En vísperas de que comience el proceso electoral de medio término (2026-2027), el próximo diez de septiembre del año en curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 82°, 116° y 122°, normativos de los requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ejercer su derecho a ser electa como presidente/a, gobernado/a y jefe/a de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. El fondo de la cuestión, en todos los casos, es hacer mandato constitucional la prohibición de que cualquier candidato o candidata que se postule, en el marco de un proceso electoral, a cualquiera de esos cargos, cuente con una doble nacionalidad; es decir, se trata de prohibir que se cuente con una nacionalidad (cualquiera que ésta fuere) además de la mexicana.

En principio, la propuesta parece, además de desmedida, desconcertante. ¿Por qué ahora?, ¿qué situación particular de especial preocupación ha captado la atención de la presidenta que, sin mediar fundamentación alguna como ha sucedido con otras de sus propuestas legislativas, ha decidido lanzarse, de manera tan decidida e insistente, en contra de la posibilidad de que los individuos que ejerzan esos tres cargos de elección popular cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana?

El argumento de que la iniciativa de reforma constitucional en cuestión tiene dedicatoria en contra del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) y entusiasta aspirante a presidir México a partir de 2030, Francisco Javier García Cabeza de Vaca  (quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense) no parece suficiente como para justificar la dimensión del cambio que, de aprobarse, la iniciativa presidencial arrastraría tras de sí en materia de ampliación de los derechos políticos de los que gozan los mexicanos y las mexicanas. Y es que, en efecto, no da la impresión de ser, ésta, causa suficiente para motivar un cambio constitucional como el que se propone, entre otras cosas, porque, aunque todavía faltan un par de años para que ese proceso electoral comience y en el ínterin cualquier cantidad de sucesos imponderables podría modificar la correlación de fuerzas actual en contra de la presidenta Sheinbaum y de su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), hoy por hoy, el exmandatario cuenta con una carpeta de investigación abierta por su presunta participación en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien, que se halle sujeto a investigación, por supuesto, no quiere decir que, por esa sencilla razón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya perdido el goce de sus derechos políticos de acuerdo con la normatividad vigente en México. Su situación, además, se podría esclarecer en cualquier momento (¡y hasta podría resultar inocente de todos los delitos que se le imputan!), por lo que no hace mucho sentido que la presidenta de México, teniendo en agenda un cúmulo de problemas que resolver mucho más apremiantes que el de ―supuestamente― bloquear las aspiraciones presidenciales de un político con doble nacionalidad, le dedique si quiera una parte modesta de su energía y de su capital político a una reforma que, eventualmente, las fuerzas de oposición a su gobierno no tardarán en calificar, también, de autoritaria; una medida desesperada del régimen ante el que podría ser el líder político que la oposición no ha sabido engendrar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018.

Y es que sí, sin duda el hecho de que hasta el momento Cabeza de Vaca haya podido eludir a la justicia mexicana, aprovechándose de su nacionalidad estadounidense (lo que le ha permitido refugiarse en Texas, desde donde quiere hacer campaña para presidir México), es un problema que las autoridades mexicanas tienen que atender y resolver. Sin embargo, la naturaleza de ese problema tiene mucho más que ver con la impartición y la procuración de justicia por la presunta comisión de delitos federales que con la remota posibilidad de que un político sin mucha relevancia en el escenario mexicano gane la presidencia de México en 2030.

Si acaso, a este respecto, las razones de mayor peso que podría tener Sheinbaum podrían redundar en el temor de que, como ha pasado recientemente en otros países de América, la actual administración estadounidense decida aprovechar la doble nacionalidad del panista para, eventualmente, impulsarlo como su principal alfil de oposición ante cualquier posibilidad de que el proyecto de la 4T continúe por un sexenio más (aun si esa posibilidad implica que un personaje como Marcelo Ebrard llegue a la presidencia de la República a atemperar las tendencias más populares y radicales del obradorismo). Podría suceder, de eso no cabe duda; menos aun cuando el trumpismo ha manifestado su voluntad de barrer con cualquier proyecto  progresista en América valiéndose, para ello, si es necesario, o bien del recurso de las armas y las intervenciones militares sustentadas en fantasías criminales (como sucedió en Venezuela), o bien de la instauración y del retesamiento de criminales bloqueos económicos (como con Cuba), o bien apelando a los mucho más tradicionales mecanismos de interferencia electoral a través del financiamiento de campañas, la organización y la movilización de la ciudadanía (mediante ONGs, ACs y Think Tanks) y las presiones diplomáticas en contra de autoridades y perfiles candidateables (de lo que son ejemplos paradigmáticos Argentina y, más recientemente, Colombia).

La cuestión de fondo es que, aunque esa posibilidad existe, Cabeza de Vaca sencillamente no parece contar con el capital político que se necesita para catalizar y aprovechar todo el potencial que un eventual respaldo del trumpismo en su favor podría concederle. Y es ahí, quizá, en donde la presidenta de México podría estar observando la existencia de un vacío legal y constitucional que se podría convertir en un serio desafío político-electoral a futuro, no tanto por el exgobernador de Tamaulipas sino, antes bien, por cualquier otro perfil de oposición que sí cuente con todo aquello que el panista tamaulipeco no cuenta para hacer florecer una auténtica candidatura de oposición con posibilidades creíbles de triunfo electoral.

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Actualmente, dicho sea de paso, ese perfil definitivamente no ha emergido de entre las filas de las fuerzas políticas de oposición a la 4T. Crearlo desde cero, por otra parte, requeriría una enorme movilización de recursos por parte de Estados Unidos y de sus aliados en México que, por ahora, la administración de Donald Trump no parece estar dispuesta a asumir como un costo razonable por cambiar el signo político del gobierno federal mexicano. Sobre todo cuando, aun siendo de izquierda, el que actualmente se halla al frente del Estado mexicano ha demostrado ser un aliado competente y eficaz del trumpismo; capaz de operacionalizar con resultados positivos de sobra algunas de las exigencias más incisivas del presidente estadounidense y de su gabinete.

La cuestión es que, a juzgar por lo acontecido en el reciente proceso electoral colombiano, la presidenta de México no parece estar dispuesta a asumir la posibilidad de que un riesgo así emerja hacia la segunda mitad de su mandato, sobre todo si existe (por diminuta que sea) la probabilidad de que, tras los comisionados de medio término en el país, la fuerza legislativa de MORENA se vea mermada, por lo menos lo suficiente como para que en lo sucesivo se vuelva mucho más complicado de lo que ya lo es el poder aprobar iniciativas de reforma a la Constitución. Abelardo de la Espriella, después de todo, ha dado muestras de que, cuando se cuenta con la nacionalidad estadounidense y se gobierna un país americano, los niveles que puede llegar a alcanzar el servilismo de mandatarios en tal circunstancia pueden ser insospechados. Y el trumpismo, por supuesto, no ha mostrado empacho alguno al momento de aprovechar lo que se le coloca en bandeja de plata para saciar sus intereses, sus filias y fobias en la región. Su fortaleza real, así, siempre ha dependido menos de sus propias capacidades que de la debilidad de los gobiernos americanos; lo mismo ahora que en su primer cuatrienio (2017-2021).

Puestas así las cosas, la propuesta de la presidenta de México parece razonable (aunque no por ello menos exagerada dados los resultados objetivos que podría obtener de ella). Más aún cuando por todas partes de Occidente (América incluida) gobiernos de extrema derecha emergen con agendas profundamente nacionalistas (hasta extremos xenófobos) que saben capitalizar como bono electoral (circunstancial, coyuntural o militante, da igual). Pero si ésta es, no obstante, la razón detrás de la iniciativa constitucional enviada por la presidenta al Congreso, habría que objetar, por lo menos, que, a la luz de la historia política reciente de México y del resto de América (por lo menos de los últimos cincuenta años), en ningún caso ha hecho falta que las mandatarias y los mandatarios en turno en cada uno de los Estados americanos goce de la nacionalidad estadounidense para entregar los sectores estratégicos de sus respectivos países en charola de plata a los capitales estadounidenses. Tampoco se ha necesitado que estas figuren cuenten con la doble nacionalidad estadounidense para plegarse a la política exterior de ese Estado y, en lo fundamental, ajustar sus propios intereses nacionales a las necesidades del momento de la agenda de seguridad nacional estadounidense (independientemente de que el inquilino de la Casa Blanca sea Demócrata o Republicano).

En el caso mexicano, por ejemplo, lo más que se necesitó para subastar las riquezas del país a los mejores postores estadounidenses, desde finales de los años ochenta y hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, fue que los perfiles de quienes se terminaron convirtiendo en las figuras presidenciales del país se formaran en las Universidades estadounidenses y vieran, en la compraventa de México, una oportunidad para incrementar su propia riqueza. Y en ninguno de estos casos hizo falta que mediara la doble nacionalidad. Desde esta óptica, la iniciativa de reforma de Sheinbaum podría muy bien responder a necesidades mucho más vinculadas con el imperativo de atizar entre las masas y algunos círculos políticos el tradicional nacionalismo mexicano (por lo demás, profundamente reactivo ante el estadounidense) en momentos en los que de a poco se han ido normalizando las amenazas, las presiones y los excesos del trumpismo en el seno de la discusión política nacional. De ahí que, más que distractor, este gesto pudiese pretender reactivar cierto grado de movilización de las bases sociales, políticas y electorales de apoyo de la presidenta que ya hace tiempo que no se observa. 

Claudia Sheinbaum, después de todo, ha resistido con entereza las intimidaciones y los abusos (aunque sean verbales) proferidos en su contra por Donald Trump. Sin embargo, que hasta ahora ello haya sido así y que ahora mismo el trumpismo esté enfocando toda su atención en hostilizar a otros actores de la comunidad internacional no quiere decir que la presidenta de México no deba de cobrar conciencia de que el cerco regional en contra de las fuerzas de izquierda americanas se sigue estrechando cada vez más y más (gracias, sobre todo, a las gestiones diplomáticas de Marco Rubio), dejándola, a ella sola, en el exterior, frente a una horda de gobiernos de extrema derecha que la desprecian y, en el interior, ante un escenario político que, es verdad, aún carece de una oposición suficiente como para meter en problemas a MORENA, pero en el que no escasean ni las debilidades ni las divisiones ni los errores producto del pragmatismo en el corazón mismo del Movimiento de Regeneración Nacional. 

Ante un panorama así, parece, por lo menos, sensato apelar al tradicional nacionalismo mexicano como una medida de contención ante las dificultades que se puedan presentar en los días, los meses y los años por venir, cuando se pondrá a prueba la capacidad de la presidenta de México para consolidar su propio proyecto de continuidad sexenal. Qué tanto esta iniciativa de reforma constitucional consiga resultados de esa magnitud es, sin embargo, una incógnita aún por despejar.

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