Los hechos: el lunes 13 de julio, la prensa mexicana dio a conocer los fragmentos de lo que se presumía era una conversación privada sostenida a principios de este 2026 por la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en los que se la escucha abordar temas personales, de seguridad y de política nacional. En comunicado oficial emitido el mismo día por la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, la mandataria confirmó la autenticidad de la filtración afirmando que «los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada». (En tiempos de inteligencias artificiales capaces de suplantar la identidad de cualquier persona, la corroboración no es superflua).

Ahora bien, en ese mismo comunicado, el gobierno de la entidad sostuvo que los interlocutores de la mandataria en esos audios son «personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación». Un día después, el martes 14 de julio, sin embargo, en su habitual conferencia de prensa matutina, la gobernadora rectificó lo sostenido por su Oficina de Comunicación Social y precisó que los interlocutores de las conversaciones filtradas en realidad fueron unas personas a las que ella recibió de buena fe porque le habían manifestado su intención de apoyar (no se sabe si a ella o a su gobierno ni en qué temas se brindaría tal apoyo). Estos, además, de acuerdo con la nueva versión de los hechos narrada por la mandataria, habían sido apadrinados por el exgobernador de la entidad (su antecesor inmediato y enemigo jurado), Jaime Bonilla, quien directamente le habría pedido a Marina del Pilar que los recibiera.

Un día después de esta declaración (el 15 de julio), como no podía ser de otro modo, el exgobernador Bonilla emitió su propio comunicado, a través del Partido del Trabajo (su partido y aliado formal del Movimiento de Regeneración Nacional, del que es militante Ávila Olmeda), señalando su rechazo categórico a las acusaciones hechas por su sucesora en el cargo. Y sentenció: «es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora».

En el interín, dicho sea de paso, cuando el tema llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo tomó posición clara en el tema y sostuvo dos apreciaciones básicas. La primera de ellas es que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos (quien facilitó la operación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad antinarcóticos en territorio nacional), lo de la gobernadora de Baja California no daba como para acusarla, a ella también, de haber violado las leyes mexicanas en materia de seguridad nacional. La razón de fondo de esta distinción, explicó la presidenta, tendría que ver con el hecho de que Marina del Pilar únicamente habría manifestado su voluntad de actuar en el futuro, y restringiendo dicha cooperación a un mero intercambio de información (que no es, per se, violatorio de las leyes mexicanas cuando se conduce por los cauces institucionales de oficio). El segundo argumento esgrimido por la presidenta en defensa de la gobernadora de Baja California es que, hasta el momento, no se sabe si las personas con las que habló en verdad son agentes extranjeros o no. En última instancia, sentenció: Marina del Pilar ya había dado una explicación y, si se tiene que investigar algo más adelante, que se investigue. Punto.

A la presidenta la respaldó el encargado de la seguridad pública federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcí Harfuch, quien sostuvo que, a partir de lo que es posible escuchar en los audios filtrados, «no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no sólo autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad; si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando».

La razón de que los audios escalaran de nivel tan rápido en la discusión pública y de que el gobierno federal de México interviniera con prontitud en el debate mediático que ya comenzaba a originarse alrededor de ellos tiene que ver con el hecho de que, en los audios, la gobernadora de Baja California manifiesta toda su intención de cooperar con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, llegando a ofrecer, inclusive, información que ella llegue a escuchar en las mesas de seguridad. Estas mesas, recuérdese, de acuerdo con la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública, publicada en julio del 2025, son «instancias de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones de las entidades federativas en materia de seguridad pública» (Art. 37).

A dichas mesas, de acuerdo con la ley, asisten: 1) el Poder Ejecutivo de la entidad federativa, quien la presidirá; 2) la secretaría de seguridad pública u homóloga; 3) la secretaría de gobierno u homóloga; 4) la fiscalía u homóloga; 5) la policía de investigación u homóloga; 6) las representaciones de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en la región y, en su caso, de la zona naval; 7) la estación estatal del Centro Nacional de Inteligencia; 8) los Centros de Comando y Control; 8) la delegación de los programas de bienestar del gobierno federal en la entidad federativa, y, 9) la representación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, quien fungirá como la secretaría técnica (Art. 40).

En estas mesas ―que por mandato legal sesionan ordinariamente todos los días hábiles, y, de forma extraordinaria, las veces que convoque su presidencia―, los objetivos que se persiguen son, entre otros:

1) conocer y analizar los datos relacionados con los delitos de alto impacto, así como las tendencias de incidencia delictiva a nivel de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

2) analizar los casos de alto impacto ocurridos a nivel de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

3) coordinar las acciones de gobierno orientadas a la atención a las causas de las violencias y la construcción de la paz;

4) informar de las acciones operativas relevantes llevadas a cabo por las instituciones que lo conforman;

5) informar de los asuntos relevantes en materia de gobernabilidad de la entidad federativa y sus municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda;

6) diseñar e implementar acciones operativas;

7) evaluar de forma permanente la estrategia de seguridad pública de la entidad federativa, así como los resultados y las acciones operativas implementadas; y,

8) coordinar acciones con la Fiscalía General de Justicia y el poder judicial de la entidad federativa (Art. 41).

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Como se alcanza a apreciar, y contrario a lo expresado por el secretario de seguridad federal, estas mesas son todo, menos carentes de sentido estratégico y contenido sensible, pues su principal objeto de intervención son delitos de alto impacto (como el homicidio doloso, el secuestro, el robo con violencia, el cobro de piso, la extorsión, etc.) y de ellas depende la correcta atención operativa de las principales actividades delictivas que afectan la vida cotidiana de la población mexicana. Puede ser que, en efecto, en ellas no se trate el desarrollo de operaciones de captura o de abatimiento de grandes líderes del crimen organizado en territorio nacional, pero la diversidad y la importancia de los asuntos que abordan son suficientes como para que en ellas se juegue la paz y la gobernabilidad de los municipios que conforman al país. Gracias a estas mesas se ha reducido en un 45% la incidencia del homicidio doloso en el país, por decir algo.

Dadas las reiteradas acusaciones provenientes de Estados Unidos, en las que se señala al gobierno de México como un colaborador sistemático de los cárteles del narcotráfico; el affaire de Maru Campos y la DEA, en Chihuahua; la irresuelta situación política y jurídica de algunos otrora hombres fuertes de la 4T (como Adán Augusto López), señalados de colusión con el crimen organizado, y la centralidad que las mesas de seguridad y de paz tienen en la estrategia del actual gobierno mexicano en la estrategia de combate a la inseguridad, de mitigación de la violencia armada en el país y de restauración de la paz en el territorio nacional, no sorprende pues, que los audios de Marina del Pilar tuvieran todo lo necesario para convertirse en un escándalo político, o por lo menos mediático. Más aún cuando, al parecer, la situación de la mandataria bajacaliforniana se viene arrastrando desde mayo de 2025, como consecuencia de la decisión tomada por parte de las autoridades estadounidenses de retirar la visa a la gobernadora, acusándola de ser un posible objetivo de la justicia estadounidense en materia de combate al narcotráfico en el país.

Ahora bien, más allá de lo patética que resulta la facilidad con la que Estados Unidos es capaz de amedrentar a la clase política mexicana con la simple expedición o el retiro de sus visas, en este caso, al parecer, lo auténticamente grave de la situación tiene que ver menos con la facilidad con la que la gobernadora ―de ser ciertos sus dichos― puede ser engañada por cualquier persona en un acto de suplantación de identidad de agentes federales estadounidenses y más con la reacción del gobierno federal ante una situación de este tipo.

Y es que, en efecto, independientemente de si Marina del Pilar fue engañada y sus interlocutores no eran, en verdad, agentes gubernamentales de Estados Unidos, cualquiera que escuche los audios filtrados no puede más que quedar sinceramente perplejo por el nivel de servilismo desplegado por la mandataria, al grado tal que, con justeza, cualquiera podría preguntarse o bien a qué le teme la gobernadora que estuvo dispuesta a ceder tanto en temas tan sensibles para México o bien cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos sea capaz de ejercer tanta presión sobre la clase política mexicana simplemente con su política de visado. Legítimamente, la gobernadora podría argumentar que su actitud ante los presuntos agentes estadounidenses se derivó del temor a ser víctima de un acto de injerencia como los que el gobierno de Donald Trump ha desplegado este año en Venezuela o en Irán. O, para no ir más lejos, como la operación encubierta en la que, en territorio mexicano, se secuestró a uno de los principales líderes históricos del negocio del narcotráfico en México, Ismael Sambada García, en julio de 2024.

Suponiendo, sin conceder, que éste haya sido el motivo detrás de los compromisos que manifestó tener voluntad de adquirir con el gobierno de Estados Unidos hacia el futuro (más aún cuando en abril de este año el gobierno de Estados Unidos formalizó una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otra decena de servidores y exservidores públicos de Sinaloa, por presuntos nexos con el narcotráfico), lo que no deja de ser reprobable de la voluntad manifiesta de la gobernadora es que ésta optase por darle cause al asunto poniendo por delante información sensible en materia de seguridad pública para México en lugar de exponer públicamente el caso y, valiéndose del hecho de que es una funcionaria salida del mismo partido del que hace parte la presidenta de México, buscar el respaldo del Estado mexicano (justo cuando la presidenta ha optado por endurecer sus posturas en contra de las exigencias estadounidenses en materia de seguridad y de defensa).

Atendiendo a la respuesta que dio a medio el gobierno de México ante esta situación, por otra parte, lo que resulta inaudito es la defensa pública que se ha hecho de la actuación de la gobernadora por parte de la presidenta y de su secretario de seguridad, buscando restarle importancia y gravedad a los hechos, sin prestar la debida atención a un cálculo político elemental: ¿y si los interlocutores de la gobernadora sí eran agentes estadounidenses presionándola?, ¿y si en la actual estrategia de política exterior de Estados Unidos Marina del Pilar no es la única servidora pública a la que se está presionando como al parecer se la está presionando a ella? ¿Cuántos escándalos más como estos puede resistir la legitimidad y la aprobación de la 4T ―no de la presidenta, sino del movimiento político que ella lidera― antes de que comience a mostrar síntomas de fatiga ―aún si al final de cuentas de no se comprueba nada y todo queda en el escándalo?, ¿qué tanto más tendrá que apostar la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de su propio capital político para contrarrestar los asedios que sufran otras figuras públicas salidas del Movimiento de Regeneración Nacional y en qué medida ello minará su proyecto de continuidad sexenal hacia 2030?

Más aún, inclusive si Marina del Pilar no tiene nada que temer ni ante la justicia mexicana ni ante la estadounidense, la presidencia de México no puede darse el lujo de perder de vista que, producto de su política partidista de los últimos siete años, en el Movimiento de Regeneración Nacional han encontrado espacio, se han abierto camino y se han acogido a figuras políticas de cuestionable integridad ética ―por decir lo menos―. ¿Es que acaso, cuando la insistencia estadounidense ejerza presión en los puntos correctos, señalando a figuras públicas con un indefendible pasado ―o presente― se seguirá optando por arropar a capa y espada a esos personajes con tal de que el intervencionismo estadounidense no haga de las suyas en el país?

La pregunta en cuestión no es, en absoluto, simple retórica. Hasta el momento, minimizar, defender o dejar pasar ―hasta que desaparezcan de la agenda de los medios― los casos en los que se señalan presunciones de corrupción o de colusión criminal por parte de servidores públicos salidos de las filas de MORENA parece ser la política oficial de contención de daños del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y lo cierto es que no es para menos. Descontando todas las acusaciones falsas o que hacen parte de estrategias de lawfare, por un lado, optar por esta salida es lo que ha permitido al gobierno de México mitigar, contener o contrarrestar las intentonas de injerencismo de un Estados Unidos que fue capaz de secuestrar a un presidente en funciones en Venezuela ondeando la bandera de la lucha antinarcóticos para, acto seguido, confesar en el seno de su sistema de justica que el cartel del que se acusó ser líder al susodicho presidente nunca existió. Por el otro, estas mismas tres estrategias son las que parecen ayudar al gobierno de Sheinbaum a mantener estable y operando a la alianza y al amplísimo movimiento/partido que es MORENA dejando en claro que, aunque le cueste parte de su capital político, la presidenta no está dispuesta a entregar la cabeza de nadie de su movimiento a Estados Unidos si con ello las figuras políticas que hacen parte del Movimiento mantienen firme su lealtad.

Dada la fragilidad de los lazos que actualmente mantienen unido al Movimiento y a la alianza partidista, después de todo, parece ser que, en caso de que la presidenta de México decidiese entregar la cabeza de figuras públicas a la justicia estadounidense, ni en MORENA ni en los otros dos partidos que hacen parte de la coalición se podría garantizar la cohesión necesaria como para que la 4T sostenga su fortaleza política en los años por venir. En un escenario así ―y mientras más se desgaste la aprobación popular de la presidenta―, por ejemplo, nada evitaría que un Ricardo Monreal organice a sus huestes en un bloque interno abiertamente opositor o rupturista, si con ello son capaces de chantajear al resto del Movimiento para ensanchar sus cuotas de poder hacia 2030 y más allá.

Llegada la discusión a este punto, por ello, lo que ya parece ser una obviedad que demanda urgente atención por parte de la 4T es que, a propósito del proceso electoral de medio término que se avecina en México, MORENA (y por extensión, la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista) ahora sí eche a andar procesos de auscultación de sus candidaturas que garanticen un piso mínimo de integridad ética y política en lugar de privilegiar la fama y la popularidad a toda costa con tal de ganarlo todo en cada elección al que se presente a competir. Y de paso también sería importante que preste atención a la necesidad que tiene de formar cuadros propios en vez de ir por todo el territorio nacional reciclando perfiles de otros partidos, con historiales de servicio público que más adelante se puedan convertir en un peligro, lavándoles la cara únicamente porque se pusieron la camiseta e hicieron un acto de conciencia o un diplomado de una semana sobre los principios y valores del obradorismo.

Y es que, aunque es verdad que nada de ello garantiza que las élites estadunidenses hoy forjadas al calor del trumpismo (lo mismo republicanas que demócratas) no seguirán presionando a México con mentiras, con medias verdades o verdades completas en los años por venir si sus intereses nacionales están en juego, garantizar la integridad de los perfiles políticos salidos de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional sí, por lo menos, ayudará a mitigar, contener y contrarrestar el daño que potencialmente se podría hacer ante otro esfuerzo de intervención extranjera, además de fortalecer la cohesión interna del movimiento de manera orgánica y, tangencialmente, comenzar a colocar en puestos clave a servidores públicos que resistan, también, las presiones del crimen organizado en el país.

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