Luego de que la presidencia de Donald Trump publicara su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre pasado, era cuestión de tiempo para que Perú fuera considerado como un país de atención prioritaria en los diseños geopolíticos regionales concebidos por el propio presidente estadounidense y por sus principales halcones en materia de política exterior y relaciones internacionales.

¿La razón? A mediados de noviembre del 2024, a unos 75 kilómetros al norte de la capital del país, las autoridades peruanas inauguraron el puerto de Chancay; hoy por hoy reconocido como el primero de su tipo en toda América Latina en virtud de que es una mega obra de infraestructura inteligente que, dicho sea de paso, no sólo parece estar destinada a dinamizar los intercambios comerciales entre China y el Perú sino que, más importante aún para la estrategia continental de Estados Unidos, es una obra de la que son propietarios y operadores mayoritarios capitales chinos, a través del consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., del que hacen parte la estatal china  COSCO Shipping Ports (60%) y la peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (40%).

Y es que, en efecto, de acuerdo con los principios de geopolítica y las valoraciones estratégicas que animan el espíritu de la susodicha Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la presencia china en tierras americanas es una de las principales amenazas identificadas por las élites yanquis representadas por el trumpismo. Y ello sin importar la forma concreta en que esa presencia se manifieste en el continente; es decir: ya sea mediante misiones diplomáticas permanentes o ad-hoc, a través de personal involucrado en ejercicios militares conjuntos o, por supuesto, por medio de sus corporaciones y, sobre todo, de las que son de propiedad estatal; que, por cierto, son la mayoría en América. Puestas así las cosas se entiende la advertencia lanzada por Donald Trump en días recientes respecto de las preocupaciones que levantaba en su gobierno la posibilidad de que la participación china en el puerto de Chancay implicase un golpe en contra de la soberanía peruana.

La pregunta obligada es, no obstante, ¿a razón de qué la administración de Trump emite esta advertencia al Perú hasta ahora, luego de que el megaproyecto de infraestructura en cuestión ya lleva poco más de un año en operaciones y, sobre todo, a poco más de un año de haber entrado en funciones el gobierno estadounidense actual?, ¿qué cambió en los días recientes?

A juzgar por los argumentos que fundamentaron el posicionamiento de Estados Unidos, el hecho que desencadenó la reacción del trumpismo tiene que ver con una sentencia (susceptible de ser apelada) emitida por el Primer Tribunal Constitucional de Lima el 29 de enero del año en curso. En ella, dicha instancia del poder judicial nacional del Perú respaldó ―por lo menos parcialmente―, un recurso de amparo previamente interpuesto por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., en virtud del cual la operadora y propietaria de dicho puerto solicitó a las autoridades peruanas limitar las capacidades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público (Ositran) para supervisar, regular, inspeccionar y sancionar las operaciones de la terminal cuando así lo ameriten.

La motivación detrás de la protesta estadounidense, en este sentido, tiene que ver con el hecho de que la sentencia que dio la razón al argumento esgrimido por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. en efecto supone una limitación de las competencias del Organismo supervisor peruano, sentando, además, un lacerante precedente de interpretación constitucional relativo a las salvaguardas de las que gozan las empresas privadas en el país, en demérito de las capacidades de regulación de la actividad económica por parte del Estado peruano en su territorio. Así fue, de hecho, como la noticia y la decisión del poder judicial peruano fue recibida por el propio organismo supervisor, mismo que, en voz de su presidenta en funciones, afirmó que las consecuencias que se derivarían del acto (de no ser revertido en instancias de apelación), implicarían la instauración, de facto, de un régimen jurídico diferenciado para el consorcio a cargo del puerto.

Ahora bien, más allá de toda discusión ―necesaria― sobre si el Primer Tribunal Constitucional de Lima en efecto realizó una adecuada interpretación del artículo 60 constitucional o si, por lo contrario, no lo hizo (en cuyo caso habría que develar las razones que lo movieron a emitir la sentencia en el sentido en el que lo hizo), de lo que no cabe duda es de que, por lo pronto, el incidente ha sido instrumentalizado por el gobierno de Estados Unidos como una causal que, en los días, los meses y los años por venir le podrían proporcionar a las autoridades estadounidenses pretextos suficientes para cometer actos sostenidos de intervención discursiva, política y diplomática en el Perú con la intención de modificar en su favor la correlación de fuerzas vigente alrededor de la propiedad y de la operación del puerto.

Es, por supuesto, muy poco probable que, por lo menos en el corto plazo, presiones estadounidenses en ese sentido se lleguen a traducir en un acto de expropiación por parte del Estado peruano. Sobre todo porque, de hacerlo, la estructura política oligárquica del Perú estaría atentando en contra de sus propios cimientos. Y, más importante aún que ello, debido a que, por un lado, para el Perú, China es su principal socio comercial; y, por el otro, un acto de esa naturaleza en el que Estados Unidos se vea directamente involucrado no exime la posibilidad de que sea asumido entre las élites chinas como un acto directo de agresión estadounidense en su contra, con el agravante de que en la operación se hallan involucradas inversiones multimillonarias que Perú sencillamente no está en posición de liquidar sin poner en riesgo a su propia viabilidad económica (y la supervivencia de las élites que han crecido dependientes de la relación comercial con China). Y todo ello sin contar, claro está, con la reacción que desencadenaría el desafío estratégico que la pérdida del control del puerto de Chancay supondría para China, en términos de sus capacidades para penetrar en el conjunto de la región y no ya sólo en el Perú.

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A Chancay, después de todo, hay que pensarlo como parte de una suerte de ecosistema megainfraestructural en reciente crecimiento, impulsado por capitales estatales chinos, que involucran a varios Estados de la región, en proyectos que van desde el desarrollo de cadenas logísticas y redes de suministros hasta masivos parques eólicos y solares, corredores de transporte multimodal, centrales hidroeléctricas y explotaciones de recursos minerales estratégicos y convencionales. Expulsar a los capitales chinos de Chancay a través de maniobras tan radicales como las que ofrecen las nacionalizaciones, pues, no sólo es una apuesta muy elevada para la supervivencia del régimen oligárquico peruano y su dependencia estructural respecto del comercio chino sino que, además, es una afrenta que China podría no estar dispuesta a sufrir sin elevar los costos de tal decisión para todas las partes involucradas, incluido Estados Unidos.

Lo cierto es, no obstante lo anterior, que Estados Unidos parece estar dispuesto a jugar la opción de hacer que el Estado peruano sea el que, mediante un fortalecimiento de sus capacidades de supervisión, regulación, inspección y sanción de las actividades de la terminal consiga, o bien minar de a poco el posicionamiento de China en el puerto (incrementando la participación de los capitales peruanos en el consorcio)  o bien abrir espacios cada vez más amplios para la participación del comercio estadounidense a través suyo, aprovechando su triangulación hacia los mercados asiáticos. En la medida, además, de que ninguna de estas dos opciones es excluyente de la otra, quizá lo que ha comenzado a valorar el trumpismo es la probabilidad de que ambas se puedan desarrollar de manera paralela, sin que ello se traduzca, en lo inmediato, en un abierto desafío a los capitales chinos que participan del consorcio operador y propietario del puerto.

Hasta cierto punto, la manera en que las élites peruanas parecen estar procesando estas presiones de parte de Estados Unidos podrían tener que ver con la destitución de José Enrique Jerí Oré del cargo de la presidencia este 17 de febrero pasado; apenas una semana después de que el trumpismo, siempre vociferante en redes sociales, advirtiera al gobierno peruano que las inversiones chinas en América siempre vendrán con un alto costo y elevados riesgos geopolíticos para los Estados americanos que las reciban. Los tiempos, por lo menos, parecen coincidir. Y el hecho de que la causal esgrimida por el congreso peruano para remover a Jerí del cargo tuviese que ver con reuniones clandestinas con empresarios chinos que estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción reafirma más esa hipótesis.

Si además la advertencia estadounidense se enmarca en los efectos de disciplinamiento que sobre el conjunto de la región desencadenó su intervención militar en Venezuela, a principios del año (como ejemplo de lo que puede suceder a aquellas fuerzas gubernamentales que se atrevan a desafiar los intereses de seguridad nacional del imperialismo yanqui), al final, todo parecería indicar que las élites peruanas acusaron recibo de la advertencia trumpista de cara a los comicios de abril próximo. Todo lo cual, sin embargo, tampoco debería de llevar a nadie a obviar el hecho de que, a lo largo de la última década, la crisis en la que ha tendido a habitar el régimen oligárquico peruano también ha supuesto un serio desafío para los intereses estadounidenses en el país. De manera tal que las elecciones nacionales próximas bien podrían no implicar modificación sustancial alguna de la situación imperante en el país.

Las posibilidades de que el sistema político peruano pueda llegar a estabilizarse, de hecho, siguen pareciendo distantes. Por un lado, da la impresión de que las élites del Perú hubiesen hallado en las remociones sistemáticas de las personas que ocupan el cargo de la presidencia del país un mecanismo mucho más eficaz de amortiguamiento de las capacidades con las que cuenta el pueblo peruano para transformar su descontento y construir, a partir de ello, otra experiencia como la de Pedro Castillo. Por el otro, la propia población del país, pese a su hartazgo, ahora mismo da señales de no contar con las fuerzas necesarias como para canalizar, por vías institucionales, la posibilidad de un cambio político que resulte capaz de hacer frente y de sobreponerse a los instrumentos de los que se sirven las oligarquías peruanas para mantener a salvo de las pasiones populares sus estructuras de poder (como lo es la infame cláusula de Vacancia Presidencial por Incapacidad Moral que tanto se ha invocado en los últimos diez años).

En última instancia, hasta podría argumentarse que esa permanente inestabilidad, resultado de los constantes relevos del personal que ocupa el cargo de la presidencia del país, ha favorecido que el estado peruano mantenga ciertos márgenes de autonomía política frente a la política de poder de las grandes potencias que se disputan su dominio, en virtud de que, al hallarse la presidencia del país siempre en situación de crisis, dificulta a actores externos el sostenimiento de compromisos de largo plazo en dicho territorio. El costo de ello, sin embargo, es a todas luces evidente: ampliar los círculos políticos con lo que se tiene que negociar para mantener cierta continuidad en los acuerdos alcanzados más allá de los cambios que se lleguen a sufrir en la titularidad del poder ejecutivo nacional y, por supuesto, seguir alimentando la corrupción gubernamental como moneda de cambio que afiance esos acuerdos y mantenga operando en condiciones de relativa normalidad al sistema.

Por ahora, entre tanto, habrá que prestar atención a las sentencias que se emitan, en última instancia, respecto del régimen jurídico aplicable al consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.., toda vez que de ellas dependerá, en gran medida, la intensidad y la insistencia con la que Estados Unidos podría presionar a la política peruana que el propio estado de derecho del país coloque en una situación de privilegio a los capitales estatales chinos en uno de los puntos de logística comercial tendencialmente más importantes en el pacífico americano. Habrá, además, que prestar atención a la forma en que se termine de desarrollar el proceso electoral en curso, pues aunque el riesgo de que el país siga cayendo por la espiral de remociones sistemáticas de la persona titular de la presidencia del país en la que entró hace una década, los resultados de esas elecciones bien podrían dar cuenta de las capacidades con las que Estados Unidos puede intervenir en el país cuando éste se halla en crisis permanente.

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