Autor: Ricardo Orozco

La indolencia política contra Cuba

A menos de diez días de que se suscite el relevo de funciones en el gobierno federal de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a los poderes ejecutivo y legislativo, la administración saliente, encabezada por el presidente Donald J. Trump, decidió cumplir con una amenaza que, por lo menos desde mediados del año pasado, había hecho acerca de reenlistar a Cuba en el registro de Estados patrocinadores del terrorismo; listado que, por lo demás, tantas intervenciones financieras, políticas, militares y diplomáticas le han facilitado al gobierno estadounidense desde que la guerra global en contra del terrorismo sustituyó a la lucha internacional por contener y erradicar al comunismo, a finales del siglo XX.

La medida adoptada por el presidente y su Secretario de Estado, Michael Pompeo, en este sentido, si bien no se puede caracterizar de sorprendente (pues en mayo pasado se advirtió sobre dicha posibilidad, y para diciembre Cuba ya había vuelto a ser consideraba bajo el estatuto de Estado que no coopera totalmente en el combate al terrorismo internacional), si viene a darse en un momento en el que, por lo menos, no se esperaba, dada la enorme cantidad de asuntos pendientes y conflictos políticos por los que atraviesa Estados Unidos. Y es que, por irónico que parezca, a pesar de que en los últimos dos meses —luego de darse a conocer los resultados de las votaciones presidenciales de noviembre del 2020— el jefe del ejecutivo federal ha aprovechado el tiempo para atar cabos sueltos, para cobrar favores y para tomar decisiones bastante arriesgadas para su capital político, la realidad de la cuestión es que el desorden observado los últimos días en la capital del país y el affaire BigTechs vs. Trump han acaparado tanto la atención del debate público y de la agenda de los medios que las sistemáticas agresiones cometidas en contra de gobiernos de América simplemente pasaron desapercibidas.

¿Qué significado cobra el que Cuba regrese a ser considerado por el gobierno estadounidense como Estado patrocinador del terrorismo? En general, las consecuencias van desde el hecho de que ahora, bajo la normativa que en ese Estado regula la guerra en contra del terrorismo global, el gobierno estadounidense (el actual o el que está a punto de entrar en funciones) cuenta con todos los elementos para intervenir militarmente (desde su propia óptica autorreferencial), y de forma abierta, en Cuba, sin mayor justificación que las que le dan su doctrina y sus leyes antiterrorismo, por un lado; hasta, por el otro, llevar a un punto en extremo restrictivo la serie de regulaciones que sostienen el bloqueo económico del cual son víctimas todos los cubanos y todas las cubanas, sin excepción. Esto último, de hecho, es lo que desde el momento del anuncio hecho por el gobierno en turno comenzará a operar de inmediato, conduciendo a procesos de desinversión (fuga de capitales) y de exclusión de futuras negociaciones en una multitud de ramas de la actividad económica, aunque con especial énfasis en aquellas que podrían resultar en un fortalecimiento de las capacidades militares e industriales del gobierno revolucionario.

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Desafiar la (falsa) superioridad moral de las BigTech

Las izquierdas del mundo, y en particular las que se despliegan en el espacio político de Estados Unidos y toda América, acaban de recibir uno de sus más agudos reveses, cortesía de los acontecimientos que se sucedieron el pasado 6 de enero, en Washington D.C., de la mano de grupos supremacistas de apoyo a la reelección de Donald J. Trump como presidente de aquella nación. Y es que, en medio de todo el caos que parecía inundar la situación, un par de empresas estadounidenses en el ramo de las tecnologías de la información y la comunicación decidieron silenciar al jefe del ejecutivo federal a través del bloqueo provisional de sus perfiles públicos en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter, de manera particular).

El hecho se dio bastantes horas después de que el mandatario sostuviese un rally masivo en el que ofreció un discurso (quizás uno de los más virulentos hasta ahora pronunciados por él en su rol de funcionario público) en el que abiertamente incitaba a sus seguidores y seguidoras a llevar a cabo medidas de movilización y de protesta colectiva más radicales de las que hasta ese momento habían realizado, desde que se dieron a conocer los resultados de las votaciones de noviembre pasado. Y, asimismo, se dio tiempo después de que los y las manifestantes llegasen al seno del capitolio sin mayor resistencia por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia, federales y locales; llevando a los extremos de lo ridículo y lo insultante las diferencias que separan, por un lado, a la brutalidad policial cometida en contra de la comunidad negra y latina en el país; y por el otro, la inacción operante en contra del supremacismo blanco estadounidense.

El hecho resulta fundamental para la izquierda, y constituye una de sus más grandes derrotas en los últimos años, debido a que la decisión tomada por los CEO de dichas empresas (pertenecientes al grupo de las BigTech) no únicamente significó la realización de una demanda que a lo largo de los últimos cuatro años estuvo haciendo la izquierda estadounidense y americana para detener la influencia mediática de Trump entre las masas, sino, asimismo, porque la misma fue aceptada y aplaudida acríticamente por esos mismos sectores de izquierda y otros tantos grupos que se unieron a tal determinación embriagados por los sentimientos desatados por las manifestaciones de supremacistas en la capital del país.

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Perspectivas de la ultraderecha europea en 2021

2021 será, sin duda, un año decisivo para múltiples naciones alrededor del mundo, debido, como es posible deducir, a las consecuencias que tras de sí arrastrarán los gobiernos aún en turno, relativas a los excesos o las ligerezas que dominaron el actuar de cada Estado, por un lado, en la contención de la propagación de la pandemia causada por la nueva cepa de Coronavirus (SARS-CoV-2); y por el otro, en la minimización de los estragos económicos sufridos por sus respectivas poblaciones. Y es que, en efecto, sostener ciertos niveles de equilibrio entre el distanciamiento y el confinamiento social, de cara a las necesidades sociales de consumo, en ninguna parte del mundo ha sido sencillo, ni en las economías centrales ni, mucho menos, en las periféricas, donde las capacidades de producción y las necesidades de consumo colectivas se hallan, además, reducidas en sus grados de autonomía relativa, debido a su condición de dependencia estructural respecto de los vaivenes de las grandes potencias.

Pero que las regiones periféricas de la economía global sean las que se encuentren en una situación de franca desventaja en sus posibilidades de recuperación, en relación con el resto del mundo, no obstante, no quiere decir que ese primer mundo esté exento de dificultades serias en el año por venir. Y ello no sólo porque son claros los ejemplos que Estados como el estadounidense le han brindado al mundo, sobre cómo llevar al desastre absoluto la gestión de una situación de excepcionalidad sanitaria (epílogo, por lo demás, del drama que en Europa vivieron Francia, España e Italia en el mismo rubro), sino, sobre todo, porque en los siguientes doce meses una parte importante de Occidente atravesará o bien por la emergencia de nuevos proyectos de gobierno —como la asunción de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos, acompañado de, al parecer, un control irrefutable de la Cámara de Representantes y del Senado— o bien por rondas electorales que serán decisivas para conocer las trayectorias que han de seguir esas sociedades en el futuro.

Es en esa situación, por ejemplo, en la que se halla una parte considerable de Europa, en donde, por lo menos, siete u ocho grandes procesos electorales se llevarán a cabo en Estados clave para definir el rumbo tanto de las sociedades nacionales en las que se celebrarán los comicios como del propio proyecto de la Unión Europea en cuestión. A saber: en Noruega, las elecciones parlamentarias, a celebrarse en el último trimestre del año; en Francia, los comicios regionales, sin fecha fija, pero planeados para concretarse a mediados del año; en Países Bajos, las votaciones generales, fechadas para marzo; en Portugal, las elecciones presidenciales, acordadas para finales de enero; en Bulgaria y República Checa, los comicios parlamentarios, fechadas para marzo y alrededor de octubre, respectivamente; en Gran Bretaña, las elecciones parlamentarias de Escocia y Gales y las elecciones locales de Inglaterra; en Alemania, las votaciones generales, también fechadas para el último trimestre del año.

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