¿Intervendrá Donald J. Trump en México invocando como casus belli la necesidad del gobierno de Estados Unidos de combatir en el país, por la vía armada, al narcotráfico? La pregunta en cuestión viene a cuento debido a que, a lo largo de las últimas semanas, el presidente estadounidense en funciones se ha mostrado cada vez más insistente respecto de este tema; a veces elevando el costo de sus apuestas, a veces endureciendo el tono con el que emite sus palabras. Y es que, un día sí y otro también (ya sea en el marco de un evento convocado exprofeso para tratar el asunto o, en su defecto, insertando el tema en cualquiera de sus monsergas públicas como una prioridad ineludible de su administración), Trump ha reiterado una y otra vez que el narcotráfico en México es una problemática que no se puede resolver en definitiva si Estados Unidos no interviene directamente en su combate armado, llegando a insinuar, inclusive, que a éste se lo puede eliminar de raíz con bombardeos de precisión (capaces, según sus propias palabras, de eliminar a sus objetivos en sus salas de estar).

Tal insistencia del trumpismo con el tema del narcotráfico en México, pues, no parece ser ya (como quizá lo pudo ser durante el primer mandato de Trump o como aún parecía serlo durante los primeros meses de su segundo término) ni mera obsesión retórica del presidente estadounidense (con todo y que las elecciones de medio término en tierras yanquis podrían sugerir lo contrario) ni, mucho menos, una simple burbuja informática inflada artificialmente por las corporaciones que hoy por hoy definen las formas y los contenidos de la agenda mediática dentro y fuera de México y de Estados Unidos.

Y lo cierto es que pruebas suficientes de ello las hay: no sólo se siguen acumulando como evidencia de la obsesión de Trump con el narcotráfico mexicano las menciones cotidianas que hace sobre él, sino que, por si ello fuese poca cosa, a principios de marzo, él mismo y sus principales personeros en su gabinete tuvieron la osadía de lanzar una iniciativa regional (pomposamente denominada Escudo de las Américas) que no únicamente tiene el propósito claro de funcionar como marco institucional y condición de posibilidad para que las autoridades estadounidenses intervengan directamente en los asuntos internos de los Estados que hacen parte de dicho mecanismo sino que, también y sobre todo, está pensada para cercar geopolíticamente a los escasos gobiernos de izquierda que aún resisten al monroísmo trumpista en el continente (Cuba, México, Colombia y Brasil en primera línea de fuego).

Poco importa, en realidad, si en dicha iniciativa regional no tienen participación algunos de los Estados y de las economías más grandes y dinámicas de América o si el PIB regional, el tamaño territorial y la población total que aglutinan los diecisiete Estados que sí se sumaron al susodicho Escudo son ínfimos, comparados con la sumatoria que de esos mismos factores pueden alcanzar los que fueron explícitamente excluidos. En tanto que bloque geopolítico, aquí, el factor cuantitativo (es decir, la sola asociación y articulación política y diplomática diecisiete de veinte Estados Latinoamericanos) es factor suficiente como para producir efectos cualitativos de mayor magnitud que aquellos que se conseguirían por la simple convergencia de decisiones de política exterior tomadas individualmente, por cada gobierno nacional de la región.

No debe obviarse, después de todo, que, cuando se trata de impulsar y de legitimar políticas regionales colectivas de cualquier tipo, pero sobre todo las que tienen por finalidad establecer cercos geopolíticos alrededor de un Estado o de un grupo de Estados, por pequeñas que sean las economías, los territorios o las poblaciones de aquellos actores que han decidido hacer parte activa de un bloqueo regional importan menos que sus capacidades para someter a la más absoluta soledad o marginación a aquellos Estados que han convertido en sus objetivos. Piénsese, para no ir más lejos, en que así fue como el bloqueo continental impuesto a Cuba en 1964 adquirió sus dimensiones más lacerantes. Así fue, también, como, a partir de 2015, se aisló progresivamente a Venezuela en el continente, aunque en términos generales la patria de Bolívar y Chavez mantuviese relaciones económicas con los Estados más grandes de la región (y hasta con Estados Unidos) o el propio chavismo ―ya sin Chavez― aún gozara de un significativo apoyo popular entre la mayoría de los pueblos de América.

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En los primeros días de diciembre, aprovechando como marco contextual la conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de la proclamación de la Doctrina Monroe (enunciada por primera vez el 2 de diciembre de 1823, por el entonces presidente James Monroe), el actual titular del poder ejecutivo federal estadounidense, Donald J. Trump, anunció al pueblo que gobierna y al resto del mundo su intención de pasar a la Historia como el autor intelectual y material de uno de los ―a su decir― más extraordinarios rescates de las directrices de política exterior contenidas en esa tradición; actualizándolas para ponerlas a tono con las circunstancias tan distintas y los desafíos tan disímiles que hoy enfrenta un Estados Unidos en franca decadencia como actor hegemónico global.

Beneficiándose, pues, de la ocasión, tanto en un discurso por él pronunciado ―so pretexto de cumplir con el acto protocolario de la conmemoración de dicha Doctrina― como mediante la expedición del documento oficial relativo a la Estrategia de Seguridad Nacional de su cuatrienio, Trump (y con él su gabinete de seguridad) finalmente colocó sobre el papel, y en el documento más importante de definición de las prioridades de política exterior y de seguridad nacional del Estado estadounidense, de la manera más congruente, coherente y sistemática que le fue posible, la visión de mundo que guía y seguirá rigiendo su actuar en el seno de la arena internacional. Y lo hizo, dicho sea de paso, nada más y nada menos que colocando en el centro de su estrategia global al continente americano como el espacio geopolítico, geohistórico y geocultural del que dependen su propia fortaleza y la posibilidad de contener y revertir su declive mundial, pero, también, inscribiendo las relaciones bilaterales y multilaterales de Estados Unidos con América en lo que seguramente él, de manera personal, decidió nombrar como Corolario Trump a dicha doctrina.

 ¿Qué, exactamente, quiere decir ese corolario?, ¿cuáles son las consecuencias potenciales y/o efectivas de su adopción en materia de planeación, organización, ejecución y control de la política exterior estadounidense? Y, por supuesto, ¿qué implicaciones tiene este renovado espíritu monroísta de las élites políticas estadounidenses para los pueblos de América?

Quizás, antes que nada, lo primero que habría que precisar es que, en estricto sentido, no es ésta la primera ocasión en la que Trump y sus acólitos más fieles y cercanos se refieren a la Doctrina Monroe como el marco dentro del cual inscriben sus ambiciones en materia de política exterior, en general; y su posicionamiento estratégico en la región americana, en particular. Ya durante su primer mandato, por ejemplo, el que fuera el primer Secretario de Estado del trumpismo, Rex Tillerson, reivindicó la vigencia de dicha doctrina afirmando, en un evento auspiciado a principios del 2018 por la University of Texas (Austin), que «en ocasiones nos hemos olvidado de la Doctrina Monroe y lo que significó para el hemisferio. Es tan relevante hoy como lo fue entonces».

Mike Pompeo (quien sucediera a Tillerson en el cargo desde abril del 2018 hasta enero del 2021), por su parte, si bien tuvo mucho cuidado de nunca expresar tan prístina y literalmente algo similar a lo que en su momento sostuvo Tillerson, en sus memorias (Never Give an Inch) declaró, sin ambages ni sutilezas, lo siguiente: «recuperamos la esencia de la Doctrina Monroe bajo el presidente Trump con respecto a Venezuela, ex aliado democrático de los Estados Unidos. […] En la administración de Trump, no podíamos tolerar que una nación a solo 1,400 millas de Florida extendiera la alfombra de bienvenida para Rusia, China, Irán, Cuba y los cárteles en una violación de la Doctrina Monroe del siglo XXI».

El propio presidente Trump, en sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del 2018, declaró en su particular y muy estrambótico estilo personal de discurrir: «aquí en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la intrusión de potencias extranjeras expansionistas. […] Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente Monroe que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos».

A la luz de estas declaraciones, ¿por qué, entonces, el más reciente discurso de Trump sobre James Monroe y la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de su gobierno han cobrado, esta vez, tanta relevancia mediática?, ¿qué hay de nuevo en la suscripción de la susodicha doctrina que no hubiese sido ya antes expresado?, ¿en realidad la Estrategia de Seguridad Nacional de este año supone un salto cualitativo en la política exterior estadounidense respecto de las proclamas que sobre el mismo tópico se emitieron en el primer mandato de Trump?

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