Perspectivas de la ultraderecha europea en 2021

2021 será, sin duda, un año decisivo para múltiples naciones alrededor del mundo, debido, como es posible deducir, a las consecuencias que tras de sí arrastrarán los gobiernos aún en turno, relativas a los excesos o las ligerezas que dominaron el actuar de cada Estado, por un lado, en la contención de la propagación de la pandemia causada por la nueva cepa de Coronavirus (SARS-CoV-2); y por el otro, en la minimización de los estragos económicos sufridos por sus respectivas poblaciones. Y es que, en efecto, sostener ciertos niveles de equilibrio entre el distanciamiento y el confinamiento social, de cara a las necesidades sociales de consumo, en ninguna parte del mundo ha sido sencillo, ni en las economías centrales ni, mucho menos, en las periféricas, donde las capacidades de producción y las necesidades de consumo colectivas se hallan, además, reducidas en sus grados de autonomía relativa, debido a su condición de dependencia estructural respecto de los vaivenes de las grandes potencias.

Pero que las regiones periféricas de la economía global sean las que se encuentren en una situación de franca desventaja en sus posibilidades de recuperación, en relación con el resto del mundo, no obstante, no quiere decir que ese primer mundo esté exento de dificultades serias en el año por venir. Y ello no sólo porque son claros los ejemplos que Estados como el estadounidense le han brindado al mundo, sobre cómo llevar al desastre absoluto la gestión de una situación de excepcionalidad sanitaria (epílogo, por lo demás, del drama que en Europa vivieron Francia, España e Italia en el mismo rubro), sino, sobre todo, porque en los siguientes doce meses una parte importante de Occidente atravesará o bien por la emergencia de nuevos proyectos de gobierno —como la asunción de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos, acompañado de, al parecer, un control irrefutable de la Cámara de Representantes y del Senado— o bien por rondas electorales que serán decisivas para conocer las trayectorias que han de seguir esas sociedades en el futuro.

Es en esa situación, por ejemplo, en la que se halla una parte considerable de Europa, en donde, por lo menos, siete u ocho grandes procesos electorales se llevarán a cabo en Estados clave para definir el rumbo tanto de las sociedades nacionales en las que se celebrarán los comicios como del propio proyecto de la Unión Europea en cuestión. A saber: en Noruega, las elecciones parlamentarias, a celebrarse en el último trimestre del año; en Francia, los comicios regionales, sin fecha fija, pero planeados para concretarse a mediados del año; en Países Bajos, las votaciones generales, fechadas para marzo; en Portugal, las elecciones presidenciales, acordadas para finales de enero; en Bulgaria y República Checa, los comicios parlamentarios, fechadas para marzo y alrededor de octubre, respectivamente; en Gran Bretaña, las elecciones parlamentarias de Escocia y Gales y las elecciones locales de Inglaterra; en Alemania, las votaciones generales, también fechadas para el último trimestre del año.

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La ilegítima tolerancia a la oposición

Luego de que se confirmase ante el Instituto Nacional Electoral la alianza —supuestamente— coyuntural por la cual tres de los más grandes y añejos partidos políticos del México posrrevolucionario (hasta hace poco férreos defensores de la idea de que cada uno de ellos representaba una alternativa, una visión de Estado y de nación radicalmente distinta de la enarbolada por los otros dos) competirán en las elecciones de medio término del año entrante, para renovar la Cámara de Diputados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó ante el anuncio de la institución de la coalición Va por México afirmando:

«Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen: ellos mandaron, ellos dominaron, en los últimos cuarenta años, y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos (sic.). Ahora ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo. Y van a buscar ahora en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios, pero es legítimo. Esto pasa en todo el mundo».

López Obrador, 23/12/2020

Los tres institutos políticos en cuestión que forman dicha coalición electoral son, por supuesto, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Juntos, en el imaginario y en el discurso de López Obrador, constituyen lo que él mismo posicionó en el debate público nacional como el PRIAN, que si bien es un acrónimo en el cual tienen preeminencia las siglas de los dos primeros partidos (PAN y PRI), no por estar ausente de él, el PRD le resulta ajeno, toda vez que, por lo menos desde la vuelta de siglo (en los albores de la supuesta democratización de México) éste partido, que nació como resultado de la escisión de las alas progresistas del priísmo, ha tendido a ir en alianza coyuntural con aquellos dos en prácticamente cada ronda electoral local, para renovar presidencias municipales y congresos locales.

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Los privilegios del generalato mexicano

El pasado quince de octubre del año en curso, en California, Estados Unidos, fue detenido el General en retiro, exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. Un hecho inédito, sin duda, no únicamente por el perfil del individuo (que sea un militar y no un civil), sino, sobre todo, por el rango de éste dentro de la estructura castrense del Estado mexicano. Las acusaciones, en ese momento, fueron varias, aunque todas tenían que ver, directa o indirectamente, con el rol que jugó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la política antinarcóticos del Estado.

Por increíble que parezca, cuando la noticia se dio a conocer, las autoridades mexicanas reaccionaron con extrañeza, pues, al parecer, y de acuerdo con la información publicada en ambos lados de la frontera, la detención y todo el proceso de vigilancia e investigación previos se dieron sin haber hecho parte del asunto al gobierno mexicano y sus instancias correspondientes. Mucho se debatió en la agenda pública nacional y en la agenda de los medios, de hecho, si aquello era una movida de la administración de López Obrador para cobrar una vendetta personal con el siguiente en la fila de los personeros del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque enmascarada bajo el argumento de que habían sido las autoridades estadounidenses las que unilateralmente habían decidido actuar.

La idea parece plausible, no cabe duda. Sin embargo, los extrañamientos realizados por la Cancillería mexicana y el intercambio de declaraciones que se dio en los días posteriores confirmaron que en verdad aquello había sido un movimiento unilateral más (de tantos observados en los últimos cuatro sexenios) del gobierno estadounidense para atar algunos cabos sueltos en acontecimientos recientes, respecto de su siempre simulada guerra contra el narcotráfico internacional. Políticamente, además, si la detención del General hubiese sido en realidad una operación mexicana encubierta, adjudicarla a la administración de Donald Trump lejos de impactar positivamente en la percepción pública que se tiene del sexenio de López Obrador, y de su compromiso con la impartición y procuración de justicia, termina siendo una estrategia que opera en contra del propio gobierno mexicano, pues ni la victoria por su captura ni el simbolismo de la misma —demostrando coraje y decisión por la parte mexicana para avanzar en esos asuntos que históricamente han quedado intocados—, son susceptibles de ser adjudicados a México.

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