México acaba de atravesar por uno de sus más grandes procesos electorales, no sólo por el tamaño de los comicios, el número de cargos disputados y el costo económico que representaron, sino, asimismo, por todo lo que políticamente se jugó en dichas elecciones para el porvenir del proyecto de nación que se inauguró en las presidenciales de 2018. Y, sin embargo, a pesar de esa enormidad, será la Consulta Popular —prevista para celebrarse el próximo primero de agosto del año en curso— la experiencia de participación ciudadana en la que, en verdad, se pondrá a prueba la viabilidad transexenal de eso que se asume a sí misma como una Cuarta Transformación de la vida pública nacional, toda vez que, de los resultados que se obtengan en ella dependerá la posibilidad de afianzar, en los años por venir, una propuesta de gobierno transexenal, con marcados rasgos de izquierda o, por lo contrario, una violenta reacción de los intereses que se vean afectados por la Consulta, abriendo la puerta a que en el país se experimente un escenario político muy parecido al que en el Sur de América se ha venido presenciando, a lo largo del último lustro, de la mano del golpismo en todas sus formas y variantes.
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