de gobierno de López Obrador como para el grueso de las bases sociales de las que se nutre éste, y un poco más allá. Y es que, en efecto, si se ponen en perspectiva, por una parte, el principal argumento que emplea el INE para atacar la sobrerrepresentación de MORENA en el Congreso federal; y por la otra, el discurso enarbolado por un amplio sector de las clases medias de la sociedad (que, derivado de la contingencia sanitaria, han visto a sus propias condiciones de clase descender, aproximándose a los estratos más explotados y pauperizados del colectivo nacional), en el fondo ambos son una y la misma cosa: el reclamo abierto de que MORENA necesita contar con contrapesos efectivos en el gobierno. El problema con ambas posiciones viene, sin embargo, cuando se cobra conciencia de que los contrapesos efectivos en la política nacional no son exclusivamente formales, dentro de los causes propiamente institucionales, en términos de representatividad legislativa, sino que son, asimismo, fácticos.

Es decir, para el INE y el núcleo poblacional más férreamente opuesto al proyecto de gobierno de López Obrador (en muchos sentidos distinto del proyecto de la 4T, en tanto que ésta es una configuración ideológica más diversa, heterogénea y conflictiva que las aspiraciones del titular del ejecutivo federal), el verdadero problema de los últimos dos años es que MORENA no tiene contrapesos efectivos, que restrinjan sus márgenes de maniobra. En esa visión de las cosas, por supuesto, está demás señalar la ingenuidad que supone el creer que los contrapesos se dan sólo en las instituciones representativas y no, por decir lo menos, en el marco de desarrollo de la actividad productiva, en donde la creciente concentración de la riqueza, de la producción y de la circulación mercantil por parte de grandes corporaciones privadas (reducidas en número a un par de monopolios nacionales y extranjeros) tiene la capacidad suficiente como para desestabilizar, bloquear y ahogar economías nacionales enteras.

Piénsese, para dimensionar el peso de esta oposición fáctica, tan sólo, en los casos de los gobiernos progresistas de América y las enormes dificultades por las que atravesaron para sobreponerse a un empresariado indolente con las condiciones de vida del grueso de la sociedad en la que amasan sus fortunas. En casos extremos, como los de Bolivia y Venezuela, poco importaron las mayorías legislativas cuando los capitales privados cerraron filas para proteger sus propios intereses. México, en esa línea de ideas, no está exento de ser objeto de tales prácticas.

¿No es precisamente eso lo que señala en cada conferencia matutina López Obrador? ¿No es ese el problema fundamental ante el cual se enfrenta el gobierno federal, respecto del rol político asumido por el empresariado en México? ¿No responde a esa necesaria defensa de sus intereses la enorme cantidad de recursos, de denuncias, de apelaciones, de acusaciones en la prensa que el empresariado nacional y extranjero en el país ha promovido desde el instante en el que la presidencia de Obrador decidió corregir algunas de las dinámicas más perniciosas del mercado nacional y sus tendencias a la concentración de la riqueza? ¿No es esa la oposición que hoy día financia y moviliza a la coalición de las derechas unidas en Va por México?

Hasta ahora, MORENA, es cierto, cuenta con mayorías legislativas suficientes (por sí mismo o negociando alianzas con otros partidos), como para hacer avanzar reformas legales de peso y trascendencia media; necesarias, en todo caso, para permitirse tener mayores márgenes de acción en problemáticas que requieren de consensos mayores, por fuerza incluyentes de sus principales opositores. Y el partido, también es verdad, ha aprovechado esas mayorías y los niveles de legitimidad relativamente amplios de los cuales goza el actual sexenio para mostrarse intransigente en algunas decisiones. Sin embargo, es falso que no cuente con contrapesos u oposiciones efectivas, reales, en su actuar cotidiano. El tema está en que esas oposiciones no avanzan primordialmente en el Congreso, sino que se dan en los circuitos mercantiles, con el gran empresariado nacional y extranjero como sus principales actores.

El costo político para MORENA de llegar a unas elecciones federales nadando a contracorriente y desde una posición de debilidad, enfrentando, además, candados a la sobrerrepresentación que favorezcan el robustecimiento de tres fuerzas políticas conservadoras (desde el centroderecha, en donde se halla el Partido de la Revolución Democrática; hasta la derecha neoliberal, representada por Acción Nacional y la facción dominante del nuevo priísmo), por eso, sería un costo que no quedaría confinado a sus propias estructuras, pues si algo muestran las experiencias de gobiernos progresistas en América cuando tuvieron que plantarle la cara a escenarios similares es que, ante dichas situaciones, la inmovilidad y la inoperatividad suelen erigirse como los rasgos dominantes para el partido en el poder, en la medida en que las restricciones se vuelven tan constrictivas que resulta sumamente difícil poder avanzar en la agenda propia.

En casos extremos, el fortalecimiento forzado de esos supuestos contrapesos formales a los partidos y los gobiernos progresistas dominantes se tradujo en contraofensivas (como en el caso venezolano y, más tardíamente, en el argentino), en procesos de destitución (eufemismo para referir a golpes de Estado que no se quieren reconocer como tales), como sucedió en Brasil y Bolivia o, en última instancia, en dinámicas de restauración militarizada, como también aconteció en Uruguay. En cada uno de estos ejemplos, en los cuales el gobierno de México debería de reconocerse, para no cometer errores similares, se dio una combinación de esos factores: Brasil vivió una contraofensiva del capital, un proceso de destitución y un intento de restauración militarizada. Nada, absolutamente nada en el escenario político mexicano indica que no sea posible llegar a ese plano de la disputa por el poder luego de los comicios de junio próximo, si los resultados para las fuerzas de la oposición no le son benéficos o si, en su defecto, apuntan a agravar aún más su propia crisis (su derrota moral y política, acusó en 2018 López Obrador).