El próximo viernes 1° de marzo inicia, legalmente, el periodo de campañas electorales dentro del cual los partidos políticos con registro oficial se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular correspondientes a los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Y si bien es verdad que sólo en ocho de las 32 entidades federativas que componen a la República se elegirán gubernaturas, en prácticamente todas ellas está en juego la renovación de presidencias municipales, de congresos locales y de diputaciones y senadurías federales.

En términos de la lógica operativa de los partidos políticos en competencia, los mayores o menores grados de éxito alcanzados en cada una de estas escalas territoriales se traducen, respectivamente, en una mayor o en una menor capacidad para movilizar al electorado durante los periodos comiciales, en la medida en la que contar con perfiles populares entre la ciudadanía implica no sólo el aseguramiento de su simpatía, su adherencia o militancia para la causa sino, asimismo, disposición de recursos y de infraestructura, posibilidades de organización y de defensa del voto, formación de bases sociales de apoyo, etcétera. Esto, por supuesto, en virtud de que, al fortalecer su presencia y al intensificar su trabajo territorial de base, los partidos cuentan con mayores chances de comprometer el sufragio de las y los votantes en favor de sus siglas.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador, en 2018; y el estrepitoso desmoronamiento del sistema tradicional de partidos (conformado por Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática), a lo largo del último sexenio, son evidencia de ello. Y hoy, en la dirigencia nacional de MORENA, en particular, desde las elecciones nacionales intermedias, de 2021, cuando se renovaron diputaciones federales y 14 gubernaturas, parece haber cobrado nuevos bríos la conciencia sobre la importancia que en la definición de la política nacional y, sobre todo, en el aseguramiento de la continuidad de la 4T como proyecto transexenal, tienen el bajar la política a nivel de calle, a los espacios más próximos a la realidad de la ciudadanía, y el aterrizarla en agendas que impacten, en el corto y el mediano plazos, en una mejoría sustancial de sus condiciones de vida cotidiana.

Es decir, hoy, en MORENA, parece no quedar duda alguna del rol fundamental que, en la definición, la defensa y la profundización del proyecto de nación condensado en la Cuarta Transformación de la vida pública –como lo bautizó López Obrador– desempeñan los espacios de la política local: las municipalidades y alcaldías, así como las legislaturas. De hecho, en palabras de la Secretaria General del partido fundado por Andrés Manuel hace casi una década, Citlalli Hernández, la importancia estratégica de cultivar el mayor número de victorias electorales en estos espacios en 2024 es, hoy, aún mayor que en cualquier otro momento de los pasados cinco años de gobierno de AMLO, en tanto que de ellas –y particularmente en la conformación de los Congresos– dependerá el que Claudia Sheinbaum (en caso de triunfar en unos comicios que a estas alturas ya cualquier ejercicio demoscópico serio le da por ganado con una ventaja promedio de 30 puntos) cuente con las capacidades suficientes como para aprobar reformas constitucionales que, a lo largo de su mandato, López Obrador no pudo consolidar (precisamente por falta de mayorías legislativas).

En estricto cálculo político, pues, lo que desde la dirigencia nacional de MORENA se observa como prioridad es, dada la fortaleza de la candidata única del partido en la contienda presidencial, el consolidar las capacidades del Movimiento en los espacios de la política local para, a través de ello, conseguir mayorías calificadas tanto en el Congreso de la Unión, en donde se precisan para aprobar las iniciativas enviadas por Sheinbaum en ejercicio de la presidencia de la República, pero también en los Congresos de los estados, en tanto que toda reforma constitucional (como las que tienen por objeto al Poder Judicial de la Federación, al andamiaje institucional en materia electoral o la que intenta recuperar la rectoría del Estado en el sistema de pensiones) requiere de su aprobación, también, por la mayoría absoluta de las legislaturas estatales (17 de 32).

En los hechos, esta urgencia de MORENA (lo que en el debate público y en la agenda de los medios se conoce como el Plan C), ha llevado, a lo largo de los últimos seis a diez meses, a su dirigencia a negociar, en prácticamente la totalidad de las entidades de la República, un conjunto de alianzas políticas, electorales y partidistas (cada una con sus propias especificidades) bajo la lógica de que, con ellas, sus resultados en las urnas serían sobradamente los mejores posibles para conseguir dicho objetivo. Desde el punto de vista de amplios sectores de sus bases sociales de apoyo, de ciertos cuadros políticos orgánicos del partido y de un nutrido número de intelectuales de izquierda –críticos con las desviaciones políticas, ideológicas, programáticas y éticas en las que ha incurrido o puede llegar a incurrir este instituto–, sin embargo, muchas de esas alianzas y/o coaliciones, sean estratégicas o estructurales, permanentes o coyunturales, se presentan como verdaderas traiciones al espíritu de lo que significa, en términos del propio obradorismo, tanto el abandono de la vieja política (de sus formas y de sus contenidos) cuanto la transformación, en general, de la vida pública nacional (con todo lo que ello significa de renovación del ejercicio de la política como un noble oficio, como un servicio público y como un cargo fiduciario, en el cual el pueblo es el fideicomitente).

Así, por ejemplo, entre los casos que muy pronto se convirtieron en una suerte de escándalo mediático en cuanto se produjeron estuvieron algunos como los del clavadista Rommel Pacheco, para competir por MORENA en la alcaldía de Mérida, Yucatán; o, más oprobioso aún, el de la alianza entre MORENA y el Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California, en virtud de que este último instituto político es liderado en dicho estado por César Hank Inzunza, descendiente de una de las dinastías familiares priístas que más contribuyó a construir –y más se benefició de– el sistema político autoritario posrevolucionario, particularmente en entidades como el Estado de México (en donde el PRI gobernó ininterrumpidamente por 94 años, hasta el 2023). En el primer caso, debido a que, en su paso como diputado federal por el Partido Acción Nacional, Rommel Pacheco operó en el legislativo para bloquear reformas constitucionales prioritarias para López Obrador (destacadamente, contra la reforma energética que buscaba revertir la privatización del sector). Y, en el segundo, por la abierta hostilidad mostrada durante todo este sexenio por la familia Hank hacia la 4T y por la profundidad con la que sus intereses familiares, políticos y empresariales hunden sus raíces en el priísmo.

 En el amasiato con los intereses de los Hank, de hecho, lo impresentable de la coalición negociada con el PES llegó a grados tales entre militantes, adherentes y simpatizantes de la 4T a nivel nacional y dentro de Baja California que, finalizados los plazos de las precampañas, antes de que la decisión fuese legalmente irreversible, MORENA tuvo que anunciar que rompían de mutuo acuerdo con ese pacto y que, para los comicios de este año, este partido y la franquicia local de los Hank irían a las urnas cada cual por su cuenta. Sobra decir, por supuesto, que esta ruptura es apenas la excepción y no la regla dentro del amplio conjunto de alianzas y coaliciones a los que últimamente ha llegado MORENA a lo largo y ancho de la República bajo la lógica de que el imperativo este año es ganar tanto como los topes legales en materia electoral se lo permitan. Y es que, en efecto, siguen siendo, sin embargo, muchos y muy diversos los maridajes celebrados por el Movimiento de Regeneración Nacional que, desde cualquier punto de vista comprometido con la renovación de la vida pública en el país, son indudablemente reprobables ética y políticamente, ideológica y programáticamente (la calurosa acogida recibida por un bloque de los más despreciables liderazgos locales del priísmo en el Estado de México, por parte de MORENA, es apenas la punta del iceberg).

Ahora bien, aunque MORENA, sobre todo a través de su Secretaria General, ha dejado en claro cuáles son las razones de tan descarnado y utilitarista pragmatismo electoral, siguen existiendo alrededor de este tema un par de incógnitas que precisan ser despejadas y que, sin embargo, ni el partido, en general, ni su dirigencia, en particular; parecen tener o la disposición o la voluntad de atender. A saber:

¿Por qué si en todos los ejercicios demoscópicos serios realizados hasta el momento Claudia Sheinbaum aparece aventajando con mucha holgura a su principal adversaria es necesario establecer alianzas tan pragmáticas, pero disfrazadas de estratégicas, con actores externos a MORENA y hasta hostiles al partido, a sus bases sociales de apoyo, a sus cuadros y a su proyecto de nación? ¿Por qué, además, si MORENA ha ganado, en los últimos cinco años, ocho de cada diez elecciones a las que se ha presentado (en la mayoría de los casos siendo suficiente para triunfar la popularidad de su marca-partido entre el electorado), hoy su dirigencia nacional considera que es necesario recurrir a fuerzas externas y/o adversas para afianzar sus resultados?

Y, por otro lado, ¿por qué si en la mayor parte de los sondeos realizados, a propósito de las elecciones de este año, el PRI y el PAN aparecen valorados como los partidos con los que la ciudadanía identifica que le iría peor en el futuro inmediato si llegasen a ganar alguna votación, MORENA considera que es necesario tejer alianzas que ensanchen su distancia con esos partidos totalmente descreditados y repudiados? ¿Qué se sabe dentro de MORENA, que no se sepa públicamente, respecto de su fortaleza electoral, y que en los hechos ha terminado por convencer al partido de que éste no se basta a sí mismo para obtener triunfos aplastantes ante sus adversarios?

Más importante aún: ¿acaso en el partido no se aprendió nada de la experiencia que éste tuvo con personajes como Lily Téllez, a quien MORENA llevó al senado bajo sus siglas, pero quien de inmediato se convirtió en una de las más rabiosas, virulentas y vociferantes adversarias de la 4T? ¿Qué mecanismos de control está implementando o planea implementar con éxito el partido para que, durante el próximo sexenio, los varios cientos (¿o miles?) de cargos que dio en concesión a actores externos no terminen por convertirse en un bloque opositor interno a sus propios intereses, luego de haber ganado por el partido? ¿En verdad se tiene el convencimiento de que para sumar a la causa de la Cuarta Transformación a esos actores basta con someterlos a un curso de formación política en el Instituto de Formación Política de Morena, durante un mes, como si con ello el partido en verdad se estuviese blindando ante las traiciones presentes y futuras?

Ante la ausencia de respuestas por parte de la gente de MORENA a estas preguntas, quizá valga la pena aventurar un par de hipótesis. Así pues, una primera respuesta tentativa capaz de despejar todas o la mayoría de estas incógnitas podría ser argumentar que, dentro del partido, parecen estar valorando tres grandes problemáticas a vencer: en primer lugar, el dato indiscutible de que Sheinbaum no cuenta con el carisma del que sí goza López Obrador, y, en ese sentido, lo que se buscaría sería suplir esa falta con alianzas que ensanchen la base electoral de Claudia. En segunda instancia, podría ser, también, que en MORENA se esté tratando de evitar un escenario comicial como el de 2021, en el que si bien es cierto se hicieron con la mayoría de las gubernaturas y con un amplio número de cargos de elección popular, también es verdad que perdieron entidades importantísimas (por su peso demográfico, pero no sólo) como la Ciudad de México y la mayoría calificada entre las diputaciones federales. Y, finalmente, tal vez también estén buscando blindar al partido ante la posibilidad de que las derechas unidas en la coalición Fuerza y Corazón por México cometan fraude en muchas de las votaciones locales (sabiéndose derrotadas en la contienda presidencial e incapaces de vencer legal y legítimamente al obradorismo y a la 4T en las urnas).

Ahora bien, aunque plausibles, muchos de estos miedos parecen ser, sin embargo, empíricamente infundados: el primero porque, a estas alturas, ya es evidente que en la popularidad de Claudia y en su ventaja electoral hasta ahora sondeada no opera sólo el factor relativo a su carisma personal sino, asimismo, la popularidad y la legitimidad propias MORENA, sumados al profundo desprecio y descrédito en el que se encuentran sumidos los partidos de la coalición opositora (particularmente el PRI).

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El segundo, porque la historia política de este país demuestra que la dinámica electoral de los comicios de medio término no es idéntica a la que se desarrolla cada seis años, habida cuenta de que las elecciones presidenciales siempre tienden a elevar los niveles de participación ciudadana en las urnas y porque el sufragio por la titularidad del poder ejecutivo federal suele acarrear consigo una votación en bloque que incluya a diputaciones, senadurías, gubernaturas, legislaturas locales y municipalidades y alcaldías. Es, por ello, muchísimo más probable que en estas votaciones, a diferencia de lo ocurrido en 2021, MORENA consiga más mayorías y con mayor holgura debido a la presencia de Sheinbaum en la boleta y al peso específico que la elección por la presidencia ejercerá en las demás votaciones convergentes.

Y, el tercero, porque, aunque es claro que las votaciones en México aún no se libran de prácticas de compra y de coacción del sufragio, también es cierto que los partidos de la oposición no parecen contar con la fuerza política suficiente como para organizar un fraude masivo (o múltiples fraudes pequeños que multipliquen su dimensión al sumarse). Además, precisamente porque en ocho de cada diez elecciones celebradas a lo largo de este sexenio MORENA venció y la oposición perdió en grande, el partido fundado por Andrés Manuel se halla en una mucho mejor posición (dada su presencia en presidencias municipales y en alcaldías, en congresos locales y en gubernaturas) para implementar estrategias legales, operativas y administrativas de contención y mitigación de cualquier intento de fraude electoral en masa (y, no sobra señalarlo, es un fraude de enormes proporciones, y no uno cualquiera, lo que la oposición necesita para bloquear las mayorías legislativas de MORENA en 2024).

Podría, por supuesto, argumentarse que todas estas premisas son válidas sólo de manera relativa en tanto que MORENA no cuenta con las gubernaturas de diez entidades de la federación: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, gobernadas por Acción Nacional; Coahuila y Durango, gobernadas por el Revolucionario Institucional; Jalisco y Nuevo León, por Movimiento Ciudadano y San Luis Potosí, por el Verde Ecologista. En esos caos, pues, podrían justificarse las alianzas y las coaliciones oximorónicas de MORENA argumentando que ahí el partido no es mayoría o fuerza política preferente. Y hasta cierto punto, eso es cierto. Sin embargo, no debe de perderse de vista que muchas de estas alianzas y coaliciones no están teniendo lugar en esos estados, sino en aquellos en los que el Movimiento de Regeneración Nacional acaba de ganar o lleva ya gobernando por lo menos cinco años.

Y si esto es así ¿por qué, entonces, la proliferación de alianzas y coaliciones?, ¿por qué se insiste en la necedad de aceptar, abrazar, sumar y/o integrar al partido y al movimiento a los despojos, las escisiones y las desbandadas de cuadros políticos que, ante la derrota moral y política del PAN, del PRI y del PRD, buscan en MORENA la posibilidad de sobrevivir políticamente otros seis años? Ante la falta de evidencia empírica en otros aspectos de este fenómeno, al final de cuentas parece no quedar otra explicación salvo la que es más evidente: MORENA y la 4T no han sido capaces de generar nuevos liderazgos y cuadros políticos profesionales amplios en este sexenio; todo lo cual se suma al hecho de que, buscando democratizar sus procesos internos de selección de candidaturas a cargos de elección popular, el partido ha sustituido sistemáticamente la lógica del trabajo territorial y de base por la fórmula de la popularidad (aunque seleccionar al perfil más popular implique o bien despreciar a los liderazgos más y mejor preparados, más y mejor comprometidos con la causa o bien sumar a las filas del partido a figuras externas a MORENA, provenientes del viejo sistema de partidos).

Cubrir, pues, esta deficiencia estructural, operativa, organizativa y programática del partido con alianzas que sumen liderazgos y cuadros al Movimiento parece ser, en última instancia, una respuesta sensata de la dirigencia. Sin embargo, no lo es, pues sacrifica el proyecto de largo plazo, y entre las múltiples consecuencias indeseadas que no se están valorante se encuentran, por un lado, la posibilidad de que, al ser tantas estas concesiones, éstas se aglutinen en un bloque opositor luego de haber conquistado posiciones de poder tras los comicios de este año; y, por el otro, la plausible incapacidad de Sheinbaum de ejercer grados de autoridad similares (o superiores) a los de López Obrador, susceptibles de asegurar cierta adherencia, obediencia o disciplina (póngasele la etiqueta que se prefiera) a la 4T en momentos cruciales: cuando las reformas constitucionales previstas afecten múltiples y muy diversos intereses, dentro y fuera de MORENA, del obradorismo y de la 4T; o cuando el reparto de posiciones políticas no sea suficiente incentivo para aquellos.

Y esto, por supuesto, no sólo porque, siendo mujer, Sheinbaum seguramente será desafiada por la lógica patriarcal con la que comulgan muchos de esos actores a los que hoy se les da la bienvenida en el partido y en el movimiento sino, de igual modo, por una incuestionable diferencia, en términos estrictamente de biografía política, con López Obrador.

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