En su edición de mayo de 2025, la revista Letras Libres publicó un ensayo firmado por quien fuera presidente de México entre diciembre de 1994 y noviembre del año 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León. El texto en cuestión se titula «México: de la democracia a la tiranía». Para no variar, el propio encabezado del documento expone con claridad prístina la que sería su tesis principal: México solía ser una democracia y ahora no únicamente ya no lo es sino que, más grave aún que ello, hoy por hoy es una tiranía.

La idea de fondo aquí, por supuesto, brilla por la simplicidad de los términos en los que es expuesta, pero, también, por ser harto conocida en el país: es el mantra que la oposición al obradorismo, en general; y a la figura política de Andrés Manuel López Obrador, en particular; ha venido repitiendo incansablemente desde principios del siglo XXI para demonizar a ambos, cuando AMLO se convirtió en la personificación de un proyecto de nación alternativo al que hasta entonces oligárquicamente dominaba en el país. Un proyecto alternativo de nación, no sobra subrayarlo, que hizo suyos los reclamos históricos y coyunturales de las capas populares de la población como su fundamento y horizonte de realización.

Para sorpresa de nadie (o quizá de muy pocos), el ensayo de Zedillo se convirtió, de inmediato, en una prolífica fuente de polémicas que, en los días que siguieron a la publicación de la revista que lo auspició, no han dejado de saturar la conversación pública y la agenda de los medios de comunicación (incluyendo ese aberrante y degradado avatar suyo que son las redes sociales), opacando, en muchos casos, otros tantos acontecimientos noticiosos que, aún sin generar tanta estridencia, son de igual o mayor relevancia que la discusión propiciada por las palabras del expresidente mexicano.

La cloaca destapada por Carmen Aristegui, alrededor de las operaciones mediáticas orquestadas en las oficinas de una de las dos más grandes televisoras del país, para no ir más lejos, es ejemplo claro de ello. Más aún cuando la magnitud del silenciamiento del que es víctima el caso parece ser proporcional a la dimensión y la profundidad de los daños que es capaz de causar a múltiples y diversos intereses políticos y empresariales involucrados si lo revelado por la periodista se comprueba y se judicializa.

La centralidad adquirida por el debate alrededor de las palabras de Zedillo, sin embargo, no es producto del azar. En principio, para comprender por qué su escrito ha desatado la vorágine mediática que terminó desatando, lo que no se debería de perder de vista es que él, Ernesto Zedillo, es a menudo considerado como el último de los presidentes priístas del siglo XX que hasta hace poco aún respetaba esa regla no escrita de la cultura política mexicana según la cual, un expresidente debía de abstenerse de hacer declaraciones públicas de cualquier tipo luego de terminar su mandato (en parte, por supuesto, para no propiciar que se le exijan cuentas por lo dicho y lo hecho durante su administración, pero, también, para no dinamitar la autoridad de quien lo sucediera en el puesto). La ruptura de su silencio, en este sentido, aunque no es nueva (pues ya en un par de ocasiones previas había opinado sobre la situación política del país, a puerta cerrada, en cónclaves de las élites empresariales nacionales y extranjeras con intereses en México) sí ha llegado a desencadenar reacciones mediáticas y en el seno de la conversación pública nacional hasta cierto punto inéditas precisamente porque, hasta antes del arribo del panismo a la presidencia de la República, la ruptura del silencio que acompañaba al retiro político era una ofensa que se pagaba caro.

Luego, con el cambio de siglo llegaron personajes como Vicente Fox y Felipe Calderón, y aquella regla de etiqueta de la cultura política posrevolucionaria quedó reducida al absurdo, convertida en una caricatura de sí misma, en tanto que no sólo perdió vigencia sino que, aunado a ello, fue convertida en el más extravagante de los cinismos por ambos exfuncionarios. De ahí que, aunque Zedillo no es el primer expresidente vivo en opinar públicamente sobre la vida política del país, la ruptura de su silencio, sus declaraciones, en ningún contexto sean recibidas e interpretadas con la misma naturalidad con la que hasta el sol de hoy sí se asumen las de los dos expresidentes panistas, como las tantas con las que el guanajuatense ha caído en el ridículo (amén de su afición a las redes sociales) y como aquellas que el michoacano ha tenido que emitir o bien para justificar su ineptitud o bien para negar su culpabilidad en los caos en los que sus principales subordinados han sido enjuiciados y sentenciados en Estados Unidos por la comisión de delitos ligados al crimen organizado.

En segunda instancia, tampoco habría que obviar que la artificial influencia del texto de Zedillo en el debate público nacional también se debe, sobre todo, al hecho de que, entre sus correligionarios (los priístas, principalmente, pero no sólo), parece no quedar en pie ni una sola voz inteligente y con autoridad moral y política suficientes ya no se diga para organizar y cohesionar posturas entre la oposición al gobierno en turno, al partido mayoritario (MORENA) y al obradorismo sino, ni siquiera, para expresar con coherencia y con algún grado de eficacia instrumental, operativa y/o programática una visión distinta de México, de su economía, su cultura, su política, su historia, etcétera.

Ante tal orfandad en la que se halla la oposición, por ello, los dichos de Zedillo se presentan a tantos personajes de la vida política contemporánea en el país como un asidero al que se puedan anclar para no seguir perdiendo relevancia política en los años por venir. Y uno, además, que, a juzgar por la recepción que la oposición ha hecho de sus palabras, es abrazado con mucha mayor fuerza en tanto que se lo concibe como ajeno a los desfiguros en los que incurrieron panistas, priístas y perredistas en los últimos años, bajo la sombra de López Obrador. Zedillo, en esta línea de ideas, contaría con aquello con lo que ya no cuentan las personalidades más visibles (que no liderazgos) de los partidos que hoy se encuentran en la oposición: autoridad intelectual, política y hasta moral. No es azarosa, por ello, la reivindicación de la que hoy es objeto su figura como la encarnación de todo aquello que durante su sexenio no fue en los hechos: la del presidente democratizador, modernizador y desarrollista; respetuoso de la legalidad, garante de la no impunidad y defensor de causas justas.

Dicho lisa y llanamente: si el descrédito de la oposición al obradorismo (y, por extensión, a MORENA y al gobierno de Claudia Sheinbaum) no tuviese la magnitud que actualmente tiene, las palabras de Ernesto Zedillo en realidad no cobrarían relevancia alguna en la agenda pública y de los medios de comunicación. Después de todo, aunque Zedillo articuló sus ideas con mucho mayor refinamiento intelectual, en comparación, por ejemplo, con la forma en que tradicionalmente se han expresado impresentables como Carlos Marín, Enrique Krauze, Pablo Hiriart, Héctor Aguilar Camín, Carlos Alazraki, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y un larguísimo etcétera; en el fondo, lo que el expresidente dice acerca de la democracia en México no es distinto de lo que una día sí y otro también, desde hace años, han venido diciendo estos personajes.

Piénsese, para no ir más lejos, en que todos ellos, en efecto, han decretado la muerte de la democracia en México a partir del sexenio de Andrés Manuel (algunos, inclusive, desde los años López Obrador en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios del siglo). A a todos los hermana, también, su afición por calificar a AMLO como déspota, tirano, dictador, populista, demagogo, autoritario, etc., a menudo sin miedo a hacer el ridículo por usar con tanta ligereza y sin ningún pudor términos políticos que para ellos son sinónimos de un mismo fenómeno, aunque desde siempre, en la tradición del pensamiento político occidental, cada una de ellas designe fenómenos históricos muy concretos y diferenciados.

Son estas particularidades del caso, es decir: la singularidad del personaje que hoy abandera la reacción de la oposición ante su propia derrota, lo que en los hechos ha terminado por orientar la mayor parte del debate generado en redes sociales y en medios de comunicación hacia la discusión sobre la legitimidad con la que contaría o no Ernesto Zedillo para decir lo que ha decidido decir. En gran medida, por supuesto, ello se debe a que, en el grueso del imaginario colectivo nacional, al sexenio de Zedillo a menudo se lo recuerda como una simple extensión de las calamidades que sufrió el país durante la administración presidencial de sus dos predecesores: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Motivo suficiente, éste, como para cuestionar la legitimidad de sus dichos y la congruencia del personaje con sus actos.

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También se debe, sin embargo, al hecho de que el paso de López Obrador por la presidencia de la República dejó tras de sí un cambio de sensibilidad política en amplísimos sectores de la ciudadanía, producto del esfuerzo pedagógico que diariamente hizo, en sus conferencias de prensa matutinas y en sus discursos de más largo aliento, con la intención de someter a juicio la historia política reciente del país. La revisión del pasado a partir de una nueva costelación de valores políticos y morales, convertida en normalidad cívica durante el sexenio obradorista por antonomasia (2018-2024), en este sentido, hoy se expresa como una mayor propensión ciudadana a demandar congruencia entre el decir y el hacer en el ejercicio de la política y también en el de la crítica intelectual al poder político (sin que ello signifique, no obstante, que ya se haya extirpado de la vida pública el pragmatismo más vulgar del que se sea capaz, a menudo materializado en la política de puertas abiertas al priísmo, el panismo y el perredismo en el seno del Movimiento de Regeneración Nacional).

Y aunque no deja de ser irónico que, al mismo tiempo que el Movimiento de Regeneración Nacional, por un lado, le exija a Zedillo congruencia entre sus palabras de hoy y sus actos del pasado, para concederle legitimidad a sus críticas actuales; mientras que, por el otro, ese mismo Movimiento no tiene empacho en pagar favores políticos a viejos opositores convirtiéndolos en nuevos aliados (los Yunes, los Rubalcava, et al.), lavándoles la cara y haciendo de ellos dignos representantes de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional; si entre todo lo dicho a propósito del ensayo de Zedillo en Letras Libres se obvian las muchas falacias ad-hominem que se han esgrimido en su contra y a su favor, al final, no puede pasarse por alto que gran parte de la crítica a su persona (como expresidente y no como individuo, como alguien que ejerció el poder político en México y no como un ciudadano más) también tiene que ver con disputar un nuevo sentido común acerca de la democracia que no se agota, como lo hace Zedillo en su escrito, en la fórmula clásica del liberalismo centrista que hace de los pesos y contrapesos entre poderes públicos y órdenes de gobierno, del sometimiento del poder político a la ley y de la concertación legislativa entre bancadas partidistas los pilares formales, programáticos y operativos de toda noción auténtica de democracia en una sociedad cualquiera.

Y es que, en efecto, mientras que Zedillo genuinamente parece pensar que en esos tres factores comienza, transita y se agota la democracia en el mundo, los cambios políticos experimentados en el país, a lo largo de los últimos seis años y medio, a su vez, parecen demandar fórmulas menos abstractas de democracia que incluyan, entre sus caracteres fundamentales, no sólo la introducción de aspectos que rebasen a los tres esgrimidos por el expresidente mexicano (particularmente los tendientes a la democratización de la riqueza socialmente producida y de las oportunidades de poder derivadas de condiciones de clase y de estatus social) sino, asimismo, que exijan la puesta en cuestión de los aspectos formales defendidos por el último presidente priísta del México del siglo XX.

Así pues, en su definición mínima de democracia, a Zedillo parece escapársele como problemas fundamentales de ésta tensiones y contradicciones como, por ejemplo, las que se derivan del hecho de que el contenido de las normas jurídicas vigentes en éste y en cualquier otro país del mundo no es producto pura y exclusivamente de consideraciones jurídicas, pues su proceso legislativo es, siempre, un proceso político. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una ley no es legítima por defender intereses privados en demérito del interés colectivo de la nación? Piénsese en cualquiera de las leyes aprobadas bajo la égida del neoliberalismo para desmantelar lo público privatizándolo. ¿Y qué pasa cuando una ley no es justa?, como cuando criminaliza a la protesta social (la Ley Antiterrorista presentada por Felipe Calderón y reformada por Enrique Peña Nieto) o cuando atenta en contra de los derechos laborales de las clases trabajadoras (las reformas laborales de Calderón y Peña Nieto), reduciéndolas a la marginalidad. ¿En verdad se puede sostener que un régimen político con esas características es democrático al margen de los contenidos de sus leyes, siempre y cuando éstas sean respetadas irrestrictamente? Bajo este argumento, cualquiera de los dictadores civiles y militares de la América de finales del siglo XX habría sido un demócrata desde el momento mismo en que comenzó a respetar el Estado de derecho neoliberal que instauraron luego de haber quebrantado el Estado de derecho previo al golpe que les condujo al poder.

En ese mismo sentido, para la democracia zedillista tampoco parece ser problema digno de consideración el reconocimiento de que, en los tiempos que corren, los partidos políticos en un país pueden vestir ropajes de colores distintos y enarbolar siglas diferentes, sin que ello signifique que, en realidad, unos y otros defiendan proyectos de nación radicalmente divergentes. Y es que, según Zedillo, mientras en las cámaras de un Congreso existan más de un partido, esa situación es condición suficiente para afirmar la existencia efectiva de un pluralismo político y no sólo partidista. Habría que preguntarle al expresidente mexicano si el bipartidismo estadounidense en efecto confirma esa tesis sobre la democracia, más allá de que en más de una agenda sus intereses sean idénticos en el plano estratégico, si bien no en el táctico (v.gr. el saqueo de recursos naturales en América). Más aún, habría que preguntarle si conoce la naturaleza de los regímenes oligárquicos en América y su historia; una en la que partidos políticos distintos defendían proyectos de nación idénticos, sin que ello se tradujera en la supresión de la competencia de mayores cotos de poder entre ellos, socios y adversarios a la vez.

A Ernesto Zedillo, aquí, se le pasa de largo toda consideración respecto del necesario reconocimiento del proyecto oligárquico que, desde principios de los años ochenta del siglo XX, panistas y priístas comenzaron a construir en asociación, pero también en competencia. Muestra de lo cual fueron, durante el salinismo, las famosísimas concertacesiones y, más adelante, los muchos proyectos políticos y de ley en los que ambas fuerzas partidistas fueron juntas a pesar de que en amplísimos espectros de la sociedad civil nacieron agudas oposiciones a sus decisiones, a sus dichos y sus actos en el poder (y cuyo epítome fue el Pacto Por México, de Enrique Peña Nieto). Zedillo, pues, no sólo se muestra incapaz de problematizar a los sistemas de partido contemporáneos por los intereses en común que defienden institutos políticos distintos, sino que, además de ello, no alcanza a rebasar los marcos analíticos de ese mismo esquema para problematizar a la democracia, también, en las relaciones de conflicto que emergen entre partidos políticos y sociedad civil.

Claramente, para Zedillo no es digno de reflexión el cada vez más extendido fenómeno de chapulineo partidista que en México se comenzó a experimentar a partir de su sexenio, como tampoco lo es la necesidad de reconocer las cada vez más numerosas manifestaciones de descontento ciudadano que se comenzaron a manifestar en el país, como oposición ciudadana a las decisiones cupulares tomadas por los partidos con representación en el Congreso de la Unión, en perjuicio de las capas mayoritarias de la población. Zedillo, pues, auténticamente piensa que una decisión es democrática si ésta es producto de la negociación entre fuerzas partidistas con representación legislativa, aunque estas no representen los intereses de las capas mayoritarias de la ciudadanía. Su definición mínima de democracia se basa en negociar con minorías política frente a mayorías sociales.

En sentido similar, Zedillo aboga por el formalismo de los pesos y los contrapesos entre poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y judicial) y entre órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), sin reparar, siquiera, en una crítica mínima a la larga historia de compadrazgos y de nepotismos que atraviesan transversalmente a unos y otros. Menos aún se atreve a criticar los procedimientos en los que se basan los nombramientos del personal que hace parte de cada poder y de cada orden, efectivos al momento de sostener la apariencia pública de autonomía de unos respectos de otros, pero, en el fondo, ineficaces e incapaces al momento de cortar de tajo los nombramientos de confianza y los que son producto de cuotas políticas y partidistas.

Zedillo, por ejemplo, en el extremo de su propia absurdidad argumentativa, acusa al gobierno de López Obrador de haber dinamitado la autonomía del Poder Judicial de la Federación durante su mandato, aprovechando las disposiciones legales que hasta entonces normaban la composición de dicho poder y su relación con el Legislativo y el Ejecutivo federales, pero omite decir que si Andrés Manuel pudo hacer lo que hizo —y con todas sus limitaciones y reveses— fue gracias a la normatividad vigente hasta ese momento; la misma de la que se beneficiaron todos los presidentes de la república que lo antecedieron hasta 1994.

Finalmente, y más allá de la discusión particular de estos tres tópicos, a Zedillo habría que recordarle que todo aquello que presume como un logro propio en materia de democratización del régimen político mexicano, cuando en efecto supuso un avance en materia democrática, no fue algo que se diera en el vacío y únicamente como expresión de su voluntad presidencial: la mayor parte de lo que Ernesto Zedillo presume en su ensayo como un logro democratizador suyo fue producto de años de acumulación de fuerzas sociales y políticas que a punta de presiones lo mismo arrancaron al régimen concesiones que lo obligaron a reformarse (esto último ya no como una concesión para la ciudadanía sino, antes bien, como una inevitabilidad histórica y/o coyuntural, según fuese el caso).

Zedillo, como el neoliberal ejemplar que fue y sigue siendo, está convencido de que la democratización de México es hechura exclusiva de individuos con voluntad de cambio. Para él, las luchas sociales, la protesta social, las masas movilizadas, las demandas populares convertidas en presiones de todo tipo ni son parte de la historia de la democracia en el país ni factor a considerar al momento de evaluar los alcances y los límites, potenciales y efectivos, realmente experimentados por la democracia en México.

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