Política

¿Voto dividido? La 4T contra la teoría política clásica

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El próximo domingo 2 de junio el pueblo de México está convocado a ejercer su derecho ciudadano al voto en unos comicios federales que –estos sí– hasta el momento son los más grandes de la historia, y también unos de los más trascendentes. Lo primero, no sólo por lo mucho que han crecido la población, en general, y el padrón electoral, en particular, sino, asimismo, porque, derivado de la implementación, desde hace varios años, de un conjunto de reformas y de ajustes técnicos en materia político-electoral, este 2024 han terminado por converger, en un mismo día, varias elecciones en los ámbitos municipal, estatal y federal: 20,079 cargos públicos en total, incluyendo la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, aunado a varios congresos locales y regidurías.

Lo segundo, por supuesto, debido a que, dadas las tensiones políticas que deja tras de sí el obradorismo entre los diferentes bloques ideológicos que se disputan el control del gobierno y la dirección del Estado mexicano, este año, como en ningún otro en la historia reciente del país (salvo, quizá, el 2006, cuando el calderonismo le robó al pueblo de México una elección y la posibilidad de sumar al país a la primera ola progresista del continente americano en el siglo XXI ), queda claro que lo que está en juego es mucho más que un mero reparto de cargos de elección popular entre unas élites y otras, habida cuenta de que de fondo se halla la confrontación directa entre dos proyectos de nación: uno indefectiblemente decantado por dar continuidad a la construcción de una sociedad con más y mejores derechos y libertades, más democrática, más igualitaria y con un mayor grado de justicia social; y otro o bien obsesionado con desmantelar lo conseguido a lo largo de estos seis años y restaurar viejos privilegios (materiales y simbólicos por igual) o bien empeñado en hacer avanzar un régimen mucho más cargado hacia la derecha de lo que lo estuvo el bipartidismo de finales del siglo XX y principios de XXI.

Atendiendo a estas coordenadas de la disputa política y cultural contemporánea, pues, queda claro que, por lo menos para ciertas élites empresariales, políticas, cultuales, intelectuales, etc., y para amplios sectores populares, no es menor la apuesta que está en juego ni baladí el futuro que se arriesga. Cobrar conciencia de ello, en última instancia, es lo que ha impulsado que, en días recientes, se agudizara aún más una discusión que si bien ha estado presente en el debate público desde que comenzaron las campañas electorales hace un par de meses, ha sido hasta apenas en estos días inmediatamente previos a las votaciones que ha adquirido toda su importancia, dimensión y magnitud reales. A saber: el debate sobre la configuración de los pesos y los contrapesos entre los tres líderes de la Unión y la naturaleza de las relaciones que establecerán entre sí a lo largo de, por lo menos, los siguientes tres años (en el entendido de que la Cámara de Diputados y Diputadas, así como un puñado de gubernaturas, habrán de renovarse a la mitad del próximo sexenio, alterando, nuevamente, las correlaciones de fuerzas en ejercicio del poder político).

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El desafío de recuperar la Capital para la izquierda en 2024

Con el arranque formal del proceso electoral federal 2023-2024, el pasado 7 de septiembre, el pueblo de México se enfrentará a una de las jornadas comiciales más grandes en la historia reciente del país. Y es que, a mediados del año próximo, cuando se celebren las votaciones, entre los más de 20,000 cargos de elección popular que se estarán renovando se hallan, por supuesto, la presidencia de la República, pero también ambas Cámaras del Congreso de la Unión (128 senadurías y 500 diputaciones), prácticamente la totalidad de los congresos locales (31 de 32, pues Coahuila acaba de renovarlo este año) así como nueve gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), de las cuales cinco cuentan, actualmente, con titulares del poder ejecutivo local emanados y emanadas de las filas de MORENA, el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Para la ciudadanía convocada a participar de estos comicios y, sobre todo, para el proyecto de transformación emanado del obradorismo, por lo tanto, lo que está en juego no es menor. De los resultados que se obtengan en los diferentes niveles de gobiernos y en los distintos poderes federales y locales dependerá que el progresismo de izquierda en el país no sólo tenga continuidad transexenal sino, asimismo, que se tenga la posibilidad tanto de profundizar en aquello que la administración de Andrés Manuel cimentó sólidamente, y de avanzar en todas aquellas agendas que quedaron pendientes. Y es que si bien es cierto que las posibilidades de éxito en la contienda presidencial (a cargo de Claudia Sheinbaum) son altas (las suficientes como para pensar que dicho cargo no está en riesgo), en relación con la composición de los congresos locales y federal, así como en lo relativo a las gubernaturas locales ni ese nivel de confianza ni las capacidades políticas para garantizar un éxito idéntico al de la presidencia son similares.

En particular, sobre todo, tener plena conciencia de que las capacidades y la fortaleza territorial del obradorismo y de MORENA en las entidades no son las mismas con las que se cuenta para la disputa electoral por la presidencia de México es importante porque, de no prestarle atención, se estaría corriendo el riesgo de que se replique, en una escala y proporciones mayores, lo que sucedió en los comicios federales intermedios de 2021 en entidades como la Ciudad de México y en los resultados obtenidos por el partido en la renovación de la Cámara de Diputados y de Diputadas. Situaciones, ambas, en las que el obradorismo y el proyecto ampliado de la Cuarta Transformación perdieron posiciones de poder que resultaban importantísimas para seguir haciendo avanzar la agenda social del gobierno federal hacia la segunda mitad del sexenio. En el primer caso porque, aunque desde hacía por lo menos tres décadas la Ciudad de México había sido un bastión político e ideológico indiscutible de la izquierda más progresista del país en entornos urbanos, en 2021 casi la mitad de sus alcaldías viraron electoralmente hacia el extremo más conservador de la derecha partidista local y nacional. Y, en el segundo, porque a partir del 2021 los grupos parlamentarios de base del obradorismo (MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde) tuvieron muchas mayores dificultades para conseguir mayorías legislativas en la Cámara Baja al haber perdido curules, aquí también, ante la opción más conservadora del espectro político-ideológico: el Partido Acción Nacional.

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Más que los libros, la Nueva Escuela Mexicana I/III

Aunque a lo largo de este sexenio ya se ha vuelto costumbre para el antiobradorismo (y, dentro de él, sobre todo, para sus comentócratas a sueldo) convertir en un escándalo mediático de incuantificables proporciones prácticamente a cualquier política pública emprendida por el gobierno federal o por alguno de los gobiernos locales emanados de MORENA, en las últimas semanas, el debate político en torno de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) parece haber desbordado ya los límites de la propia conversación hasta alcanzar extremos de lo absurdo que otras agendas igual de importantes para la administración de López Obrador no consiguieron. En parte, por supuesto, esa virulencia de opiniones alrededor de esta temática se explica por el hecho de que ya están por comenzar los tiempos legales de las elecciones presidenciales del próximo año y, con ello, se impone —especialmente entre la oposición al obradorismo— la necesidad de parasitar la discusión pública con cualquier contenido que sea susceptible de convertirse en una mayor captura de votos en las urnas.

Sin embargo, y más allá de la evidente influencia que tiene el contexto electoral en esta pugna sobre la SEP y sus nuevos libros de educación primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar, un aspecto de la discusión que no deja de llamar la atención —hay que insistir: al margen de su instrumentalización electoral en curso— tiene que ver con la inquietante, cuando no decepcionante, concepción que, en general, entre amplísimos sectores de la población se tiene acerca del rol que desempeña (o que debería de desempeñar) la educación, en general; y la educación pública nacional, en particular; tanto en la vida de cada persona que en este país accede a ella cuanto en el devenir histórico del conjunto de la nación o del pueblo de México.

En efecto, si de algo ha dado cuenta la intempestiva proliferación de opiniones que se han venido vertiendo en el debate público nacional acerca de esta temática en las últimas semanas, ese algo tiene que ver con el hecho de que, en México, la posibilidad de construir un proyecto educativo nacional con visión de largo plazo, que se caracterice por cimentarse en una vocación de profundo respeto por la diversidad y la pluralidad histórica, política, económica y sociocultural del país, así como en una real aspiración democratizadora e igualitaria, tendiente a construir una sociedad socialmente más justa y emancipada, sigue teniendo como su principal obstáculo a un cúmulo de dogmas y de sentidos comunes que, cuando no parten de la errónea idea de que la educación es un fenómeno social desligado de la política sí, por lo menos, sostienen que ésta debe de ser un proyecto subordinado a las necesidades del mercado, aunque algo de política se cuele de vez en cuando en su impartición dentro y fuera de las aulas escolares.

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