A menos de diez días de que se suscite el relevo de funciones en el gobierno federal de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a los poderes ejecutivo y legislativo, la administración saliente, encabezada por el presidente Donald J. Trump, decidió cumplir con una amenaza que, por lo menos desde mediados del año pasado, había hecho acerca de reenlistar a Cuba en el registro de Estados patrocinadores del terrorismo; listado que, por lo demás, tantas intervenciones financieras, políticas, militares y diplomáticas le han facilitado al gobierno estadounidense desde que la guerra global en contra del terrorismo sustituyó a la lucha internacional por contener y erradicar al comunismo, a finales del siglo XX.

La medida adoptada por el presidente y su Secretario de Estado, Michael Pompeo, en este sentido, si bien no se puede caracterizar de sorprendente (pues en mayo pasado se advirtió sobre dicha posibilidad, y para diciembre Cuba ya había vuelto a ser consideraba bajo el estatuto de Estado que no coopera totalmente en el combate al terrorismo internacional), si viene a darse en un momento en el que, por lo menos, no se esperaba, dada la enorme cantidad de asuntos pendientes y conflictos políticos por los que atraviesa Estados Unidos. Y es que, por irónico que parezca, a pesar de que en los últimos dos meses —luego de darse a conocer los resultados de las votaciones presidenciales de noviembre del 2020— el jefe del ejecutivo federal ha aprovechado el tiempo para atar cabos sueltos, para cobrar favores y para tomar decisiones bastante arriesgadas para su capital político, la realidad de la cuestión es que el desorden observado los últimos días en la capital del país y el affaire BigTechs vs. Trump han acaparado tanto la atención del debate público y de la agenda de los medios que las sistemáticas agresiones cometidas en contra de gobiernos de América simplemente pasaron desapercibidas.

¿Qué significado cobra el que Cuba regrese a ser considerado por el gobierno estadounidense como Estado patrocinador del terrorismo? En general, las consecuencias van desde el hecho de que ahora, bajo la normativa que en ese Estado regula la guerra en contra del terrorismo global, el gobierno estadounidense (el actual o el que está a punto de entrar en funciones) cuenta con todos los elementos para intervenir militarmente (desde su propia óptica autorreferencial), y de forma abierta, en Cuba, sin mayor justificación que las que le dan su doctrina y sus leyes antiterrorismo, por un lado; hasta, por el otro, llevar a un punto en extremo restrictivo la serie de regulaciones que sostienen el bloqueo económico del cual son víctimas todos los cubanos y todas las cubanas, sin excepción. Esto último, de hecho, es lo que desde el momento del anuncio hecho por el gobierno en turno comenzará a operar de inmediato, conduciendo a procesos de desinversión (fuga de capitales) y de exclusión de futuras negociaciones en una multitud de ramas de la actividad económica, aunque con especial énfasis en aquellas que podrían resultar en un fortalecimiento de las capacidades militares e industriales del gobierno revolucionario.

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