Convocada y auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 4 de febrero del año en curso se celebró, en Washington D.C., la Primera Reunión Ministerial de Minerales Críticos. En ella participaron delegaciones de medio centenar de países de todo el mundo, de entre los que destacan la abrumadora mayoría de los bloques conformados, por un lado, por diecinueve naciones de Asia y Oriente Medio; y, por el otro, por dieciséis naciones de Europa y un equipo especial a título de la Comisión Europea. En el caso de América, a dicho evento concurrieron comisiones de ocho Estados, de entre los cuales sólo las de México y Brasil asistieron en representación de gobiernos nacional-populares, mientras que el resto lo hizo en nombre del espíritu de época que encarnan en la región viejas y nuevas extremas derechas. África, dicho sea de paso, envió misiones ad-hoc de siete países, de los cuales la de la República Democrática del Congo fue central.

Previo a su celebración, dicha reunión de alto nivel, hay que precisarlo, en general despertó grandes expectativas por los resolutivos a los que se podría llegar en ella. Más aún cuando el marco contextual en el que se había expedido la convocatoria estuvo signado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela como mecanismo de disciplinamiento para el propio gobierno Grancaribeño y para el resto de Estados soberanos alrededor del mundo, en relación con los grados de autonomía política y económica relativas que Estados Unidos espera que podrán gozar o no otros gobiernos en todo el planeta cuando se trate de la satisfacción de sus propias necesidades de seguridad nacional, ya sea que estas se planteen o bien como razón de Estado o bien como mero capricho del trumpismo. Al finalizar la Reunión, sin embargo, quedo claro que los resultados obtenidos no fueron, ni de lejos, los que se esperaban.

Y es que, si bien es verdad que Estados Unidos aprovechó la ocasión para formalizar una docena de Memorandos de Entendimiento y cerrar negociaciones similares con otra veintena de Estados (sumándose, estos, a otros diez instrumentos de idéntica naturaleza que fueron firmados a lo largo de los pasados cinco meses), dado el carácter de las negociaciones de la Reunión y los avances que el gobierno de Estados Unidos ya había conseguido en tratos bilaterales por fuera de ella en meses recientes, en los hechos, la Ministerial de Minerales Críticos celebrada a principios de este mes pareció, más bien, haber operado como un evento simbólico y comunicacional que como un foro ad-hoc para el establecimiento de una hora de ruta y espacio de definición de los modos en los que se habrá de operacionalizar, en el corto, el mediano y el largo plazos, lo que en principio parecía ser la apuesta por un gran bloque internacional basado en el tendido de nuevas y la consolidación de viejas cadenas de suministro especializadas en  recursos minerales estratégicos para el almacenamiento y el procesamiento de datos, lo mismo que para la creciente electrificación de una miríada de procesos productivos.

Dicho de otro modo: más allá del lanzamiento del Foro de Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE), en el que todo está por ser definido, en la Reunión Ministerial en comento no se alcanzaron nuevos acuerdos, adicionales a los que durante poco más o menos medio año ya se habían convenido en sus contornos generales en el marco de lo que en diciembre de 2025 Donald Trump presentó como la iniciativa Pax Silica. De hecho, un aspecto hasta cierto punto desconcertante de la reunión es que, contrario a lo que se esperaba que sucediera, el gobierno de Estados Unidos no aprovechó la ocasión para imponer unilateralmente una agenda de trabajo a los Estados que hicieron parte de la reunión sino que, por lo contrario, habiendo impuesto, eso sí, los objetivos generales y específicos que Estados Unidos pretende alcanzar en este proceso, valiéndose de iniciativas como éstas, cedió una buena parte de la responsabilidad en la definición de esa agenda a los gobiernos de las delegaciones que asistieron.

Así, por ejemplo, mientras que a México le concedió un periodo de gracia de alrededor de sesenta días naturales para definir políticas comerciales específicas, tendientes a mitigar la vulnerabilidad de sus cadenas de valor en relación con su actividad minera de exportación (entiéndase: sesenta días para diseñar una estrategia que ahonde su dependencia estructural respecto de la demanda estadounidense y contenga, paralelamente, la influencia y la penetración de China y otros competidores de Estados Unidos en el sector), a los Estados de la Unión Europea y a Japón se les concedieron treinta días para hacer lo mismo y alcanzar, hacia el final de ese periodo, la concreción de acuerdos comerciales y memorandos específicos en beneficio de las necesidades estratégicas estadounidenses.

Ahora bien, que el trumpismo hubiese optado por no emplear el foro al que él mismo convocó para manifestar sus capacidades de compulsión como sí lo ha hecho, por ejemplo, en otros tantos espacios multilaterales a propósito de China, del petróleo o de las izquierdas a las que ve como enemigos existenciales a los que hay que eliminar, etc., no es, en absoluto, un dato excepcional. Ello tampoco quiere decir, por supuesto, que dichas presiones no existan por fuera de la Reunión Ministerial en los tratos bilaterales que la administración estadounidense sostiene con sus socios.

Esas presiones y compulsiones, de hecho, están ahí, operando permanentemente, y lo más seguro es que funcionarán como un marco común de posibilidades que constriña y condicione lo que, en última instancia, cada gobierno nacional decida “soberanamente” que será su política para ―según reza el eufemismo empleado en la reunión por el trumpismo― mitigar las vulnerabilidades de su industria minera y de toda su cadena de valor y redes logísticas hasta llegar a las unidades económicas en las que Estados Unidos necesite disponer de esos recursos.

El dato que sí parece interesante en esta ocasión, no obstante lo anterior, tiene que ver, por un lado, con el modelo de negociación por el que se optó para abordar esta problemática acerca de las cadenas de suministro de minerales estratégicos de las que depende Estados Unidos; y, por el otro, con las distintas valoraciones temporales que subyacen a los acuerdos negociados. Y es que sí, a primera vista, todo parece tener que ver con China, con sus enormes reservas de recursos naturales de este tipo en su propio territorio (y en territorios de otros países a los que tiene acceso privilegiado) y, por supuesto, con su abrumadora capacidad y concentración de mercado en términos de procesamiento y refinación.

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Sin embargo, a juzgar por las consideraciones que fundamentaron la convocatoria de la Ministerial, por las palabras del funcionariado de alto rango de Estados Unidos que hizo parte de la delegación que auspició el evento y de los resolutivos que se emitieron tras su finalización, sin obviar ni la urgencia con la que el trumpismo busca debilitar a China en el corto plazo ni, mucho menos, la conciencia que en las élites estadounidenses se tiene de las fortalezas que en el largo plazo goza China debido a sus reservas y sus capacidades industriales, entre las preocupaciones estadounidenses, por primera vez para una obsesión del trumpismo, las consideraciones globales y de largo plazo parecieron pesar mucho más de lo que lo hicieron las de corto y mediano plazo en los espacios que considera sus esferas de influencia, con lo cual la disputa por la hegemonía con China apareció mediada por la necesidad de preservar la continuidad de las transformaciones energéticas y tecnológicas que globalmente experimenta el capitalismo contemporáneo.

Preservación sistémica, global, que, sin perder de vista el desafío geopolítico que supone China para Estados Unidos, puso de relieve que, hacia finales de esta década, la economía mundial (con China y sus vastas reservas incluidas) enfrentará una situación generalizada de, por un lado, incrementos exponenciales en la demanda de un amplio universo de recursos minares convencionales (como el cobre) y raros (como el neodimio o el praseodimio) impulsados por la digitalización, la electrificación y la descarbonización de un número creciente de economías nacionales; y, por el otro, dificultades cada vez más agudas en las capacidades de producción, forzadas tanto por las escasez natural de muchos de esos elementos (y la imposibilidad de su formación sintética) como por limitaciones técnicas tecnológicas, reducciones de márgenes de rentabilidad, la temporalidad específica de los ciclos industriales y desafíos políticos, económicos, jurídicos y hasta culturales.

De tal suerte que, en el mejor de los casos (y si las previsiones aciertan en sus estimaciones), ante un escenario en el que procesos productivos que requieren de un uso intensivo de este tipo de recursos minerales se duplicarán y hasta triplicarán en el lapso de apenas un lustro, la demanda o bien caerá o bien se estancará lo suficiente como para abrir, entre oferta y demanda, una brecha deficitaria de hasta un 30% de lo requerido.

En un teatro mundial como ese, es claro que China tendrá una ventaja relativa incuestionable ante Estados Unidos gracias a sus reservas territoriales, razón por la cual las élites estadounidenses han comenzado a trabajar en la conformación de un bloque comercial que les permita contar con acceso irrestricto a recursos minerales en todos aquellos países en los que pueda encontrar yacimientos equivalentes a los de China. Sin embargo, cuando la brecha entre capacidades de producción y necesidades de consumo es generalizada, para el conjunto de le economía-mundo capitalista, la disputa geopolítica fundamental ya no es sólo por el relevo hegemónico entre grandes potencias sino, antes bien, lo es por las capacidades de supervivencia del propio sistema en una situación en la que su mayor debilidad radica en el hecho de que se encuentra atravesando por un periodo de transición en el que sus contornos fundamentales aún no se estabilizan ni sus tendencias históricas a mediano y largo plazo se definen.

Para todos aquellos países que cuentan con abundantes reservas probadas y potenciales de estos recursos estratégicos en sus territorios, además, su principal problema ya no sólo tendría que ver con la decisión de alinearse o bien con China o bien con Estados Unidos (dadas las dificultades por las que parecen atravesar para constituirse como un bloque relativamente autónomo y no alineado), esperando que su decisión sea la correcta en caso de que el recursos a la fuerza en la política de poder de las grandes potencias sea cada vez más común. De cara a la creciente escasez de hidrocarburos, a la intensidad con la que fuentes alternativas de energía consumen minerales con un índice muy bajo de disponibilidad y tomando en consideración que la apuesta por la generación de energía a partir de fuentes y procesos sustentables está aún muy lejos de ser una realidad capaz de suplir el consumo global actual y proyectado, la tendencial apertura de la brecha entre oferta y demanda de estos minerales también implicará, para todas aquellas economías periféricas y semiperiféricas que apuesten por su supervivencia al desarrollo de matrices neoextractivistas intensivas y extensivas, no sólo el anclar su desarrollo económico nuevamente a patrones primario productivos orientados a la exportación, sino, asimismo, atentar en contra de los pueblos que viven en los ecosistemas en los que se ubican los yacimientos en cuestión y, por supuesto, atentar abierta y directamente contra la sostenibilidad de los ya de por sí débiles e inestables equilibrios ecológicos del planeta Tierra.

Y es que no debe pasarse por alto que la minería de la que depende la extracción de estos minerales, así como el proceso industrial que involucra su procesamiento, son dos de las actividades económicas que más entornos naturales devastan y que más agua para consumo humano exigen. Aquí, por ello, lo que en principio parece una simple competencia geopolítica entre grandes potencias es, también, una carta de intenciones en contra de la viabilidad de la vida orgánica en el planeta.

En el continente americano, por lo pronto, los Estados que han optado por sumarse a la iniciativa estadounidense son, al mismo tiempo, algunos de los Estados que mayores responsabilidades tienen en la preservación de los equilibrios ecológicos de la Tierra, toda vez que dentro de sus fronteras se hallan algunas de las más grandes reservas de biodiversidad y en cuyos ecosistemas tienen lugar algunos de los procesos que, hasta ahora, han permitido a los ecosistemas del mundo sobrevivir por más tiempo del previsto a la devastación climática en curso. Y, por si ello no fuese poca cosa, entre esos Estados se hallan algunos de los que cuentan con las mayores concentraciones de poblaciones indígenas viviendo, precisamente, en los territorios en los que se hallan las reservas probadas y potenciales de estos recursos.

En los meses por venir, por ello, habrá que prestar mucha atención al número y al tamaño de las concesiones que estos gobiernos hagan para garantizar la seguridad de los intereses nacionales de Estados Unidos a costa del despojo territorial de los pueblos del continente y de la destrucción de ecosistemas enteros. Las izquierdas americanas, dicho sea de paso, se enfrentan a una difícil situación en este contexto: ¿cómo garantizar su supervivencia en el presente y a futuro sin empeñar, sobre la marcha, la viabilidad ecológica de los ecosistemas de sus propios países? Y cómo hacerlo, además, en medio de dos enormes disputas: por un lado, la relativa al relevo hegemónico en curso, que les coloca en la línea de fugo de la política de poder de las grandes potencias; y por el otro, la concerniente a la preservación de la vida.

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