Teniendo como telón de fondo las dificultades energéticas y los costos económicos que la virulencia bélica de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ha desatado, alrededor del mundo, con su agresión armada en contra de Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha notificado al pueblo del país que gobierna desde 2024 que, en los años por venir, su administración apostará por la extracción de gas natural no convencional (shale, de esquisto o lutitas). Ello, sostuvo en conferencia de prensa matutina, con una doble intención. En primera instancia, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética en el país hacia el futuro. Y, en segundo lugar, con el propósito de garantizar que, en el mediano y el largo plazos, el país cuente con cierto grado de seguridad y de soberanía energéticas que, en última instancia, le permitan a México sobrellevar con mayor estabilidad y capacidad de adaptación conmociones regionales e internacionales a propósito de cualquier cosa, pero, en especial, desatadas o bien por los ascendentes apetitos bélicos que hoy parecen embriagar a los lideres de distintas potencias militares alrededor del mundo o bien por el errátil comportamiento de personajes como Donald Trump y compañía en Estados Unidos.

Puestas así las cosas, el anuncio de la presidenta de México parece sensato. Es cierto, después de todo, que, en efecto, México (y con él el resto del mundo) tenderá a incrementar significativamente sus demandas de consumo energético en los años por venir. Tendencia, ésta, que en gran medida se explica por la cada vez más amplia electrificación de distintos medios de transporte, por el crecimiento poblacional, por cambios sustanciales en los estilos de vida de las personas, por los requerimientos cada vez mayores de la producción industrial, por el avance de la tecnología y la electrificación en los hogares y el espacio público, por el sostenido y acelerado agotamiento global de fuentes convencionales de hidrocarburos y, por supuesto, por la voracidad energética propia del funcionamiento de las matrices tecnológicas que sostienen el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (hoy por hoy en franco crecimiento y propagación exponencial). Eventos, todos estos, que más que ser fenómenos específicos de México son, en realidad, trayectorias históricas de largo plazo generales alrededor del mundo, resultado de la lógica de funcionamiento del capitalismo.

También es verdad que los ajustes geopolíticos en curso (que tienen como vectores principales, por un lado, la competencia entre grandes potencias por el relevo hegemónico en curso, y, por el otro, la supervivencia a la agudización de múltiples dificultades sistémicas por las que atraviesa el capitalismo), así como la inestabilidad sociopolítica interna que experimentan distintos Estados alrededor del plantea (producto de sus propias tensiones y contradicciones nacionales) no dan muestras de distensión hacia el futuro, sino todo lo contrario. Es correcto, además, el diagnóstico de la Dra. Sheinbaum en relación con la necesidad particular que tiene México de ganar márgenes de autonomía energética (política, económica y estratégica) frente a su principal socio comercial y su principal mercado de importación de productos y servicios energéticos: Estados Unidos. Y ello con independencia de que en la titularidad del poder ejecutivo federal de ese país se halle Donald Trump o no, pues ese margen de independencia relativa, para México, es cuestión de puro instinto de supervivencia y autopreservación en tiempos en los que las élites políticas y corporativas de su vecino del norte han dado muestras claras de estar dispuestas a recurrir sistemáticamente al ejercicio de la violencia armada y al chantaje económico con tal de no perder sus posiciones ventajosas frente a sus competidores, socios y enemigos en América, en Occidente y en todas partes.

Dadas todas estas observaciones, la apuesta del gobierno de Sheinbaum por el fracking (o fracturación hidráulica), en consecuencia, no parece responder a consideraciones impulsivas, frívolas o veleidosas. Por el contrario, a juzgar por los términos y la forma en la que la propia mandataria expuso el tema a escrutinio público, la decisión ha sido discutida y meditada a profundidad a nivel de gabinete y con comisiones técnicas y científicas externas a su gobierno desde, por lo menos, mediados del año 2025; es decir, un par de meses antes, inclusive, de cumplir un año en el cargo que constitucionalmente ejerce. De hecho, la seriedad con la que parece estarse abordando el tema en el seno de su administración se alcanza a apreciar en el hecho de que, en términos llanos, al ser ella misma la principal militante en favor de materializar la medida en el país, el costo político que podría llegar a pagar en el corto, el mediano y el largo plazos sería altísimo.

Piénsese, por decir lo menos, en que, abogar en favor del fracking, para Sheinbaum, implica hacer campaña en favor de y sacar adelante una política pública diametralmente opuesta a la actitud que sobre este mismo tema mantuvo su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, durante todo su sexenio (la mayor parte del tiempo resistiendo fuertes presiones nacionales y extranjeras por parte de una de las industrias más potentes y salvajes del capitalismo global). Pero no sólo eso. La propia Sheinbaum hizo campaña presidencial sosteniendo la promesa de que se prohibiría el fracking en territorio nacional y, ya en el cargo, promulgó un Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030) comprometiéndose a impulsar proyectos estratégicos de generación de energía limpia y, en paralelo, disminuir la dependencia estructural del consumo energético nacional de la explotación de combustibles fósiles y procesos productivos en el ramo de elevado impacto ambiental (como el fracking). A ello habría que sumar las críticas que se le hagan desde la opinión pública y en la agenda de los medios de comunicación señalando lo penoso que resulta el observar a una científica comprometida con la izquierda defender un proceso productivo que es capaz de devastar ecosistemas enteros a cambio de bajos retornos energéticos.

Y, como no podía ser de otro modo, en la medida en la que avance la implementación de esta técnica de extracción de hidrocarburos en el país, habrá que añadir los reclamos que nazcan en el seno de movimientos ambientalistas y en defensa del agua y del territorio; sobre todo tomando en consideración, por un lado, los enormes volúmenes de agua que esta técnica emplea (en un país que ya enfrenta una crisis hídrica estructural); y, por el otro, que un número considerable de yacimientos probados y potenciales se encuentra ubicado o bien en ecosistemas indispensables para sostener los equilibrios ecológicos del país o bien en poblaciones que históricamente han padecido despojos territoriales irreparables a manos de grandes capitales o bien en zonas que de por sí ya padecen seriamente situaciones de escases crónica de recursos hídricos.

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Dicho lo cual, por lo menos hasta este momento, Sheinbaum parece estar dispuesta a pagar esa factura. De hecho, anticipándose a la vorágine de críticas que sin duda harán de ella su objetivo en los días y los meses por venir, la presidenta en persona se encargó de reiterar públicamente, una y otra vez, que es consciente del impacto ambiental y ecológico que el fracking acarrea consigo. Aunque lo hizo, la verdad sea dicha, insistiendo en que su administración aún se halla en busca de la mejor alternativa técnica posible, para reducir lo más que se pueda sus efectos nocivos. Así, por ejemplo, barajeó la posibilidad de que se emplee agua salada o agua dulce no apta para consumo humano, y que estas fuentes se reciclen para mitigar el daño que se pueda causar a los ya de por sí estresados pozos de los que dependen el consumo humano, agrícola y animal. También dejó entrever que se exploran técnicas de fractura hidráulica en las que, si se tiene que usar agua dulce, ello se haga sin verter aditivos químicos al vital líquido que lo vuelvan irrecuperable para otro tipo de usos e inservible para su reciclado en la industria energética. En fin, el abanico de opciones fue amplio, aunque ninguna de ellas realmente se haya demostrado capaz, al sol de hoy, de reducir a niveles aceptables la huella ambiental que esta industria dejaría tras de sí.

Esperando ―quizá― matizar aún un poco más el impacto negativo que la noticia podría generar entre aquellos sectores de la población a los que les preocupen las consecuencias ecosistémicas que el fracking trae aparejado, la Dra. Sheinbaum, inclusive, aclaró que, de implementarse esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, el proceso podría tardar más de una década (entre diez y quince años) en avanzar. Esto, por supuesto, fue dicho con la intención de hacer saber a la población que a lo largo de ese tiempo se pueden seguir desarrollando opciones técnicas, científicas y tecnológicas que logren hacer de ésta una práctica mucho más sustentable y que, en todo caso, mientras eso sucede, los daños causados a los ecosistemas y al medio ambiente se podrán gestionar.

Ahora bien, de todo lo hasta aquí expuesto, este detalle temporal podría parecer lo menos relevante del tema (dada la centralidad que la inestabilidad internacional actual jugó como motivo que justifica la medida). Sin embargo, si se lo medita un poco, parece ser el dato que ofrece la posibilidad de pensar en otras alternativas antes que en el fracking para hacer frente a la creciente demanda energética del país. Y es que, en efecto, si, en última instancia, los beneficios de su puesta en marcha en el territorio nacional comenzarán a materializarse hasta después de tantos años, la pregunta obligada que surge es: ¿por qué, entonces, no aprovechar ese tiempo en desarrollar medidas de generación de energía sustentables que, de cualquier modo, se tardarían la misma cantidad de tiempo en instalarse y comenzar a producir beneficios que la prevista para la implementación del fracking en México? Si el tiempo no es, al parecer, un factor de presión, nada evita que éste se invierta en proyectos cuya instalación requiere de un número de años similar (y, en algunos casos, hasta un poco menor).

Un argumento en favor del fracking, después de todo, podría ser que éste podría operar como una medida de emergencia ante una inminente e insalvable situación de escasez de fuentes de energía. Si ese es el caso y en la valoración del gobierno federal se halla la previsión de que los yacimientos petrolíferos de México ya se encuentran al borde de su extinción, entonces la media podría justificarse por su carácter de urgente, pero sin que ello signifique que deje de ser transitoria (esto es: mientras se resuelve el desabasto y no como un reemplazo de las fuentes convencionales agotadas). La presidenta Sheinbaum, en su discurso, en efecto mencionó que las fuentes convencionales de hidrocarburos en el país (sobre todo los yacimientos de petróleo) se encuentran en un estado en el que su producción ya no es tan abundante como lo era ni como se esperaba que lo fuera a estas alturas. Sin embargo, en ningún momento afirmó que el país ya se encuentre al borde del desabasto de sus propios recursos fósiles. No hay razón, pues, para no invertir los varios lustros que se tardaría en desarrollar la industria del shale en México en instalar capacidades de producción alternativa y sustentables.

En última instancia, por supuesto, cualquiera podría sostener que, aunque el tiempo no sea una variable de presión aquí, no se puede obviar lo evidente: el retorno energético y la eficiencia energética que se desprenden de la explotación de combustibles fósiles siguen siendo superiores a las que se derivan del empleo de fuentes alternativas (como la geotérmica, la eólica, la solar y la hidroeléctrica). Lo cual es cierto. La cuestión de fondo aquí es, no obstante, que, en la medida en la que los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable, eventualmente (y cada vez con mayor velocidad, a juzgar por el ritmo al que se consumen alrededor del mundo) su disponibilidad global será nula. En ese sentido, más allá de si ese día cero de los hidrocarburos llega más tarde que pronto, lo que no queda a discusión es el reconocimiento de que un país que se comience a preparar desde ahora para sustituir la totalidad de su consumo de combustibles fósiles por fuentes sustentables se hallará, sin duda, en una mejor condición para resistir los ajustes geopolíticos que se deriven de la cada vez mayor escasez de este tipo de energéticos.

No hay razón, en consecuencia, para que México (con un gobierno de izquierda en funciones), no comience a invertir cada vez más en su propio futuro energético apostando por tecnologías y procesos productivos que no sólo le ayudarán a salvar la situación actual y las eventualidades que se presenten en los años por venir, sino que, más aún que ello, le permitirán hacer frente, desde una mejor posición, al progresivo desgaste global de las fuentes convencionales de hidrocarburos. Se trataría, pues, de pensar no sólo en la forma de salvar las coyunturas que se presenten en el corto y el mediano plazos, sino, sobre todo, de comenzar a planificar e instalar capacidades de generación de energía permanentes en el largo plazo (lo suficiente como para sobrevivir a una continua reducción en la disponibilidad de combustibles fósiles). Y ello, además, sin contar que, al seguir esta opción, el futuro ecológico y climático del país (y del resto del planeta) no termina subordinado a las necesidades y las exigencias circunstanciales del presente.

Parafraseando a la presidenta de México, entonces, habría que sostener: fracking sí, pero sólo como última opción, como medida de emergencia y sólo en condiciones en las que se asegure que su impacto ecosistémico no será mayor al propiciado por fuentes sustentables de generación de energía.

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