La valoración estratégica de la política exterior rusa en Ucrania

A la luz de los acontecimientos que desde hace dos días se suceden en las fronteras entre Ucrania y Rusia, hoy es inevitable preguntarse si en verdad Estados Unidos y sus principales aliados en el seno de la OTAN tenían razón acerca de las pretensiones expansionistas rusas. Y es que, vista la sucesión de hechos en retrospectiva, lo primero que sale a la luz es la campaña en medios de comunicación occidentales que sistemática y permanente apuntaron que Vladimir Putin preparaba a su ejército para llevar a cabo una inminente incursión militar en territorio de Ucrania,  —de acuerdo con esa misma narrativa— sin motivo aparente alguno que no fuese el puro deseo de satisfacer el hambre expansionista de ese gobierno.

Pensando, por eso, en todas las columnas de opinión, en todos los análisis y en todas las noticias, en general, que circularon en Occidente, a lo largo de los últimos tres o cuatro meses, en torno del conflicto diplomático acerca de la política exterior de Ucrania y su vinculación con la expansión de la OTAN hacia el Este, lo que hoy resulta más difícil de creer es que Rusia en verdad nunca tuvo intenciones (como se aseguró una y otra vez desde la presidencia y su cancillería) de hacer avanzar a sus ejércitos hacia Occidente y ocupar, en consecuencia, los territorios de lo que hasta hace unos días en la diplomacia rusa se seguía reconociendo como Repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás. Partiendo de esa base, y de todo lo expresado por políticos y diplomáticos de Estados Unidos y de algunos Estados parte de la OTAN, por ejemplo, hoy, más que hace unas semanas, parece mucho más plausible creer que las advertencias esgrimidas sobre una invasión rusa eran verdaderas y no sólo una campaña de golpeteo mediático en contra de Putin. El gobierno ruso, después de todo, terminó por hacer lo que constantemente se advirtió que haría: un movimiento militar hacia Ucrania.

¿Son las cosas así de simples y la sucesión de eventos una cadena de acontecimientos así de lineal como hoy se argumenta que son? ¿Rusia, todo este tiempo, tuvo intenciones de invadir a un Estado con el que comparte frontera y los servicios de inteligencia occidentales siempre estuvieron en lo correcto al señalarlo? A propósito de estas preguntas es claro e innegable, por ejemplo, que Rusia optó por movilizar a sus ejércitos fuera de sus propias fronteras. La discusión de fondo, sin embargo, no gira ni debe de gravitar alrededor del reconocimiento o de la negación de este hecho (pues ello implicaría atentar en contra de la más elemental capacidad de comprobación empírica de la que despone el intelecto humano). Acá, antes bien, el fondo de la cuestión se halla no en la comprensión del acontecimiento en cuanto tal, sino en el análisis de tres discusiones mucho más fundamentales. A saber: a) la que tiene que ver con los motivos que llevaron a Rusia a actuar de tal modo; b) la concerniente a la legitimidad del acto en cuestión; y, c) la que remite a las consecuencias de lo hecho.

En ese sentido, lo primero que habría que anotar aquí es que no todo lo que tiene que ver con el conflicto actual en Ucrania se explica por los últimos acontecimientos que lo han caracterizado; ni siquiera por la situación que ha imperado en la región desde 2014, fecha en la que la mayor parte de los análisis que defienden la política exterior estadounidense y el programa de agresiones de la OTAN suelen situar el origen de la crisis actual. Y es que, si bien es cierto que de los eventos que ocurrieron en aquella fecha derivaron las sucesivas problemáticas relativas a Crimea, a Donetsk y Lugansk, esa coyuntura en particular no se explica si no es a través de su correcta contextualización dentro del marco temporal mucho más amplio que rodea a los sucesivos avances territoriales de la OTAN hacia el Este de Europa.

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¿Quién representa a México en el exterior?

Esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) hizo público que entre su personal diplomático se llevarían a cabo una serie de adecuaciones, entre las cuales se hallan dieciséis designaciones para representaciones de México en el exterior, realizadas por el presidente de la República, así como seis promociones de ministros y ministras al nivel escalafonario de embajador y embajadora. Además, la Cancillería notificó que abrirá, por primera vez, un concurso para acceder a diez nuevas plazas de embajador o cónsul general y confirmó que Alicia Bárcena, actual Directora Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, será directora general del Instituto Matías Romero una vez que concluya su gestión al frente de ella.

Más allá de los análisis particulares que es preciso realizar, en términos de llevar a cabo la evaluación de la idoneidad de los perfiles propuestos para representar a México en el exterior en los Estados a los cuales fueron designados para tales propósitos, un tema que de inmediato salió a relucir en el debate público nacional (sobre todo entre algunos medios tradicionales de comunicación y, en el centro del país, en redes sociales), tiene que ver con la naturaleza misma del ejercicio diplomático y la preparación por la que se supone que tendrían que atravesar las personas designadas, sexenio tras sexenio, para hacer valer la política exterior del Estado mexicano más allá de sus propias fronteras.

Y es que, aunque designaciones como las llevadas a cabo en esta ocasión por la SRE no se diferencian mucho de nombramientos similares en sexenios pasados (por cuanto al perfil de las personalidades que son elegidas para cumplir con los encargos diplomáticos de la presidencia en turno), esta vez, la trayectoria profesional y la biografía política de algunos de los nombramientos confirmados por la Cancillería introdujeron en la agenda pública y de los medios el debate sobre la situación general en la que se halla el personal que, en teoría, se encarga de defender los intereses de México alrededor del mundo, o por lo menos ahí en donde cuenta con misiones diplomáticas (y/o consulares).

Así pues, en términos generales, el problema de fondo en la discusión desencadenada por los nombramientos notificados por la SRE desde el momento mismo en que se hizo publica la información giró alrededor de una pregunta fundamental: ¿con qué preparación deberían de contar los hombres y las mujeres que son designadas por el gobierno mexicano para representar los intereses de su Estado en el exterior? Puestas así las cosas, la pregunta hasta parece simplona, toda vez que su respuesta más evidente apunta a una obviedad: como en cualquier otra profesión u oficio, los diplomáticos y las diplomáticas de México deberían de contar con estudios especializados en materia de relaciones internacionales y política exterior (o cualquiera de sus sucedáneos, variaciones y/o derivaciones).

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Contra la meritocracia en la educación pública

El pasado tres de enero, a propósito del arranque del nuevo año, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (y por mucho la mejor opción de MORENA para el relevo presidencial del 2024, ante los peligros reaccionarios que suponen Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal), Claudia Sheinbaum, publicó en sus redes sociales dos breves mensajes cuya temática central era resaltar la naturaleza y los beneficios del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, cuya población meta está constituida por las y los infantes que estudian en instituciones públicas de la CDMX, en niveles que van desde el preescolar hasta la secundaria.

El primero de dichos mensajes indicaba, textualmente, que «antes, se daba un pequeño apoyo a estudiantes de más altos promedios y se les llamaba “niños talento”. Para nosotros, una calificación no define el talento y sólo genera desigualdades. Porque la educación es un derecho, creamos la beca universal del Bienestar para Niñas y Niños». Mientras que el segundo, por su parte, ahondaba en el plano cuantitativo y cualitativo de dicha política subrayando que su padrón de beneficiarios y beneficiarias es del orden de poco más de un millón de niñas y niños, quienes «reciben un apoyo mensual y uno anual para útiles y uniformes escolares».

Por si mismos, ambos mensajes no se diferencian en mucho de cualquier otro tipo de comunicación emitida por una autoridad gubernamental en funciones (cualquiera que sea el partido político por el que ésta gobierne), pues entre sus responsabilidades cotidianas se hallan aquellas que obligan a los funcionarios públicos y a las funcionarias públicas a rendir cuentas de lo que hacen o dejan de hacer en beneficio o en perjuicio de la ciudadanía a la que, en principio, deben su cargo (en tanto que su naturaleza es de elección popular) y para la cual gobiernan. Dichas comunicaciones (en forma de tuits), sin embargo, fueron todo menos irrelevantes en las horas y los días siguientes; por lo menos no para un amplio espectro de la comentocracia que desde diciembre del 2018 profesa una profunda hostilidad en contra de los gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional o que, en su defecto, afirman gobernar bajo las siglas y en consonancia con el espíritu de la Cuarta Transformación, ya sean estos municipales o estales (¡ni qué decir del federal!).

¿Cuál fue el problema? Aunque a la fecha ya es relativamente común encontrar reacciones inmediatas y agresivas (casi que en automático) en redes sociales y en espacios tradicionales de discusión y de opinión (radio, prensa y televisión) en contra de cualquier política pública que emane de los gobiernos de la 4T (en especial aquellas que tienen un carácter marcadamente social), en esta ocasión, más allá del automatismo de la respuesta por parte de la oposición (desde hace tempo tan adepta a usar cualquier temática que involucre a las infancias y a las juventudes como carne de cañón para movilizar su agenda de golpeteo mediático), lo que parece haber encendido su virulencia tan pronto en el nuevo año fue la decisión del gobierno de la Ciudad de México de desmarcarse de una práctica tan común en gobiernos anteriores que, para ponerlo simple, se sintetizaba en la idea de que la meritocracia (y no al mérito) hay que alimentarla desde la más tierna infancia de las y los estudiantes, para que crezca con robustez en la medida en que avancen por los siguientes niveles educativos que constituyen el esquema básico de escolarización en México.

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