En vísperas de que comience el proceso electoral de medio término (2026-2027), el próximo diez de septiembre del año en curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 82°, 116° y 122°, normativos de los requisitos que se deben de cumplir para que una persona pueda ejercer su derecho a ser electa como presidente/a, gobernado/a y jefe/a de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. El fondo de la cuestión, en todos los casos, es hacer mandato constitucional la prohibición de que cualquier candidato o candidata que se postule, en el marco de un proceso electoral, a cualquiera de esos cargos, cuente con una doble nacionalidad; es decir, se trata de prohibir que se cuente con una nacionalidad (cualquiera que ésta fuere) además de la mexicana.

En principio, la propuesta parece, además de desmedida, desconcertante. ¿Por qué ahora?, ¿qué situación particular de especial preocupación ha captado la atención de la presidenta que, sin mediar fundamentación alguna como ha sucedido con otras de sus propuestas legislativas, ha decidido lanzarse, de manera tan decidida e insistente, en contra de la posibilidad de que los individuos que ejerzan esos tres cargos de elección popular cuenten con una nacionalidad adicional a la mexicana?

El argumento de que la iniciativa de reforma constitucional en cuestión tiene dedicatoria en contra del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) y entusiasta aspirante a presidir México a partir de 2030, Francisco Javier García Cabeza de Vaca  (quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense) no parece suficiente como para justificar la dimensión del cambio que, de aprobarse, la iniciativa presidencial arrastraría tras de sí en materia de ampliación de los derechos políticos de los que gozan los mexicanos y las mexicanas. Y es que, en efecto, no da la impresión de ser, ésta, causa suficiente para motivar un cambio constitucional como el que se propone, entre otras cosas, porque, aunque todavía faltan un par de años para que ese proceso electoral comience y en el ínterin cualquier cantidad de sucesos imponderables podría modificar la correlación de fuerzas actual en contra de la presidenta Sheinbaum y de su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), hoy por hoy, el exmandatario cuenta con una carpeta de investigación abierta por su presunta participación en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora bien, que se halle sujeto a investigación, por supuesto, no quiere decir que, por esa sencilla razón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya perdido el goce de sus derechos políticos de acuerdo con la normatividad vigente en México. Su situación, además, se podría esclarecer en cualquier momento (¡y hasta podría resultar inocente de todos los delitos que se le imputan!), por lo que no hace mucho sentido que la presidenta de México, teniendo en agenda un cúmulo de problemas que resolver mucho más apremiantes que el de ―supuestamente― bloquear las aspiraciones presidenciales de un político con doble nacionalidad, le dedique si quiera una parte modesta de su energía y de su capital político a una reforma que, eventualmente, las fuerzas de oposición a su gobierno no tardarán en calificar, también, de autoritaria; una medida desesperada del régimen ante el que podría ser el líder político que la oposición no ha sabido engendrar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018.

Sigue leyendo →