Partidos políticos

Zedillo y la democracia al margen del pueblo

En su edición de mayo de 2025, la revista Letras Libres publicó un ensayo firmado por quien fuera presidente de México entre diciembre de 1994 y noviembre del año 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León. El texto en cuestión se titula «México: de la democracia a la tiranía». Para no variar, el propio encabezado del documento expone con claridad prístina la que sería su tesis principal: México solía ser una democracia y ahora no únicamente ya no lo es sino que, más grave aún que ello, hoy por hoy es una tiranía.

La idea de fondo aquí, por supuesto, brilla por la simplicidad de los términos en los que es expuesta, pero, también, por ser harto conocida en el país: es el mantra que la oposición al obradorismo, en general; y a la figura política de Andrés Manuel López Obrador, en particular; ha venido repitiendo incansablemente desde principios del siglo XXI para demonizar a ambos, cuando AMLO se convirtió en la personificación de un proyecto de nación alternativo al que hasta entonces oligárquicamente dominaba en el país. Un proyecto alternativo de nación, no sobra subrayarlo, que hizo suyos los reclamos históricos y coyunturales de las capas populares de la población como su fundamento y horizonte de realización.

Para sorpresa de nadie (o quizá de muy pocos), el ensayo de Zedillo se convirtió, de inmediato, en una prolífica fuente de polémicas que, en los días que siguieron a la publicación de la revista que lo auspició, no han dejado de saturar la conversación pública y la agenda de los medios de comunicación (incluyendo ese aberrante y degradado avatar suyo que son las redes sociales), opacando, en muchos casos, otros tantos acontecimientos noticiosos que, aún sin generar tanta estridencia, son de igual o mayor relevancia que la discusión propiciada por las palabras del expresidente mexicano.

La cloaca destapada por Carmen Aristegui, alrededor de las operaciones mediáticas orquestadas en las oficinas de una de las dos más grandes televisoras del país, para no ir más lejos, es ejemplo claro de ello. Más aún cuando la magnitud del silenciamiento del que es víctima el caso parece ser proporcional a la dimensión y la profundidad de los daños que es capaz de causar a múltiples y diversos intereses políticos y empresariales involucrados si lo revelado por la periodista se comprueba y se judicializa.

La centralidad adquirida por el debate alrededor de las palabras de Zedillo, sin embargo, no es producto del azar. En principio, para comprender por qué su escrito ha desatado la vorágine mediática que terminó desatando, lo que no se debería de perder de vista es que él, Ernesto Zedillo, es a menudo considerado como el último de los presidentes priístas del siglo XX que hasta hace poco aún respetaba esa regla no escrita de la cultura política mexicana según la cual, un expresidente debía de abstenerse de hacer declaraciones públicas de cualquier tipo luego de terminar su mandato (en parte, por supuesto, para no propiciar que se le exijan cuentas por lo dicho y lo hecho durante su administración, pero, también, para no dinamitar la autoridad de quien lo sucediera en el puesto). La ruptura de su silencio, en este sentido, aunque no es nueva (pues ya en un par de ocasiones previas había opinado sobre la situación política del país, a puerta cerrada, en cónclaves de las élites empresariales nacionales y extranjeras con intereses en México) sí ha llegado a desencadenar reacciones mediáticas y en el seno de la conversación pública nacional hasta cierto punto inéditas precisamente porque, hasta antes del arribo del panismo a la presidencia de la República, la ruptura del silencio que acompañaba al retiro político era una ofensa que se pagaba caro.

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¿Voto dividido? La 4T contra la teoría política clásica

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El próximo domingo 2 de junio el pueblo de México está convocado a ejercer su derecho ciudadano al voto en unos comicios federales que –estos sí– hasta el momento son los más grandes de la historia, y también unos de los más trascendentes. Lo primero, no sólo por lo mucho que han crecido la población, en general, y el padrón electoral, en particular, sino, asimismo, porque, derivado de la implementación, desde hace varios años, de un conjunto de reformas y de ajustes técnicos en materia político-electoral, este 2024 han terminado por converger, en un mismo día, varias elecciones en los ámbitos municipal, estatal y federal: 20,079 cargos públicos en total, incluyendo la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, aunado a varios congresos locales y regidurías.

Lo segundo, por supuesto, debido a que, dadas las tensiones políticas que deja tras de sí el obradorismo entre los diferentes bloques ideológicos que se disputan el control del gobierno y la dirección del Estado mexicano, este año, como en ningún otro en la historia reciente del país (salvo, quizá, el 2006, cuando el calderonismo le robó al pueblo de México una elección y la posibilidad de sumar al país a la primera ola progresista del continente americano en el siglo XXI ), queda claro que lo que está en juego es mucho más que un mero reparto de cargos de elección popular entre unas élites y otras, habida cuenta de que de fondo se halla la confrontación directa entre dos proyectos de nación: uno indefectiblemente decantado por dar continuidad a la construcción de una sociedad con más y mejores derechos y libertades, más democrática, más igualitaria y con un mayor grado de justicia social; y otro o bien obsesionado con desmantelar lo conseguido a lo largo de estos seis años y restaurar viejos privilegios (materiales y simbólicos por igual) o bien empeñado en hacer avanzar un régimen mucho más cargado hacia la derecha de lo que lo estuvo el bipartidismo de finales del siglo XX y principios de XXI.

Atendiendo a estas coordenadas de la disputa política y cultural contemporánea, pues, queda claro que, por lo menos para ciertas élites empresariales, políticas, cultuales, intelectuales, etc., y para amplios sectores populares, no es menor la apuesta que está en juego ni baladí el futuro que se arriesga. Cobrar conciencia de ello, en última instancia, es lo que ha impulsado que, en días recientes, se agudizara aún más una discusión que si bien ha estado presente en el debate público desde que comenzaron las campañas electorales hace un par de meses, ha sido hasta apenas en estos días inmediatamente previos a las votaciones que ha adquirido toda su importancia, dimensión y magnitud reales. A saber: el debate sobre la configuración de los pesos y los contrapesos entre los tres líderes de la Unión y la naturaleza de las relaciones que establecerán entre sí a lo largo de, por lo menos, los siguientes tres años (en el entendido de que la Cámara de Diputados y Diputadas, así como un puñado de gubernaturas, habrán de renovarse a la mitad del próximo sexenio, alterando, nuevamente, las correlaciones de fuerzas en ejercicio del poder político).

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MORENA 2024: ¿Por qué ir en alianzas?

El próximo viernes 1° de marzo inicia, legalmente, el periodo de campañas electorales dentro del cual los partidos políticos con registro oficial se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular correspondientes a los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Y si bien es verdad que sólo en ocho de las 32 entidades federativas que componen a la República se elegirán gubernaturas, en prácticamente todas ellas está en juego la renovación de presidencias municipales, de congresos locales y de diputaciones y senadurías federales.

En términos de la lógica operativa de los partidos políticos en competencia, los mayores o menores grados de éxito alcanzados en cada una de estas escalas territoriales se traducen, respectivamente, en una mayor o en una menor capacidad para movilizar al electorado durante los periodos comiciales, en la medida en la que contar con perfiles populares entre la ciudadanía implica no sólo el aseguramiento de su simpatía, su adherencia o militancia para la causa sino, asimismo, disposición de recursos y de infraestructura, posibilidades de organización y de defensa del voto, formación de bases sociales de apoyo, etcétera. Esto, por supuesto, en virtud de que, al fortalecer su presencia y al intensificar su trabajo territorial de base, los partidos cuentan con mayores chances de comprometer el sufragio de las y los votantes en favor de sus siglas.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador, en 2018; y el estrepitoso desmoronamiento del sistema tradicional de partidos (conformado por Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática), a lo largo del último sexenio, son evidencia de ello. Y hoy, en la dirigencia nacional de MORENA, en particular, desde las elecciones nacionales intermedias, de 2021, cuando se renovaron diputaciones federales y 14 gubernaturas, parece haber cobrado nuevos bríos la conciencia sobre la importancia que en la definición de la política nacional y, sobre todo, en el aseguramiento de la continuidad de la 4T como proyecto transexenal, tienen el bajar la política a nivel de calle, a los espacios más próximos a la realidad de la ciudadanía, y el aterrizarla en agendas que impacten, en el corto y el mediano plazos, en una mejoría sustancial de sus condiciones de vida cotidiana.

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