Los procesos internos para seleccionar a las personas que contenderán por la presidencia de la república, en 2024, siguen avanzando, prácticamente sin sobresaltos ni mayores dificultades que las propias de toda dinámica preelectoral, tanto entre las filas del obradorismo como entre las de la oposición a éste. Sin embargo, más allá de ciertos rasgos singulares interesantísimos y dignos de análisis que con el paso del tiempo han ido aflorando de un lado y del otro, hasta el momento, sin duda el fenómeno que más inquietudes parece despertar entre amplios sectores del electorado mexicano, y que a lo largo del último par de semanas ha conseguido instalar una nueva narrativa común a distintos medios de comunicación hostiles a la 4T —en voz de sus siempre confiables comentocracias a sueldo—, es: ¿a qué responde la insistente crítica de Andrés Manuel López Obrador esgrimida en contra de la senadora panista y probable precandidata presidencial del Frente Amplio opositor, Xóchitl Gálvez?

Apelando a cierto sentido común —perniciosa trampa intelectual, inventada por el liberalismo en el siglo XIX, que invita a renunciar a la reflexión informada, profunda y crítica—, cualquiera podría aseverar que la supuesta obsesión de López Obrador con la aún senadora panista, Gálvez Ruíz, se debe a que el presidente de México le teme, por considerarla, en principio, capaz de minar las aspiraciones presidenciales de los precandidatos y la precandidata de MORENA y, en consecuencia, destruir toda posibilidad de que el obradorismo y la 4T se consoliden como un proyecto de nación transexenal. De dónde sale esta respuesta de sentido común es algo que aún no queda claro, por más que, quienes la esgrimen, se sirvan de ejercicios demoscópicos a modo o de dudosa credibilidad para sustentar sus afirmaciones. Sin embargo, más allá de esa carencia de evidencias que respalden su emotividad, la finalidad es clara: se parte del reconocimiento de que, para la oposición, es necesario instaurar una narrativa mediática que, además de homogénea en sus contenidos, en la forma cuente con el potencial suficiente como para movilizar entre el electorado nacional la idea de que los partidos adversos al obradorismo no están política y moralmente derrotados, como lo estuvieron a lo largo de los últimos cinco años, según repitió una y otra vez el propio Andrés Manuel desde su victoria en 2018.

La propia imagen de unidad político-partidista que diversas personalidades de enorme visibilidad mediática entre las filas del Frente han buscado explotar simbólica y discursivamente, desde hace un par de días, por ejemplo, es parte de esa misma estrategia, pues no muy en el fondo transmite el mensaje de que, en esta ocasión, intereses mezquinos y personalistas, o repartos de cuotas de poder entre los partidos que lo conforman, no están de por medio en los comicios del año próximo sino, antes bien, una legítima aspiración a representar un proyecto de nación. En esa clave, por lo menos, debería de leerse la letanía de claudicaciones de la que fue objeto el proceso de selección interna de precandidato o precandidata presidencial del Frente desde los días en los que apenas comenzaba a diseñarse el método por el cual habría de operar dicho ejercicio, y en cuya procesión encontramos a personajes como Lili Téllez, Gabriel Quadri o Gustavo de Hoyos; representantes de la reacción más rabiosa que fue capaz de engendrar la derecha nacional.

Y es que, aunque en esas y muchas otras renuncias experimentadas en el Frente, el motivo inmediato parece haber estado dado por cierto descontento con el diseño final del método de selección interna dispuesto por las dirigencias de los partidos que lo conforman, lo que no se debe de perder de vista es el mensaje de fondo que se transmitió en cada uno de los discursos pronunciados por las personas que se bajaron de la contienda electoral de 2024: por un lado, la idea de que, ante un fenómeno de masas como el obradorismo, ninguno de los perfiles que renunciaron a sus aspiraciones era lo suficientemente ajeno al establishment político que el electorado actual del país castigó en 2018; y, por el otro, la convicción de que, para vencer es fortaleza cultivada en y por las bases sociales del obradorismo a lo largo de la última década, se requiere de un personaje con una fortaleza ideológica y una biografía política moralmente intachables (en tiempos en los que Andrés Manuel hizo de la ética en el servicio público su mejor ejercicio de pedagogía cívica).

Así fue, de hecho, como se comenzó a construir la imagen de una Xóchitl Gálvez ciudadana, ajena al estatus quo de la política mexicana y de todo lo que su cultura del ejercicio del poder representa en el imaginario colectivo nacional. Su construcción mediática como una mujer que decidió ser indígena, que se hizo a sí misma con base en el cultivo sistemático de sus propios méritos, y que, en esencia, representa a una persona con mayor legitimidad de la que jamás gozará López Obrador para hablar por el pueblo de México, por sus pobres y sus indígenas es parte de ese esfuerzo que, por paradójico que sea, proviniendo del seno de un amasiato para nada pragmático de partidos todos ellos representantes de la derecha neoliberal, confesional y nacionalista, buscan vender a su precandidata como una opción de izquierda a la izquierda del propio obradorismo.

De ahí, pues, ese manido sentido común que sostiene que lo que le asusta a Andrés Manuel sea la posibilidad, por un lado, de perder un lugar histórico hasta ahora no reclamado por nadie más en la política contemporánea: la del líder popular que nació, se hizo y emergió del México profundo para convertirse en presidente de la nación; y, por el otro, de verse reemplazado por una mujer que, a juzgar por la imagen que se ha construido de ella en medios de comunicación, demuestra ser el producto de una biografía personal, profesional y política con muchos más méritos que la de él para decir de si que ella es pueblo, y el pueblo la acompaña.

Claramente, en este relato se pasa por alto o se oculta cínicamente que la aún senadora Gálvez lleva viviendo del erario todo lo que va del siglo XXI, la mayor parte del tiempo sin que sus cargos hayan sido resultados de procesos de elección ciudadana (con la salvedad de su paso por la Alcandía Miguel Hidalgo) militando en un partido, el PAN, antiindigena; y, ahora, formando parte de un Frente conformado por un partido, el PRI, que, desde que nació a principios del siglo XX, sometió a los pueblos indígenas de México a una forma de dominación cuando no de tipo paternalista, de desindigenización. También se esconden muchas otras trampas ideológicas, como —en un ejercicio de naturalización y de esencialización identitaria— la creencia de que el ser indígena es sinónimo de bondad e inocencia o, para ponerlo en otros términos, de cierta pureza política.

Trampa, dicho sea de paso, que, pese a comenzar a permear entre ciertos sectores del electorado desencantado o decididamente hostil con el obradorismo, no cambia en nada el hecho de que, en las campañas presidenciales de 2018, cuando a la contienda se presentó una indígena Nahua, María de Jesús Patricio Martínez, ese mismo electorado no sólo no se atrevió, siquiera, a respaldarla lo suficiente como para que su candidatura independiente fuese registrada ante el Instituto Nacional Electoral sino que, además, se mostró por completo indolente ante la intempestiva y rabiosa reacción que su candidatura provocó en lo más ahondo del racismo, del clasismo y del machismo nacional. Xóchitl Gálvez, evidentemente, no ha despertado una respuesta análoga a la que sufrió Marichuy ni entre la generalidad del electorado del país ni entre las partes mayoritarias de las militancias de partidos como el PAN o el PRI debido a que ni ellos la conciben como una indígena cien por ciento indígena ni ella se presenta como tal; toda vez que, por encima de ese rasgo identitario, unos y otra han privilegiado el reconocimiento de su condición de empresaria capaz de facturar por encima de los mil millones de pesos.

La clave de la respuesta a las dudas que despierta la insistente crítica de Andrés Manuel López Obrador esgrimida en contra de la senadora panista, en este sentido, se halla precisamente aquí: en la exposición que él hace de la hipocresía que rodea a este inédito espíritu indigenista de las élites políticas del país que, al mismo tiempo que promueven un nuevo fervor patrio por la posibilidad de que una mujer indígena gobierne a esta país latinoamericano con una amplia porción de poblaciones indígenas, entre 2024 y 2030, ocultan y hasta reniegan de los incuantificables abusos que históricamente han cometido en contra de dichos pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional (¿o acaso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena nacieron sin razón de ser?). Y que, además, en un sentido no menos dramático, desde comienzos del siglo XXI han insistido, esas mismas élites y su comparsas empresariales, en reducir a sus comunidades a meras atracciones turísticas o reservorios de artesanías y de prácticas folclóricas para supuestos mestizos y también para extranjeros.

La supuesta obsesión con Gálvez, pues, de la que acusa la oposición a López Obrador, tiene que ver mucho menos con un fundado o infundado miedo del presidente a que la 4T pierda las elecciones del año próximo que con la oportunidad, en principio, de evidenciar la falsedad que se oculta en una estrategia a la que hasta ahora no había recurrido la oposición a su proyecto de nación. A saber: la usurpación de las causas indígenas a la que suelen recurrir las derechas en América cuando sus proyectos de dominación, de explotación y marginación entran en crisis frente a un gobierno progresista. Y, en seguida, de profundizar en la que quizás es una de sus más importantes tesis de ética y filosofía política: la separación entre el poder político y el poder económico, colocando, además, al primero al servicio del pueblo y al segundo bajo el gobierno y las necesidades del interés general de la nación.

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Lo primero, en este sentido, no es distinto de la necesidad de desmentir las usurpaciones que hace la derecha, por ejemplo, de las luchas feministas, obreras o antirraciales para apropiárselas y, después, para, cooptándolas, desactivarlas o instrumentalizarlas en favor de sus propios intereses. Lo segundo, por su parte, tiene que ver con el mandato popular expresado en 2018 de hacer del Estado mexicano un Estado social y desmontar, en consecuencia, las estructuras patrimonialistas y oligárquicas que lo habían capturado y reducido a mero instrumento de saqueo y enriquecimiento de unos cuantos a costa de la explotación, la marginación y la dominación de muchos.

El tema, por tanto, de la actividad empresarial de Xóchitl y de sus contratos con entidades gubernamentales, para Andrés Manuel, tiene que ver con el hecho de que Gálvez, aun siendo servidora pública, no renunció a sus responsabilidades empresariales mientras se hallaba en funciones, cobrando del erario. Es decir, en esta lógica, los contratos de las empresas de Xóchitl sin duda pueden ser legales, pero su legalidad no les resta ni un ápice de ilegitimidad, toda vez que sus atribuciones y/o su capacidad de influencia en el ejercicio de sus funciones públicas, que deberían de estar orientadas a la salvaguarda del bien general de la nación, podrían entrar en conflicto con sus intereses privados, empresariales.

Presentar declaraciones patrimoniales de diversa índole para trasparentar este tipo de información, por eso, aunque es condición necesaria, no es suficiente para resolver el problema de fondo, pues de lo que se trata no es sólo de ser transparente y actuar con legalidad, sino de cambiar una añeja cultura política nacional según la cual el servicio público es siempre una oportunidad de hacer negocios (antes, durante o después del ejercicio de funciones públicas) aprovechando las ventajas que el paso por estas instituciones ofrece. Baste con enunciar los casos de expresidentes de la república y exsecretarios y exsecretarias de Estado que, antes, durante o después de cumplir con sus cargos en el gobierno y/o la administración pública federal, aprovecharon esa situación para beneficiarse con millonarios o multimillonarios negocios en la iniciativa privada. Ernesto Zedillo y las ferrocarrileras o Felipe Calderón y las petroleras son apenas dos casos ilustrativos de esta perversión que la retratan de cuerpo entero.

Puede que los medios empleados por Andrés Manuel para ventilar esta situación no hayan sido los más idóneos para hacerlo. Y puede, inclusive, que el proyecto de continuidad transexenal de la 4T ni siquiera necesite que el presidente se haya enfrascado en esta arenga con Xóchitl Gálvez para asegurar su propio futuro. Sin embargo, aunque se pueda no estar de acuerdo con los medios del presidente ni poner en duda la continuidad del obradorismo, lo que es innegable es que, en este caso, era ineludible la necesidad de evidenciar, una vez más, que los múltiples disfraces que es capaz de vestir la derecha opositora en el país no modifican en nada su sentido patrimonialista del Estado y de las instituciones públicas.

Xóchitl puede ser tan indígena como dice que es, y con ello intentar atraer a los sectores más próximos al obradorismo por fuera de sus bases sociales de apoyo más militantes, y, al mismo tiempo, presentarse como una empresaria exitosa para evitar que al racismo y al clasismo nacionales les cause prurito y asco su candidatura presidencial. Pero entre una cosa y la otra, entre un disfraz y otro, lo que la ciudadanía no debe dejar de demandarle a ella y a cualquier otro servidor o servidora pública es que sus actividades lucrativas personales queden fuera del ejercicio de sus funciones públicas. La senadora Gálvez puede, por ello, renunciar a sus responsabilidades empresariales ahí en donde las tenga, para dedicarse a la política, o puede, por lo contrario, abandonar el servicio público si quiere seguir siendo una empresaria que factura por encima de los mil millones de pesos. Pero a lo que no puede ni debe aspirar es a practicar ambas cosas al mismo tiempo.

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