¿Intervendrá Donald J. Trump en México invocando como casus belli la necesidad del gobierno de Estados Unidos de combatir en el país, por la vía armada, al narcotráfico? La pregunta en cuestión viene a cuento debido a que, a lo largo de las últimas semanas, el presidente estadounidense en funciones se ha mostrado cada vez más insistente respecto de este tema; a veces elevando el costo de sus apuestas, a veces endureciendo el tono con el que emite sus palabras. Y es que, un día sí y otro también (ya sea en el marco de un evento convocado exprofeso para tratar el asunto o, en su defecto, insertando el tema en cualquiera de sus monsergas públicas como una prioridad ineludible de su administración), Trump ha reiterado una y otra vez que el narcotráfico en México es una problemática que no se puede resolver en definitiva si Estados Unidos no interviene directamente en su combate armado, llegando a insinuar, inclusive, que a éste se lo puede eliminar de raíz con bombardeos de precisión (capaces, según sus propias palabras, de eliminar a sus objetivos en sus salas de estar).

Tal insistencia del trumpismo con el tema del narcotráfico en México, pues, no parece ser ya (como quizá lo pudo ser durante el primer mandato de Trump o como aún parecía serlo durante los primeros meses de su segundo término) ni mera obsesión retórica del presidente estadounidense (con todo y que las elecciones de medio término en tierras yanquis podrían sugerir lo contrario) ni, mucho menos, una simple burbuja informática inflada artificialmente por las corporaciones que hoy por hoy definen las formas y los contenidos de la agenda mediática dentro y fuera de México y de Estados Unidos.

Y lo cierto es que pruebas suficientes de ello las hay: no sólo se siguen acumulando como evidencia de la obsesión de Trump con el narcotráfico mexicano las menciones cotidianas que hace sobre él, sino que, por si ello fuese poca cosa, a principios de marzo, él mismo y sus principales personeros en su gabinete tuvieron la osadía de lanzar una iniciativa regional (pomposamente denominada Escudo de las Américas) que no únicamente tiene el propósito claro de funcionar como marco institucional y condición de posibilidad para que las autoridades estadounidenses intervengan directamente en los asuntos internos de los Estados que hacen parte de dicho mecanismo sino que, también y sobre todo, está pensada para cercar geopolíticamente a los escasos gobiernos de izquierda que aún resisten al monroísmo trumpista en el continente (Cuba, México, Colombia y Brasil en primera línea de fuego).

Poco importa, en realidad, si en dicha iniciativa regional no tienen participación algunos de los Estados y de las economías más grandes y dinámicas de América o si el PIB regional, el tamaño territorial y la población total que aglutinan los diecisiete Estados que sí se sumaron al susodicho Escudo son ínfimos, comparados con la sumatoria que de esos mismos factores pueden alcanzar los que fueron explícitamente excluidos. En tanto que bloque geopolítico, aquí, el factor cuantitativo (es decir, la sola asociación y articulación política y diplomática diecisiete de veinte Estados Latinoamericanos) es factor suficiente como para producir efectos cualitativos de mayor magnitud que aquellos que se conseguirían por la simple convergencia de decisiones de política exterior tomadas individualmente, por cada gobierno nacional de la región.

No debe obviarse, después de todo, que, cuando se trata de impulsar y de legitimar políticas regionales colectivas de cualquier tipo, pero sobre todo las que tienen por finalidad establecer cercos geopolíticos alrededor de un Estado o de un grupo de Estados, por pequeñas que sean las economías, los territorios o las poblaciones de aquellos actores que han decidido hacer parte activa de un bloqueo regional importan menos que sus capacidades para someter a la más absoluta soledad o marginación a aquellos Estados que han convertido en sus objetivos. Piénsese, para no ir más lejos, en que así fue como el bloqueo continental impuesto a Cuba en 1964 adquirió sus dimensiones más lacerantes. Así fue, también, como, a partir de 2015, se aisló progresivamente a Venezuela en el continente, aunque en términos generales la patria de Bolívar y Chavez mantuviese relaciones económicas con los Estados más grandes de la región (y hasta con Estados Unidos) o el propio chavismo ―ya sin Chavez― aún gozara de un significativo apoyo popular entre la mayoría de los pueblos de América.

Que Donald Trump, en este sentido, explícitamente afirmara en el evento de lanzamiento del Escudo de las Américas que el narcotráfico en México es la principal amenaza a la seguridad y a la estabilidad del conjunto de la región (y no ya sólo para la relación bilateral México-Estados Unidos), por ello, no es una declaración que en México se deba de tomar a la ligera. Menos aún cuando, luego de las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela y en Irán (síntomas, ambas, de un trumpismo envalentonado y sediento de alcanzar por las armas todo aquello con lo que siempre soñó y por lo que tanto se sintió humillado entre 2017 y 2021), violaciones puntuales, pero sistemáticas, de la soberanía de los Estados americanos se presentan, desde el punto de vista de ese mismo rabioso trumpismo, como una apuesta de bajo riesgo con la que éste pueda ser capaz de reconstruir la imagen de Estados Unidos como una potencia internacional que de nuevo se halla en condiciones tanto de creer en sí misma a costa de todo como de recurrir al uso de la fuerza armada cuando así convenga a sus intereses.

Ahora bien, teniendo claro que la política exterior del actual gobierno de Estados Unidos sí ha venido dando pasos concretos en materia de combate armado al narcotráfico en la región americana (más allá, por supuesto, de las inercias burocráticas propias de cierto tipo de colaboración de larga data en agendas de seguridad y de defensa bilaterales y multilaterales), para México, en este contexto, la interrogante fundamental que se tiene que plantear para si quiera alcanzar a prever con algún grado de razonabilidad y de certeza las posibilidades reales de que el trumpismo intervenga militarmente en el país (con independencia de si esa intervención se traduce en tropas ―autorizadas o no― dentro del territorio, en un intento de deposición de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un bombardeo de precisión ―con drones o con misiles― y todo lo que quepa entre esos tres extremos) es, en esencia, ésta: ¿qué puede ofrecer el gobierno mexicano para, por lo menos, atemperar ―si bien no disipar― el hambre intervencionista de Trump y de algunos de sus más belicistas lacayos en el poder ejecutivo federal estadounidense?

Obviando, por el momento, todo lo que México puede ceder tanto en la renegociación del tratado de libre comercio ya en puerta como en el resto de las otras muchas carteras que constituyen la agenda bilateral, si se presta atención sólo a lo que en los ámbitos de seguridad y de defensa podría hallarse sobre la mesa, lo primero que habría que esclarecer es lo que a ambos lados del Rio Bravo se entiende por narcotráfico, en tanto que es ese el actor señalado con insistencia por Trump como la raison d’être de sus ambiciones intervencionistas, pero sobre la cual podrían estarse entendiendo fenómenos distintos en Palacio Nacional y en la Casa Blanca.

---

• WhatsApp
• Telegram
• Spotify

Suscríbete a los canales oficiales de «la Docta Ignorancia»

---

Repárese, a propósito de lo fundamental que resulta el esclarecer esta situación, en el hecho de que, por lo menos en lo que respecta a la agenda de los medios de comunicación en México, el fondo de la discusión sobre temas de seguridad y violencia en el país se ha centrado, en los últimos meses, en reconceptualizar a los cárteles de la droga o del narcotráfico como cárteles u organizaciones del crimen organizado, señalando la diversidad de actividades criminales a las que ya se dedican estas redes o estructuras delincuenciales, rebasando con ello, por mucho, la que era su denominación de origen (en muchos casos, inclusive, señalándose que el trasiego de narcóticos ya no es, ni siquiera, su principal actividad criminal).

Ahora bien, suponiendo que en la definición de lo que se entiende por crimen organizado o por delincuencia organizada (nacional o trasnacional, da igual) se empleen criterios derivados de u homologables con los que dispone para los efectos de su combate la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, adoptada en el año 2000, en tal caso, la gama de actividades criminales que terminan por quedar bajo el amparo de dicha conceptualización son bastante más numerosas y diversas que aquellas que podrían aglutinarse en cualquier categorización contemporánea del delito de narcotráfico. En particular en lo que respecta a problemáticas de corrupción y de blanqueo del producto del delito.

En esta línea de ideas, si el gobierno de Donald Trump (así como la prensa mexicana de oposición a la Cuarta Transformación) entiende por cárteles de la droga o del narcotráfico algo remotamente similar a lo dispuesto por la ya referida Convención de Palermo del año 2000, entonces el problema para el gobierno mexicano tendría que ver con el hecho de que, sin importar cuántos grandes, pequeños o medianos capos de la droga terminen abatidos por las fuerzas de seguridad nacionales o cuántos decomisos de narcóticos se realicen a la semana, desde la perspectiva del trumpismo, ninguno de estos esfuerzos estaría atendiendo verdaderamente de raíz el problema, por la muy sencilla razón de que, por medio de esas acciones, las autoridades mexicanas únicamente estarían atacando al delito muy puntual del narcotráfico, pero sin hacer nada al respecto de ese abanico mucho más amplio de actividades criminales que se engloban en la definición de crimen organizado o delincuencia organizada.

No siendo un personaje particularmente lúcido ni, mucho menos, un mandatario que se distinga por su uso preciso de las palabras, Donald Trump, en este sentido, bien podría estar empleando expresiones como Drug Cartels, Cartels y Transnational Gangs como sinónimos de una miríada de actividades criminales que, por sus rasgos, finalidades y naturaleza, rebasan por mucho toda tipificación convencional del delito de narcotráfico. En consecuencia, cuando asevera que son estos cárteles de la droga los que manejan (run) México la referencia en cuestión sin lugar a dudas podría estar rebasando por mucho el marco específico del narcotráfico para involucrar, también, temas de corrupción gubernamental (independientemente de si estos casos presentan o no ramificaciones concretas que involucren a grupos dedicados al trasiego de narcóticos) y de usos indebidos de recursos públicos (de nueva cuenta, con independencia de que estos recursos acaben en o salgan de las arcas de los cárteles o no).

Puestas así las cosas, parecería ser, entonces, que, en lo inmediato, las autoridades mexicanas tendrían que atender con urgencia la imperiosa necesidad de establecer con sus contrapartes estadounidenses un marco común mínimo de entendimiento respecto de las actividades delincuenciales a las que Donald Trump se refiere cada vez que despotrica en contra del narcotráfico y de los cárteles de la droga en el país, toda vez que, aunque las palabras por él empleadas y las referencias adicionales que hace sobre la violencia que se vive en territorio nacional podrían ser variables suficientes para obviar el hecho de que alude tal cual a cárteles dedicados al trasiego de drogas y a las drogas que fluyen hacia territorio estadounidense, en realidad, así como sucede en buena parte de los medios de comunicación de México, podría estar hablando de un espectro mucho más amplio de actividades criminales que podrían o no tener vinculación alguna con el tráfico de enervantes hacia tierras yanquis.

Del correcto establecimiento de ese marco de entendimiento común y mínimo, después de todo, depende que el gobierno de México se pueda comprometer con la obtención de resultados que puedan llegar a apaciguar lo suficiente las ansias intervencionistas de Trump. Y es que, aunque a estas alturas de la historia ya ha quedado claro que ceder ate los caprichos de Trump no es garantía de que sus exigencias no escalen o no se mantengan en los términos por él dispuestos, también hay evidencia suficiente de que el mandatario estadounidense puede llegar a desescalar su virulencia si considera que ha obtenido los resultados que él esperaba de sus travesías overseas. Así, por ejemplo, tras una campaña bilateral de profunda agresividad en contra de la migración indocumentada hacia Estados Unidos por territorio mexicano, misma que ha reducido a su mínima expresión en décadas la ocurrencia de este fenómeno, esta agenda, en particular, ha dejado de ser el principal ariete de la política exterior del trumpismo en contra de México que fue durante su primer mandato y a lo largo del primer año de gobierno de su segunda administración.

Las amplísimas concesiones otorgadas por Venezuela al trumpismo, luego de la intervención armada para deponer a Nicolás Maduro de la presidencia del país, en un orden de ideas similar, también son indicativas de aquello que Trump puede asumir como satisfactores mínimos de sus ambiciones imperiales y pulsiones megalomaníacas.

La cuestión de fondo para México es, por supuesto, encontrar el modo de prevenir que algo similar a lo de Venezuela o a la situación de amenaza que se cierne sobre Cuba se desarrolle también en su relación bilateral con Estados Unidos. Y lograr esa hazaña depende, en gran medida, de la capacidad con la que cuenten las autoridades mexicanas para identificar qué tanto está entendiendo Donald Trump por cárteles de la droga y narcotráfico. En especial para saber cómo es que el gobierno federal mexicano debe de lidiar con los evidentes niveles de desaseo, de opacidad, de mal gobierno y de corrupción que imperan en la vida cotidiana de varios cientos de municipios a lo largo y a lo ancho del país, aún si todas esas dificultades no están ligadas directa o indirectamente con el actuar de estructuras o redes dedicadas al narcotráfico. Esto, sobre todo, tomando en consideración las trabas que la obsesión de MORENA con ganar todas las elecciones que pueda a cualquier costo y el previsible cambio de equilibrios de fuerzas resultado de los comicios de medio término en el país puedan llegar interponer ante la necesidad de echar a andar una política federal de combate al crimen organizado, lato sensu, y no ya sólo en contra del narcotráfico nacional y transnacional.

Valga, por lo pronto, el subrayar que no se trata de ceder en nada ante los apetitos de la bestia sino, antes bien, de aprovechar los recursos que Estados Unidos pueda ofrecer a México para que éste pueda ampliar sus capacidades para hacer frente a un problema que sí existe en el país (y en especial para lidiar con sus saldos en los rubros de violencia armada, de extorsión y de desapariciones) consiguiendo, sobre la marcha, disuadir, hasta donde se pueda, la amenaza de una intervención unilateral estadounidense en territorio nacional. En la medida en la que avance la agenda de la iniciativa del Escudo de las Américas, después de todo, México podría hallarse cada vez más aislado regionalmente y, ante un escenario así, es fundamental acumular fuerza política interna para ganar o conservar márgenes de autonomía relativa en su trato con Estados Unidos y con el bloque de gobiernos que decidieron hincarse ante sus caprichos.  

---