Teniendo como telón de fondo las dificultades energéticas y los costos económicos que la virulencia bélica de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ha desatado, alrededor del mundo, con su agresión armada en contra de Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha notificado al pueblo del país que gobierna desde 2024 que, en los años por venir, su administración apostará por la extracción de gas natural no convencional (shale, de esquisto o lutitas). Ello, sostuvo en conferencia de prensa matutina, con una doble intención. En primera instancia, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética en el país hacia el futuro. Y, en segundo lugar, con el propósito de garantizar que, en el mediano y el largo plazos, el país cuente con cierto grado de seguridad y de soberanía energéticas que, en última instancia, le permitan a México sobrellevar con mayor estabilidad y capacidad de adaptación conmociones regionales e internacionales a propósito de cualquier cosa, pero, en especial, desatadas o bien por los ascendentes apetitos bélicos que hoy parecen embriagar a los lideres de distintas potencias militares alrededor del mundo o bien por el errátil comportamiento de personajes como Donald Trump y compañía en Estados Unidos.
Puestas así las cosas, el anuncio de la presidenta de México parece sensato. Es cierto, después de todo, que, en efecto, México (y con él el resto del mundo) tenderá a incrementar significativamente sus demandas de consumo energético en los años por venir. Tendencia, ésta, que en gran medida se explica por la cada vez más amplia electrificación de distintos medios de transporte, por el crecimiento poblacional, por cambios sustanciales en los estilos de vida de las personas, por los requerimientos cada vez mayores de la producción industrial, por el avance de la tecnología y la electrificación en los hogares y el espacio público, por el sostenido y acelerado agotamiento global de fuentes convencionales de hidrocarburos y, por supuesto, por la voracidad energética propia del funcionamiento de las matrices tecnológicas que sostienen el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (hoy por hoy en franco crecimiento y propagación exponencial). Eventos, todos estos, que más que ser fenómenos específicos de México son, en realidad, trayectorias históricas de largo plazo generales alrededor del mundo, resultado de la lógica de funcionamiento del capitalismo.
También es verdad que los ajustes geopolíticos en curso (que tienen como vectores principales, por un lado, la competencia entre grandes potencias por el relevo hegemónico en curso, y, por el otro, la supervivencia a la agudización de múltiples dificultades sistémicas por las que atraviesa el capitalismo), así como la inestabilidad sociopolítica interna que experimentan distintos Estados alrededor del plantea (producto de sus propias tensiones y contradicciones nacionales) no dan muestras de distensión hacia el futuro, sino todo lo contrario. Es correcto, además, el diagnóstico de la Dra. Sheinbaum en relación con la necesidad particular que tiene México de ganar márgenes de autonomía energética (política, económica y estratégica) frente a su principal socio comercial y su principal mercado de importación de productos y servicios energéticos: Estados Unidos. Y ello con independencia de que en la titularidad del poder ejecutivo federal de ese país se halle Donald Trump o no, pues ese margen de independencia relativa, para México, es cuestión de puro instinto de supervivencia y autopreservación en tiempos en los que las élites políticas y corporativas de su vecino del norte han dado muestras claras de estar dispuestas a recurrir sistemáticamente al ejercicio de la violencia armada y al chantaje económico con tal de no perder sus posiciones ventajosas frente a sus competidores, socios y enemigos en América, en Occidente y en todas partes.
Dadas todas estas observaciones, la apuesta del gobierno de Sheinbaum por el fracking (o fracturación hidráulica), en consecuencia, no parece responder a consideraciones impulsivas, frívolas o veleidosas. Por el contrario, a juzgar por los términos y la forma en la que la propia mandataria expuso el tema a escrutinio público, la decisión ha sido discutida y meditada a profundidad a nivel de gabinete y con comisiones técnicas y científicas externas a su gobierno desde, por lo menos, mediados del año 2025; es decir, un par de meses antes, inclusive, de cumplir un año en el cargo que constitucionalmente ejerce. De hecho, la seriedad con la que parece estarse abordando el tema en el seno de su administración se alcanza a apreciar en el hecho de que, en términos llanos, al ser ella misma la principal militante en favor de materializar la medida en el país, el costo político que podría llegar a pagar en el corto, el mediano y el largo plazos sería altísimo.
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