Menos de veinticuatro horas antes de que el Comité Noruego del Nobel decidiera galardonar con su Premio de la Paz a María Corina Machado, una de las principales figuras de oposición al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela (y pese a que detrás de ella arrastra un extenso historial de peticiones de intervención extranjera en este país Grancaribeño y, hasta la fecha, su liderazgo político ha brillado en la arena internacional por su cercanía con figuras representativas de las extremas derechas globales), durante la madrugada del viernes 10 de octubre del año en curso, el Congreso de la República del Perú daba a conocer al mundo que, por votación mayoritaria (118 en favor, ninguno en contra y ninguna abstención), la hasta entonces presidenta del país, Dina Boluarte, había sido destituida del cargo.

En estricto sentido, la destitución de quien asumiera la presidencia del país en diciembre del 2022, producto, a su vez, del golpe de Estado en contra de un inexperto Pedro Castillo que buscó declarar un Estado de excepción en el Perú para, a través suyo, vencer las resistencias que su gobierno enfrentó por parte de los restantes poderes del Estado y de sus élites políticas, militares y empresariales, no fue sino el desenlace más o menos predecible al que condujeron, por lo menos, cuatro propuestas de vacancia por permanente incapacidad moral presentadas y respaldadas ante el Congreso por las bancadas legislativas de diversos partidos políticos. Es decir, la remoción de Boluarte, la primera mujer en presidir este país andino, no fue una destitución sustancialmente distinta respecto de los procesos análogos que tuvieron que enfrentar un puñado de expresidentes del Perú antes de ella.

¿Cómo explicar, a la luz de lo acontecido, que el mismo Congreso que respaldó a Boluarte en la consumación del golpe de Estado en contra de Pedro Castillo fuese el mismo que, poco menos de tres años después, terminara destituyéndola invocando el mismo numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú (acerca de la permanente incapacidad moral) con el que se buscó enjuiciar políticamente a Castillo en, por lo menos, tres ocasiones?

Hasta el momento, la narrativa que ha dominado en la mayor parte de los medios de comunicación dentro y fuera del Perú tiene que ver con el reconocimiento de que el proceso de vacancia moral de Boluarte fue detonado por una crisis de inseguridad, criminalidad y violencia que, de a poco, se fue enseñoreando en la mayor parte del país. Y lo cierto es que no sorprende que sea este el principal factor explicativo esgrimido lo mismo en notas periodísticas que en análisis, columnas de opinión y comentarios editoriales diversos. Después de todo, en los hechos, éste fue, precisamente, el argumento que se blandió en el pleno del Congreso peruano para justificar la procedencia del juicio en contra de la hoy expresidenta; acusando que ésta demostró su propia incapacidad moral y física no sólo para atender con prontitud y asertividad dicha crisis sino, asimismo, para contener sus efectos, atajar sus causas y reparar el daño hasta ese momento experimentado por el pueblo peruano.

El problema con esta explicación es que, por un lado, al privilegiar los factores coyunturales por encima de los estructurales y sistémicos pierde de vista la tendencia histórica que han seguido el Estado peruano, su régimen político y su cultura política a lo largo de lo que va del siglo XXI. Por el otro, obvia la necesidad de analizar el modo específico a partir del cual la vacancia por permanente incapacidad moral opera en el país para sostener un sistema de dominación de tipo oligárquico que, además, de a poco ha ido transmutando cada vez más al tradicionalmente débil sistema presidencialista peruano en uno esencialmente parlamentario que se alimenta y se sostiene de una miríada de mecanismos formales e informales destinados a contener y reprimir las capacidades de incidencia de la sociedad civil, del pueblo peruano, en la política nacional y la conducción del Estado en cuestión.

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