A mediados del siglo XX, cuando las operaciones de guerra en la Europa continental por fin comenzaban a cesar, la mayor parte del mundo, que hasta entonces se había mantenido al margen del conflicto bélico, descubrió, en parte gracias a la masificación de viejos y nuevos medios de comunicación en la época, que lo que había estado ocurriendo en Europa desde el ascenso del nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano y de los sucedáneos y derivados de ambos fenómenos entre otras naciones del viejo continente, de ningún modo podía reducirse, agotarse o explicarse exclusivamente por el recurso a la guerra entre ejércitos, pueblos, naciones y/o Estados. El mundo descubrió con asombro (inclusive con ingenuidad), pues, que, por debajo de la guerra convencional, de los Estados Mayores, había estado teniendo lugar, particularmente en Alemania, pero no sólo, un proceso de sistemático exterminio de poblaciones enteras mediante la organización, el despliegue y la operación de una potentísima maquinaria industrial de aniquilación en masa: a través, sí, de paredones de fusilamiento, de cámaras de gas y de hornos crematorios, pero también por medio de la reclusión orientada a la maximización de la explotación, de la extenuación física, sicológica y moral extrema, de la vejación del espíritu y del suplicio del cuerpo y de la imposición de condiciones de inanición y desamparo generalizadas.

Visto en retrospectiva el holocausto que estaba ocurriendo en las entrañas mismas de la guerra europea, sin duda resulta contraintuitivo el aceptar que, dada la magnitud y las proporciones del exterminio humano en curso en el continente, una parte significativa del mundo (e inclusive de las poblaciones europeas) no tuviese noticia (ya ni se diga conciencia) de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y es que, si bien es verdad que tanto la dinámica del conflicto bélico y la localización de los campos de concentración, así como el hermetismo político propio de los regímenes totalitarios, en conjunto coadyuvaron a garantizar el carácter arcano del complejo militar-industrial genocida en funciones, no es menos cierto que, precisamente por las dimensiones adquiridas por este drama humano, los crímenes de los totalitarismos europeos no eran, en absoluto, insondables para el ciudadano y la ciudadana comunes. Los indicios de lo que ocurriría con la institución de la solución final, de hecho, ya estaban ahí, presentes en la vida cotidiana de las personas que habitaban en los Estados europeos insertos en la órbita imperial del Tercer Reich mucho tiempo antes de que aquello se organizara extensiva e intensivamente como la maquinaria homicida que terminó siendo (los primeros campos de concentración improvisados en hospitales, escuelas, hoteles y edificios civiles reacondicionados en los centros urbanos para recluir a socialistas y comunistas durante la primera mitad de la década de los años 30 daban cuenta de ello y lo anticipaban).

Sea como fuere, tras la guerra, Occidente se tuvo que enfrentar a la necesidad de darle un nombre a aquella realidad que sólo conocían quienes lograron sobrevivir a los campos de concentración y a quienes, por tal motivo, se les demandó ser las y los responsables de narrar su crudeza bajo el imperativo de que de la recuperación de esa memoria dependía el destino de las sociedades occidentales y la posibilidad de evitar que eventos similares volviesen a ocurrir en el futuro. El resto del mundo, por supuesto, también tuvo que asistir al horror que supusieron las imágenes que comenzaron a circular públicamente por todas partes, mostrando los vestigios de aquello que ocurría en Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Treblinka, etc., con la intención, a veces clara a veces velada, de aleccionar a cada nación en la Tierra sobre los excesos a los que es capaz de llevar a la humanidad la maldad que habita en cada individuo. Ese resto del mundo no occidental, sin embargo, no experimentó aquello como un trauma insuperable, a la manera en que muchos pueblos dentro de Occidente sí lo hicieron, pues en las páginas de su historia aún se hallaban frescos los pasajes en los que se daba cuenta de su pasado colonial y de sus propios exterminios en masa; estos, dicho sea de paso, cometidos a la vista de la comunidad internacional y presumidos sin pudor, inclusive, como  síntoma del progreso civilizatorio, y con total impunidad, pues jamás tuvieron sus propios juicios de Núremberg.

Parafraseando a Aimé Césaire, los pueblos de Occidente, en este sentido, a diferencia de todos aquellos que en algún momento de la historia fueron colonias suyas, sí tuvieron que lidiar con la humillación (y con el trauma) que supuso el hecho de que «el muy distinguido, muy humanista y muy cristiano» hombre blanco hubiese aplicado en Europa procedimientos colonialistas que, hasta ese momento, sólo se empleaban para civilizar y desarrollar —según su arrogante y eurocentrista y provinciana perspectiva— a «los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África». Y la forma genérica en que Occidente lidió con su trauma y con su humillación fue asimilando el genocidio en Europa como la manifestación de una especie de mal radical que, por su misma naturaleza, a decir de Hannah Arendt, no sólo resulta incastigable e imperdonable en tanto que en la esfera de los asuntos públicos los seres humanos son incapaces de «perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable» sino que, además, es un mal, también, incomprensible, pues no puede «ser explicado por los motivos malignos del interés propio, la sordidez, el resentimiento, el ansia de poder y la cobardía».

Sobra subrayar que Occidente, al haber lidiado de esta forma con su propio pasado genocida, hizo del nacionalsocialismo (y, en menor medida, del fascismo) la metáfora categórica y universal del mal radical en el mundo de la política moderna. Tanto así que, todavía hasta hoy, cuando en alguna de sus geografías se busca demonizar a una expresión política cualquiera como inadmisible o intolerable y, de paso, condenarla al ostracismo, el primer y más común recurso al que se apela es al de su señalamiento, estigmatización y/o condena pública como reverberación, refundación y/o reactualización del viejo fascismo y/o del viejo nacionalsocialismo. De ahí que, en el discurso político contemporáneo, inclusive en tiempos en los que viejas y nuevas extremas derechas por toda Europa, Estados Unidos y América buscan desdemonizar el epíteto en cuestión, la acusación de fascista y nazi (o sus similares y derivados) siga siendo una de las condiciones de mayor denigración pública a la que se pueda caer.

México es, hoy, uno de los laboratorios en los que, a veces con ingenio y otras tantas con cretinismo, se experimenta con los usos del nazismo y del fascismo como metáfora del mal radical en la política. Y lo es a propósito de la consternación social que desde el pasado 6 de marzo del presente año ha venido generando el hallazgo de lo que hasta el momento parece ser un centro clandestino de adiestramiento forzado para nuevos integrantes de un grupo del crimen organizado, localizado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Sitio en el que, dicho sea de paso, se presume que, para todas aquellas personas que no sean capaces de sobreponerse a las exigencias de esta agrupación criminal, el destino que les espera es el de ser desaparecidas por medio de la cremación de sus cuerpos.

Y es que, en efecto, a pesar de que no es ésta la primera vez que en México se hacen públicas imágenes que son capaces de dar cuenta del drama humano que significa, en este país, el fenómeno de la desaparición de personas (correlato, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de la proliferación de homicidios dolosos), ni, mucho menos, Teuchitlán representa la más grande de las fosas clandestinas hasta ahora descubiertas, un rasgo que ha caracterizado a este caso y que no se dio en ninguno otro antes de él es el de los paralelismos y analogías que en redes sociales y medios de comunicación se han buscado construir respecto de lo sucedido en los campos de concentración nacionalsocialistas en la Europa de mediados del siglo XX. En particular, desde que la noticia trascendió a la agenda pública y de los medios, esto se dio como efecto mnemotécnico de las fotografías que se tomaron de unas pilas de zapatos y de otras prendas de vestir que de inmediato fueron asimiladas y/o comparadas con las fotos tomadas por los ejércitos aliados en campos de concentración liberados que mostraban montones de zapatos y de efectos personales de las comunidades judías al ser trasladas a ellos (una parte preservada y expuesta al público en el Museo Nacional de Auschwitz-Birkenau). Pero no sólo. Junto con las imágenes del calzado y de otras tantas indumentarias, el tema en medios ha sido tratado con un lenguaje que parece sacado de un ejercicio de historiografía oportunista de los sucesos de los campos de concentración nazis. Así, por ejemplo, al predio del rancho Izaguirre ya no se lo baja de campo de concentración o de campo de exterminio, y a los hornos crematorios cavados en su suelo arenoso no se los deja de comparar con los elaborados industrialmente por el Tercer Reich. Sutilmente, por eso, cuando el tema es tratado a partir de esas coordenadas de intelección, lo que al final resulta es que los sucesos que ocurrieron en dicho predio dejan de ser reconocidos como parte del complejo y socialmente lacerante fenómeno específico de la desaparición y, en cambio, son resignificados como un componente constitutivo de un fenómeno cualitativamente distinto y que en México es cuestionable que suceda así, tal y como se infiere o implica: el de la ocurrencia, en el país, de un acontecimiento homologable al de la Shoá en la Europa de los totalitarismos, verificable a partir de la constatación de hechos de que, en ambas circunstancias, los métodos y el acumulado de casos a lo largo de los años evidencian similitudes.

Ahora bien, más allá de toda consideración cuantitativa necesaria para colocar en su justa dimensión la escala de cualquier exterminio humano (¿cuántos integrantes de una comunidad dada deben ser eliminados para constatar la ocurrencia de un genocidio, ya sea que se lo entienda en su acepción jurídica o en su sentido histórico y político?), aspectos cualitativos de igual relevancia deben de ser problematizados con mucho mayor detalle y pericia en el caso mexicano antes de atreverse a sostener siquiera, implícita o explícitamente, que en México se está reeditando en tiempo real una experiencia similar a la de los imperios continentales europeos de entreguerras. En principio, por ejemplo y para no ir más lejos, no habría que perder de vista la distinta naturaleza de las desapariciones que intelectual y/o materialmente corren a cargo del Estado y aquellas que son ideadas y/o ejecutadas por integrantes del crimen (organizado o no). Pues si bien es cierto que ambas, en términos cuantitativos, se contabilizan como parte de un mismo fenómeno, cualitativamente no son idénticas (fundamentalmente por las relaciones de poder que las atraviesan, pero también por las consecuencias políticas, jurídicas e históricas que se desprenden del acto en cuestión).

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Es en este sentido, por ello, que una de las principales incógnitas que deben de despejarse tiene que ver con el grado de participación del Estado mexicano (en todas sus escalas: municipal, estatal y federal) en los hechos; así como la responsabilidad concreta que le correspondería a las autoridades públicas en su consumación. Tan sencillo como eso, del esclarecimiento de ese sólo factor depende el que los crímenes en Teuchitlán puedan ser considerados justa y legítimamente como un crimen de Estado o no y que, en esa misma medida, se pueda exigir la implementación de mecanismos de esclarecimiento histórico, medidas de reparación del daño y garantías de no repetición. En sociedades como la mexicana (y, para el caso, como cualquiera de las americanas que en algún momento de su historia han sufrido la experiencia de un régimen de excepción civil o militar), la determinación de esta cualidad en los crímenes cometidos en el rancho Izaguirre marca toda la diferencia entre la posibilidad de asimilar o no estos hechos con las desapariciones sistemáticas cometidas por el Estado mexicano durante los años de la Guerra Sucia y, todavía más próximo al presente, con las desapariciones que elementos de los cuerpos de seguridad (policías, ejército, marina, fuerza aérea, etc.) perpetraron al amparo y bajo la sobra de la guerra en contra del narcotráfico, adjudicándoselas al crimen organizado cuando en realidad son casos por los cuales el Estado mexicano sería el responsable.

De acuerdo con cifras oficiales, ofrecidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se contabilizan 124,841 personas desaparecidas y no localizadas desde diciembre de 1952 hasta marzo de 2025. De ellas, 114,603 (91.80%) son casos correspondientes a desapariciones y apenas 10,238 (8.20%) se clasifican como personas no localizadas. La mayor parte de ellas, por supuesto, se concentra en un periodo muy pequeño de tiempo, cuya génesis se halla en 2006, año en el que Felipe Calderón declaró la guerra en contra del narcotráfico en el país (diciembre), experimentando picos máximos en 2010, 2011, 2017, 2019 y 2024. Del total de los caos de desaparición, 87,680 (76.51%) son hombres en un rango de edad en el que el fenómeno predomina entre los 15 y los 44 años. Jalisco (14,490), Tamaulipas (12,548) y el Estado de México (12,418) son las entidades federativas que más casos concentran, duplicando y hasta triplicando las cifras registradas en las entidades que les siguen más de cerca: Veracruz (7,033), Michoacán (6,234) y Sinaloa (5,620).

Dando por válida esta numeraria, pero sin que ello signifique desconocer la existencia (muy probable) de una cifra negra sumamente difícil de calcular por todas las variables que intervienen en su determinación, su análisis en profundidad tendría que conducir a la necesidad de problematizar las especificidades de los rasgos estructurales que animan el fenómeno de las desapariciones en México. El caso del rancho Izaguirre, por ejemplo y a propósito de ello, por lo menos con la información con la que se cuenta hasta el momento, viene a evidenciar lo importante que resulta el discutir con seriedad y a partir de coordenadas distintas a las que han venido predominando en el país en todo lo que va del siglo XXI, los mecanismos coercitivos de los que se vale el crimen organizado para engrosar sus filas (o para reponerlas luego de ser diezmadas), poniendo en tela de juicio que al atender las carencias económicas de los estratos más vulnerables de la población en automático estos dejarán de buscar la posibilidad de labrarse un futuro haciendo carrera criminal. Y es que, así como a lo largo de los últimos días han emergido testimonios de familiares de víctimas de desaparición que indican que el gancho es la oferta (falsa) de un trabajo legítimo, formal y legal, así también tendría que investigarse en cuántos de estos casos las falsas ofertas laborales ni siquiera fueron un recurso de entrada y, en cambio, la estrategia seguida fue la del secuestro simple y llano.

No menos importante que lo anterior, además, tendría que ser el problematizar las razones que estarían operando detrás de la decisión de estos grupos criminales de recurrir a la desaparición sistemática, más allá del hecho fácilmente reconocible de que, al no dejar rastro convirtiendo a cualquier terreno baldío de la extensa República Mexicana en una fosa clandestina de difícil localización y acceso, se vuelve más difícil para las autoridades el llevar a buen puerto el esclarecimiento de los crímenes en cuestión. No debe de obviarse, después de todo, que, entre las cifras de homicidios en el país y el índice de resolución de casos por parte de los cuerpos de impartición y procuración de justicia se abre un enorme abismo de impunidad: de casos no resueltos, de carpetas de investigación abiertas, pero jamás desarrolladas, de casos archivados desde el momento mismo en el que fueron aperturados, etc., a pesar de que en muchos de ellos se haya contado con los restos mortuorios de las víctimas. Es decir, a partir de toda la experiencia acumulada, producto de los hallazgos de fosas clandestinas por toda la geografía nacional, una cosa es segura: la cremación de los cuerpos de las víctimas no es un recurso que inicie, transite y se agote en el puro cálculo racional de una mayor eficiencia en la consecución de impunidad a partir de la aniquilación de las pruebas del delito. Hay ahí, en esa elección, en juego ejercicios de poder diferenciales y diferenciados que trascienden esa valoración.

¿Cuántos casos fueron producto de venganzas personales entre individuos singulares?, ¿cuántos involucraron venta de órganos?, ¿cuántos resolvieron lo incómodo que se volvió algún sujeto para alguien más?, ¿cuántos fueron el producto de la satisfacción de un ansia de sangre?, ¿cuántos no pasaron de ser un juego para quien perpetró el crimen?, ¿cuántos involucraron códigos de honor?, ¿cuántos pusieron en cuestión la construcción de modelos de masculinidad?, ¿cuántos fueron sólo porque sí, o porque la víctima estaba en el lugar y el momento menos indicados?, ¿cuántos verdaderamente fueron ajustes de cuentas entre grupos rivales?, ¿cuántos consecuencia de un accidente o de una confusión?, ¿cuántos realmente respondieron a un cálculo de costo/beneficio?

Ante todas estas preguntas, para las cuales aparentemente hoy no se tienen respuestas (ya no se diga, si quiera, respuestas satisfactorias), sin duda en última instancia se podría argumentar que, al final de cuentas, el resultado es el mismo en todos los casos: la desaparición de un ser humano. Lo cual, sin duda, es cierto. Sin embargo, si lo que se espera es que la sociedad mexicana cuente con las herramientas suficientes para hacer frente a un fenómeno tan polimorfo como lo es éste, una de las principales deficiencias que se tiene que empezar a atajar en su comprensión crítica tiene que ver con la necesidad de atender a las cualidades diferenciadas y diferenciales de cada caso. No sólo para no caer en el error de simplificar el fenómeno, como cuando se lo pretende explicar como si fuese un eco de los campos de concentración y de exterminio de la Europa del fascismo y del nacionalsocialismo sino, asimismo, para poder implementar medidas, políticas públicas y programas gubernamentales sectoriales en donde se deba de sectorializar y transversales en donde la complejidad del fenómeno sencillamente no permita la puesta en marcha de soluciones distintas.

Un asesinato es un asesinato y una desaparición es una desaparición. Pero las causas detrás de ellas, las formas mediante las cuales se llevan a cabo y los efectos que se espera obtener con la consumación del acto, cuando no son los mismos, no son reducibles los unos a los otros.

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