El ABC de la Reforma al Poder Judicial de la Federación

Uno de los principales factores que ha contribuido a empantanar y enturbiar mucho de lo que hasta ahora se sigue discutiendo públicamente en relación con la Reforma al Poder Judicial de la Federación tiene que ver con el hecho de que una parte de quienes intervienen en dicho debate ni siquiera se han tomado la molestia de leer directamente el texto constitucional aprobado, mientras que, de forma recíproca, hay quienes ya se dieron a la tarea de hacerlo y, por las razones que sea, a pesar de ello han optado por mentir o tergiversar la letra de la nueva redacción de la Ley fundamental del Estado mexicano. Entre ambos extremos, por ello, las voces que se han esforzado por transmitir de manera honesta lo que sí dice y lo que no dice la reforma han sido reducidas o bien a posiciones minoritarias o, en el peor de los casos, al silencio absoluto.

En este sentido, gran parte de lo que se puede leer, ver y escuchar en medios tradicionales de comunicación, en redes sociales y plataformas sociodigitales o en el espacio público, en general, anclado o en la ignorancia o en la malicia, ha estado determinado por lo que dicen quienes a priori se oponen a la reforma, por lo que opinan algunos de sus principales afectados, dentro de las élites de este poder de la federación, o por lo que con estridencia han denunciado porciones significativas de sus bases laborales, aunque no necesariamente con conocimiento de causa.

De ahí que, para quienes se han tomado con seriedad el tiempo para revisar el nuevo texto constitucional se vuelva una tarea intelectual (pero también política e histórica) irrenunciable el socializar lo que literalmente se aprobó en el texto de la reforma; siempre subrayando que ésta es apenas una parte del proceso en curso, pues aún hace falta que las Cámaras del Congreso legislen las normas reglamentarias en donde se detallarán todos aquellos aspectos que el articulado constitucional no alcanza a cubrir (siempre sin rebasarlo, para no dar origen a leyes inconstitucionales; y nunca contraviniéndolo, para no dar cabida a disposiciones anticonstitucionales).

Expuesto, pues, lo anterior, en lo que sigue se exponen algunos de los temas que mayores controversias han generado en la discusión pública nacional (hay que insistir, mayoritariamente debido al desconocimiento o la manipulación antes que por lo que verdaderamente se votó en el legislativo y fue promulgado por el ejecutivo), reproduciendo textualmente lo que a partir de este 16 de septiembre de 2024 dispone la Constitución Federal en relación con la composición, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (en cada caso, acompañando lo expuesto con breves contextualizaciones hechas por quien escribe estas líneas, para dar mayor claridad a su contenido).

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El discreto desencanto con la democracia

Este martes 10 de septiembre (madrugada del 11), a través de un proceso que, a pesar de haber cumplido con todas las formalidades legales que se demandan para dar cauce a una modificación constitucional, no dejó de ser desaseado —y en algunos casos cuestionablemente pragmático—, el pleno del Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor, la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación. Con ello, el trámite, que tuvo como Cámara de Origen a la de Diputados y Diputadas, vía una iniciativa presidencial, pasará a ser evaluado por las legislaturas locales para que, con la anuencia de la mayoría simple de las treinta y dos, los cambios puedan ser promulgados y entrar en vigor.

Como pocas, esta reforma ha generado un intenso debate público que ha ido desde la defensa a ultranza del modelo de sistema judicial federal que López Obrador busca heredar al país hasta su demonización a priori, sin que entre ambos extremos medien posturas lo suficientemente plurales, serias y meditadas como para matizar y dimensionar en sus justas proporciones las motivaciones, los efectos y las consecuencias de dicha decisión. Y lo cierto es que no es para menos: históricamente, el Poder Judicial de la Federación (PJF) es el que menos ha sido reformado y/o reestructurado de los tres que constituyen al Estado mexicano. Lo cual, en los hechos, se ha traducido en la idea de que su normalidad operativa y su buen y correcto funcionamiento dependen de que ninguno de los otros dos poderes de la Unión se meta con él. Los más osados defensores de este statu quo, a lo mucho, quizá se atrevan a aceptar que, si ha de ser alterado estructural y orgánicamente, dicha tarea deba quedar en manos del propio PJF y no ser responsabilidad de entes externos.

Pero incluso entonces, la sola idea de tener que atravesar por un cambio en la forma en la que históricamente ha funcionado este poder resulta, para mucha gente, fuente de angustias, de temores y de incertidumbres. De ahí que no sorprenda que, a menudo, se opte por aceptar que es mejor vivir con lo que se tiene hoy (por deficiente que sea) a tener que arriesgarse a ensayar una alternativa. Por si ello no fuese poca cosa, para agravar aún más la situación, lo que hoy se pretende conseguir en México con esta reforma es un ejercicio inédito en todo el mundo: no, por supuesto, porque no existan casos actuales en los que algunos de los puntos más controversiales de la reforma sean parte de otros sistemas judiciales nacionales (como la elección de jueces en Estados Unidos, por ejemplo) o porque en la historia de la humanidad no se haya experimentado, nunca, algo similar a un poder judicial electo popularmente (lo cual es falso, pues tribunales populares, democráticos y anclados en lógicas fiduciarias existieron dentro y fuera de Occidente en diversos momentos del pasado, antes de que el capitalismo los eliminara por representar un peligro para su lógica de reproducción). Sino que lo es porque los pocos casos contemporáneos en los que se pretendió concretar una transformación similar a la que hoy se pretende conseguir en México estuvieron acompañados por procesos nacionales y populares de refundación constitucional de la totalidad del Estado y no sólo de una de sus ramas (Bolivia, Ecuador y Venezuela son los casos más próximos).

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Venezuela y los dogmas de la izquierda

Muy pocos fenómenos regionales, en América, tienen la capacidad de movilizar tantas y tan virulentas pasiones a lo largo y a lo ancho de la región como lo hacen los vaivenes políticos que tienden a ocurrir en Venezuela. Y es que, junto con Cuba y, en menor medida, con Nicaragua, Venezuela representa en este continente (aunque no sólo en él) una experiencia nacional sui generis tanto de lo mucho que pueden llegar a hacer los pueblos del mundo —antaño sojuzgados— cuando toman las riendas de su destino en sus manos cuanto de lo exitosos que pueden llegar a ser las izquierdas, en particular, y el mucho más amplio, diverso y plural campo del progresismo, en general, cuando toman el poder para cambiar el mundo y efectivamente lo hacen a partir de su pleno compromiso con la construcción de una sociedad mucho más libre, democrática, igualitaria y socialmente justa.

Que la política venezolana, en este sentido, haya tendido a ser, en todo lo que va del siglo XXI (como indiscutiblemente lo fueron Cuba y Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX) un problema regional capaz de generar profundas confrontaciones entre derechas e izquierdas y, además, al interior mismo de las propias derechas y de las izquierdas, operar como factor de polarización en lugar de ser objeto de consensos, sobre cuestiones que van desde lo ideológico hasta lo programático, tiene todo que ver con el hecho de que el chavismo logró materializar en ese país una de las experiencias más interesantes, más innovadoras, exitosas y aleccionadoras de lo que podría ser un proyecto nacional-popular en favor de las mayorías. De ahí, entonces, que en la oposición entre derechas e izquierdas sobre este tema el foco de la tensión siempre se halle, para aquellas, en la necesidad de mostrar al chavismo como un fracaso populista más entre los muchos que saturan las páginas de la historia política de América y, para las izquierdas, en obstaculizar la aniquilación de la experiencia venezolana por parte de movimientos reaccionarios y contrarrevolucionarios (internos y externos), pero también en impedir que los éxitos del chavismo y del pueblo venezolano desaparezcan como un referente de lucha para otras sociedades, otras naciones, otros gobiernos y otros Estados dentro y fuera de América.

Al interior tanto de las derechas como de las izquierdas (nacionales, regionales, internacionales), por otro lado, lo que generalmente desata enconos y polarizaciones tiene que ver con los grados de compromiso que se asuman, en el caso de las derechas, con llevar hasta sus últimas consecuencias a la reacción y a la contrarrevolución; y, en el de las izquierdas, a manera de espejo, con el grado de radicalidad —no siempre y no necesariamente en el sentido positivo del término— con el que se defiendan el pasado, el presente y el futuro del propio chavismo y, en general, de la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y libertades. Entre las derechas, esta tensión interna suele manifestarse en el hecho de que, si bien es verdad que todas ellas tienen por objetivo final de su lucha con el chavismo el exterminarlo para hacerse con el control gubernamental y con la dirección estatal del país (pero también el de liquidarlo como un referente histórico para otras luchas, en otras latitudes y en otros tiempos), ello no significa que, por esa simple coincidencia, también compartan el proyecto de régimen que habría de suceder al chavismo una vez derrotado. Entre las izquierdas, por otra parte, internamente lo que se suele manifestar es una suerte de fenómeno de infantilismo en el que la mayor o la menor fidelidad que se exprese en relación con el chavismo en cuestión se toma como sinónimo de autenticidad y de radicalidad de izquierda, de tal suerte que hasta la más sutil crítica o expresión de escepticismo que pueda llegar a aparecer entre individuos y colectividades es asumida o bien como una reacción idéntica a la profesada por la propia derecha o bien como una especie de inmadurez política e intelectual de izquierda o bien como síntoma de ingenuidad o bien —en términos más clasistas— como el claro indicio de que se está en absoluta desconexión con lo popular (como si lo popular en y por sí mismo fuese una manifestación pura y radical de izquierda, desconociendo que lo popular también tiene sus variaciones conservadoras, reaccionarias y derechistas).

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