Esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) hizo público que entre su personal diplomático se llevarían a cabo una serie de adecuaciones, entre las cuales se hallan dieciséis designaciones para representaciones de México en el exterior, realizadas por el presidente de la República, así como seis promociones de ministros y ministras al nivel escalafonario de embajador y embajadora. Además, la Cancillería notificó que abrirá, por primera vez, un concurso para acceder a diez nuevas plazas de embajador o cónsul general y confirmó que Alicia Bárcena, actual Directora Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, será directora general del Instituto Matías Romero una vez que concluya su gestión al frente de ella.

Más allá de los análisis particulares que es preciso realizar, en términos de llevar a cabo la evaluación de la idoneidad de los perfiles propuestos para representar a México en el exterior en los Estados a los cuales fueron designados para tales propósitos, un tema que de inmediato salió a relucir en el debate público nacional (sobre todo entre algunos medios tradicionales de comunicación y, en el centro del país, en redes sociales), tiene que ver con la naturaleza misma del ejercicio diplomático y la preparación por la que se supone que tendrían que atravesar las personas designadas, sexenio tras sexenio, para hacer valer la política exterior del Estado mexicano más allá de sus propias fronteras.

Y es que, aunque designaciones como las llevadas a cabo en esta ocasión por la SRE no se diferencian mucho de nombramientos similares en sexenios pasados (por cuanto al perfil de las personalidades que son elegidas para cumplir con los encargos diplomáticos de la presidencia en turno), esta vez, la trayectoria profesional y la biografía política de algunos de los nombramientos confirmados por la Cancillería introdujeron en la agenda pública y de los medios el debate sobre la situación general en la que se halla el personal que, en teoría, se encarga de defender los intereses de México alrededor del mundo, o por lo menos ahí en donde cuenta con misiones diplomáticas (y/o consulares).

Así pues, en términos generales, el problema de fondo en la discusión desencadenada por los nombramientos notificados por la SRE desde el momento mismo en que se hizo publica la información giró alrededor de una pregunta fundamental: ¿con qué preparación deberían de contar los hombres y las mujeres que son designadas por el gobierno mexicano para representar los intereses de su Estado en el exterior? Puestas así las cosas, la pregunta hasta parece simplona, toda vez que su respuesta más evidente apunta a una obviedad: como en cualquier otra profesión u oficio, los diplomáticos y las diplomáticas de México deberían de contar con estudios especializados en materia de relaciones internacionales y política exterior (o cualquiera de sus sucedáneos, variaciones y/o derivaciones).

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