La Europa de las extremas derechas

Las elecciones de este año para renovar el Parlamento Europeo han llegado a su fin y, aunque aún hace falta precisar los resultados oficiales de la jornada, las tendencias hasta ahora dadas a conocer en distintos países del bloque comunitario parecen ser lo suficientemente sólidas como para extraer de ellas un par de reflexiones, particularmente respecto de la que se perfila a ser su propensión manifiesta más interesante, importante y preocupante. A saber: la expansión y el fortalecimiento de los partidos y de las fuerzas políticas de extrema derecha dentro de dicha institución y lo que ello significa en términos de su capacidad para definir algunas de las políticas regionales más significativas y relevantes para los destinos de Europa, tales como las relativas a su posición sobre el cambio climático, al curso de la guerra en la frontera de Rusia, a la postura migratoria que sus 27 integrantes habrán de adoptar en los años por venir y, por supuesto, a la forma en que tanto en lo individual como en lo colectivo buscarán gestionar la creciente conflictividad social que se experimenta en la mayoría de estos países.

¿Cómo interpretar, pues, los resultados de estos comicios? Aquí van tres coordenadas de lectura iniciales.

En primer lugar está lo evidente: de un total de 720 escaños, alrededor de 500 (más o menos un 70% del Parlamento) fueron ganados por fuerzas políticas que se adscriben a sí mismas a alguna variante dentro del amplio espectro ideológico de la derecha: desde la que tradicionalmente se asume como la centro-derecha histórica (a la manera del Partido Popular Europeo) hasta sus variaciones más extremistas y/o radicales (del tipo del español VOX, el alemán Alternative für Deutschland, el italiano Fratelli d’Italia o el francés Rassemblement national). En los hechos, significa esto, sin duda, que el conjunto de las derechas europeas, más allá de las a menudo amplias y profundas diferencias programáticas que las suelen confrontar cuando se trata de definir una agenda común en la arena política regional, concentrarán en sus fracciones parlamentarias una enorme magnitud de poder legislativo, reduciendo a las izquierdas electas a una posición de absoluta marginalidad y a la incapacidad de contrapesar su agenda.

Y es que, si bien es verdad que, aunque en términos programáticos las afinidades ideológicas que existen entre estas derechas se suelen matizar —y a veces llegan hasta a desaparecer—, lo diverso de las tácticas y de las estrategias que cada una de ellas emplea para fortalecerse institucionalmente, para ampliar sus bases sociales de apoyo y para imponer sus agendas y sus intereses fundamentales no cambia en nada el hecho de que conjuntamente siguen siendo partícipes de un mismo patrón de poder regional cuya diversidad estructural pone en riesgo, desde distintos frentes, múltiples y muy diversas victorias conquistadas por las izquierdas y por los progresismos nacionales de toda Europa en las décadas recientes.

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México, Ecuador, el lawfare y el asilo político

En la noche del pasado 5 de abril del presente año, elementos de los cuerpos de seguridad de Ecuador irrumpieron en la sede de la Embajada mexicana en ese país, sin que previamente hubiese mediado notificación oficial alguna de que aquello ocurriría. ¿El motivo de que así sucediese? Extraer por la fuerza y colocar bajo arresto a quien fuera el expresidente del gobierno de Rafael Correa entre el 2013 y el 2017: Jorge Glas. Más allá de la estridencia mediática que de inmediato causaron las imágenes en las que se observa a policías ecuatorianos trepar por la fachada de la Embajada para ingresar en ella y, por supuesto, de lo alarmante que puede parecer el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido romper relaciones diplomáticas con Ecuador, los hechos en sí mismos resultan de enorme relevancia por dos razones.

En primer lugar porque, a juzgar por el tratamiento mediático que se les han dado a los hechos desde que ocurrieron, entre el grueso de la opinión pública no parece quedar claro, bien a bien, qué de todo lo que sucedió fue justo, legítimo y, en consecuencia, legal, y qué no Y, en segundo lugar, porque la violación de la sede diplomática mexicana y la ruptura de relaciones que le siguió han venido a eclipsar problemas más de fondo dentro y fuera de Ecuador —en diversas partes de la región— que, por supuesto, no tienen su origen ni, mucho menos, se agotan, en la en efecto condenable transgresión cometida en contra de México y de su representación en ese país.

Dicho, pues, lo anterior, quizá habría que comenzar por contextualizar un poco cómo es que se llegó a esta situación en la que el exvicepresidente Glas terminó por refugiarse en la Embajada mexicana y por qué México decidió concederle dicha prerrogativa. Y aquí, por supuesto, lo primero que tendría que observarse es que, al finalizar su mandato presidencial, Rafael Correa y una veintena de sus principales colaboradores a lo largo de sus diez años de gestión al frente del ejecutivo ecuatoriano (entre los que se encontraba el entonces vicepresidente) fueron objeto de persecución judicial y presidencial, cortesía de quien en ese momento fue su sucesor (y hasta ahora el más grande traidor de lo que en aquellos años significaron el proyecto de nación de la Revolución Ciudadana, por un lado; y el correísmo como su núcleo político, por el otro): Lenin Moreno.

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