Los privilegios del generalato mexicano

El pasado quince de octubre del año en curso, en California, Estados Unidos, fue detenido el General en retiro, exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. Un hecho inédito, sin duda, no únicamente por el perfil del individuo (que sea un militar y no un civil), sino, sobre todo, por el rango de éste dentro de la estructura castrense del Estado mexicano. Las acusaciones, en ese momento, fueron varias, aunque todas tenían que ver, directa o indirectamente, con el rol que jugó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la política antinarcóticos del Estado.

Por increíble que parezca, cuando la noticia se dio a conocer, las autoridades mexicanas reaccionaron con extrañeza, pues, al parecer, y de acuerdo con la información publicada en ambos lados de la frontera, la detención y todo el proceso de vigilancia e investigación previos se dieron sin haber hecho parte del asunto al gobierno mexicano y sus instancias correspondientes. Mucho se debatió en la agenda pública nacional y en la agenda de los medios, de hecho, si aquello era una movida de la administración de López Obrador para cobrar una vendetta personal con el siguiente en la fila de los personeros del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque enmascarada bajo el argumento de que habían sido las autoridades estadounidenses las que unilateralmente habían decidido actuar.

La idea parece plausible, no cabe duda. Sin embargo, los extrañamientos realizados por la Cancillería mexicana y el intercambio de declaraciones que se dio en los días posteriores confirmaron que en verdad aquello había sido un movimiento unilateral más (de tantos observados en los últimos cuatro sexenios) del gobierno estadounidense para atar algunos cabos sueltos en acontecimientos recientes, respecto de su siempre simulada guerra contra el narcotráfico internacional. Políticamente, además, si la detención del General hubiese sido en realidad una operación mexicana encubierta, adjudicarla a la administración de Donald Trump lejos de impactar positivamente en la percepción pública que se tiene del sexenio de López Obrador, y de su compromiso con la impartición y procuración de justicia, termina siendo una estrategia que opera en contra del propio gobierno mexicano, pues ni la victoria por su captura ni el simbolismo de la misma —demostrando coraje y decisión por la parte mexicana para avanzar en esos asuntos que históricamente han quedado intocados—, son susceptibles de ser adjudicados a México.

Y es que, en efecto, siendo una de las estrategias insignia del gobierno mexicano en funciones el cambiar la percepción que se tiene en materia de seguridad y procuración de justicia (en donde el ejército entra siendo un actor, en teoría, moralmente renovado por las virtudes éticas de la 4T), regalarle triunfos (detenciones) como la del General Cienfuegos a otras autoridades, sin reconocer ni siquiera una mínima colaboración de México en el proceso, lejos favorecer a la estrategia del sexenio la mina, y la revela ante la opinión pública como ineficiente, patética e incapaz. De ahí, justo, la premura con la que las autoridades federales mexicanas se dispusieron a extrañar a sus homólogas estadounidenses e integrarse de lleno al curso de los eventos.

¿Qué explica, entonces, que si la detención del General suponía un triunfo (quizá relativo, más que absoluto, dependiendo del punto de vista del que se observen los acontecimientos) tanto el gobierno de Donald J. Trump como el de López Obrador, en la noche del diecisiete de noviembre del mismo año, sin embargo, en un comunicado que involucra a autoridades de ambos Estados, se diese a conocer que el proceso en su contra sería desechado?

La hipótesis que de inmediato comenzó a circular en la agenda de los medios de comunicación (por lo menos del lado mexicano), es que el giro en la decisión se debe, fundamentalmente, a los impactos que ya comienza a tener el previsible relevo de administración federal en Estados Unidos, siendo la victoria de Joe Biden el factor determinante (de carácter electoral) para optar por desechar el proceso de investigación en contra del General Cienfuegos. Implícitamente, en esa respuesta tentativa el móvil que parece explicar los acontecimientos es que el distanciamiento marcado por el gobierno de López Obrador, respecto de la victoria del candidato demócrata,  estaría mostrando sus primeros efectos adversos en la relación bilateral. El error de análisis aquí es, no obstante, evidente: aunque los equipos de transición ya empiezan a operar en torno del cambio de gobierno, la influencia que tiene el proyecto demócrata entrante no es aún la suficiente como para determinar decisiones así (ni hablar de su carencia de facultades legales para hacerlo). Electoralmente, también, la presidencia de Trump, por otra parte, no obtiene nada con desechar la investigación.

¿Pero si no es el factor residual de las elecciones presidenciales anglosajonas entonces qué es? El hecho de que en los comunicados emitidos tanto la Fiscalía estadounidense cuanto su contraparte mexicana declarasen que de común acuerdo se había optado por desestimar el proceso en Estados Unidos para ser desarrollado en México de conformidad con las leyes nacionales dice mucho e indica, en gran medida, por dónde se están tensando los conflictos políticos internos alrededor de la detención del General. Y es que, en efecto, aunque es un hecho que el haber continuado el proceso en Estados Unidos habría, con gran probabilidad, llevado a que en su desarrollo se ventilase información no deseada por parte de las autoridades estadounidenses (por ejemplo: los modus operandi, las injerencias y las colaboraciones que sostienen agencias como la NSA, el FBI o la DEA con las autoridades mexicanas y con algunas estructuras delictivas), la realidad de las cosas es que, aunque el perfil del General Cienfuegos es excepcional y su detención un acontecimiento algo inédito en la relación bilateral, los procesos judiciales en Estados Unidos han demostrado tener, históricamente, un buen control de la información que emerge en los juicios de actores de alto nivel, nacionales de otros Estados.

De lo anterior dan cuenta, por ejemplo, los casos de narcotraficantes como Joaquín Guzmán Loera, quien por su papel en el trasiego de enervantes a nivel continental sigue siendo una fuente de información privilegiada que tiene todo el potencial de arrastrar tras de sí a un numero indeterminado, pero amplio, de funcionarios gubernamentales y empresarios en ambos lados de la frontera (nada que no haya sido documentado ya en el medio periodístico, pero que necesita de las confesiones de parte de agentes involucrados directamente en dichas dinámicas para adquirir un nuevo estatuto de validez jurídica en un proceso penal). Piénsese, en ese sentido, que Loera recibió su sentencia, el juicio terminó y las personalidades involucradas no pasaron o bien de ser un puñado (con importancia menor) o de ser objetos de acusaciones que en general no trascendieron de eso, de meros señalamientos que al final se desestimaron o simplemente no fueron tomados en consideración.

Sobra subrayar que del lado estadounidense, ni el número de señalados/señaladas ni las acusaciones en su contra fueron equiparables a las que se hicieron respecto de los y las nacionales de México: el control de la información, su regulación, se cumplió. Por eso, aunque también es plausible la hipótesis de que las autoridades estadounidenses optaron por desestimar el proceso para no poner en evidencia sus propios excesos, su propia corrupción, sus propios mecanismos de actuación y alianzas cuestionables o políticas contraproducentes para el acontecer de la vida nacional en México y/o en Estados Unidos, asimismo es verdad que esos riesgos suelen ser menores cuando el flujo de la información es controlado a lo largo del proceso penal. Después de todo, en temas como los que circundan a la guerra en contra del narcotráfico, los saldos políticos de información no deseada circulando en el espacio público no suelen ser menores.

Ahora bien, dicho lo anterior, sin duda la respuesta que más ofrece salidas al enigma que rodea a la decisión de las fiscalías mexicana y estadounidense tiene que ver con dos factores presentes en la vida nacional de México. El primero de ellos es, por supuesto, el que tiene que ver con las presiones internas empujadas desde el seno del ejército mexicano sobre el gobierno federal de López Obrador. Y es que no debe pasarse por alto que, a lo largo de dos años de gestión, el presidente mexicano en turno ha optado por hacer de esta institución su aliado principal cuando se trata de mantener un férreo control de asuntos considerados por el proyecto político del jefe del ejecutivo federal como temas principalísimos de su Cuarta Transformación, o simplemente, como problemas de seguridad nacional. Así, por ejemplo, es como el petróleo, los puertos, parte de la banca y la industria pública de la construcción de infraestructura estratégica (en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles), además de los rubros clásicos de seguridad y defensa, pasaron a formar parte de las prioridades de dicha institución castrense en este sexenio; legando a las futuras administraciones de este país una mega-institución militar, con facultades extraordinarias y presencia nacional nunca antes vista.

¿Por qué, entonces, siendo el principal aliado de la presidencia de la República, el ejército habría de ejercer presión alguna sobre el gobierno federal para atraer a la institucionalidad nacional el caso del General Cienfuegos? La respuesta es simple, pero no por ello simplista: la lealtad que se cultiva en la institución (a pesar de ser uno de los ejércitos con mayor número de deserciones anuales a nivel continental) es un factor de peso cuando se trata de proteger los intereses de la propia institución. Eso es seguro. Sin embargo, el factor más decisivo al respecto tiene que ver con la cadena de mando. Y es que siendo el General un personaje del perfil más alto al que se puede llegar dentro del ejército nacional, los altos y medios mandos debajo de su posición que podrían seguirlo en su proceso penal por ser responsables en segundo y/o tercer grado de los actos que se le imputan a Cienfuegos no son los menos, y atentar en contra de esas estructuras siguiendo las jerarquías —inclusive si no se llega hasta las últimas consecuencias en las investigaciones—, podría llevar a una descomposición interna.

Es en este sentido que las divisiones internas en el ejército lejos de ensancharse tenderían a difuminarse aún más, con independencia de si ciertos sectores, grupos o cúpulas dentro de él están, en los hechos, en favor de que se haga un proceso en contra del General Cienfuegos, por ser, después del General Galván Galván, el segundo Secretario de Defensa que arrastra a toda la institución por un agudo sendero de putrefacción, corrupción, excesos en su actuar y descrédito ante el escrutinio público de la colectividad (todo ello cortesía de la guerra en contra del narcotráfico).

El segundo factor, por su parte, tiene que ver con la propia posición del gobierno federal al respecto (y en particular de la presidencia de la República), pues, además de evitar perder a su aliado más importante en este momento —producto de un descuido que comience a jalar hebras en donde no habría que hacerlo—, conducir el proceso de Cienfuegos en México permite a los actores locales tanto ejercer un mayor control de la información que se ventila cuanto desplegar un mejor control de daños y uso político de la misma. No debe olvidarse, después de todo, que un juicio a Cienfuegos, con control de daños ofrecido por cortesía del gobierno federal, tendría todo el potencial para saldar, de una vez por todas, deudas pendientes que son importantísimas para ciertos sectores de la sociedad en el país, como lo es el desmontar la verdad histórica que rodea al caso de la masacre estudiantil de Iguala, Guerrero.

Pero además, en esa misma línea de ideas, la dosificación de la información y la conducción de las investigaciones de conformidad con las necesidades en turno de la 4T (en tiempos electorales cuyo añadido más importante es la consulta de revocación de mandato) ayudarían a cerrar el cerco que desde hace un par de meses se decidió tender alrededor de figuras clave como Rosario Robles, Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, etc.; de tal suerte que, a lo largo de los meses, exista un presencia permanente de cada una de esas dinámicas en el debate público, tensando y distendiendo disputas políticas domésticas que le ofrezcan al gobierno de la 4T negociar con sus opositores desde una mayor posición de fuerza.

Dicho lo anterior, es un hecho que, por donde se la vea, la situación presente es sin duda muchísimo más trascendental para la vida nacional de México que para la de Estados Unidos; razón por la cual desestimar el caso en las cortes de aquel Estado no tendría que suponer, en ningún universo, una derrota para la política y la diplomacia estadounidense. La hipótesis de que fue la presidencia de López Obrador la que amenazó y presionó a su contraparte anglosajona es improbable, no sólo porque el gobierno Mexicano cuenta con poco material para presionar a la administración saliente (y porque los daños a la gestión de Trump, en sus momentos de salida, serían intrascendentes), sino también, y fundamentalmente, porque la fuente de información privilegiada en materia de seguridad nacional (Cienfuegos) está en manos estadounidenses y eso significa que dicha información puede ser empleada por aquel gobierno para presionar al mexicano tanto como éste considere que lo revelado podría inducir una crisis de credibilidad nacional por lo confesado en Estados Unidos.

En ese sentido, más bien, a lo que habría que estar atentos y atentas es a la manera en que México deberá saldar el favor recibido por la Fiscalía estadounidense en los días, semanas o meses por venir.