El caso Cienfuegos y la exoneración del generalato mexicano

Enero del 2021 aún no finaliza y el gobierno de la 4T ya tiene que lidiar con el que quizás es el costo político más caro que ha tenido que pagar en lo que va de su periodo de vigencia: el proceso judicial el que se supone había sido sometido el exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, terminó, abruptamente, por resolverse en favor de exonerarle de toda acusación e, incluso, de sospecha alguna. Y es que, en efecto, este parece ser el lastre más pesado con el que tendrá que cargar el gobierno federal en funciones no únicamente porque la decisión se toma con muy poca antelación (seis meses) al momento en el que se tendrán que celebrar los comicios generales de medio término, para renovar, entre otras instancias, a la Cámara de Diputados.

Si en política los tiempos son siempre determinantes, en la forma y en el fondo, para definir la trayectoria de los acontecimientos, las tenciones y las disputas de intereses, ello significa que las posibilidades de que el electorado le haga pagar a Morena los saldos por la redención del Gral. Cienfuegos, si bien aún son difíciles de determinar con precisión y claridad, por lo menos es seguro que se han incrementado, respecto de la situación en la que se hallaba el partido al comenzar el año en curso. Y es que si bien es cierto que el presidente López Obrador ha procurado mostrar una postura de extrema precaución y de sano distanciamiento respecto de la dinámica imperante en el seno del partido político que él mismo fundó y que le consiguió la victoria para ocupar su cargo actual, la realidad es que, por lo menos en el imaginario colectivo nacional, el carácter de uno parece ser sinónimo de la naturaleza del otro.

Ello, asimismo, se debe, en parte, al hecho de que el priísmo instauró en la memoria colectiva de los mexicanos y de las mexicanas, como sentido común y regla implícita de la vida política nacional, la aceptación de que el partido del presidente en funciones es siempre una suerte de falange inseparable, imposible de desligar, respecto de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo federal en el ejercicio de sus funciones. Morena, además, por lo menos en lo que toca a la parte que opera a manera de partido (pues en las elecciones del 2018 Morena fue, más que un partido, un movimiento de masas), en los últimos dos años si algo ha dejado en claro, eso es que su desarrollo institucional es, en muchos sentidos, tributario de algunas de las más añejas tradiciones de la cultura política cultivada en el priísmo del siglo XX. De ahí, entonces, que el costo político a pagar por el caso Cienfuegos no sea una situación que inicie, transite y se agote sólo en la figura del presidente o de cualquiera de las personalidades que conforman su circulo cercano de gobierno en los tres poderes de la Unión.

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De autonomías constitucionales y otros demonios ideológicos

Una suerte de amnesia colectiva parece enseñorearse, en los primeros días del 2021, por todas partes en el desarrollo de la vida política nacional: los órganos constitucionales autónomos son el producto de una historia de combates, con eje de gravitación en la sociedad civil mexicana, que tenían el propósito de disputar, en el seno mismo del andamiaje gubernamental del Estado, posiciones de poder firmes, orientadas, entre otras cosas, a desafiar una larga tradición de abusos cometidos por el sistema político mexicano en contra de los sectores más explotados de la población (CNDH), romper con los pactos de silencio que imperan entre los y las integrantes de la clase política nacional y develar los entramados de poder que se tejen entre empresarios privados y funcionarios públicos (INAI), reconocer los excesos del poder político y empresarial en la expoliación de las capas más vulneradas de la sociedad (CONEVAL), garantizar un piso mínimo de reglas político-electorales y de respeto a los derechos y las decisiones tomadas por la ciudadanía en la elección de sus representantes (INE), etcétera.

En cada uno de esos casos, por supuesto, hubieron actores e intereses políticos y empresariales que, en muchas ocasiones, terminaron por imponer su visión de lo que un órgano constitucionalmente autónomo significaba en la teoría y en la práctica; y, en el grueso de las más de trece entidades que hacia 2015 ya gozaban de dicho estatuto en el texto de la Constitución, lo que al final se observó fue la progresiva captura de esas mismas instancias por aquellos intereses que, se supone, habían sido la causa y el fundamento, en principio, de su existencia. Ello, sin embargo, no significó, en la larga historia de consolidación de la figura de la autonomía en el derecho nacional, que la sociedad civil (y no sólo aquella que se organiza como Organización no Gubernamental, Asociación Civil y similares y/o derivadas) no continuase movilizándose con miras a garantizar que esos órganos en verdad sirviesen para funcionar como un contrapeso a la clase política mexicana y al empresariado nacional y extranjero.

Así pues, aunque a entidades como el Instituto Nacional Electoral llegaron figuras como Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova Vianello en calidad de máximas autoridades de ese órgano —que nació siendo el resultado del empuje de la sociedad civil para romper con la tradición priísta de que fuesen o el Congreso de la Unión o la Secretaría de Gobernación las instancias encargadas de organizar, realizar y calificar los procesos electorales en el país—, y a pesar de que sus gestiones al frente del instituto estuvieron abierta y sistemáticamente influidas por las relaciones y la comunión de intereses que ambas figuras compartían con otros actores políticos en los tres poderes del Estado, en sus escalas federal y local, la ciudadanía nunca dejó de disputar el funcionamiento del INE como un espacio en el que ella misma tenía la posibilidad de corregir y/o contener algunos de los principales vicios del sistema político nacional.

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La indolencia política contra Cuba

A menos de diez días de que se suscite el relevo de funciones en el gobierno federal de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a los poderes ejecutivo y legislativo, la administración saliente, encabezada por el presidente Donald J. Trump, decidió cumplir con una amenaza que, por lo menos desde mediados del año pasado, había hecho acerca de reenlistar a Cuba en el registro de Estados patrocinadores del terrorismo; listado que, por lo demás, tantas intervenciones financieras, políticas, militares y diplomáticas le han facilitado al gobierno estadounidense desde que la guerra global en contra del terrorismo sustituyó a la lucha internacional por contener y erradicar al comunismo, a finales del siglo XX.

La medida adoptada por el presidente y su Secretario de Estado, Michael Pompeo, en este sentido, si bien no se puede caracterizar de sorprendente (pues en mayo pasado se advirtió sobre dicha posibilidad, y para diciembre Cuba ya había vuelto a ser consideraba bajo el estatuto de Estado que no coopera totalmente en el combate al terrorismo internacional), si viene a darse en un momento en el que, por lo menos, no se esperaba, dada la enorme cantidad de asuntos pendientes y conflictos políticos por los que atraviesa Estados Unidos. Y es que, por irónico que parezca, a pesar de que en los últimos dos meses —luego de darse a conocer los resultados de las votaciones presidenciales de noviembre del 2020— el jefe del ejecutivo federal ha aprovechado el tiempo para atar cabos sueltos, para cobrar favores y para tomar decisiones bastante arriesgadas para su capital político, la realidad de la cuestión es que el desorden observado los últimos días en la capital del país y el affaire BigTechs vs. Trump han acaparado tanto la atención del debate público y de la agenda de los medios que las sistemáticas agresiones cometidas en contra de gobiernos de América simplemente pasaron desapercibidas.

¿Qué significado cobra el que Cuba regrese a ser considerado por el gobierno estadounidense como Estado patrocinador del terrorismo? En general, las consecuencias van desde el hecho de que ahora, bajo la normativa que en ese Estado regula la guerra en contra del terrorismo global, el gobierno estadounidense (el actual o el que está a punto de entrar en funciones) cuenta con todos los elementos para intervenir militarmente (desde su propia óptica autorreferencial), y de forma abierta, en Cuba, sin mayor justificación que las que le dan su doctrina y sus leyes antiterrorismo, por un lado; hasta, por el otro, llevar a un punto en extremo restrictivo la serie de regulaciones que sostienen el bloqueo económico del cual son víctimas todos los cubanos y todas las cubanas, sin excepción. Esto último, de hecho, es lo que desde el momento del anuncio hecho por el gobierno en turno comenzará a operar de inmediato, conduciendo a procesos de desinversión (fuga de capitales) y de exclusión de futuras negociaciones en una multitud de ramas de la actividad económica, aunque con especial énfasis en aquellas que podrían resultar en un fortalecimiento de las capacidades militares e industriales del gobierno revolucionario.

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