De las múltiples y diversas lecciones éticas y políticas que las mujeres movilizadas por América le han dado a las sociedades de la región, aquella que tiene que ver con reconocerle peso, legitimidad y validez a su voz —individual y colectiva— es, quizá, la que en estos tiempos se erige a sí misma como el eje que articula a la totalidad de la lucha que sostienen por emanciparse de un sistema que históricamente les ha oprimido con base en sentidos comunes que a lo largo del tiempo normalizaron y naturalizaron relaciones sociales que definitivamente no tienen nada de naturales. Y lo cierto es que hay una motivación poderosísima detrás de esa centralidad sobre la voz de la mujer: ninguna emancipación es posible si, en primer lugar, los y las oprimidas no tienen la posibilidad de participar del debate público (esto es: si no tienen voz en absoluto); y, en seguida, si, a pesar de contar con esa posibilidad y con relativas facilidades para ser escuchadas, las colectividades oprimidas son sistemáticamente descalificadas y anuladas en su rol político, desconociendo la legitimidad y la veracidad de sus afirmaciones, así como la demanda de justicia detrás de ellas.

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