One Piece y la Generación Z: ¿sacar la revolución de un manga?

Los símbolos que nacen, se descubren, se inventan o se construyen en un momento histórico de ebullición social siempre son, además de reveladores del espíritu de época que anima el malestar popular, poderosos artefactos sintetizadores de las pasiones, de las aspiraciones y de los reclamos que, en el fondo, movilizan a las masas que antes durante y/o después del estallido los reivindican como una bandera más de su lucha. Tan singular es esta característica de los símbolos en momentos especiales de conflictividad sociopolítica que, a menudo, a toda una era o a una época se la suele identificar y recordar más por los vestigios simbólicos que su decadencia y derrumbe dejaron tras de sí que por la propia naturaleza violenta de los acontecimientos en los cuales se inscribieron.

Así, por ejemplo, durante los sucesos de la Revolución Francesa, la toma de La Bastilla, el 14 de julio de 1789, demostró ser mucho más relevante como acontecimiento simbólico para el decurso histórico de la propia Revolución que por su importancia táctica, estratégica, política y/o militar real. El asalto popular de una de las principales prisiones del absolutismo regio francés, símbolo de su arbitrariedad y de su intolerancia ante la crítica, así, en ese suceso particular fue mucho más importante para la Revolución y para el nacimiento de la Primera República francesa porque su caída se asumió metafóricamente como la imagen de la derrota de la propia monarquía que por la nula trascendencia que dicho edificio en efecto tenía para definir la guerra en contra de la corona.

Doscientos años después, el derrumbe del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, también demostró ser ―como La Bastilla para el Ancien Régime― un acontecimiento mucho más efectivo para dar cuenta del fracaso histórico de toda una época (la del experimento del comunismo real en un solo país) por el simbolismo que este suceso tuvo en la conciencia tanto de Oriente como de Occidente que lo que lo fue el propio desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanta es la distancia que separan al hecho simbólico de su realidad material efectiva que, a pesar de que la desintegración de la URSS se consumó hasta dos años después de la caída de El Muro, el 9 de diciembre de 1991, en general, en el imaginario colectivo occidental es 1989 y no 1991 la fecha que se recuerda como el año del fin de la Guerra Fría y del ensayo soviético.

Salvando todas las distancias que se quieran, en la historia nacional de México, por ejemplo, artefactos simbólicos análogos a los de La Bastilla francesa y El Muro berlinés/soviético se han transmitido de generación en generación, en los libros de texto, en la cultura popular y, como no podía ser de otro modo, en el calendario cívico federal para sintetizar el rol histórico y político de las masas en la construcción de la identidad nacional. Así, por ejemplo: el repique de las campanas en la Parroquia de Dolores, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 16 de septiembre de 1810, o la toma de la Alhóndiga de Granaditas, posibilitada por el Pípila, el 28 de septiembre de ese mismo año; el famoso carruaje de Benito Juárez (en el que se dice que viajó la República cuando México fue intervenido por Francia y otras potencias coloniales a mediados del siglo XIX), aún expuesto en el Museo Nacional de Historia con toda su solemne austeridad frente a la ostentación aristocrática de la carroza de Maximiliano de Habsburgo; o los asesinatos de Belisario Domínguez, de Gustavo y de Francisco I. Madero, en octubre de 1913, el primero, y en febrero del mismo año los otros dos; son, hasta hoy, metáforas, acontecimientos simbólicos que condensan, en el corazón mismo del nacionalismo mexicano, el espíritu de época que animó a las masas frente a los poderes que los explotaban económicamente, los marginaban socialmente y los dominaban políticamente. A saber: la Independencia nacional ante el régimen colonial, primero; la República liberal frente al imperialismo occidental, después; y la Revolución popular contra la dictadura oligárquica, al final.

Ahora bien, dadas las recientes manifestaciones que se sucedieron en la capital mexicana los pasados nueve y quince de noviembre, en ambos casos apelando a la Generación Z como su sujeto histórico y político convocante (aunque ya se ha discutido hasta la saciedad el deslinde de la Generación Z de una de las marchas: la del día quince), no perder de vista consideraciones como éstas a propósito de los símbolos populares y revolucionarios en momentos de singular crispación viene a cuento porque, como lo habrá notado cualquiera que haya prestado atención a la sucesión de eventos, un símbolo, en particular, tendió a popularizarse como la imagen visible más representativa de ambas movilizaciones. El símbolo en cuestión es la bandera de una tripulación pirata (los Sombrero de Paja o Muguiwara) de un manga japones (One Piece), del que es autor intelectual y material el Mangaka Eiichirō Oda (Kumamoto, 1° de enero de 1975).

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Trump en Asia: la involuntaria regionalización de la política de poder estadounidense

A lo largo de cinco días, entre el domingo 28 y el jueves 30 de octubre del año en curso, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, realizó una gira de trabajo por el Sudeste asiático que incluyó, además de su participación en dos de los mecanismos de regionalización más importantes de la zona (la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, concertada en Kuala Lumpur, por un lado; y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, congregado en Gyeongju, por el otro), reuniones bilaterales al más alto nivel diplomático con Jefes y Jefas de Estado y/o de Gobierno de Malasia, Japón, Corea del Sur y, por supuesto, China (además de Brasil, pero eso es materia de otro análisis).

En los nueve meses que lleva ejerciendo el cargo de titular del poder ejecutivo estadounidense, ésta es la primera vez que Trump cumple con una agenda de trabajo tan cargada de contenido y tan movida en esta región del mundo. De hecho, si se comparan los resultados que él ―personalmente, no necesariamente como presidente de Estados Unidos― consiguió en esta ocasión, respecto de lo que en esa misma zona de Asia obtuvo la última vez que visitó al continente (en 2019), la realidad es que, esta vez, desde su propio punto de vista, parece haber conseguido todo lo que esperaba obtener como concesiones de sus contrapartes asiáticas; aún si en la mayoría de los casos presionó hasta el final para incrementar sus exigencias.

¿En qué medida, no obstante lo anterior, mucho de lo que hoy por hoy Trump en persona considera como un logro personal ―de su estilo de ejercer la diplomacia y en relación con su agenda ideológica prioritaria― en verdad puede interpretarse como una conquista para el Estado estadounidense, en razón de sus propios intereses estratégicos, de su agenda de seguridad nacional y de su posicionamiento geopolítico en el seno de la economía mundial? La respuesta es relativamente sencilla (que no simple), si se aprecia al momento coyuntural en su justa dimensión y, en paralelo, se presta un poco más de atención a las consecuencias de largo plazo derivadas de los acuerdos a los que llegó en cada uno de los países que visitó.

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Perú más allá de la coyuntura

Menos de veinticuatro horas antes de que el Comité Noruego del Nobel decidiera galardonar con su Premio de la Paz a María Corina Machado, una de las principales figuras de oposición al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela (y pese a que detrás de ella arrastra un extenso historial de peticiones de intervención extranjera en este país Grancaribeño y, hasta la fecha, su liderazgo político ha brillado en la arena internacional por su cercanía con figuras representativas de las extremas derechas globales), durante la madrugada del viernes 10 de octubre del año en curso, el Congreso de la República del Perú daba a conocer al mundo que, por votación mayoritaria (118 en favor, ninguno en contra y ninguna abstención), la hasta entonces presidenta del país, Dina Boluarte, había sido destituida del cargo.

En estricto sentido, la destitución de quien asumiera la presidencia del país en diciembre del 2022, producto, a su vez, del golpe de Estado en contra de un inexperto Pedro Castillo que buscó declarar un Estado de excepción en el Perú para, a través suyo, vencer las resistencias que su gobierno enfrentó por parte de los restantes poderes del Estado y de sus élites políticas, militares y empresariales, no fue sino el desenlace más o menos predecible al que condujeron, por lo menos, cuatro propuestas de vacancia por permanente incapacidad moral presentadas y respaldadas ante el Congreso por las bancadas legislativas de diversos partidos políticos. Es decir, la remoción de Boluarte, la primera mujer en presidir este país andino, no fue una destitución sustancialmente distinta respecto de los procesos análogos que tuvieron que enfrentar un puñado de expresidentes del Perú antes de ella.

¿Cómo explicar, a la luz de lo acontecido, que el mismo Congreso que respaldó a Boluarte en la consumación del golpe de Estado en contra de Pedro Castillo fuese el mismo que, poco menos de tres años después, terminara destituyéndola invocando el mismo numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú (acerca de la permanente incapacidad moral) con el que se buscó enjuiciar políticamente a Castillo en, por lo menos, tres ocasiones?

Hasta el momento, la narrativa que ha dominado en la mayor parte de los medios de comunicación dentro y fuera del Perú tiene que ver con el reconocimiento de que el proceso de vacancia moral de Boluarte fue detonado por una crisis de inseguridad, criminalidad y violencia que, de a poco, se fue enseñoreando en la mayor parte del país. Y lo cierto es que no sorprende que sea este el principal factor explicativo esgrimido lo mismo en notas periodísticas que en análisis, columnas de opinión y comentarios editoriales diversos. Después de todo, en los hechos, éste fue, precisamente, el argumento que se blandió en el pleno del Congreso peruano para justificar la procedencia del juicio en contra de la hoy expresidenta; acusando que ésta demostró su propia incapacidad moral y física no sólo para atender con prontitud y asertividad dicha crisis sino, asimismo, para contener sus efectos, atajar sus causas y reparar el daño hasta ese momento experimentado por el pueblo peruano.

El problema con esta explicación es que, por un lado, al privilegiar los factores coyunturales por encima de los estructurales y sistémicos pierde de vista la tendencia histórica que han seguido el Estado peruano, su régimen político y su cultura política a lo largo de lo que va del siglo XXI. Por el otro, obvia la necesidad de analizar el modo específico a partir del cual la vacancia por permanente incapacidad moral opera en el país para sostener un sistema de dominación de tipo oligárquico que, además, de a poco ha ido transmutando cada vez más al tradicionalmente débil sistema presidencialista peruano en uno esencialmente parlamentario que se alimenta y se sostiene de una miríada de mecanismos formales e informales destinados a contener y reprimir las capacidades de incidencia de la sociedad civil, del pueblo peruano, en la política nacional y la conducción del Estado en cuestión.

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