A lo largo de las primeras horas de la madrugada de este 3 de enero del 2026, el mundo supo, principalmente a través de redes sociales, que Caracas, la capital venezolana, así como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, habían sido objeto de bombardeos por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Apenas un par de minutos después de lo acontecido, el Gobierno de la República Bolivariana emitió un comunicado que, entre otras cosas, confirmaba la información que hasta ese momento sólo había trascendido en redes y, además de ello, llamaba a la población a resistir todo intento de intervención extranjera en el territorio, bregando por hacer a un lado diferencias políticas e ideológicas para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

Ya al amanecer, todos los canales oficiales de comunicación del gobierno de Estados Unidos confirmaron (con triunfalismo y arrogancia) lo que durante al menos diez u once horas se sospechaba dentro y fuera de América Latina: la presidencia de Donald J. Trump había ordenado la intervención militar en el país Grancaribeño para deponer del cargo a Nicolás Maduro, trasladarlo a territorio estadounidense para su procesamiento judicial por una decena de cargos criminales y, por supuesto, asegurar el control directo de los recursos naturales venezolanos por parte de las corporaciones y los aparatos de seguridad de Estados Unidos. En conferencia de prensa en Mar-a-Lago, de hecho, alrededor del mediodía, Trump aseveró que mientras no existiesen condiciones idóneas para garantizar una transición gubernamental capaz de cumplir con las demandas de seguridad de Estados Unidos, serían las propias fuerzas armadas estadounidenses las que se harían cargo de dirigir/gobernar a Venezuela de manera directa.

A estas alturas del partido, no está demás subrayar que nada de lo acontecido en Venezuela hasta ahora quedó fuera del libreto que desde hace meses la administración Trump había dado a conocer públicamente a todo el mundo. De hecho, en más de una ocasión Trump mismo y sus principales personeros en su gabinete lo expresaron abierta y explícitamente: eventualmente, si el gobierno de Venezuela no cedía ante sus exigencias (que iban desde su aceptación a convertirse en un títere de Estados Unidos hasta la dimisión de Nicolás Maduro del cargo) las fuerzas de seguridad y los aparatos de inteligencia de Estados Unidos tomarían el asunto en sus manos y, aunque fuese por medio del uso irrestricto de la fuerza, obligarían al país a experimentar un cambio de gobierno y, más aún, de régimen político. El trumpismo, pues, no hizo más que cumplir sus amenazas; las mismas que durante meses consiguieron normalizar en amplios sectores de la comunidad internacional la eventual agresión armada yanqui a un Estado americano.

Aunque la pregunta pueda parecer ociosa para quienes han decidido atrincherarse sistemáticamente en cualquiera de los extremos de esta ecuación política (o bien el correspondiente a la dogmática defensa del gobierno de Maduro, por un lado; o bien el relativo a la intransigente demanda de una intervención extranjera en el país, por el otro), vale la pena el que sea formulada: ¿en qué medida es legítima esta intervención estadounidense en territorio venezolano?

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